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BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Desarrollo Social

Diagnóstico

El sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC-AR6) brinda evidencia fundamental que vincula el desarrollo económico y los efectos del cambio climático en la dinámica social.

La planeación a largo plazo del desarrollo social debe contemplar la forma en que se habita en el antropoceno1, es decir contemplar las interacciones de las personas en Nuevo León con el medio ambiente como elemento determinante de la capacidad de mitigar y retardar los efectos del cambio climático.

Este informe resalta que los efectos se presentan a nivel global y están interconectados, tienen relevancia local dependiendo de las características propias de la región y orienta a planear en función de estas características. Los efectos del cambio climático en el estado son visibles ya con la crisis hídrica, la contaminación del aire, el aumento en las sequías, incendios forestales, el aumento progresivo de la temperatura y la necesidad de las personas por desplazarse de sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Las consecuencias a mediano de la manipulación del medio ambiente recaen en los problemas sociales que existen en Nuevo León, como las desigualdades, la pobreza multidimensional, la discriminación, la crisis de los cuidados, y la violencia de género. Todos estos, se verán potencializados por los efectos del cambio climático.

Analizar y atender los problemas requiere de un enfoque sistémico, bajo una lente interseccional, con perspectiva de género y teniendo como marco conceptual los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y las vías de desarrollo resiliente (CRT)2.

El desarrollo social es el proceso de crecimiento integral cuyo fin es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; así como la creación y el fortalecimiento de oportunidades; la erradicación de la desigualdad y la exclusión entre los individuos y grupos. Lo anterior, con el propósito de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural del Estado (Ley de Desarrollo Cambio social, 2022).

La educación, la salud, la alimentación y la vivienda son derechos para alcanzar el desarrollo social. También son relevantes, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social, el derecho a la cultura y los relativos a la no discriminación en los términos de la CPEUM y la Constitución de Nuevo León 2022).

De acuerdo al Enfoque de los Derechos Humanos de Coneval3 (2018), los problemas para el desarrollo social de Nuevo León versan en tres dimensiones:

1. Las condiciones individuales necesarias para que las personas gocen de sus derechos.

2. Las condiciones sociales que promuevan la igualdad, la inclusión y la no discriminación en todas sus formas.

3. La gobernanza para hacer el uso máximo de los recursos para atender los problemas sociales.

La ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León (2022) define los grupos sociales en situación de vulnerabilidad4 a aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación. Esto les impide alcanzar mejores niveles de vida, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

Entre los principales retos que enfrenta el estado en materia de desarrollo social, analizaremos los cuatro retos prioritarios:

1. Desigualdad social, el impacto de la movilidad social en las oportunidades de desarrollo.

2. Necesidades sociales de cuidados

3. Inclusión social, reconocimiento de la diversidad y grupos prioritarios de atención.

4. Desigualdad de género y violencias en las mujeres y niñas

Desigualdad social

El desarrollo social promueve un entorno que permita que las personas puedan alcanzar su bienestar, desarrollo humano y alta movilidad social (Coneval5, 2018).

Nuevo León es el segundo estado con mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH)6 con 0.705, superior al nacional, 0.7047. Sin embargo, el IDH estatal está por debajo del promedio de los países de la OCDE que es de 0.895 (PNUD, 2020, Global DataLab, 2022).

El desarrollo municipal en el estado no es equitativo entre regiones, por lo que es importante desagregar la información y analizar los datos teniendo en cuenta el contexto global del estado, donde existen importantes contrastes.

La región metropolitana (0.77) tiene el mejor desempeño con un IDH Alto, similar al de Coahuila y Chihuahua, sin embargo, en la misma región no supera a Sonora, Baja California Norte o Baja California Sur. Se encuentra por debajo de Ciudad de México y Quintana Roo.

A pesar del descenso mostrado entre el 2015-2020, en la región metropolitana se encuentran los cinco municipios con IDH más alto del estado, destacando San Pedro Garza García (0.86) y San Nicolás de los Garza (0.84) que superan el IDH de la Ciudad de México (0.82). En contraste, la región sur (0.54) tiene niveles similares a Chiapas, el estado con menor IDH en el país y contiene los cinco municipios con el índice más bajo (gráfica 1) (PNUD, 2020).

A mayor distancia de la zona metropolitana de Monterrey, la calidad de vida de las personas en Nuevo León se va reduciendo y la brecha se va incrementando. 

Gráfica 1. Índice de desarrollo humano por regiones de Nuevo León

Esta información es consistente con la información obtenida en otros informes (CEEY, 2018, CEEY-CONL, 2022; PNUD, 2022; World Justice Project, 2022): el desarrollo social de Nuevo León muestra características similares a las reportadas a nivel mundial y nacional, pues la pandemia por COVID-19 desaceleró el crecimiento económico lo que hizo más evidentes las desigualdades existentes.

El IDH indica que, a pesar de la disminución del desarrollo humano, la entidad mantiene la posición nacional alcanzada previo a la pandemia y se encuentra en periodo de recuperación posterior.

La movilidad social8 Es la capacidad de una persona de progresar socioeconómicamente y depende de un entorno que favorezca que el esfuerzo individual permite a una persona mejorar sus condiciones generales de vida (CEEY y CONL, 2022). En consecuencia, la movilidad social es uno de los múltiples factores que determina la reducción de la desigualdad9.

El estado se encuentra clasificado en la Región del Norte de México, la que mayor movilidad social tiene en el país. En esta región solamente el 23 % de las personas que nacieron en el quintil más pobre permanecen ahí, en contraste con 67 % para la Región Sur (CEEY, 2019).

*Gráfica en proceso de adaptación.

Mapa 1. Regiones Movilidad Social México.

*Mapa en proceso de construcción

Aunque Nuevo León es el estado con mayor movilidad social en el contexto nacional, mantiene desigualdades de oportunidades al interior de su territorio. Al analizar las diferencias entre la zona metropolitana, la periférica y la rural, destaca que es la primera la de mayor movilidad (CEEY y CONL 2022, CEEY, 2019).

La movilidad social es favorable en términos económicos, ocupacionales, educativos y de salud. En Nuevo León, cuatro de cada diez de los hijos e hijas que nacieron en hogares con madres y padres pertenecientes al grupo de menores recursos económicos permanecieron en tales estratos (CEEY-CONL, 2022).

La movilidad económica está estrechamente ligada al tipo de ocupaciones entre las que permanece o se mueve la población del estado. Las actividades agrícolas y manuales son las de mayor persistencia en los estratos más bajos: solo el 20% del quintil más puede ascender económicamente a quintiles que le permitan superar el estado de pobreza (CEEY-CONL, 2022).

La ocupación de las personas y su capacidad para generar recursos económicos están estrechamente ligadas al capital humano con que cuentan, por ejemplo, el nivel de escolaridad10.

Las diferencias en movilidad social tienen como base la desigualdad de oportunidades. En Nuevo León, al menos 35% de la desigualdad de resultados en la dimensión de recursos económicos proviene de la desigualdad de oportunidades, cifra menor a la registrada a nivel nacional de al menos de 48% (CEEY-CONL, 2022).

*Gráfica en proceso de adaptación.

Las circunstancias que más contribuyen a la desigualdad de oportunidades en Nuevo León son la riqueza de origen (63%), el nivel educativo de los padres (22%) y, empatados en tercer lugar, si se es migrante y el color de piel (5%) (CEEY-CONL, 2022).

