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Seguridad y Justicia

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Published onMar 27, 2023
Seguridad y Justicia
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Nota: Los comentarios que se tomarán en cuenta para la consulta serán los emitidos hasta el 23 de abril de 2023.

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Seguridad y Justicia

La construcción de una sociedad pacífica y segura debe basarse en evidencia y coordinación sistémica entre Estado y sociedad civil (ONU, 2019). Este capítulo considera al Poder Ejecutivo de Nuevo León como el responsable de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con base en esos criterios.

La ubicación geográfica de Nuevo León genera retos específicos que requieren de una mayor coordinación y esfuerzo para atenderlos en sus causas y efectos sobre otras dinámicas de violencia. La cercanía con grupos del crimen organizado radicados en otras entidades; la cercanía con Estados Unidos y el fácil acceso a las armas son un ejemplo.

A nivel conceptual, diferenciar entre seguridad pública y seguridad ciudadana tiene una finalidad heurística. Los procesos y mecanismos de prevención de la violencia y el delito; procuración e impartición de justicia; reintegración y reinserción social se encuentran conectados.

De esta forma, el capítulo analiza la situación de la seguridad y la justicia en Nuevo León a partir de cuatro hitos:

  1. Prevención de la violencia

  2. Prevención y reacción contra el delito

  3. Procuración e impartición de justicia

  4. Reinserción social

Diagnóstico

Prevención de la violencia

La Ley General para La Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia define a la violencia como:

El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Artículo 4, Fracción XI).

La violencia tiene diversas manifestaciones; múltiples actores, directos e indirectos; y es cambiante en la historia y en el tiempo (Carrión y Armijos, 2009). El mansplaning1 y el gaslighting2, por ejemplo, son violencias que anteriormente no eran reconocidas como tal.

Así como no hay un solo tipo de violencia, tampoco existe un enfoque único para prevenirla. Destaca el enfoque epidemiológico, propuesto por la Organización Panamericana de Salud; el enfoque ecológico, impulsado por la Organización Mundial de salud; y el enfoque de eficacia colectiva, desarrollado por Robert J. Sampson.

Los enfoques de prevención de la violencia pueden ser complementarios entre sí, pero es importante comprenderlos y reconocer sus características propias para aplicarlos adecuadamente (Subcomisión de Reinserción Social, CONL2022).

Del enfoque epidemiológico sobresalen los tres niveles de prevención de la violencia:

  • Prevención primaria: acciones enfocadas en atender las causas que originan la violencia.

  • Prevención secundaria: acciones enfocadas en personas o grupos específicos que tienen mayor riesgo o vulnerabilidad de sufrir o ejercer violencia.

  • Prevención terciaria: acciones dirigidas a evitar que personas o grupos que ya han ejercido o sufrido violencia reincidan.

Del enfoque ecológico resalta el tratamiento multicausal y la relación entre factores de riesgo y factores de protección que convergen en cuatro ámbitos:

  • Individual: Atención en las características individuales de cada persona.

  • Familiar: Atención en las relaciones cercanas (familia, amigos, pareja) de cada persona.

  • Comunitario: Atención a los contextos comunitarios (escuela, trabajo, colonia) que influyen en las relaciones de cada persona.

  • Social: Atención a características de la estructura social (inequidad de género, desigualdad económica) en la que está inserta la persona.

Del enfoque de eficacia colectiva resalta la importancia de la cohesión social y la confianza vecinal, combinada con las expectativas compartidas de control social informal para dotar a las comunidades con la infraestructura social y autorregulación (Gibson, et. al., 2002; Duncan et. al., 2003; Sampson y Wikström, 2008).

Lo anterior está enmarcado dentro del concepto de seguridad ciudadana, que pone en el centro a las personas y a sus derechos; el orden civil democrático; a la atención de las causas potenciales de la violencia; y estrategias multifacéticas y participativas para mejorar la calidad de vida (PNUD, 2013).

Violencia en el ámbito psicosocial

De acuerdo con diversos investigadores (Kitts, M., & Lewis, J. (2018); Manning, J. (2020); Pokorny, A. D. (1965)) algunas manifestaciones violentas, como el bullying y la violencia de pareja, tienen correlación con la máxima expresión de violencia contra uno mismo: el suicidio.

En Nuevo León, entre 2017 y 2021 la cifra de suicidios anual aumentó. En hombres la cifra anual de suicidios pasó de 233 en 2017 a 345 en 2021; lo que representa un incremento del 48.07 %. En mujeres la cifra pasó de 37 a 55 en el mismo periodo de tiempo; representando un incremento del 48.65 %, que es mayor al de los hombres3(INEGI,2022).

Violencia en el ámbito situacional

Un porcentaje de habitantes de Nuevo León ha tenido que modificar sus rutinas por temor a ser víctimas de algún delito. En 2021, más de la mitad no permitió que sus hijos menores de edad salieran; 2 de cada 5 dejaron de salir de noche y de viajar por carretera, entre otras actividades. Aunque ese porcentaje disminuyó, en la mayoría de actividades, de 2020 a 2021 (Envipe, 2022).

Fuente: ENVIPE, 2022.

Violencia en el ámbito comunitario

Durante el 2T de 2022, el 22.3 % de los habitantes de la ZMM experimentaron, al menos, un tipo de conflicto en su vida diaria. En comparación con el porcentaje del 2T de 2021 (21.2 %), los conflictos aumentaron en 1.2 puntos porcentuales (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 2022).

El conflicto más común es “problemas con vecinos”, esto incluye: ruido con martillo, uso del taladro, música alta o fiestas, quema de basura, entre otros. La consecuencia del conflicto, en la mayoría de los casos, fue un “diálogo o plática” (53.5 %). No obstante, en 20.3 % de los casos hubo insultos y groserías, en 16.4 % gritos y en 5.5 % hubo daños físicos o materiales (ENSU, 2022).

El pandillerismo violento también es un problema comunitario. En municipios como Monterrey (Zona Norte) es un problema grave por la conexión y/o evolución que tiene con el crimen organizado y con la generación de actividades ilícitas (Pitts, 2019; Alridge et. al., 2018; McLean, 2018).

Por otro lado, la organización vecinal en Nuevo León para resolver problemas como robos, delincuencia cerca de las escuelas y el pandillerismo violento es menor en comparación con el porcentaje nacional (Envipe, 2022).

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2022.

La escuela es otro lugar comunitario en donde se enfrenta experimenta violencia. En 2018, 11.1 % de niños y niñas, de entre 6 a 9 años, dijeron sufrir violencia en alguna escuela de Nuevo León; 8.2 % en el rango de 10 a 13 años; y 5.9 % en el rango de 14 a 17 años (INE, 2018). En la Consulta Infantil y Juvenil 2021 del Instituto Nacional Electoral, a 16.43 % de niños de entre 14 a 17 años les gustaría que su escuela tuviera mayor seguridad; 19.67 % que hubiera una mejor convivencia; y 18.73 % que tomaran en cuenta sus emociones.

Fuente: Consulta Infantil y Juvenil, Instituto Nacional Electoral 2021.

Violencia en el ámbito social

En el ámbito social, la violencia de género tiene su origen en las relaciones desiguales que existen entre mujeres y hombres, y que ponen a las primeras en una situación de inferioridad y subordinación que genera las bases de la normalización de la violencia hacia ellas (Gobierno de Chile, 2014).

En Nuevo León, las mujeres perciben un salario 30 % menor que el de los hombres que desempeñan una actividad similar (Mendoza, 2017); 55 % de personas que no saben leer ni escribir son mujeres (INEGI, 2021); y sólo 1 de 9 alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey es mujer.

De 2020 a 2021, las llamadas al 911 por violencia familiar han aumentado en 19.23 % y las que son por violencia de pareja en 11.02 %; las llamadas por maltrato infantil también aumentaron en 6.27 % (ver gráfica 1)4.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 9.6% de neolonesas, de 15 años y más, ha vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses; 17.7 % ha vivido situaciones de violencia de pareja.

Fuente: Monitor Público de Decisiones Estratégicas, 2022.

En Nuevo León, las mujeres experimentan diversas condiciones de desigualdad en los ámbitos familiar, comunitario y social que vulneran su derecho a una vida libre de violencia.

Prevención y disuasión del delito

La prevención del delito y la violencia son actividades complementarias, a partir de la evolución del concepto de seguridad. La distinción de ambos enfoques tiene la finalidad de presentar información específica y entendible.

De acuerdo con el Código Penal Federal, “el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales” (Artículo 27). El Código Penal para el Estado de Nuevo León tipifica las conductas, acciones u omisiones, que son consideradas como delitos y sus sanciones. No todas las violencias o incivilidades constituyen un delito.

