En marco de la revisión de los borradores de la nueva versión del Plan Estratégico, TECHO comparte las siguientes propuestas, resultado de nuestro trabajo para superar la pobreza de los asentamientos humanos irregulares (AHI) en México, nuestro trabajo en 18 países de América Latina y el Caribe, además del trabajo en campo en 8 comunidades dentro de la zona metropolitana de Monterrey (Apodaca, Juárez, García y Monterrey).
En América Latina viven alrededor de 113 millones de personas en asentamientos informales. En México, el reto no es menor. A pesar de ser la décimo cuarta economía mundial, 53.3 millones de personas viven en condiciones de pobreza, de los cuales, más de 38 millones habitan en zonas urbanas. Es decir, 7 de cada 10 personas en pobreza se encuentran en una ciudad. (INEGI, 2010).
Los asentamientos informales son la máxima expresión de la desigualdad urbana. Son espacios de las ciudades que no son reconocidos como tal, y los derechos de sus habitantes son negados. Este fenómeno urbano se origina por distintas causas: la desigualdad, la migración rural-urbana, la falta de vivienda adecuada asequible para la población pobre de las ciudades, una gobernanza deficiente (referente a políticas, urbanismo, uso de la tierra y gestión urbana), la vulnerabilidad económica, los desastres naturales, entre otras.
En este contexto, es pertinente considerar a los asentamientos informales como parte fundamental de una agenda urbana coherente con el objetivo de promover el acceso a la ciudad y a las oportunidades que ésta debería entregar a todos por igual permitiendo la integración social y territorial. Queremos que los asentamientos informales sean reconocidos e integrados como parte de la ciudad y que los derechos de sus habitantes sean respetados. Por lo cual hacemos esta serie de propuestas en pro de la ciudadanía Nuevoleonesa:
1. Generar un censo de asentamientos humanos irregulares.
La vulneración de derechos humanos en los asentamientos informales es una problemática invisibilizada en México, ya que no ha existido interés público por dimensionarlo con información sistemática y confiable; no existe un censo nacional con información pública que nos diga cuántos asentamientos hay, dónde están, cuántas personas viven en ellos y qué características tienen. La emergencia dentro de la zona metropolitana de Monterrey es de igual importancia, al no contar con la información completa dependencias como Fomerrey y el instituto de la vivienda tienen una gran área de oportunidad.
Por ello, hay que acudir a las investigaciones y estudios académicos en materia de desarrollo urbano. Algunos investigadores han mencionado cifras que oscilan entre 7.5 millones (Salazar, 2009) y 12 millones de lotes (Iracheta, 2013).
En el año 2010, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) utilizó la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para realizar el Diagnóstico sobre la falta de certeza jurídica en hogares urbanos en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos urbanos y aproximar la dimensión de la problemática de la irregularidad vinculada a la pobreza. Con base en la ENIGH 2010, considerando las localidades de más de 2,500 habitantes, se identificaron 12,691,563 hogares en pobreza patrimonial, que representan 43.7% del total de los hogares del país. De estos, 1,353,863 no tenían escrituras de la vivienda que habitan:
“Más que hablar de la cuantificación del problema, es necesario en primer lugar, mencionar el obstáculo que representa no contar con datos o estimaciones fiables que nos den una idea de la magnitud o ubicación del problema que aborda este documento: la existencia de hogares sin certeza jurídica sobre su propiedad en asentamientos irregulares.
Existen varias razones por las cuales no se dispone de una cuantificación acertada, entre las que se encuentra la naturaleza dinámica de este fenómeno, ya que se observa una proliferación continua de asentamientos informales que obstaculizan el registro y actualización de datos referentes a la lotificación del suelo irregular. Esta limitación de tipo técnico es acompañada por otra de tipo normativo cuando no existe ninguna ley o reglamento que faculte explícitamente a las autoridades ya sean locales, estatales o nacionales a dar seguimiento a las ocupaciones informales de suelo y del status jurídico de las propiedades que ahí se han formado.”
Como consecuencia, el Estado no puede diseñar políticas públicas o legislación adecuada para que las personas en pobreza puedan acceder al suelo, financiar la producción social del hábitat, favorecer sus formas de organización y garantizar el disfrute efectivo de sus derechos.
Consideramos imprescindible enfatizar la obligación del Estado de realizar un censo anual y mapeo de los Asentamientos Humanos Informales, estableciendo una obligación coordinada y solidaria de los tres niveles de gobierno, para tomar en cuenta a estos núcleos de población como tomadores de decisiones, respetando su propia organización comunitaria.
Faltan datos locales precisos, además de que la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno hace que este trabajo sea aún más difícil. El tema de desarrollo urbano y Asentamientos Humanos Informales es un tema meramente local, pero son los mismos municipios los que carecen de herramientas y presupuesto para generar el análisis necesario que le permita una adecuada toma de decisiones.
Esto debería ser un compromiso hacia el Plan estratégico 2030, no sólo de las administraciones de turno, sino también de la academia y del sector social.
2. Participación de todas las juventudes.
En América Latina nunca había habido tantos jóvenes como el día de hoy, hay que incentivar la participación de este grupo poblacional, involucrarse en la toma de decisiones para la construcción de la ciudad y el estado que van a recibir.
¿Qué tipo de participación están teniendo los jóvenes el día de hoy? Sumarlos a proyectos como son el censo de asentamientos humanos, es involucrarnos en el diagnóstico de las soluciones y posteriormente a través de ellos mismos buscar la solución a los mismos. Al final no es más que potencializar el capital humano que se está formando dentro de nuestros centros de estudios.