Además, el peso relativo de la riqueza y el color de piel como factores explicativos de la desigualdad de oportunidades del estado es notoriamente mayor a lo registrado en estudios previos a nivel nacional (CEEY, 2022).

A pesar del buen desempeño relativo a nivel nacional, en la región persisten características que excluyen y discriminan. El lugar de origen, género, color de piel, hablar una lengua indígena, ser migrante se pueden apreciar como condicionantes de la movilidad, ya que dificultan el desarrollo social al limitar oportunidades (CEEY, 2022, 2019).

Otro punto de análisis de la desigualdad social es conocer la distribución de los activos, el bienestar o los ingresos entre la población, para esto hay indicadores complementarios al IDH y la movilidad social: el coeficiente de Gini y la diferencia de ingresos entre deciles de población.

El promedio nacional al 2020 es de 45.4, el índice de Nuevo León, 0.4550 ocupa el lugar 27 a nivel nacional en menor desigualdad en la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini11, ligeramente por encima del promedio nacional (Coneval, 2020). 

Por otro lado, en Nuevo León hay una concentración importante de riqueza en el decil de población de mayores ingresos. El 10% de la población con mayores ingresos (decil X) gana casi 18 veces más que el 10% de la población con menores ingresos (decil I) (ENIGH, 2020).

Entre el 2018 y 2020 existió una variación promedio de, -1.3%, en los deciles VII, IX y X el ingreso promedio aumentó con respecto al 2018. Esto es consistente con el informe de movilidad social de Consejo Nuevo León y el CEEY, donde establece que las personas en Nuevo León con mayor movilidad social, permanecen en ese estrato.

La brecha de ingresos no es exclusiva de los extremos. Para alcanzar el ingreso del decil más alto se tendrían que sumar los ingresos de los tres previos (VII, VIII y IX)12.

Como lo menciona CONEVAL, la pobreza multidimensional13 Es consecuencia de aspectos del desarrollo de condiciones laborales, de dotación de servicios, de desigualdad en ingresos. Incluso se deriva de elementos territoriales, tales como la distribución poblacional, diferencias en la base productiva local y especialización económica14 (CONEVAL, 2020).

Nuevo León es el segundo estado con menor proporción de población en situación de pobreza (24.3%) y pobreza extrema (2.1%). Sin embargo, el 35.6% reporta pobreza económica15 (CONEVAL, 2020).

Entre el 2018 y el 2020 de manera global se aprecia un incremento de las condiciones de pobreza. A pesar de esto existen modificaciones positivas en: mayor acceso a los servicios de salud 21.5%, seguridad social 31.9%, calidad y espacios de vivienda 3.9% y 14.7% en acceso a alimentación nutritiva y de calidad (CONEVAL, 2020).

Es importante para Nuevo León el contemplar también la desigualdad de género como un factor que dificulta la movilidad social.

Por ejemplo, las mujeres muestran una pequeña ventaja respecto a los hombres en la movilidad social de salud, pero esta disminuye en educación.

Las mujeres presentan menor movilidad en riqueza pues el 50% se mantienen en el grupo con menores recursos económicos habiendo tenido padres dentro de él, mientras esta cifra es del 40 % para los hombres (CEEY-CONL, 2022).

Necesidades sociales de cuidados

Las desigualdades se encuentran en todas las actividades, sin embargo, en términos de movilidad social existe una relación directa con la persistencia de la pobreza y las actividades relacionadas a los cuidados16 (CEEY- CONL, 2022).

Los cuidados están principalmente segregados al ámbito privado y las mujeres llevan la carga de las labores del hogar, crianza, y los cuidados, lo que disminuye su posibilidad de participación económica. El tiempo que se utiliza para las actividades de cuidados, en términos productivos, es tiempo que se disminuye de asistir a la escuela, o participar en el mercado laboral17.

En 2021 las mujeres dedicaron en promedio 22 horas a la semana a actividades domésticas y 27 horas en promedio al cuidado de otras personas, esto es 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres (CSTNRHM, 2022; OXFAM, 2022).

En promedio hombres y mujeres en Nuevo León dedican 23.7 horas al trabajo no remunerado y de cuidados a integrantes del hogar a la semana. Al diferenciar por género, las mujeres dedican a la semana 30 horas y los hombres 16. Los hombres dedican 16 horas (ENUT, 2019).

Esto tiene un costo en la trayectoria de vida de las personas cuidadoras que realizan este trabajo en condiciones de invisibilidad y, comúnmente, precariedad. Las mujeres, y más aún aquellas que viven en condiciones de pobreza, proveen tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado (OIT, 2018). Aunque el trabajo no sea remunerado, sí tiene un valor pues en México representó el 26.7% del PIB del país en el 2021 (CSTNRHM, 2022).

*Gráfica en proceso de adaptación.

México se encuentra en un momento de transición demográfica y epidemiológica caracterizada por un aumento en los años de vida, una creciente presencia de enfermedades crónico-degenerativas, fallas en la prevención de ciertas enfermedades y discapacidades, y la ausencia de servicios públicos suficientes y adecuados (Justicia y trabajo, 2020), por lo que la demanda de cuidados profesionales irá en aumento en los próximos años.

El cuidar y ser cuidado son derechos, de ahí la importancia de fundamentar los cuidados en acciones corresponsables. El derecho al cuidado digno y al tiempo propio son interdependientes e implican reconocer simultáneamente los derechos de quienes requieren recibir y/o brindar cuidados, garantizando en paralelo el ejercicio de otros derechos humanos18.

Factores como el acceso a la protección social, los cuidados infantiles y otros servicios de cuidados determinan el 11% de la desigualdad de oportunidades a nivel nacional, y para las personas en los niveles socioeconómicos más bajos es el 38% (CEEY 2022).

De acuerdo con el Informe de Movilidad Social de Nuevo León (CEEY-CONL, 2022), contar con servicios de cuidado se asocia a mayor escolaridad, acceso al mercado laboral remunerado y acceso a capital económico de las mujeres. Esto es notorio en la riqueza, pues reduce en 38% la persistencia en el grupo más pobre y aumenta en 62% la posibilidad de salir de ese grupo.

Se ha hecho manifiesta la invisibilidad de los cuidados, desde el valor hasta quiénes lo realizan, de esta forma se ha propuesto el reconocimiento del derecho al cuidado digno y al tiempo propio en la legislación mexicana a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, en iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados 2019 y 2020) y propuesta de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados (Senado de la República 2021, 2022).

Desde la perspectiva de quienes requieren los cuidados, estos son la base del desarrollo humano. Cuando están profesionalizados facilitan, por ejemplo, el desarrollo cognitivo y socioemocional infantil, la salud y nutrición, igualando las oportunidades para quienes provienen de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos o enfrentan discriminación (Orozco et al. 2022a, CEEY 2022).

Inclusión social, reconocimiento de la diversidad, y grupos de atención prioritaria.

Los grupos de atención prioritaria tienen más posibilidades de sufrir carencias sociales, estar en situación de pobreza o tener rezago educativo (Oxfam, s. f.; Agenda 2030; PNUD, 2022). Como hemos mencionado previamente, existen factores condicionantes de la movilidad social y la pobreza que se depositan en las diferentes causas de discriminación.

En este apartado mencionaremos brevemente las condiciones y problemas19 que las personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas en contexto de movilidad, niñas, niños y adolescentes, personas y comunidades indígenas, y poblaciones LGBTTTIQ+ tienen en el estado.