Las acciones delictivas, con o sin violencia, surgen de una percepción y elección que tienen las personas, bajo un contexto ambiental y motivaciones individuales, que las ponen en conflicto con la Ley (Wikström, 2006).

El Artículo 21 de la Constitución define como labor del Estado, bajo el concepto de seguridad pública, mantener el orden y la paz pública. Este esfuerzo debe ser liderado por el Gobierno estatal y municipios, a través de las policías locales, en colaboración con la sociedad civil, academia y órganos autónomos como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

No obstante, el servicio policial aún se caracteriza por una visión tradicional que prioriza los aspectos instrumentales5. En este enfoque la policía genera y mantiene su legitimidad a través de su efectividad en la lucha contra el crimen y el desorden en la comunidad (Sunshine y Tyler, 2003)6.

En países con democracias más maduras, ha ido ganando terreno el modelo de Justicia Procedimental (JP), que apela a los aspectos normativos del trabajo policial (Tyler, 1990; Tyler y Huo, 2002). En este enfoque es de gran importancia la percepción de los ciudadanos sobre la legitimidad de la policía, la cual está vinculada a la calidad de sus interacciones.

En Nuevo León se han implementado diversas acciones ancladas en uno o varios modelos de servicio policial, que a la vez conviven con modelos de gobernanza heterogéneos y con distintas capacidades humanas y presupuestales.

El estándar mínimo para el número de policías estatales, definido por el Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP), es de 1.8 agentes por cada 1,000 habitantes (SESNSP, 2017). En octubre de 2022, Nuevo León tenía 5,887 agentes de Policía Estatal; un incremento de 3.3 % respecto a octubre de 2021 (5,700 agentes). Considerando la información municipal del CNGM 20217, la tasa de agentes de Policía sería de 2.4 agentes por cada 1,000 habitantes.

Uno de los parámetros para medir la calidad de las Policías es el Certificado Único Policial (CUP), que evalúa el perfil, los conocimientos, la experiencia y las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones8 (SESNSP, 2020). En Nuevo León, a octubre de 2022, el 97.4 % de las y los agentes estatales operativos cuentan con su CUP (GENL, 2022).

En términos de desempeño, a nivel nacional la ciudadanía percibe que Fuerza Civil es la segunda mejor Policía estatal, después de la de Yucatán. El porcentaje de personas que califican su desempeño como “muy” o “algo efectivo” es de 70.29 % y tiene un incremento de 1.8 puntos porcentuales respecto al punto más bajo (Envipe, 2022) (gráfica 5).

Fuente: ENVIPE, 2022.

A pesar de las buenas percepciones y logros institucionales, no existe información detallada sobre el servicio profesional de carrera policial. De acuerdo con expertos de la Comisión de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, un porcentaje considerable de agentes de Policía de Fuerza Civil renuncian a la institución tras unos años de servicio (2022).

Finalmente, el estándar actual de una policía que prevenga el delito efectivamente requiere incorporar el análisis delictivo e inteligencia, además del servicio tradicional (Clarke y Eck, 2009).

En 2018, la SS creó la Unidad de Análisis e Inteligencia, además de contar con un Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5); que en 2021 fue acreditado por la Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley (CALEA). Sin embargo, no hay información pública que permita medir el uso y el impacto del análisis e inteligencia policial.

A su vez, existen crecientes retos en materia de ciberseguridad que deben ser atendidos desde las fuerzas policiales, en conjunto con expertas y expertos en la materia (Velázquez, 2020).

Procuración e impartición de justicia

La procuración de justicia es un elemento básico del Estado de derecho9 y de la visión sistémica de seguridad y justicia.

En Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJNL) es la institución responsable de la persecución y el esclarecimiento de los hechos delictivos, institución autónoma que surgió de la Procuraduría en marzo de 2018. Bajo su cargo está la creación y articulación de la política de persecución penal. La impartición o administración de justicia corresponde al PJENL, que debe atender el orden social y las libertades políticas de todas las personas en la entidad10 (Troper, 2003).

El insumo básico del proceso de justicia penal son las denuncias de los hechos delictivos. En Nuevo León, el 94.6 % de los delitos no son denunciados o no se inició una investigación (Envipe, 2021). A esto el INEGI llama cifra negra, que en el último año registró su mayor porcentaje desde 2015 y superó a la media nacional por 1.4 puntos porcentuales.

Fuente: ENVIPE, 2022.

Durante 2021, el 55.21 % de las personas encuestadas por la Envipe, víctimas de algún delito, señaló que no denunció por causas atribuibles a la autoridad. La mayoría de personas (63.03 %) que sí denunció tardó entre menos de una hora a 2 horas en denunciar (2019).

Asimismo, el 31.1 % de encuestados en el estado dijo que les tomó más de dos horas realizar la denuncia (Envipe, 2021), circunstancia que ha disminuido desde 2019 gracias al modelo de denuncia de la Fiscalía Virtual. Denunciar un hecho delictivo puede representar un esfuerzo considerable para muchas personas, y por lo tanto un desincentivo para denunciar.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México, del World Justice Project, los factores de Justicia Civil y Justicia Penal se han mantenido estables en los últimos tres años. Si bien han estado por arriba de la media nacional, la calificación es reprobatoria.

En el factor Justicia Civil destaca el decremento que hubo entre 2020 y 2021 sobre el conocimiento que las personas tienen sobre sus derechos y la accesibilidad, imparcial y agilidad de las Medidas Alternativas de Solución de Conflictos (MASC). Que la justicia civil sea imparcial, independiente y libre de corrupción destaca por su calificación y por su incremento (ver Tabla 1).

Tabla 1. Factor Justicia Civil del Índice de Estado de Derecho

Fuente: Índice de Estado de Derecho en México, World Justice Project.

En el factor Justicia Penal destaca el decremento que hubo entre 2020 y 2021 en la eficacia de la investigación penal; en la eficacia y eficiencia de la procuración e impartición de justicia; en el respeto al debido proceso legal; y en la imparcialidad, independencia y corrupción de la justicia penal. Sobresale la calificación y mejoría en la atención médica y psicológica, asesoría jurídica, reparación del daño, y protección de las víctimas (ver Tabla 2).

Tabla 2. Factor Justicia Penal del Índice de Estado de Derecho

Fuente: Índice de Estado de Derecho en México, World Justice Project.

De acuerdo con el Índice de Impunidad Estatal 2021 que realiza México Evalúa, en Nuevo León el 93.7 % de los casos atendidos por el sistema de procuración e impartición de justicia estatal no tuvieron una respuesta satisfactoria; considerando sentencia y salidas alternas. Este porcentaje está por encima de la media nacional (91.8 %) en 1.9 puntos porcentuales.

Contrasta que la mayoría de la población considera como “muy efectivo” o “algo efectivo” el desempeño de los y las agentes del Ministerio Público, al igual que el de los y las jueces (69.83 % y 69.96 %, respectivamente) en comparación con el promedio nacional (53.33 % y 58.64 %, respectivamente) (Envipe, 2022).

Finalmente, el modelo de justicia cívica se ha adoptado a nivel nacional para atender, de manera oportuna, los conflictos entre ciudadanos antes de que escalen en su nivel de violencia (SENSP, 2020). La finalidad de la justicia cívica es generar sociedades pacíficas a partir de la mediación, la sanción administrativa y la retribución a la comunidad.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales, no todos los municipios de Nuevo León contaban con algún tipo de infraestructura para operar el modelo de justicia cívica; tampoco existe un Reglamento de Justicia Cívica Homologado.

En 2021, había 42 juzgados cívicos operados por 322 funcionarios como jueces cívicos, secretarios, personal médico, entre otros. Estos atendieron, en total, 89,155 procedimientos administrativos. La tasa de atención de procedimientos administrativos por cada juez es de 900.5 (CNGM, 2021); lo que implica una alta carga administrativa.

Reinserción social y sistema penitenciario

El sistema penitenciario11 es responsable de la supervisión de la prisión preventiva, la ejecución de sanciones penales, de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia para lograr la reinserción de una persona sentenciada y de procurar que no vuelva a delinquir (Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016). En Nuevo León está a cargo de la Agencia de Administración Penitenciaria, adscrita a la Secretaría de Seguridad.

Esta sección contempla la población adulta, pues para las y los adolescentes infractores hay una política de atención distinta. En jóvenes, se aplican medidas sancionadoras y el internamiento es “necesario como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda” (CNDH, 2105).

En 2021, la calidad de los servicios penitenciarios en Nuevo León fue calificada con 6.6, lo que representó una mejora respecto del 6.2 obtenido en 2019, y los coloca por arriba de la media nacional de 6.27 (CNDH, 2021). El centro preventivo y de reinserción social “Topo Chico”, que tenía la calificación más baja en garantizar una estancia digna, fue cerrado en 2019.