3. Integrar la participación de los vecinos y vecinas de los asentamientos en el desarrollo urbano.
Es necesario enfrentar el reto de los asentamientos informales y aprender de sus esfuerzos a través de métodos participativos de planificación que resaltan las estrategias integradas y el cambio sistémico. Debemos comenzar colocando a los asentamientos humanos informales en los mapas “urbanos” y favorecer las reformas políticas necesarias, la asignación presupuestaria y las alianzas multipartitas para la mejora sostenible de las condiciones de vida sus habitantes. Así mismo, es necesario institucionalizar las alianzas e impulsar a los actores urbanos clave para la erradicación de la pobreza urbana.
Como parte del reconocimiento de los asentamientos humanos informales y de su naturaleza, es obligación del Estado respetar sus propias organizaciones comunitarias, que en ningún momento transgreden la legislación vigente, sino que fomentan la participación organizada y representada de los mismos asentamientos.
Un ejemplo de un ejercicio de participación ciudadana desde sociedad civil es el 2º Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios que realizó TECHO en la Ciudad de México. En este evento participaron más de 100 líderes y lideresas provenientes de 670 asentamientos irregulares en situación de pobreza de 18 países de América Latina.
Del pronunciamiento final elaborado por este grupo de representantes destacan las siguientes líneas de acción para los Estados:
Reconocer que los asentamientos irregulares en situación de pobreza son la manifestación extrema de una dinámica estructural de desigualdad social. América Latina es una región de ciudades sin ciudadanos y ciudadanos sin ciudades.
Elaborar estrategias para regular y asegurar la tenencia del suelo para que todas las personas podamos acceder a él de manera justa y segura, sin ser víctimas de la especulación del mercado inmobiliario.
Garantizar el derecho a una vivienda adecuada, la educación, la salud, la seguridad social, entre otros.
Articular de manera efectiva el trabajo entre los distintos niveles y órdenes de gobierno y asegurar la participación de las comunidades en el diseño e implementación de políticas públicas.
Garantizar un sistema de justicia y seguridad pública que, en lugar de actuar contra los más pobres, sea garantía del bienestar de todos los ciudadanos.
Terminar con la corrupción fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas.
4. Reformar las políticas de gestión del suelo.
Para resolver los problemas de acceso a la vivienda adecuada, con todos los principios que integra, es urgente solucionar el acceso al suelo priorizando su función social. Esto no será posible si el Estado no retoma el protagonismo para regular el mercado, recuperar y redistribuir las plusvalías y dotar de mejores mecanismos de financiamiento y apoyo técnico para fortalecer la producción social de la vivienda y el hábitat.
El suelo urbanizado debe ser tratado como un bien social, cuyo disfrute debe estar al alcance de toda la población. La política de vivienda no puede ser sólo un mecanismo financiero para beneficio de las desarrolladoras e instituciones financieras.
5. Regulación de tenencia de la tierra y procedimiento de desalojo.
El país tiene una gran deuda en atender las recomendaciones de los relatores especiales sobre una vivienda adecuada en materia de desalojos forzosos y desplazamientos (2003), así como de seguridad de la tenencia de la tierra (2013). Es necesario regularizar los procedimientos de desalojo en cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano consagradas en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, especialmente los establecidos en la Observación General n° 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en relación al procedimiento de desalojos.
Una de las varias condiciones críticas en la definición de “vivienda adecuada” es la seguridad de tenencia (ONU Habitat, 2010). Tanto en situaciones de incertidumbre política, como en casos judicializados, la seguridad de tenencia, como un derecho humano, apunta a que “la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad (...) que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas” (ONU Habitat, 2010, p.3). En situaciones de asentamientos informales, la seguridad de tenencia como parte de la definición de vivienda adecuada es crítica para salvaguardar los derechos civiles, políticos y económicos de familias enteras en situación precaria ante la ley o fuerzas de seguridad.
Cabe destacar el informe de la Relatora Especial sobre vivienda adecuada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su informe del año 2013, Raquel Rolnik señaló que la crisis mundial de inseguridad de la tenencia era un problema que merecía atención específica por parte de la ONU y denuncia los importantes obstáculos en asentamientos informales para acceder a la justicia. Entre sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos, Rolnik pone énfasis en la responsabilidad de los estados para promover, proteger y reforzar diversas formas de tenencia que reflejen la realidad de sus países.
Para mejorar la situación de grupos vulnerables y marginados, el informe hace hincapié en la situación de asentamientos pobres en zonas urbanas. Rolnik insta a los Estados miembros a “elaborar estrategias en toda la ciudad para asegurar la tenencia y mejorar los asentamientos en diversas categorías de tierra y con diferentes arreglos de tenencia”.
Tal como lo establece el 1°constitucional, es obligación del Estado y de todas sus autoridades, la prevención, investigación, sanción y respeto de las violaciones a los derechos humanos, es por eso que es necesario establecer un procedimiento específico de desalojo de los asentamientos, el cual deberá de ser de conformidad con los tratados internacionales y la legislación nacional vigente. Al día de hoy, se llevan a cabo desalojos sin el mínimo cumplimiento a ninguna legislación y mucho menos a las administrativas, dejando de lado el tema de reubicación de estos asentamientos, el cual no se establece como obligación de las autoridades.
Desde la oficina de TECHO en Nuevo León reconocemos el gran esfuerzo del Consejo Nuevo León por incentivar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo entre OSC, gobierno y empresas para generar el borrador del Plan Estratégico 2030 de Nuevo León, en su revisión 2019-2020. Esto es sin duda un gran paso en temas de gobernanza y soberanía del estado. En este mismo sentido estamos pendientes de ver los siguientes pasos que lleven a este borrador a convertirse en indicadores, responsabilidades puntuales a las personas o dependencias correspondientes y un proceso de monitoreo más inmediato y transparente, para lograr el cambio que queremos ver en esta y en las generaciones por venir.
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