El 22% de personas con discapacidad, el 21% de niñas y niños, 16.1% de los y las adolescentes, 15.9% de las personas adultas mayores (PAM) y 13.3% de las personas indígenas viven en situación de pobreza. Esta situación es similar al comparar el porcentaje de población que vive en pobreza extrema, excepto para adolescentes, que tiene una proporción menor al promedio de la población del estado.

Además, 58.9% de las personas indígenas tienen al menos una carencia, situación que comparte al menos un tercio del resto de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Las principales carencias entre los grupos socialmente vulnerables en Nuevo León son el acceso a seguridad social y el rezago educativo.

El 55.8% de las personas autoadscribe como indígenas, el 35.4% de los adolescentes y el 31.6% de los niñas y niños no tienen acceso a seguridad social. Además, el 38.8% de las PAM y el 35.4% de las personas con discapacidad tienen rezago educativo.

En México existen altos niveles de discriminación hacia determinados sectores de la población. Para poder comprender este fenómeno es importante reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones; captar actitudes, prejuicios y opiniones; identificar experiencias de discriminación hacia distintos grupos; conocer la discriminación y la desigualdad que enfrentan distintos grupos poblacionales en México, así como identificar las principales problemáticas percibidas (Oxfam, s. f.; Agenda 2030).

Los factores que limitan la movilidad social y las consecuencias de la pobreza están relacionados con una mayor exposición a la discriminación, la vulneración de derechos y, en consecuencia, a la violencia e inseguridad (OACNUDH, s. f.). La discriminación que se presenta en Nuevo León tiene mayor peso que en el resto de las regiones del país (CEEY-CONL, 2020).

De acuerdo a los datos de la ENADIS (2017), al menos a 1 de cada 10 nuevoleoneses pertenecientes a grupos socialmente vulnerables se les han negado injustificadamente sus derechos, siendo las mujeres indígenas y los hombres adultos mayores o con alguna discapacidad los que más han experimentado esta situación20.

En Nuevo León, al desagregar la vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria se encuentra que entre un 10% y 30% de la población de todos estos grupos ha sido objeto de negación de atención en oficinas gubernamentales (Enadis, 2017).

Es importante señalar que 68% de la población percibe que hay un bajo respeto a los derechos de las personas trans, un 62.8% percibe esta situación para las personas gays y lesbianas, 59.4% para las personas indígenas, 53.94% para las personas con discapacidad, 49.5% para las personas adultas mayores, 38.26% para las personas jóvenes y adolescentes y un 33% para niñas y niños (Enadis, 2017).

Gráfica 6. Porcentaje de la población en Nuevo León que percibe un bajo grado de respeto hacia los derechos socialmente vulnerables, 2017.

*Gráfica en proceso de adaptación.

Personas con discapacidad

En Nuevo León, existen 806,079 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 14% de la población total del Estado y el 0.64% de la población del país. De ellas, 420,826 son mujeres y 385,253 son hombres. En México, en 4 de cada 10 hogares vive una persona con discapacidad; en el caso de Nuevo León, 3 de cada 10 (Censo de Población y Vivienda 2020, ENUT 2019).

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta población es la limitación para participar con plenitud de derechos y en condiciones equitativas en la vida económica, política, social y cultural de sus comunidades. Todo esto, como consecuencia de los altos niveles de discriminación que viven (ENADIS, 2017).

El 49.3% de las personas con discapacidad en el estado han sido discriminadas por rechazo o exclusión de actividades sociales, porque los hicieron sentir incómodos, los insultaron, se burlaron, amenazaron, empujaron o jalonearon (ENADIS, 2017).

Además, el principal estereotipo hacia las personas con discapacidad es la duda sobre sus posibilidades de integrarse en el ámbito laboral, pues 46.4% de las personas coincide con la idea de que son de poca ayuda en el trabajo (ENADIS, 2017).

En el ámbito económico y laboral hay una evidente carencia de oportunidades de empleo en condiciones de igualdad. La oferta laboral para esta población está prácticamente centrada en niveles operativos bajos, además de que existe un alto grado de rotación en los trabajos que desempeñan, ya sea por un clima laboral discriminatorio o bien no adaptado (Consejo Nuevo León, 2019)21.

En Nuevo León, 48% de las personas con discapacidad son económicamente activas, la distribución de personas económicamente activas con discapacidad por género es la siguiente: el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres. (Censo de población y vivienda 2020).

Adicionalmente, las mujeres de 60 años y más son el grupo de edad que más población tiene con alguna discapacidad. El 56% tiene dificultades motrices, el 45% dificultades visuales y el 13% dificultades para bañarse o vestirse por cuenta propia. En el caso de los hombres se presenta mayor discapacidad en el quintil 50-50 años, el 48% tiene dificultades visuales, 41% dificultades motrices, el 15% dificultad para escuchar (Censo población y vivienda, 2020).

El tipo de discapacidad más frecuente en Nuevo León es la dificultad motriz, problemas para caminar, subir o bajar usando sus piernas, seguido de la dificultad para ver, seguido de la capacidad para escuchar y/o bañarse o vestirse solo.

En el estado, el promedio de años de escolaridad de las personas con discapacidad es mayor al promedio nacional. Para el total de la población en promedio es 7.4 años de escolaridad, en comparación con 5.8 promedio para México, siendo 6.1 para hombres y 5.6 para mujeres. Los hombres con discapacidad tienen 7.9 años de escolaridad y tienen ventaja en años de escolaridad sobre las mujeres que es 7 (ENADID, 2018).

Personas adultas mayores

De acuerdo con el Desarrollo del modelo Nuevo León de Atención Centrada en la Persona para los Servicios Gerontológicos22 (2022). La población de 65 años y más en América Latina y el caribe corresponde al 13.3%. (CEPAL,2021). En México las personas de 60 años y más comprenden el 12%; en Nuevo León se estima que es 11.30%.

Las PAM representan el 10% de la población, aunque su proporción está proyectada a aumentar hacia el 2040. Este grupo sigue experimentando barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.

La falta de oportunidades para el empleo y la educación, la soledad, el aislamiento, la violencia, la negligencia y el abandono son estereotipos negativos sobre el envejecimiento. Todo lo anterior junto con las necesidades de cuidado y las dificultades de salud generan contextos desfavorables para las PAM.

El 31% de las PAM son parte de la PEA en Nuevo León. El 44% de los hombres adultos mayores forman parte de la PEA, mientras que solamente lo hacen 19.3% de las mujeres adultas mayores. Sin embargo, las condiciones laborales para las PAM no son óptimas pues 62% tienen trabajos informales, sin acceso a prestaciones, en un segmento muy reducido de trabajos y en condiciones de precariedad (Programa Estatal Gerontológico, 2019-2025).

Algunas de las expresiones más fuertes de discriminación contra las PAM pueden verse reflejadas en la situación de violencia que viven en el estado. En Nuevo León, el 10.2% de la población mayor declaró haber sufrido maltrato por parte de algún familiar. El principal tipo de maltrato que reportan haber sufrido es el abandono (ENCOVIPAM, 2016).

Además, aunque hombres y mujeres adultas mayores sufren discriminación, las proporciones son diferentes. Mientras que el 20% de los hombres dicen ser discriminados en la calle y 9% en el trabajo o escuela, el 42% de las mujeres son discriminadas en su ambiente familiar, 29.3% en la calle o en el transporte público y 16% en servicios médicos (ENADIS, 2017). 

De acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017, en Nuevo León, 81.2% de las personas adultas mayores considera que se desesperan fácilmente con ellos, el 61.1% menciona que su experiencia es poco valorada y el 42.6% percibe que es considerado una “carga” para su familia.

Del 2017 al 2020 se han realizado acciones importantes a nivel estatal para salvaguardar los derechos de las PAM, dentro de las que sobresalen la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores23, la creación del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores y el Programa Estatal Gerontológico (PEG, 2019-2025).

En Nuevo León, cuatro municipios (San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Santa Catarina) cuentan con una política específica para la atención del adulto mayor, el resto brinda los servicios a PAM desde el marco de su reglamento municipal, la Ley de asistencia social del Estado o sus planes de desarrollo municipal.

No obstante, en todos los municipios existen programas de atención a las personas adultas mayores (PAM). El organismo responsable de su ejecución es primordialmente el DIF Municipal, en segunda instancia Desarrollo Social y en tercer lugar la Dirección de Salud Municipal (UDEM, 2022).

Personas en contexto de movilidad24

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la migración es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país25, el migrar es un derecho humano establecido en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos.

En el año 2021, el aumento de la migración en México y en Nuevo León, es multifactorial, sin embargo, el tránsito de personas migrantes por territorio mexicano, como vía usual de su itinerario para llegar a Estados Unidos de América, continúa un fenómeno de importancia, tanto por situaciones que vulneran los derechos de las personas, como porque al no llegar al destino ideal o por una inmovilidad forzada, el destino cambia al interior del país (Anuario de migración y remesas, 2021).

Entre el 2015 y el 2020 llegaron a vivir en Nuevo León 277, 399 personas, lo que le ubica como la octava receptora de personas nacidas en otras entidades federativas. Con respecto a las personas nacidas en otros países corresponde al 0.45% de la población en Nuevo León (Censo Población y Vivienda, INEGI 2020).

Gráfica 7. Porcentaje de personas en condición de migración interna y nacidos en Nuevo León.

*Gráfica en proceso de adaptación.

Durante las últimas décadas, México ha sido uno de los participantes más importantes en los flujos migratorios internacionales, justo detrás de India como la segunda nación con el mayor número de población emigrante en el mundo (12.3 millones). Cabe mencionar que el corredor México – Estados Unidos es considerado como el principal corredor migratorio a nivel mundial (Anuario, 2021). 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, INEGI), para 2018, muestra que las principales causas de entrada o salida del estado radican en temas asociados a aspectos familiares y la búsqueda o cambio de trabajo. Cabe señalar que, en el período de referencia, los principales estados de origen de la población que migra a Nuevo León son Veracruz (20.97%), Tamaulipas (18.03%) y San Luis Potosí (12.56%). De cada 100 personas en Nuevo León,24 provienen de Veracruz, 15 de Tamaulipas, 11 de San Luis Potosí, 6 de Coahuila y 5 del Estado de México.

La condición de migración es la tercera causa de desigualdad de oportunidades en el estado (CEEY-CONL, 2022), y aunque es un fenómeno multifactorial, a nivel social remite a la discriminación.

Respecto a la percepción y discriminación de las personas migrantes, el 53% de los habitantes de Nuevo León consideran que México no debería admitir más migrantes al país y el 46.1% considera que el flujo migratorio del estado está relacionado con el incremento de la inseguridad observado en los últimos. Casi el 70% (69.9%) declaran que los migrantes si se les debe dar la oportunidad de que consigan un empleo en el estado (Cómo Vamos Nuevo León, 2022).

Además, en tiempos de desempleo, un 18% está de acuerdo en negar trabajo a personas extranjeras (ENADIS, 2017) y un 30% reporta que no debe ayudarse ni siquiera a migrantes en tránsito a Estados Unidos (Cómo Vamos Nuevo León, 2022).

Como fenómeno social, la migración representa un reto para el estado en cuestión de capacidad de servicios, salvaguardar los derechos sociales y contar con herramientas que faciliten la inclusión social.

Niñas y niños

En Nuevo León, 21% de la población son niñas o niños menores de 12 años (Encuesta Intercensal, INEGI, 2015). Aunque las niñas y los niños son el grupo socialmente vulnerable que percibe mayor respeto hacia sus derechos, el 33.5% difiere de esta opinión, y considera que sus derechos se respetan poco o nada (Enadis, 2017). Además, 7.4% de las niñas y 21.3% de los niños fueron insultados o molestados en sus hogares, a 8% de las niñas y 19.6% de los niños les hicieron sentir miedo, y a 5.7% de las niñas y 16.7% fueron empujados o golpeados (Enadis, 2017).

El 4.5% de la población considera justificable disciplinar a niñas o niños con golpes, registro que le ubica por debajo de la media nacional (Enadis, 2017). Sin embargo, en la región noreste, a la cual pertenece el estado, 6 de cada 10 niñas y niños entre 1 y 14 años experimentó métodos de disciplina violentos, lo cual indica la prevalencia de estos métodos a pesar de no ser declarados abiertamente (UNICEF, 2015).

La discriminación y las agresiones verbales, empiezan desde la niñez. El 16.9% de niñas y niños en Nuevo León dicen haberse sentido mal por comportamientos de sus compañeras y/o compañeros. El nombre, la vestimenta, los gustos y la forma de hablar son los principales motivos que hicieron sentir mal a niñas y niños en Nuevo León. Es interesante observar que, en el caso de los niños, el 58% señala el peso o estatura como las razones que les hicieron sentir mal (Enadis, 2017).

Adolescentes

El 11% de la población de Nuevo León son personas entre 12 y 18 años (Encuesta Intercensal, INEGI 2015). Sus principales obstáculos se relacionan con sus posibilidades de construir un futuro: las adicciones, la falta de oportunidades para seguir estudiando y, en tercer lugar, para las mujeres, el embarazo en la adolescencia y, para los hombres, la violencia e inseguridad (Enadis, 2017).

La calle, redes sociales y trabajo o escuela son los principales espacios de discriminación para adolescentes y jóvenes, lo cual se refleja en la percepción de 6 de cada 10 personas que les considera irresponsables (Enadis, 2017). En ese sentido, el 40.8% de la población adulta en Nuevo León no está dispuesto a rentar un cuarto de su vivienda a jóvenes y el 27.2% de las personas adultas en Nuevo León considera justificado llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina (Enadis, 2017).

El 6.4%26 de la población del estado se autoadscribe como persona indígena (Censo Población y Vivienda INEGI, 2020) de este 6.4% el 1.42% habla una lengua indígena y el 2.86% pertenece a un hogar indígena27, el 62.7% de las personas indígenas vive en el área metropolitana.

Nuevo León fue la entidad con mayor incremento de hablantes de lenguas indígenas aumentando un 92.32 % en el periodo del 2010-2020 (Zihuame Mochila) y solo 325 personas reportaron no hablar español. Mayoritariamente las personas de las comunidades indígenas del estado son bilingües.

Gráfica 8. Aumento del número de hablantes de lenguas indígenas.

*Gráfica en proceso de adaptación.

La riqueza cultural de la pluralidad de lenguas indígenas, así como la diversidad de tradiciones, son elementos a destacar en las políticas de inclusión.

Tabla 1. Lenguas indígenas más habladas en el estado de Nuevo León.

En cuanto a la composición demográfica, además de ser un grupo de atención prioritaria, existen elementos interseccionales como la edad y el género que deben estar presentes en el análisis y planeación como se menciona a continuación.