La sobrepoblación socava la gobernabilidad (Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 2016)12. A agosto de 2022 el sistema penitenciario estatal de Nuevo León presenta una sobrepoblación relativa del 11.72 % (OADPRS, 2022).

Un área de oportunidad importante es que el 38.58 % de la población de internos e internas no habían recibido sentencia en agosto de 2022. La incertidumbre jurídica obstaculiza el proceso de reinserción social.

En Nuevo León, el 92.4 % de las 9,689 personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario estatal pertenecen al fuero común y 7.6 % al federal (OADPRS, 2022). Ambas poblaciones conviven en los Centros del estado, incrementando el riesgo de ingobernabilidad, puesto que las personas internas del fuero federal tienen un perfil criminal de mayor riesgo que las del fuero común (CNS, 2016).

La gobernabilidad de los centros penitenciarios se refleja en el número de hechos violentos registrados en su interior. De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en 2022 hasta el mes de octubre, se reportaron 238 incidencias en el sistema penitenciario estatal, de las cuales la mayoría (63 %) fueron riñas, hubo un suicidio y ningún homicidio (2022).

Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Otra condicionante de la gobernabilidad de los centros es la suficiencia y capacitación del personal para mantener el orden y el respeto a la ley (OADPRS, 2016). La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece el estándar de “dos custodios por cada 10 internos” (2019), a diciembre de 2021, la tasa era de 1.13 custodios13 por cada 10 internos en los centros para personas adultas (CNGSPSPE, 2021).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, 41.5 % de las personas privadas de su libertad en Nuevo León dijeron contar con un Plan de Actividades. De ese porcentaje, 90.8 % lo acordaron voluntariamente y 84.7 % tiene seguimiento por parte de las autoridades.

Fuente: Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022.

Finalmente, en 2021, 4.9 % de las personas que ingresaron a un centro penitenciario en Nuevo León tenían antecedentes penales. Esto sugiere ineficiencias en el proceso de reintegración y reinserción social de adolescentes y adultos que entraron en conflicto con la Ley. Aunque, en comparación con 2022, el porcentaje se redujo en 2.7 puntos porcentuales (CNGSPSPE). El porcentaje de reincidencia real es una cifra desconocida.

Problemas públicos

El porcentaje de personas que dicen sentirse inseguras en su entidad aumentó de 61.2 % en 2021 a 67.9 % en 2022 (Envipe, 2021). A partir del diagnóstico presentado, los cuatro principales retos de Nuevo León en cuestión de seguridad pública y ciudadana son:

  1. La prevención de la violencia no es entendida ni aplicada bajo un marco teórico homogéneo. Esto se ve reflejado en políticas públicas sin coherencia entre la definición que realizan del problema público, el diseño y la implementación que realizan los operadores. Provocando que existan traslapes entre distintos temas, tales como la seguridad pública y la seguridad ciudadana, sin un ente coordinador.

  2. Debilidades en las capacidades institucionales de seguridad pública para disuadir y reaccionar ante el delito. Las políticas fragmentadas en materia de fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública son poco claras sobre los objetivos, sus responsables y sus funciones dentro del sistema de seguridad pública estatal. Adicionalmente, no hay procesos e instrumentos consolidados, con participación ciudadana, para evaluar, capacitar y especializar a las y los policías estatales.

  3. Proceso incompleto y limitado para el esclarecimiento de hechos, reparación del daño y acceso a la justicia, como se ve en el alto número de delitos que no son denunciados o investigados. Esto se traduce en impunidad, que afecta a víctimas, a personas en conflicto con la ley y a la legitimidad del Estado.

  4. Insuficiencia de alternativas para la reinserción social. En el sistema penitenciario existe un área de oportunidad referente a las opciones para la reinserción social, tanto al interior de los centros penitenciarios estatales como al salir de ellos. Aunque por ley deben existir planes individualizados para cada persona interna, el porcentaje no es del 100 % (ENPOL, 2021), calidad y efectividad.

Todo lo anterior impacta, entre otros factores, en la percepción de inseguridad de la población neoleonesa integrada por distintas comunidades (pueblos indígenas, población en contexto de movilidad, LGBTIQ+), cada una con sus propias necesidades en seguridad.

Aspiración

La aspiración que guía los objetivos y líneas estratégicas del área de Seguridad y Justicia a 2040 es:

En Nuevo León imperará el Estado de Derecho para dotar de seguridad, certeza y libertad a las personas y comunidades que lo erigen; respetando los derechos humanos e impulsando, en corresponsabilidad con la ciudadanía, la cohesión social y una cultura de prevención y paz.

Alineada con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), la Visión 2040 para Nuevo León descansa sobre la base del fortalecimiento del Estado de Derecho y la corresponsabilidad entre los distintos actores que integran al sistema de seguridad y justicia, incluidos la sociedad civil, la academia, el sector privado y la ciudadanía en general.

Una prevención de la violencia coherente y prioritaria, una prevención del delito (y reacción ante este) basada en inteligencia, una procuración e impartición de justicia adecuadas y una reinserción social integral, son los elementos estratégicos que se interrelacionan en este capítulo bajo una visión sistémica.

Para alcanzar la aspiración hacia 2040, se definieron cuatro objetivos estratégicos.

Objetivos y líneas estratégicas

1. Propiciar que las personas en Nuevo León tengan una vida libre de violencia que genere un bienestar individual, comunitario y social

La prevención de la violencia debe ser la prioridad en materia de seguridad, bajo un enfoque integral que vincule a todas las áreas del gobierno en corresponsabilidad con la ciudadanía (CONL, 2023). Esto es necesario para evitar que las y los habitantes de Nuevo León padezcan o generen situaciones de violencia, en distintas etapas de su vida, que limiten su desarrollo.

Este objetivo estratégico se relaciona directamente con la Meta 16.1 de los ODS que establece la “reducción significativa de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”. Para asegurar su cumplimiento este objetivo cuenta con 3 líneas estratégicas:

1.1 Propiciar que las personas resuelvan sus problemas de convivencia a través de medios no violentos, en todas las etapas de la vida

De acuerdo con la consulta pública 2022 del Consejo Nuevo León, 30 % de las y los habitantes de Nuevo León evalúo como “muy bueno” o “algo bueno” el aspecto de tener “una vida libre de violencias”.

Para que los conflictos cotidianos puedan resolverse sin violencia, es necesaria una campaña de información para que las y los ciudadanos conozcan sus propios derechos y obligaciones estipulados en los reglamentos cívicos.

También es necesario motivar que las personas puedan reportar hechos violentos, a través de mecanismos digitales y que cuenten con el seguimiento de las autoridades competentes.

1.2 Existe una prevención de la violencia basada en evidencia

Para prevenir la violencia, en cualquiera de sus formas, es necesario que la sociedad en su conjunto tome acciones colectivas, estructurales y con un propósito claro y entendible (Foro para la Prevención de la Violencia, 2021). La violencia es un fenómeno multicausal que afecta diversos ámbitos.

Etiquetar recursos estatales para destinarlos a programas de prevención de la violencia, con una teoría de cambio coherente, aumentaría las posibilidades de incidir positivamente.

Crear bases de datos gubernamentales públicas, accesibles, sistematizadas y útiles para la evaluación de los programas (estatales y municipales) sobre prevención de la violencia. Que cumplan con los criterios de transparencia proactiva, acceso a la información y rendición de cuentas.

También es importante establecer un liderazgo facultado, técnica y legalmente, que coordine los distintos esfuerzos que realizan los ámbitos de gobierno y la sociedad civil.

1.3 La violencia es identificada en los distintos ámbitos de la vida cotidiana

Normalizar la violencia es el primer obstáculo para erradicarla. No denunciar, no rechazar y la aceptación generalizada de conductas que vulneran la integridad física y mental dificultan acciones encaminadas a comprenderla y controlarla (Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, 2018)

Fomentar el apoyo a personas víctimas de violencias o con mayor propensión a convertirse en víctimas de violencia. Estas redes de apoyo pueden anclarse en organizaciones de la sociedad civil o incentivarse a través de programas gubernamentales.

Promover un uso responsable de las herramientas digitales, como el internet y las redes sociales.

Reflexionar sobre las alegorías a la violencia, el delito, el machismo y el culto al consumo en la cultura popular. Entender las causas, así como sus consecuencias reales, que generan estas expresiones a partir de un análisis integral.

2. Disuadir el delito y promover la reacción ante este a través del fortalecimiento de las instituciones policiales

Las Policías son un actor fundamental para las funciones de seguridad pública, como son la investigación de los delitos, la protección del orden público y la generación de la paz social (SESNSP, 2020).

Este objetivo está alineado con la meta 16.a. de los ODS: “fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles… la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”.

