Prueba Feb 2023 Seguridad y Justicia - Ciudadanía

La prevención de la violencia y la reacción ante el delito deben complementarse para constituir comunidades pacíficas y seguras (UNODC, 2011). La primera contribuye a la seguridad pública con la reducción de los factores de riesgo que favorecen conductas violentas y delictivas. La segunda involucra la intervención de las instituciones públicas responsables de la persecución, sanción y reducción de los delitos (Bartolucci, 2020).

El rango de ámbitos en que se puede dar la prevención del delito es muy amplio, va desde la política educativa hasta la de desarrollo urbano, por mencionar algunos, lo que implica que diversas autoridades y sectores deban intervenir y medir su impacto en las distintas etapas de prevención, bajo una visión sistémica y un enfoque de corresponsabilidad.

De acuerdo al Banco Mundial (2012) hay tres niveles de prevención. La prevención primaria contempla medidas que incentivan a la población para que elijan caminos distintos a la violencia antes de incurrir en ella. Por ejemplo, programas de la SSP como Quien te quiere no te agrede (violencia familiar), No te enredes y Mejorando relaciones humanas.

La prevención secundaria se enfoca en acciones hacia quienes tienen mayor riesgo de generar situaciones violentas. Existen esfuerzos a nivel estatal por identificar zonas de riesgo y diseñar programas focalizados para atender las causas específicas que lo generan.

Finalmente, la prevención terciaria abarca medidas para evitar la reincidencia. Por ejemplo, la SSP impulsó el uso de la inteligencia policial y el análisis delictivo para guiar intervenciones con personas agresoras y generadoras de violencia.

La reacción al delito y la prevención de la violencia dependen de las capacidades de administración y operación de las instituciones policiales en el estado. El estándar mínimo para el número de policías estatales, definido por el Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP), es de 1.8 agentes por cada 1 000 habitantes; Nuevo León tiene una tasa de 1 (SESNSP, 2020). La tasa aumenta a 2.39 si se suma el número de agentes municipales y estatales, lo que indica un incremento de 6.1 % con relación a 2016 (INEGI, 2019).