45 565 son personas de hogares indígenas que se encuentran en edad escolar. Esto representa el 3.27 % del total estatal en este grupo. En cuanto a la población de cinco años o más que habla una lengua indígena se encontró que tan solo el 1.2% habla una lengua indígena de los cuales el 97.2% habla también español (ENSANUT, 2022).

Desde el punto de vista de los reportes y encuestas disponibles28, la discriminación es el problema principal que se presenta y se manifiesta al existir una limitación en el acceso a oportunidades y se puede presentar por su apariencia o lengua, y en el caso de las mujeres suma un obstáculo más para recibir atención médica y educación.

En el acceso a recursos económicos, las mujeres representan 84.78 % de la población de 15 años y más en hogares indígenas no económicamente activa (2020), situación que en términos de movilidad social se explica con el 84 % de personas que se autoadscriben como indígenas o afromexicanas que proviene de una familia en el 20 % de menores recursos, permanece en ese quintil.

Por ejemplo, al 82% de las mujeres indígenas se les ha negado la recepción de ayuda de programas sociales, tanto estatales como nacionales (Enadis, 2017)

Las mujeres indígenas experimentan casi tres veces más discriminación en lo laboral que los hombres indígenas. Además, las mujeres indígenas también son el grupo que más percibió negaciones injustificadas a sus derechos (36. 2%) (Enadis, 2017).

En cuanto a las niñas y niños, la población de cinco años o más que habla una lengua indígena se encontró que tan solo el 1.2% lo habla (IC95% 0.7, 2.1), de los cuales el 97.2% habla también español (ENSANUT, 2022).

De manera general, existe una tendencia en las personas en el estado a discriminar a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, de esta manera se reconoce que 59.43 % de las personas en Nuevo León percibe un bajo grado de respeto hacia los derechos de las personas indígenas (ENADIS, 2017).

Adicionalmente, 32.4% de las personas en Nuevo León consideran que la pobreza de las personas indígenas es producto de su cultura. Esto refleja los prejuicios sociales que enfrentan desde los derechos individuales y los derechos como comunidad (ENADIS, 2017).

Poblaciones LGBTTTIQ+

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 muestra que el 4.8% de la población en México no es heterosexual29. 1 de cada 20 personas se reconoce como LGBTTTIQ+. En Nuevo León el 6.2% de la población no es heterosexual.

A nivel nacional, los principales problemas que esta población atraviesa son las situaciones de violencia por prejuicios, la discriminación en la escuela, discriminación laboral y la falta de apoyo familiar, todos estos contribuyendo a la desigualdad de oportunidades30.

Los momentos claves en los que las personas en el espectro de la diversidad experimentan durante su infancia y la adolescencia, en las que las principales formas son referentes hacia su vestir, su forma de hablar o expresarse, y/o sus modos de comportarse. El fundamento que sostiene esta discriminación es la estructura relacionada a los roles de género, al mantener dinámicas distintas a las percibidas como correspondientes a su género (Gabarrot-Arenas, 2022).

En México el 18.6% de la población no está de acuerdo con que las personas LGBTTIQ+ se tomen de la mano o demuestren su afecto en público, el 16.3% no está de acuerdo en que contraigan matrimonio, y el 23.9% no está de acuerdo en que puedan adoptar (ENDISEG, 2021).

En Nuevo León, el estigma al que se enfrenta esta población se refleja en que 20% de la población considera que las opiniones de las personas homosexuales no deberían tomarse en cuenta para la toma de decisiones gubernamentales (ENADIS, 2017).

El 28% de la población reporta en haber recibido en su trabajo actual discriminación por su orientación sexual.

El 9.8% de la población LGB experimentó rechazo hacia su orientación sexual, en la que los padres les obligan a asistir con un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución con el fin de “corregir”. Para la población Trans31, el porcentaje aumenta a 13.9% (ENADIS, 2017).

Es preocupante que la discriminación y violencia hacia este grupo vulnerable se pone de manifiesto en la salud mental donde en México el 26.2% de la población LGBTTIQ+ ha pensado en suicidarse mientras que el 14.2% ha intentado hacerlo32. En comparación con la población en general, esto se reduce al 7.9%y 4.2% respectivamente (ENSIG,2021).

La violación a sus derechos está relacionada con su participación en sociedad: entrada o permanencia en algún negocio privado, oportunidad de trabajar o ascender, y el acceso a la justicia (ENSIG, 2021). Más del 80% de las personas que pertenecen a este grupo, tuvieron que esconder su orientación sexual y su orientación sexual o identidad de género a su familia, en la escuela y en su vecindario.

Además, casi la mitad ha sufrido discriminación en sitios religiosos y 1 de cada 3 personas ha sido discriminada en la calle, transporte público y en redes sociales e inclusive en sus familias. Las personas trans y las personas con otra identidad de género no normativa son quienes más discriminación experimentan (ENSIG, 2021).

En el país, entre 2013 y 2017, ocurrieron 381 asesinatos a personas LGBTTIQ+ motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género. De estos asesinatos, 16 ocurrieron en Nuevo León, es decir, un 4.2%, más de la mitad de las víctimas de los asesinatos ocurridos en el país fueron mujeres trans (Letra Ese, 2018).

Desigualdad de género y violencias contra las mujeres y niñas

La Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona la desigualdad de género como una de las causas principales de la violencia contra las mujeres33. La desigualdad de género pone en evidencia la incapacidad de garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres (ACNUDH, 2023).

Las dinámicas de exclusión y desigualdad de género inician con la negación o violación de derechos fundamentales. En Nuevo León, al 40 % de las mujeres se les ha negado el apoyo de programas sociales; a un 33.9% se les negó la atención médica o medicamentos y a 18.2% la oportunidad de trabajar o tener algún ascenso (Enadis, 2017).

Los principales problemas que las mujeres consideran que viven en Nuevo León son la delincuencia e inseguridad (33.3%), violencia en razón de género (23.4%) y dificultades para combinar la vida familiar con la laboral (12.2%) (ENADIS, 2017). La desigualdad de género es un problema que se presenta en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres.

Estos problemas se relacionan con las dinámicas de discriminación de los ámbitos público y privado y reflejan la vulnerabilidad de las mujeres en éstos. Los principales espacios en los que las mujeres en Nuevo León son discriminadas son la calle o el transporte público (17.5%), trabajo o escuela (16.9%) y familia (8.8%) (ENADIS, 2017), por lo que hay un área de oportunidad en el desarrollo de espacios con perspectiva de género.

Tradicionalmente se ha identificado a las mujeres dentro del ámbito doméstico y familiar y no como partícipes de la vida pública. Esto se refleja en el ámbito económico y en el político (CEEY-CONL, 2022, ENIGH, 2020)

Las mujeres constituyen el 38.85% de la población económicamente activa en Nuevo León y el 70.40% de la población no económicamente activa (ENOE, 4T 2022). Además, en México, muchas de las mujeres que se incorporan al mercado laboral no logran encontrar empleo, o bien, consiguen empleos de baja calidad.

Aunque ha incrementado la participación femenina en la economía, sigue existiendo una gran mayoría de hogares en los cuales las mujeres son dependientes económicos.

En Nuevo León, el número de hogares biparentales con jefatura femenina pasó de 19.5% a 23.6% entre 2010 y 2015, aunque se mantiene por debajo de la media nacional (29%). Sin embargo, esta situación se revierte cuando se analiza los hogares monoparentales, pues en Nuevo León y a nivel nacional tienen jefatura femenina el 79% y 84%, respectivamente (ENIGH, 2020).