Para alcanzar este objetivo se establecieron 4 líneas estratégicas:

2.1 Consolidar un servicio profesional de carrera en la Policía estatal para la reacción y prevención del delito.

El primer paso para asegurar las capacidades institucionales es invertir en el desarrollo individual de las y los agentes policiales, un factor clave para un servicio policial de excelencia (Sales, 2018). De acuerdo con la consulta pública 2022 realizada por el Consejo Nuevo León, uno de los principales temas para estar en el mejor lugar para vivir es “tener mejores policías” (2023).

El servicio profesional de carrera policial debe considerar, al menos, los siguientes elementos: proceso de ingreso (reclutamiento y selección); profesionalización (formación inicial, continua y especializada), permanencia (certificación y evaluación), movilidad (vertical y horizontal), conclusión (jubilación y separación); régimen de estímulos (prestaciones y reconocimientos); y desarrollo humano (salud integral y vida digna).

Se debe asegurar que los y las agentes policiales estatales cuenten con un Certificado Único Policial. Esto es importante para mejorar la capacitación, evaluación de desempeño y la confianza ciudadana en las corporaciones policiacas.

También es necesario ampliar la visión del desarrollo policial hacia las y los agentes de Policía metropolitanos. Así como a los municipios que no forman parte del AMM.

2.2 Mejorar y garantizar la suficiencia de infraestructura, equipamiento y capacidad de gestión de la Policía estatal para la reacción y prevención del delito.

Las y los agentes policiales requieren de un equipamiento idóneo y suficiente, al igual que infraestructura física y tecnológica adecuada para aprovechar al máximo sus capacidades.

Mantener la acreditación del C5 (CALEA) permitirá que esta institución cumpla con altos estándares de calidad probados en la mejora continua y que invierta en el equipamiento e infraestructura necesarios.

Además, para mejorar la efectividad de la respuesta inmediata y la coordinación en el estado, se debe incrementar y homologar la tecnología y los procesos de atención de emergencia estatal y municipales.

2.3 Fortalecer la estructura de inteligencia policial y análisis delictivo para la prevención del delito.

Como parte del fortalecimiento humano y material de la Policía estatal, se necesita poner énfasis en la inteligencia y el análisis delictivo. El servicio tradicional de Policía ha sido rebasado y requiere la incorporación del análisis delictivo e inteligencia policial para prevenir la delincuencia y tener una capacidad de reacción inmediata.

Esto implica invertir en la implementación de un sistema de expediente único que genere información reconocible y rastreable por todas las instituciones de seguridad pública estatales.

Es necesario promover programas que incentiven la recolección y difusión de buenas prácticas de prácticas policiales basadas en evidencia, por ejemplo, relanzar la red estatal de analistas delictivos.

Para enfrentar los nuevos retos en seguridad, se debe promover una estrategia estatal de ciberseguridad y ciber inteligencia, además de dotar de las herramientas tecnológicas y legales necesarias para la prevención y reacción contra este tipo de delitos.

2.4 Despolitizar la coordinación entre los actores del sistema de seguridad pública estatal

La fuerza policial forma parte de un sistema. Se deben incluir mecanismos de coordinación con otras instituciones sin importar su ubicación geográfica; capacidades o partido político en el gobierno.

Estos mecanismos deben basarse en la distinción de competencias, la especialización, el uso de tecnología, la complementariedad de funciones y el uso eficiente del presupuesto para alcanzar los objetivos del sistema en su conjunto.

Se debe tomar como referencia el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que delimita las funciones e interconexiones de las fuerzas federales, la Policía estatal y las Policías municipales.

Para adaptar el modelo nacional, al igual que los esfuerzos locales, es necesario elaborar un libro blanco en el que se definan los objetivos generales y específicos de cada institución que conforma el sistema de seguridad estatal.

3. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las instituciones responsables.

Este objetivo está alineado con la meta 16.3 de los ODS: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Si la prevención falla, se deben iniciar procesos penales enfocados en la reparación del daño; la desincentivación de las conductas delictivas; y la igualdad de acceso a la justicia.

Si bien la procuración e impartición de justicia en materia penal no es una competencia preponderante del Poder Ejecutivo, es necesario incorporarlas como parte de la visión sistémica que guía este capítulo y al Plan Estratégico.

Para alcanzar este objetivo se establecieron 6 líneas estratégicas:

3.1 Promover y facilitar la denuncia del delito.

El insumo básico de la procuración e impartición de justicia es la denuncia de los hechos delictivos; no se puede investigar un evento que se desconoce. Por el alto porcentaje de cifra negra en Nuevo León se debe promover y facilitar la denuncia del delito. Esto incluye desde la capacidad operativa del personal de servicio público que atiende a las y los denunciantes hasta la resolución de la denuncia.

La promoción de plataformas tecnológicas permitirá reducir los tiempos y acercará a las víctimas con las autoridades competentes para iniciar el proceso de justicia. Para incrementar la confianza, es importante fortalecer el seguimiento de cada etapa de la denuncia.

Además, se debe garantizar la seguridad de las personas denunciantes con la incorporación de tecnología, procesos de protección y facilitación de la validación de lo declarado.

3.2 Consolidar el servicio profesional de carrera en la Fiscalía.

Para dar una atención de calidad a las denuncias, es prioritario fortalecer al elemento humano. El personal de la FGJNL debe contar con un servicio profesional de carrera que abarque desde su ingreso a la institución hasta su conclusión, de manera similar al servicio profesional policial detallado en la línea estratégica 1.2.

Debe diseñarse una plataforma que fortalezca y facilite la capacitación y especialización de las y los agentes del Ministerio Público y otro tipo de personal especializado, acorde con la incidencia delictiva en el estado.

3.3 Fortalecer las capacidades en materia de persecución del delito.

El uso del análisis y la inteligencia también son necesarios para integrar carpetas de investigación robustas. Esto significa mejorar el almacenamiento y el uso de información para determinar las consecuencias y encontrar las causas del hecho delictivo (Ekblom, 2011).

Diseñar programas de inteligencia en colaboración con la ciudadanía permitirá identificar áreas de oportunidad, así como definir proyectos que incentiven la cooperación ciudadana para reportar hechos que perturben la paz dentro de la comunidad.

La capacitación y certificación de las Policías preventivas para investigar es otro mecanismo para incrementar capacidades.

3.4 Asegurar un proceso de impartición de justicia transparente y eficaz.

Una vez integrada una carpeta de investigación robusta, debe ser presentada ante un juez o una jueza. La judicialización de la carpeta de investigación tiene que ser transparente para dar certidumbre, tanto a víctimas como a personas agresoras, sobre el proceso de acceso a la justicia. También debe ser un proceso ágil y sencillo para todas las personas involucradas.

Contar con una plataforma pública de indicadores que midan y evalúen el sistema de impartición de justicia es el insumo básico para la ciudadanía. La información permitirá valorar el desempeño e identificar áreas de oportunidad a mejorar.

Por otro lado, la digitalización, homologación y simplificación de procesos puede ayudar a incrementar la eficiencia del PJENL.

3.5 Diseñar, implementar y evaluar una política de persecución penal.

El fortalecimiento humano y material para la persecución de los delitos y la emisión de sentencias debe estar articulado dentro de una política de persecución penal. Esta política tiene que asegurar el acceso a la justicia a víctimas y personas en situación de conflicto con la ley e implica precisión en las investigaciones, celeridad en el procesamiento y pertinencia en las resoluciones.

Dicha política debe establecer prioridades para la asignación de los recursos limitados y contar con un enfoque operativo.

La política de persecución penal necesita complementarse con una plataforma de rendición de cuentas para conocer las motivaciones y resultados de las acciones emprendidas.

De igual forma, debe priorizar el uso efectivo de salidas alternas como el acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso para evitar la judicialización de una gran cantidad de casos y así despresurizar el sistema de justicia.

También se necesita proponer ajustes al Código Penal para el Estado de Nuevo León, que precisen los delitos que utilizan medios cibernéticos.

3.6 Garantizar mecanismos de atención jurídica a grupos de atención prioritaria

El proceso de justicia penal requiere del reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas, especialmente de quienes, por distintos motivos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Es necesario respetar sus derechos sin descuidar la reparación del daño ni las soluciones satisfactorias para víctimas y personas agresoras, en concordancia con la meta 16.3 de los ODS.

Para atender puntualmente las necesidades de estos grupos es importante crear un sistema que permita identificar factores de riesgo y organizar proyectos de seguimiento y tratamiento integral en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

Elaborar protocolos específicos para la atención de grupos de atención prioritaria favorecerá una actuación apegada a buenas prácticas, el derecho y la eficacia por parte del personal de servicio público, y servirán para evaluar tanto su trato como su desempeño.

Para evitar que los y las jóvenes reincidan y, en cambio, se alejen de conductas violentas, se deben desarrollar programas especializados para la atención, en libertad, de adolescentes en conflicto con la ley.

Implementar el Modelo Nacional de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Familiar romperá con el ciclo de violencia y evitará que se conviertan en víctimas y/o personas agresoras en un futuro.

4. Asegurar las capacidades del sistema penitenciario para una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad

Uno de los elementos del proceso de procuración e impartición de justicia es el uso de la prisión preventiva mientras se sigue con el proceso penal; también el o la juez puede sentenciar el internamiento del imputado en algún centro penitenciario.

Es muy importante promover el cambio de enfoque punitivo hacia el de reinserción social. 66.7 % de las y los habitantes de Nuevo León tiene “poca” o “nada” de confianza en las “cárceles” (Envipe 2022), probablemente este alto porcentaje está relacionado con la idea de cárcel como lugar de castigo.

En ambos casos, dicho centro debe garantizar el respeto a los derechos humanos e incidir en la reinserción social de las personas.

4.1 Garantizar la gobernabilidad en los centros penitenciarios para favorecer la reinserción social

La gobernabilidad de los centros penitenciarios debe aspirar a ser absoluta, para lo cual se necesita atender la infraestructura penitenciaria y fortalecer la profesionalización del personal penitenciario de Nuevo León.

Para garantizar que los centros penitenciarios reduzcan al mínimo las incidencias internas y cumplan con su función, se debe acreditar la operación y el cumplimiento de los derechos humanos.

Otro mecanismo útil y de apertura gubernamental es la integración de un comité técnico para la evaluación de la política pública penitenciaria, con voz y voto, que mida el desempeño de las autoridades y dé seguimiento a las políticas de reinserción y control de centros penitenciarios.

También se puede crear un sistema de información penitenciaria para generar productos de inteligencia que prevengan la violencia e incrementen el control dentro de los centros penitenciarios.

4.2 Proveer servicios adecuados y suficientes para la reinserción social en internamiento (gobierno y organizaciones de la sociedad civil)

Con centros penitenciarios gobernables, se deben asegurar servicios suficientes para las personas internas con respeto de los derechos humanos. Éstos deben abarcar cinco ejes: trabajo, capacitación laboral, educación, salud y deporte, y reflejarse en un Plan de Actividades Individual (Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016) con indicadores psicológicos, de socialización y capacitación; y deben ser provistos preponderantemente por el gobierno estatal.

Para fortalecer los cambios individuales hacia una vida pacífica en sociedad se pueden implementar mecanismos de desarrollo personal y procesos de auto perdón y reconciliación.

Además, se debe cumplir con los beneficios preliberacionales que estipula la ley tanto en infraestructura como en servicios para disminuir el tiempo en internamiento de las personas privadas de su libertad.

Ofrecer atención psicosocial a las familias de las personas privadas de su libertad y ampliar el contacto con relaciones sociales permitirá reducir el impacto del internamiento y dará herramientas a los familiares para contribuir en el proceso de reinserción social.

4.3 Promover un proceso de reinserción suficiente y adecuado para grupos socialmente vulnerables (inimputables, adolescentes, niñas y niños, personas migrantes, en situación de calle, con adicciones)

Para que el sistema penitenciario y de reinserción garantice oportunidades suficientes y adecuadas hay que diferenciar entre distintos perfiles y poblaciones de personas que entraron en conflicto con la ley. Esto es particularmente importante para la población adolescente en el sistema penitenciario estatal, que requiere de un proceso de reintegración adaptado a sus necesidades físicas y psicológicas (UNICEF, 2017).

Para alejar a este grupo de conductas antisociales y reincidencia delictiva se debe aplicar adecuadamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en 2016.

Además, se necesita la especialización de los y las agentes del Ministerio Público, policías, personas facilitadoras de mecanismos alternos, personas defensoras y asesoras jurídicas públicas o privadas, y órganos jurisdiccionales en materia de justicia para grupos socialmente vulnerables, con el fin de ofrecer un trato y resultados de acuerdo con las necesidades específicas de cada persona.

Finalmente, se requiere infraestructura suficiente para brindar una estancia digna y un proceso de reinserción social efectivo.

4.4 Fortalecer el proceso de seguimiento y acompañamiento pospenal

La obligación de reinsertar a las personas en conflicto con la ley continúa con los servicios pospenales al salir de los centros penitenciarios. Éstos dan seguimiento a las actividades iniciadas en el centro en alianza con la sociedad civil.

Se necesitan generar métricas para el cumplimiento de las obligaciones legales sobre quienes egresan de centros penitenciarios que ayuden a mejorar los servicios pospenales.

Además, se deben aplicar programas de reinserción social pospenal que incluyan tratamiento psicosocial individual y familiar, tratamiento de adicciones, prevención de reincidencia, oportunidades laborales y educativas.

Comments
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Byrd Cicero Willis Guerra:

La impunidad es el principal incentivo de la injusticia. Imposible crear una cultura de la legalidad sin resolver este tema.

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Byrd Cicero Willis Guerra:

Cuánto se debe a precariedad en la calidad de vida de las personas?

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Byrd Cicero Willis Guerra:

Increíble… Cuanta gente afectada por violencia o abusos (física, emocional, patrimonial)… Con enormes consecuencias económicas para muchas familias.

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Byrd Cicero Willis Guerra:

Muy grave… Se saben las causas?

Si a esto le sumamos lo lento de los procesos, la corrupción y la impunidad, resulta que una gran proporción de la población no tiene realmente acceso a la justicia.

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Yahaira Treviño:

Siento que todo esto que dicen es algunas cosas muy buenas, otras no tanto… pero veo muchas cosas muy interesantes que siento que podrían hacer que Nuevo León fuera mucho mejor, aunque si en muchas de las partes deberían de checar mucho y siempre tener los cuidados necesarios, para que no vaya a pasar ninguna desgracia en donde después podamos arrepentirnos

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Leslie Gallegos:

Estas cifras pudieron haber incrementado por los feminicidios que se han observado a lo largo del tiempo, sin embargo, también se debe tener en cuenta que la salud mental de una persona es importante; y más si la presión social y familiar tienen un punto clave en la vida de la persona.

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Xavier Baillères:

Sobra agregar que en la medida que logremos en cada Municipio crear fuentes de trabajo como el lograr controlar la migración de los Haitianos y sud americanos que pasan por el Estado y luego se quedan aquí. En esa medida habrá mas seguridad.

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Xavier Baillères:

De los primeros capítulos encuentro en éste más aterrizado en que temas se debe de trabajar y como. Faltaría proponer que montos debe de dedicar en estos rubros cada municipio y con que fondos (municipales, y/o estatales y/o Federales y/o otras organizaciones o Fondos de fomento nacionales y/o internacionales.

2° Enfocarnos de abajo hacia arriba como ya se a comentado anteriormente a través de la organización TuDsiD donde se involucre en estos temas a la comunidad para la referente a su Manzana, Colonia y municipio.

3° La inversión e involucración en la comunidad donde cada uno de nosotros somos un policía, tenemos ojos, oídos para poder comunicar lo que vemos o escuchamos

4° El establecer un marco Legal que se pueda aplicar fácilmente. Ejemplo, cruzamos la frontera y respetamos las Leyes porque hemos escuchado de gente cercana que te paran si tiras basura y te multan, etc.

5° Invertir en personal capacitado con Maestrias en la Investigación e Inteligencia satelital, CCTV, Radares, entre otros que blinden a cada municipio y por ende al Estado.

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Maria Teresa Villarreal:

Proteger los pocos organismos publicos que con mucho esfuerzo cuidadano se han logrado y que son ejemplo de la busqueda de los derechos humanos y una vida libre de violencia para las personas mayores, seguir trabajando de forma trasnversal para su prevalencia en el tiempo

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Saul Quintanilla:

Estos programas se deben enfocar en dar reconocimiento a la persona mas alla de un trabajo forzado

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Saul Quintanilla:

Hay que especificar sobre que tipos de procesos de protecion deben haber ya que solamente la incorporacion de la tecnologia quedria obsoleto el hecho de denunciar

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Saul Quintanilla:

Mas que un mecanismo dijital tiene que ser uno confiable y con la capacidad de que cualquier ciudadano la pueda utlizar

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Juan Carlos Montero:

Aquí hay un cambio de tema radical. Se venía hablando del MP, se mencionó al PJ sin detalle y se “salta” hacia el ámbito local. Recomiendo revisar y brindar mayor orden.

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Filiberto Hervert:

Puede que no sean un delito descrito en el código penal para el Estado, pero son cosas que deben atenderse de la mejor manera y de la manera correcta, no tomarse a la ligera solamente porque no se incluyen en el Código Penal para el Estado.