Gráfica 9. Porcentaje de hogares monoparentales con jefatura femenina, dos entidades más altas y dos más bajas, 2012 - 2018.

Para que una mujer pueda desempeñarse profesionalmente en condiciones de igualdad, salario equitativo al de los hombres, así como prestaciones laborales y sociales que aseguren los derechos de las trabajadoras y madres trabajadoras.

En términos de salario, la mayoría de las mujeres trabajadoras (24%) ganan 1 salario mínimo, el equivalente a 9372.3 pesos mensuales. En contraste, la mayoría de los hombres (37%) gana 1-2 salarios mínimos, el equivalente a 18744.6 pesos (ENOE, 4T, 2022). Solo el 2.6% de las mujeres en Nuevo León ganan más de 5 salarios mínimos mensuales, en comparación con el 4.5% de hombres que ganan esa misma cantidad (ENOE, 4T, 2022).

La participación política es importante porque la atención y solución de las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres es más factible cuando se incorpora la perspectiva de género en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas34 ONU Mujeres, 2020). 

Las cuotas de género y la paridad electoral han contribuido a reducir las barreras de entrada a la política para las mujeres. En Nuevo León, aunque ninguna mujer ha sido gobernadora, a partir del proceso electoral 2017-2018 se implementó la obligatoriedad del registro paritario para las Presidencias Municipales. Eso llevó a un registro de 149 candidatas, lo que triplicó el registro del proceso electoral previo (2011-2012). Como resultado, se eligieron 10 alcaldesas, el máximo histórico registrado en el estado (Inmujeres, s.f.)

En el proceso electoral 2017-2018, la Comisión Estatal Electoral estableció lineamientos para asegurar la paridad de género en la integración del Congreso Local lo que resultó en el primer congreso paritario en Nuevo León.

Como se mencionó anteriormente, la exclusión y discriminación de la mujer facilita que sea víctima de violencia. La violencia basada en el género consiste en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Pero también son las amenazas de infligir estos daños, la coacción o la privación arbitraria de la libertad (ONU Mujeres, 2020)35.

En 2021, el 64.71 % de las mujeres percibe a su estado como inseguro, cifra 15.5% menor a la del 2020. Aunque la percepción de inseguridad disminuyó de 2020 a 2021, la diferencia de la percepción entre sexos es notoria. La percepción de inseguridad de las mujeres es un 12 % mayor comparada con la de los hombres. Es decir, las mujeres se sienten más vulnerables en el estado, motivo por el cual toman sus precauciones y pueden dejar de realizar ciertas actividades del día a día.

La violencia familiar36 es el delito con más denuncias en el estado al representar el 51% de las Fiscalía General de Justicia (FGJNL, 2020). Nuevo León es el sexto estado con mayor incidencia en este delito con 295 por cada 100 000 habitantes, registro muy superior a la media nacional de 149 (SESNSP, 2020)

Las mujeres son el 83 % de las víctimas de violencia familiar en Nuevo León (PGJNL, 2015), delito que representa el 86.16 % del total de delitos cometidos contra ellas (FGJNL, 2020; UNODC, 2018). Una característica particular de este delito es que el 84.6 % de las personas agresoras del delito de violencia familiar son hombres (FGJNL, 2020).

Gráfica 10. Número de casos de violencia familiar.

Además de la violencia familiar, las mujeres viven violencia en otros ámbitos de su vida cotidiana que van desde su vida en la comunidad, la dinámica laboral, la atención de la salud materna, hasta el grado más crítico de violencia que es el feminicidio.

De acuerdo con la ENDIREH (2021) el 68% de las mujeres ha experimentado violencia a lo largo de su vida, siendo el espacio más común de exposición la violencia en el ámbito comunitario con un 46.8%.

En la comunidad, 44.4% de las mujeres de 15 años y más ha vivido violencia sexual a lo largo de la vida, lo que lo vuelve el tipo más frecuente. El 22.1% reporta haber experimentado violencia sexual los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Nuevo León ocupa el lugar número 8 en violencia sexual del país (ENDIREH, 2021).

En los últimos 12 meses, 22.1% de las mujeres en el ámbito laboral declararon haber presentado violencia en el trabajo, donde el 44.3% señaló que la principal persona agresora fue un(a) compañero(a) de trabajo (ENDIREH, 2021).

En el estado de Nuevo León, 20.3% de la población de mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de discriminación laboral a lo largo de la vida laboral. Mientras que 22.6% ha experimentado discriminación laboral en los últimos 12 meses (ENDIREH, 2021).

La OMS37 establece que una vida libre de violencia inicia desde la revisión de las condiciones en las que se desarrolla la culminación del embarazo, la atención del parto digno, y respetado (Montes, 2021).

La violencia obstétrica38, entendida como aquella “cometida por prestadores de servicios de salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio” (CNDH, 2019), está en ascenso y se vincula fuertemente a la condición de género y presente en un estado de vulnerabilidad.

La violencia obstétrica se encuentra tipificada como un delito penal solo en 9 entidades federativas39. En Nuevo León se incluye dentro de la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia (2019), pero no es considerada un delito.
El 32.4 % de las mujeres entre 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un hija o hijo en 2021 reportaron condiciones de maltrato, en contraste con 26.89% en 2016 (ENDIREH, 2021)40.

La violencia obstétrica se distribuye en tres manifestaciones: maltrato obstétrico, maltrato físico y tratamientos médicos no autorizados por la madre.

Para concluir el diagnóstico se muestra el feminicidio como la forma más extrema de violencia contra las mujeres41. En Nuevo León en el año 2021 se presentaron 66 feminicidios, de acuerdo al SESNSP, lo que la ubicó como la cuarta entidad con mayor incidencia de feminicidios.

Por la gravedad de este fenómeno se declaró desde el 2016 la Alerta de Violencia de Género42 por violencia feminicida para cinco municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Desde esta declaratoria, se registró un incremento de 3 a 79 feminicidios hacia 2018, en parte porque se inició formalmente la medición de este delito.

Posteriormente entre el 2020-2021 se tuvo una ligera disminución, registrando 66 feminicidios y coloca al estado en la cuarta posición nacional en mayor número de feminicidios. Los primeros tres lugares los tienen los siguientes estados: Estado de México (143), Veracruz (69), Jalisco (68) (SESNSP, 2021) (gráfica 9).

Gráfica 11. Número de feminicidios, 2015-2021.

Problemas públicos

Nuevo León se distingue por ser un estado que cuenta con mayor prosperidad en comparación con otros estados de la república, a pesar de esto se mantienen condiciones que comprometen el desarrollo pleno de las personas.

La desigualdad económica favorece las brechas de ingresos y sostiene las condiciones de pobreza, por otro lado, la discriminación y la desigualdad de género que existe, limita las oportunidades, disminuyendo calidad de vida y generando barreras que dificultan que las personas puedan hacer efectivos sus derechos, en conjunto, las desigualdades condicionan la movilidad social.

1. Las personas en Nuevo León viven en situaciones de desigualdad que limita el acceso a oportunidades y condiciona la movilidad social manteniendo las condiciones de pobreza multidimensional existentes.

2. La crisis de cuidados en Nuevo León impide que las personas tengan servicios públicos de cuidados suficientes, profesionalizados, y de calidad para alcanzar su máximo desarrollo, en especial a las mujeres.