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Filiberto Hervert:

Es tiempo de reconocer que somos humanos, seres vivos, no somos máquinas y cada uno de nosotros tenemos emociones. La violencia en la escuela es una tranmisión de estrés, por lo que el cuidado de la salud mental ahora es indispensable en los planteles escolares. Puede que se tengan unas reglas bien establecidas y estrictas, pero problemas de salud mental, como estrés, miedo, ansiedad son cosas que deben atenderse. La seguridad en los planteles escolares existe debido a la violencia en ellas, y la violencia en ellas proviene de los impulsos de los niños, por lo que es requerido que ahora se vea en los planteles escolares “Primeros Auxilios Psicológicos”, para así evitar estallos fuertes de emociones que conlleven a mala convivencia.

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Filiberto Hervert:

Agradezco a Dios que no he sido víctima de ello, pero este tipo de situaciones ha llevado tomar medidas contra ello, como no llevar cosas importantes o de valor cuando vayamos a una tienda de abarrotes o mostrar. Por lo que la delincuencia, en específico los asaltos y secuestros son un problema grave en nuestro Estado, por lo que patrullajes en zonas activas deben hacerse.

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Gerardo Juárez:

Se podría proporcionar más detalles sobre cómo se medirían las métricas para el cumplimiento de las obligaciones legales pospenales. Además, se podría mencionar cómo se llevarían a cabo los programas de reinserción social pospenal y cómo se garantizaría que las personas reciban el apoyo que necesitan.

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Gerardo Juárez:

En la sección 4.3, se podría proporcionar más información sobre los tipos de capacitación y especialización que se necesitan para los agentes del Ministerio Público, policías, personas facilitadoras de mecanismos alternos, personas defensoras y asesoras jurídicas públicas o privadas, y órganos jurisdiccionales.

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Gerardo Juárez:

En esta sección, se podría mejorar la redacción del primer párrafo para que sea más claro y directo. Además, se podría proporcionar más información sobre los indicadores psicológicos, de socialización y capacitación mencionados en el Plan de Actividades Individual.

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Juan Carlos Montero:

Se está analizando todo el proceso de procuración e impartición de justicia, dos actores (Fiscalía y PJ), de manera muy superficial. No se concluyó con el tema de la denuncia y ya se habla de impunidad.

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Juan Carlos Montero:

Sugiero revisar y citar la exposición de motivos que crea la Fiscalía.

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Juan Carlos Montero:

Tema fuera de lugar, requiere ubicarse en otro espacio y desarrollarse adecuadamente.

El apartado expone un conjunto de temas desarticulados, recomiendo revisar la exposición y brindar mayor orden.

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Juan Carlos Montero:

Se carece de evidencia que sustente esta afirmación, una referencia bibliográfica que no corresponde a un análisis de casos en México, no es evidencia que sustente la afirmación.

La prevención de la violencia y la delincuencia va más allá de la actuación policial. Sorprende que no se aborden los planes y programas federales, ni el modelo de policía de proximidad y la metodología de policía orientada a problemas.

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Juan Carlos Montero:

Igual, percepción no es prevención, hay desorden en la exposición de temas.

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Juan Carlos Montero:

Se mezclan temas sin claridad. No hay claridad en cuál es el rol de la policía en la prevención del delito. Mayor fuerza o certificados no necesariamente es mayor prevención.

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Omar Franco:

Aunque he solicitado el incremento de patrullas en zonas de riesgo, he de admitir que las patrullas hoy en día en lugar de transmitir un sentimiento de seguridad, transmiten miedo, ya que llegan a interrogarte con mala intención sin razón alguna incluso llegando a multarte en ocasiones por cosas que no has cometido. Sin duda es uno de los mayores problemas que hay en todo México y esta vez no está en nuestro poder cambiarlo, si queremos ver a la policía como guardianes y personas de apoyo, deberían de cambiar su forma de “apoyar” como hacen hoy en día.

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Juan Carlos Montero:

Falta hablar de infracciones administrativas

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Juan Carlos Montero:

Otro tema sin justificación, esto deriva en desorden en el documento. Además, la exposición del ámbito situacional, comunitario y social no implicaron una preselección de variables a observar. Es necesario exponer cuáles son las variables a observar y después exponer la evidencia que muestra la situación que se vive.

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Juan Carlos Montero:

A partir de este tema y en adelante se comienzan a identificar un conjunto de temas sin justificación. Se recomienda exponer con mayor orden y justificar la selección de temas en función de criterios claros y basados en evidencia. ¿Por qué suicidio? ¿Por qué no otros?

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Juan Carlos Montero:

Me parece que la discusión conceptual está fuera de lugar, sugiero eliminarla del documento.

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Juan Carlos Montero:

Esta estructura también se sigue en la normatividad estatal, sugiero tomarlo en cuenta.

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Juan Carlos Montero:

Recomiendo considerar tamién las definiciones de Códigos Penales, ya que los conceptos teóricos y los derivados de la LGPSVD son poco operables

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Juan Carlos Montero:

Hace falta vincular la estructura del documento, exponer cómo se integra y articula el documento. Si el documento se titula “seguridad y justicia”, ¿Por qué inicia con prevención de la violencia? Recomiendo reordenar la exposición

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Juan Carlos Montero:

Es cierto que se encuentran conectados, por los actores responsables son diferentes y muchas veces no están conectados. Cuando al inicio se considera al Ejecutivo como responsable, hay que tener cuidado porque no es el único.

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Juan Carlos Montero:

No es solo heurística, ya que tiene implicaciones legales que deben tomarse en cuenta.

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Omar Franco:

Y ¿Cuántas de estas llamadas han sido atendidas rápidamente, con la seriedad que se debe, y salvado vidas? Hace falta la estadística de los casos atendidos y con seguimiento ya que por conocimiento personal sé que a pesar de este incremento de llamadas, no muchos policías llegan a tiempo para atender a la o las personas involucradas, vuelvo al mismo punto, si hubiera más densidad de patrullas en zonas de alto riesgo y con policías con sentido de ética recto con verdadera intención de apoyar, estas llamadas serían atendidas de inmediato y hubieran menos casos de fallecimientos por llamadas al 911 no atendidas. Gracias.

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Omar Franco:

Como habitante de Nuevo León, he de admitir que fui y seguiré siendo parte de este porcentaje que disminuyó actividades riesgosas, reconozco que mejorar la seguridad pública es un trabajo que lleva tiempo, sin embargo creo que ustedes también deberían tomarla como prioridad número 1, ya que la población se ve obligada a tomar medidas como estas y se les niega una ciudadanía plena. Admiro mucho el incremento que se ha dado últimamente en policías de barrio y opino que debería seguir incrementando en todas las zonas de NL.

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Dante Garza:

En Nuevo León se cuenta con una propuesta de estrategia de Ciberprevención la cual contempla diversos aspectos, entre ellos:

1. Creación de una Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos para Nuevo León.

2. Especialización de la Policía Cibernética Estatal (CIPOL).

3. Creación de las Policías Cibernéticas Municipales (CIPOL Municipal).

4. Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos.

5. Creación de un Consejo Estatal de Prevención de Delitos Cibernéticos.

6. Creación de un Observatorio del Ciberdelito.

Velázquez, F. y Isau Garza Fabela, Dante Octavio. Estrategia Metropolitana de Ciberprevención: una propuesta para Nuevo León. Constructos Criminológicos, 2(3). Recuperado a partir de https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/26

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Dante Garza:

Seria interesante conocer las cifras de las cuales tiene registro la Coordinación de Seguridad Escolar de la Secretaria de Educación a nivel local.

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Dante Garza:

acoso escolar

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Yahaira Treviño:

El bullying siento que debe de ser castigado muy fuerte, porque la persona que lo recibe queda con traumas que pueden ser de por vida, cosas que nunca deberían de ser vividas, porque el bullying lo recibe la mayoría de las veces los niños… siento que deberían haber platicas más frecuentemente en donde les hablen sobre lo mal que está el bullying y de la sanción que podrían tener si ellos lo hacen

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Dante Garza:

El posicionamiento geopolítico y compartir una frontera aumenta los riesgos y pudiese dificultar la coordinación de los gobiernos.

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Yahaira Treviño:

Yo opino que esta bien que estén permitidas las armas, siempre y cuando sean armas chiquitas, que sirvan solamente como defensa propia por la inseguridad de Nuevo León… y que cuando vendan una, vean como son las personas, y ver si están bien porque si no pueden cometer cosas que no van a ser buenas para la sociedad, o crímenes que después no puedan parar.

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Diana Lozano:

Importantísimo invertir en su desarrollo integral, destacando el tema de su salud mental para poder contar con las herramientas necesarias para responder ante situaciones de crisis.

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Diana Lozano:

Desarrollar* (buscar que cada una de las líneas estratégicas y sus subíndices inicien en infinitivo, como en el primer caso)

Isabel Montoya:

Gran parte del sentido de la justicia debe tener en cuenta el factor humano, como sería incluir prácticas en las que la población pueda tener la canvianza de acudir a estos recursos, que se sientan protegidas por ellos.

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Diana Lozano:

evaluó

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Estefania Yazmin:

La violencia en el ámbito social es mucho más extensa.

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Sandrine Molinard:

Falta mencionar aquí que la arquitectura institucional actual no se alinea con lo que se preve en la Ley General de Seguridad Pública, ni en los lineamientos federales en materia de prevención. Eso representa un obstáculo a la hora de poder recibir y ejercer recursos federales.

Debería ser una prioridad ordenar el tema de arquitectura institucional, para poder dotar de capacidades a las instituciones legalmente habilitadas para coordinar una estrategia de prevención.

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Sandrine Molinard:

Es clave creer mecanismos de coordinación entre poderes y niveles de gobierno, que permitan alinear las políticas, priorizar correctamente y tener enfoques compartidos. En especial cobra relevancia eso para reducir la impunidad en delitos como violencia familiar o delitos sexuales.

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Sandrine Molinard:

Me emociona leer eso. Este cambio de paradigma puede ser clave.

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Diana Lozano:

En ningún momento se definió qué entienden por seguridad, cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad humana y por qué la transición de una a otra es fundamental para garantizar un enfoque de derechos humanos y dignidad humana.

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Diana Lozano:

La violencia en el ámbito social es mucho más amplio que únicamente abordar la violencia de género. Se queda corto el abordaje, desde mi punto de vista.

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hector mendoza:

El título de este segmento solo señala a la prevención del delito. Propondría “para la prevención y atención del delito”

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hector mendoza:

propondría agregar “peritos” y se planea una estrategia de inteligencia, propondría contemplar a los “analistas”

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hector mendoza:

Propondría “mercados criminales”

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Angélica Elizondo Riojas:

En esta sección haría más énfasis en la importancia de trabajar en conjunto con la sociedad civil

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Angélica Elizondo Riojas:

Una recomendación y posterior trabajo muy puntual de CONL puede ser definir mecanismos y herramientas para medir la reincidencia

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Angélica Elizondo Riojas:

Hacer énfasis en esta información

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Betzabé Triana:

ni una política pública institucionalizada con su respectivo presupuesto

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Betzabé Triana:

e iniciativa privada

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Betzabé Triana:

las llamadas al 9-1-1 recibidas al C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de NL

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Betzabé Triana:

existe propensión y exposición a la violencia

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Betzabé Triana:

como parte de un liderazgo y autogestión social

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Betzabé Triana:

este fenómeno en algunas ocasiones va de la mano con la violencia juvenil que se vive actualmente, hablando desde el enfoque ecológico (comunitario y/o social), sin embargo, en ocasiones no lleva a conexiones del crimen organizado o actividades ilícitas, sino cuestiones de salud mental en el cuidado de las personas o sus semejantes (ej. suicidio, violencia escolar, etc.)

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Betzabé Triana:

Aunado a la importancia que conllevan los abordajes de los enfoques señalados, tales como: seguridad pública con una capacidad de reacción desde las fuerzas del orden policial, así como la seguridad ciudadana con la capacidad y co-producción de la seguridad entre la ciudadanía y las fuerzas del orden público

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Betzabé Triana:

Además que el Estado de NL cuenta con gran conexión de colindancias entre ciudades, y es por ello, que hay que pensar/atender de manera metropolitana

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Diana Lozano:

Estoy de acuerdo. Sería importante abordar la importancia de la coordinación metropolitana considerando que alrededor del 80% de la población del estado se concentra en estos municipios y que el ciudadano promedio se desplaza diariamente de uno a otro (habita en uno, se divierte en otro, trabaja en otro, etc.). En este sentido, otro punto a considerar que obstaculiza un mayor grado de coordinación en la materia es la asimetría en las relaciones entre estos municipios y las capacidades institucionales de cada uno.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Agregar delitos cibernéticos al Plan de Persecución Penal.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Estandarizar, sistematizar y clasificar la ciberdelincuencia (Crear un Semaforo del Ciberdelito) [1} conforme a la  Norma Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (NIDFE) aprobado por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas (UNSC) y alineado al Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest, para lograr una eficaz persecución de los delitos cibernéticos en el marco del respeto de los tratados internacionales respetando los derechos humanos y los más altos estándares de internacionales.

  1. Velázquez, F. (2022). Buscan con semáforo alertar sobre ciberdelitos en Nuevo León. Recuperado de: https://vidauniversitaria.uanl.mx/campus-uanl/buscan-con-semaforo-alertar-sobre-ciberdelitos-en-nuevo-leon/

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Sobre todo las capacidades de investigación y prevención de delitos cibernéticos.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Agregaría aumentar el estado de fuerza de los peritos y la creación de ls Fiscalia Especializada en Ciberdelincuencia.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Los actos informáticos que son considerados violaciones menores, por ejemplo, pueden ser abordados con regulaciones civiles y administrativas y no mediante la legislación penal. A demás, de las medidas jurídicas que tienen un rol clave en la prevención y la lucha contra el delito cibernético. Se requieren otras medidas de este tipo en todas las áreas, incluyendo la tipificación, como lo son: los poderes procesales, jurisdicción, la cooperación internacional y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. La combinación de disposiciones puede prever la responsabilidad penal, administrativa y civil al mismo tiempo

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Es un dato muy impactante. Al final, no veo nada en especifico que trate del tema. Actualmente, estoy trabajando una campaña sensibilización de ciberprevención y uso responsable de redes sociales en las preparatorias de la UANL, propongo que en las Escuelas Públicas y Privadas, se realicen campañas permanentes sobre estos temas. Además, de fortalecer los programas de prevención secundaria en adolescentes. (dar mas recurso económico, de personal, capacitación, etc) E ir fortaleciendo los canales de denuncia, atención e investigación de los delitos cibernéticos a la par.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Según la INTERPOL: “la naturaleza del delito informático es internacional” por lo que sí, se habla de una estrategia de ciberseguridad. se tiene que fortalecer el tema de la cooperación internacional. Además, fomentar acuerdos internacionales para lograr alianzas publico-privadas para tener acuerdos previos con los operadores de telefonía móvil y los proveedores de servicios de Internet (PSI).

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

¿Los policías? (La trilogía Investigadora desde el punto de vista académico y procesal, se refiere a la coordinación entre el Ministerio Público como investigador jurídico, a la policía como investigador fáctico y los peritos como investigadores técnicos). Por lo que también se debe de aumentar el personal de peritos en NL. A demás, se debe de Investigar los delitos en el ciberespacio, por lo que se propone la creación de la Policía Cibernetica Municipal (que pueden ser los analistas delictivos). Se puede formar en la Policía Municipal de Investigación (PMI ) y solo agregar al convenio Metropolitano, una capacitación para ir fortaleciendo la capacidad de atención, investigación y prevención de los delitos cibernéticos a nivel municipal, como una manera de fortalecer la Policía Cibernética del Estado.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

A su vez, existen crecientes retos en materia de ciberseguridad. Los estados en México con más ataques en el 2021 fueron CDMX (22%), Jalisco (18%) y Nuevo León (12%) [1] . Entre los ciberdelitos más frecuentes se encuentran el fraude, robo de identidad, extorsión y el acoso [2]. Por lo que el Estado debe de atender desde lo local [3], priorizando los grupos en situación de vulnerabilidad, incentivando la participación ciudadana para visibilizar los delitos cibernéticos [4] y que sean atendidos de manera integral por los órganos encargados de hacer cumplir la ley (Policía Municipal y Estatal, Policía Investigadora, Fiscalia y Poder Judicial).

  1. Ciberdelitos siguen creciendo. Recuperado de: https://idconline.mx/corporativo/2022/01/17/ciberdelitos-siguen-creciendo

  2. En Monterrey, aumentan un 56% los ciberdelitos. Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-nuevo-leon-aumentan-un-56-los-ciberdelitos

  3. Velázquez, F., & Garza Fabela, D. O. I. (2022). Estrategia Metropolitana de Ciberprevención: una propuesta para Nuevo León. Constructos Criminológicos, 2(3). Recuperado a partir de https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/26

  4. Buscan con semáforo alertar sobre ciberdelitos en Nuevo León. Recuperado de: https://vidauniversitaria.uanl.mx/campus-uanl/buscan-con-semaforo-alertar-sobre-ciberdelitos-en-nuevo-leon/

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

Y no solamente los hechos delictivos tradicionales, si no promover la denuncia de los delitos en el ciberespacio.