3. Los grupos de atención prioritaria por condiciones de vulnerabilidad o por estar históricamente discriminados, tienen más obstáculos para alcanzar el cumplimiento de sus derechos sociales, condicionando su capacidad de desarrollo.

4. Las mujeres y niñas en Nuevo León se enfrentan a problemas históricamente relacionados a las relaciones de poder, que disminuyen su autonomía, limitan la igualdad de oportunidades, excluyen de su proyecto de vida y aumentan la exposición a la violencia.

Aspiración

La aspiración a guiar los objetivos y líneas estratégicas de Desarrollo Social a 2040 es:

Las personas en Nuevo León ejercen sus derechos de forma efectiva, en un entorno social incluyente, que promueve la justicia climática y la igualdad de oportunidades para mejorar la movilidad social a lo largo del curso de vida de las personas.

Esta aspiración requiere trabajar para eliminar la desigualdad y promover la movilidad social para el pleno ejercicio de los derechos de las personas, sin importar su condición o características personales.

El cumplimiento de esta aspiración requiere de reconocer las distintas identidades de las personas, cómo estas se cruzan y de qué forma, histórica y estructuralmente se han reproducido patrones de discriminación, exclusión y desigualdad.

Para que las oportunidades se distribuyan de manera equitativa, se requieren políticas públicas que contemplen mecanismos encaminados a eliminar barreras históricas y hacerlo con perspectiva de género.

Dadas la evidencia del impacto del cambio climático de manera desproporcionada en poblaciones ya en condiciones de vulnerabilidad, es importante incorporar una perspectiva de justicia climática para hacer frente a los retos ambientales que vienen.

Esta aspiración contempla tres objetivos estratégicos alineados a los ODS 1(Fin de la pobreza), 2 (Hambre Cero), 5 (Igualdad de género), 10 (Reducción de las desigualdades), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 13 (Acción por el Clima) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

Objetivos y líneas estratégicas

1. Reducir el número de personas con desigualdad económica, con atención a grupos prioritarios.

De acuerdo con el análisis de la desigualdad económica, podemos retomar las aseveraciones obtenidas en relación a la movilidad social y la noción de pobreza multidimensional; la población con carencias sociales tiene el desarrollo de sus capacidades básicas condicionadas en su presente y futuro cercano. La disminución de las desigualdades, se sugiere hacer uso de los mecanismos de análisis como la cohesión social43 para proponer estrategias que beneficien a la población.

El reto de Nuevo León consiste en mejorar el ser un estado incluyente, donde el esfuerzo propio y el trabajo sea remunerado adecuadamente, con alto nivel de escolaridad, sin elitismos con su máxima capacidad de bienestar y salud (CEEY- CONL, 2022).

Para disminuir las desigualdades económicas existentes se requiere de medidas transversales a largo plazo en la educación, empleo, protección social que cuenten con una política fiscal justa. Es necesaria la reducción de la brecha salarial, haciendo hincapié en la atención diferenciada por género y grupos prioritarios, como se ha descrito en el diagnóstico, existen diferencias importantes entre hombres, mujeres y grupos de atención prioritaria. Así mismo, para alcanzar el objetivo planteado es adecuado promover iniciativas de emprendimiento e innovación para la creación de empleos de calidad, eliminar las barreras del desarrollo de las personas para que puedan acceder a educación de calidad, reducir la brecha de habilidades y permitir la participación en el mercado laboral.

1.1 Contar con estrategias transversales que contribuyan a disminuir la pobreza multidimensional con énfasis en los grupos prioritarios.

Como primer paso para el cumplimiento del objetivo a través de esta línea estratégica es volver a identificar de acuerdo a las vías de desarrollo resilientes al cambio climático los grupos que están en mayor riesgo de sufrir pobreza multidimensional, entender sus necesidades específicas y cómo las diferentes dimensiones de la pobreza afectan a estos grupos de forma diferenciada.

Evaluar las necesidades y barreras que enfrentan estos grupos en relación a la pobreza multidimensional, atender las causas que favorecen la pobreza en cada grupo. Identificar soluciones que se adapten a las necesidades de los grupos prioritarios fortaleciendo la participación ciudadana y la gobernanza involucrando a los grupos prioritarios en todas las etapas del proceso para garantizar que las soluciones sean apropiadas y efectivas.

1.2 Desarrollar herramientas para contribuir a que todas las personas cuenten con seguridad financiera en particular las personas que viven en pobreza extrema.

Para atender la desigualdad económica se necesita mejorar la calidad de los empleos, el ingreso y la garantía de los derechos sociales, las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema con frecuencia se encuentran excluidos e invisibilizados, pocos tienen acceso a herramientas bancarias. Adicionalmente a los programas y estrategias existentes el promover la educación financiera puede otorgar herramientas para la toma de decisiones informadas de cómo planear y gestionar los recursos a los que tienen acceso. Mejorar la accesibilidad a productos financieros formales, construir elementos de evaluación crediticia flexibles, que puedan mejorar que faciliten el acceso a préstamos informales.

1.3. Promover estrategias de atención diferenciada de los efectos del cambio climático en la pobreza multidimensional, con énfasis en la crisis hídrica y escasez de alimentos.

Es fundamental dar a conocer a la población los efectos del cambio climático en el desarrollo e identificar a las poblaciones más vulnerables y en riesgo de sufrir los efectos del cambio climático en términos de escasez de alimentos y acceso al agua. Estas poblaciones pueden incluir a las personas que viven en zonas rurales y aisladas, así como los grupos prioritarios. Es pieza fundamental el desarrollar estrategias adaptativas para fortalecer las capacidades de las poblaciones vulnerables para que puedan implementar las estrategias adaptativas de manera efectiva. Cooperación interinstitucional, es importante que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales trabajen juntas en la promoción de estrategias de atención diferenciada para abordar los efectos del cambio climático en la pobreza multidimensional. Un ejemplo de las estrategias a consolidar es la estrategia Hambre cero, en la cual intervienen diversos actores y es liderada a nivel estatal.

1.4 Desarrollar un sistema de cuidados articulado, interoperable, con perspectiva de género y atendiendo la interseccionalidad de las personas usuarias.

Se ha hecho manifiesta la invisibilidad de los cuidados, desde el valor hasta quiénes lo realizan, de esta forma se ha propuesto el reconocimiento del derecho al cuidado digno y al tiempo propio en la legislación mexicana a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, en iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados 2019 y 2020) y propuesta de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados (Senado de la República 2021, 2022).

De acuerdo con el informe “El Cuidado dentro del Estado de Bienestar”, el caso de Nuevo León, OXFAM México (OXFAM, 2022) menciona que la demanda identificada de cuidados está dirigida principalmente a 3 grupos prioritarios: primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Con las estadísticas reportadas por el INEGI, los especialistas señalan que teniendo en cuenta los 3 grupos prioritarios de atención existe por lo menos 1 millón 769 mil 241 personas que necesitan cuidados, y para brindar estos cuidados es necesario que al menos una persona sea responsable de llevarlo a cabo. Esto revela que hay 3 millones 538 mil personas que están cuidando o siendo cuidadas diariamente, esto es 61.2% de la población del estado (OXFAM, 2022).

De aquí la importancia de atender la crisis de los cuidados44 para desarrollar un ecosistema favorable para las personas que necesitan cuidados y las y los cuidadores45.

El nombrar e integrar los cuidados dentro de las políticas públicas es el primer paso. Además, los cuidados implican el reconocimiento de las personas cuidadoras, la persona que necesita cuidados y el valor otorgado a las actividades, como sostén y parte del tejido social. Es así como la procuración de servicios de cuidado no puede estar separada de la atención al bienestar y protección social de las y los cuidadores.