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FERNANDO VELAZQUEZ FLORES:

¿Existen datos que respalden esa afirmación?.. Como evaluar el programa de denuncia virtual.

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Angélica Elizondo Riojas:

Poner explícitamente adolescentes, o menores de edad. Por definición, los “jóvenes” tendrían entre 15 y 24 años aproximadamente.

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Diego A Martinez:

2) conformar los equipos multidisciplinarios para la correcta clasificación de los PPL’s

3) y luego, fomentar la profesionalización…

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Diego A Martinez:

Mismo comentario referente al SUIC (Art. 61 Bis- Bis 4 de la Ley de Seguridad de NL)

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Diego A Martinez:

En el texto se escribe con minúsculas, en los pie de gráficas con mayúsculas (¿es correcto?)

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Diego A Martinez:

una afirmación muy arrojada a mi gusto, atenuaría las expectativas.

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Diego A Martinez:

¿Aquí no se hará referencia textual al ODS?

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Diego A Martinez:

Como lo ha mencionando ya el Secretario Pámanes, es importante hacer una revisión integral al Código Penal del Estado, puesto que se ha insistido en la “demagogia punitiva” sin medir el impacto real que lleva a las instituciones de seguridad y justicia tal discurso.

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Diego A Martinez:

Tanto del párrafo anterior como de este, hay que dimensionar la capacidad efectiva de atención/acción.

impulsar un estudio de volumetría que auxilie en la correcta implementación de un plan de persecución penal priorizado a lo que más “afecte” a la población

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Diego A Martinez:

Insisto en la revisión de la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Nuevo León (2023) y la importancia de dar seguimiento a su Reglamento y homologación municipal.

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Diego A Martinez:

Sugeriría revisar las bases de los siguientes acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública:

18/XL/16. Programas de Trabajo para el fortalecimiento de las Áreas de Análisis y Estadística de las Instancias de Procuración de Justicia y Seguridad Pública.

13/XLI/16. Programas de Trabajo para el fortalecimiento de las Áreas de Análisis y Estadística de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia.

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Diego A Martinez:

Impulsar la aplicación, a través de la UCS, del Curso de Formación Inicial de Analistas en Seguridad Pública.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484223/Curso_de_Formaci_n_Inicial_de_analistas_en_seguridad_publica.pdf

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Diego A Martinez:

Propondría, en lugar de crear un proyecto nuevo, dar vida a la letra expresa en los artículos 61Bis, 1, 2, 3, y 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, referente al Sistema Único de Información Criminal (SUIC)

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Diego A Martinez:

en itálicas, como la cita al mismo ODS del objetivo anterior.

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Diego A Martinez:

;

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Diego A Martinez:

no queda clara la inclusión de estas dos palabras al final del párrafo: se recomienda ampliar la idea.

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Diana Lozano:

Concuerdo. Además, ¿se cuenta con el dato exacto? No es del 100%, ¿de cuánto es? ¿Qué incluye este plan individualizado? ¿Cómo miden su calidad y efectividad?

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Diego A Martinez:

hasta el mes de octubre del 2022,

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Diego A Martinez:

2015

?
Diego A Martinez:

“Reinserción social” ó “Reinserción social y sistema penitenciario” (cambian el subtítulo en el texto)

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Diego A Martinez:

En Enero del 2023, se publicó la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Nuevo León, lo que da pie a una homologación a nivel municipal.

https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_justicia_civica_para_el_estado_de_nuevo_leon/#:~:text=La%20presente%20ley%20es%20de,prevenci%C3%B3n%20social%20del%20delito%2C%20la

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Diana Lozano:

La ley establece los parámetros mínimos sobre los que los municipios deben desarrollar su modelo de Justicia Cívica, considerando las capacidades institucionales particulares. Recomiendo las guías de USAID en la materia para incorporar una definición más precisa de Justicia Cívica y un mejor abordaje del tema.

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Diego A Martinez:

reacción o disuasión?, en el cuerpo del apartado cambia la redacción

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Diego A Martinez:

inteligencia policial (como la definen en el siguiente párrafo)

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Diego A Martinez:

y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

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Diego A Martinez:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (porque pudiera confundirse con la Constitución del Estado de N.L)

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Diego A Martinez:

9-1-1, mismo ajuste en la gráfica 4

Cesar Gamez:

Por qué se dejó de tener ésta red?

Cesar Gamez:

Se van a llevar indicadores?

Cesar Gamez:

los

Cesar Gamez:

“los” -la RAE nos dice que no es correcto usar femenino y masculino para ser inclusive. Es suficiente con “los”.

Cesar Gamez:

Estaría bueno respaldar esta afirmación con datos:

  1. que porcentaje?

  2. cual es el tiempo de servicio promedio?

Para reducir la rotación puede ser conveniente intentar ofrecer incentivos como bonos, premios y pensiones.

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Diana Lozano:

Creo que se está emitiendo un juicio sobre la corporación desde fuera y poco se está hablando, desde dentro, sobre los retos y dificultades que tienen que afrontar los elementos, empezando por no recibir la atención necesaria para contar con un estado emocional óptimo para atender a la ciudadanía en situaciones complejas (=salud mental).

Cesar Gamez:

se reveló que el

Cesar Gamez:

se reveló que el 16.43 % de los niños de entre 14 y 17 años desean una mayor seguridad en sus escuelas, mientras que el 19.67 % desea mejorar la convivencia y el 18.73 % quiere que se preste atención a sus emociones.

Cesar Gamez:

La escuela es otro espacio social en el que se puede experimentar la violencia comunitaria.

Cesar Gamez:

problemas comunitarios

Cesar Gamez:

AMM

Cesar Gamez:

(En capítulos anteriores, se definió la AMM como el Area Metropolitana de Monterrey y no como Zona.)

+ 1 more...
Cesar Gamez:

La gráfica está un poco saturada y los números empalmados, conviene rediseñarla por algo mas limpio.

Cesar Gamez:

Aunque el porcentaje de personas que modificaron sus rutinas disminuyó en la mayoría de actividades de 2020 a 2021, sigue siendo un problema significativo.

Cesar Gamez:

La violencia es un problema complejo que puede manifestarse de diferentes formas y en distintos contextos. No existe una única estrategia que sea efectiva en todas las situaciones para prevenir la violencia. Por lo tanto, se han desarrollado diferentes enfoques para abordar este problema.

El enfoque epidemiológico se basa en la idea de que la violencia es un problema de salud pública, y como tal, debe ser abordado desde una perspectiva de prevención. Este enfoque se centra en identificar los factores de riesgo y los factores protectores que contribuyen a la violencia, para así poder desarrollar estrategias de prevención eficaces. La Organización Panamericana de la Salud ha sido una de las principales impulsoras de este enfoque.

El enfoque ecológico se enfoca en el contexto social y ambiental en el que se produce la violencia, y busca intervenir en múltiples niveles para prevenirla. Este enfoque reconoce que la violencia no es causada únicamente por factores individuales, sino que también está influenciada por factores del entorno, como la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos. La Organización Mundial de la Salud ha sido una de las principales promotoras de este enfoque.

El enfoque de eficacia colectiva se centra en la idea de que la violencia es un problema que afecta a toda la comunidad, y que la prevención requiere una acción colectiva y coordinada. Este enfoque se basa en la idea de que las comunidades pueden trabajar juntas para identificar los problemas de violencia y desarrollar estrategias efectivas para prevenirla. Robert J. Sampson ha sido uno de los principales desarrolladores de este enfoque.

En resumen, cada enfoque se centra en un aspecto diferente de la prevención de la violencia, pero todos buscan abordar el problema de manera efectiva y colaborativa.

Cesar Gamez:

mansplaining

Camila Blando:
Camila Blando:

Propuesta de cambio de gráfica

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María José Montes Hernández:

Utilizar otro adverbio para no repetir

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María José Montes Hernández:

Importante señalar que en el ámbito comunitario la violencia que más se experimenta es la violencia sexual, ¿cómo modifica esto la convivencia social de las mujeres? una pregunta detonante para ser tratada también por el diseño de espacios públicos y transporte.

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María José Montes Hernández:

Recomiendo que puedan revisar el artículo de Comins Mingol, I. (2003). Del Miedo a la Diversidad a la Ética del Cuidado: Una Perspectiva de Género. Convergencia Revista De Ciencias Sociales, (33). Consultado de https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1584 la violencia de género está vinculada a las relaciones de poder establecidas por los roles de género.

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Diana Lozano:

A mí también me parece que podrían integrar una mejor definición de violencia de género, partiendo de una revisión de la literatura más extensa. Agregar una definición del Gobierno de Chile no creo que sea la mejor alternativa.