Parte de estas obligaciones recaen en el reconocimiento de la necesidad de mecanismos de corresponsabilidad que propicien la distribución de los cuidados entre mujeres y hombres, las familias, la sociedad, el mercado de servicios, el mercado laboral y, en particular, las instituciones del Estado (CEEY, 2022).

Es importante formalizar la creación de un Sistema de Cuidados estatal que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. Para lo anterior es necesario que se establezca el marco jurídico pertinente que integre al sistema estatal de asistencia social, prestación de servicios para el desarrollo infantil y el sistema estatal de salud (CEEY, 2022). El visualizar el cuidado como bien común, puede ser una herramienta conceptual para disminuir las desigualdades y favorecer la inclusión social, mejorando en conjunto la movilidad social y el desarrollo.

2. Disminuir las barreras que impiden la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos sociales, fomentando la inclusión, diversidad, y el respeto a las diferencias individuales.

Para el cumplimiento de este objetivo se buscan intervenciones a nivel social, institucional y cultural. La aspiración se enfoca en eliminar las barreras que impiden que las personas puedan acceder a sus derechos, se identifica la discriminación como un elemento que condiciona que las personas puedan por sus propios recursos tener una vida digna.

Fomentar la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos sociales es clave para mejorar el piso mínimo que necesitan los grupos de atención prioritaria, para lograr esto se necesita fortalecer las políticas ya existentes que traten la discriminación y prevengan la exclusión social, así como medidas para garantizar que los servicios y recursos estén disponibles para todas las personas. Garantizar la accesibilidad de los espacios públicos y privados para todas las personas, independientemente de sus capacidades, sin limitación por su condición social. Esto incluye además de derechos, garantizar el acceso al espacio público, transporte, tecnología y otros recursos necesarios para la participación plena en la sociedad. Así mismo en las tareas conjuntas, un cambio cultural, la percepción de la diversidad como elemento de valor agregado. Incorporar políticas y prácticas de inclusión laboral, como capacitación en diversidad y programas de mentoría, así como la creación de espacios para la discusión y el diálogo sobre temas de inclusión y diversidad.

Un ejemplo es la dinámica de las personas y comunidades indígenas en Nuevo León la diversidad lingüística que se observa ante el incremento de hablantes de lenguas indígenas es una oportunidad de posicionar a Nuevo León como un estado que protege y promueve la diversidad cultural. Existen elementos a monitorear y profundizar a futuro, acompañado de acciones afirmativas por parte de las instancias gubernamentales que pueden beneficiar a mejorar la igualdad de oportunidades.

2.1 Desarrollar las habilidades sociales de las personas en Nuevo León para reconocer, valorar y validar la diversidad.

Promover la educación sobre diversidad a nivel escolar, empresarial y comunitario con el objetivo de que las personas puedan aprender sobre las diferentes culturas, costumbres, y formas de vida de los demás. Fomentar la interacción y la comunicación entre diferentes grupos, el contacto y convivencia es requisito para el reconocimiento y valoración de la diversidad. Las personas deben ser capaces de aceptar que existen diferentes formas de vida y puntos de vista, sin que implique una amenaza a la persona, por el contrario, la diversidad de pensamiento y opinión es un recurso que puede ser empleado para resolver problemas complejos. Esta línea estratégica requiere de cambios culturales a mediano y largo plazo un ejemplo es la creación espacios seguros de intercambio y diálogo, así como el desarrollo de una identidad colectiva en torno a la empatía y aceptación de la diversidad.

2.2 Facilitar el cumplimiento de los derechos humanos por medio de la promoción de la participación activa de las instituciones y personas en la disolución de prejuicios y estereotipos negativos.

Las instituciones desempeñan un papel clave en la promoción de la diversidad en las comunidades a través del desarrollo de programas que promuevan la igualdad y la inclusión. Un ejemplo a nivel laboral es implementar políticas de no discriminación en sus prácticas de contratación, promoción y gestión. Esto puede ayudar a garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y se traten con igualdad y respeto. Contar con protocolos de selección confidenciales que disminuyan los prejuicios y sesgos hacia una población determinada, favorece una mejor comprensión y aceptación de la diversidad.

2.3 Fortalecer los mecanismos e instrumentos que favorezcan la igualdad de oportunidades a partir de cambios en las estructuras políticas y dinámicas sociales de las personas con acciones afirmativas.

Contar con información suficiente y pertinente dirigida a los grupos de atención prioritaria para validar los obstáculos y evaluar el impacto de las políticas públicas existentes. Elaborar políticas públicas con la participación activa de las personas afectadas y de las organizaciones que las representan. Para la evaluación de las políticas establecer metas y objetivos claros y medibles. Tener recursos diferenciados que apoyan la implementación y seguimiento de nuevas políticas.

3. Asegurar el libre ejercicio de los derechos y una vida sin violencia de las mujeres y de los grupos de atención prioritaria.

En Nuevo León, las mujeres y niñas se enfrentan a una serie de problemas relacionados con las relaciones de poder. Estos problemas tienen raíces históricas y culturales que han limitado la autonomía de las mujeres, han disminuido su igualdad de oportunidades, han excluido de sus proyectos de vida y han aumentado su exposición a la violencia.

Las normas sociales y culturales refuerzan los roles de género tradicionales y estereotipados. Los roles de género a menudo se basan en la idea de que las mujeres deben ser sumisas, cuidadoras y dependientes de los hombres, mientras que los hombres deben ser fuertes, proveedores y líderes. Esto puede limitar las opciones y oportunidades disponibles para las mujeres y puede predisponer a la violencia y la discriminación.

La violencia de género se define como los daños físicos, psicológicos o morales por razón de género, lo que encasilla a hombres y mujeres en estereotipos específicos. Como se ha mencionado en el diagnóstico, las mujeres y niñas, históricamente han sido expuestas a situaciones de acoso y violencia que se presentan en espacios públicos y privados, en las relaciones de pareja, y actividades cotidianas (Gabarrot-Arenas, 2022).

Un ejemplo de la violencia en contra de las mujeres que puede ser prevenible, es la violencia obstétrica. Esta es la manifestación más extrema que se presenta durante la atención del nacimiento, se define como violencia obstétrica desde lo emocional y lo físico46, en todos es un uso abusivo del poder y puede significar el acceso a la atención oportuna o condicionarla (Ramírez, 2016). Una vida sin violencia empieza desde la atención del nacimiento respetado.

De acuerdo con estas definiciones, se exhorta a incorporar en el análisis de las violencias las acciones emocionales y físicas, mencionando en sentido amplio que el reconocimiento y búsqueda de la seguridad humana abarca el reconocimiento de las diferencias y se manifiesta a través de las relaciones de poder, vinculando así que la prevención, atención y sanción de las violencias contra la mujer requiere de un análisis con perspectiva de género. El otorgar una vida libre de violencia e igualdad de género para las niñas y mujeres contribuye también a las acciones frente al cambio climático, ya que forma parte de las vías de desarrollo resiliente propuestas.

3.1 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en igualdad de oportunidades con perspectiva de género e interseccionalidad para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica, y pública.

A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, las mujeres en Nuevo León todavía enfrentan discriminación en muchos ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, el empleo y los recursos económicos. Es importante proporcionar oportunidades educativas y de capacitación para las mujeres, especialmente en áreas que tradicionalmente han sido dominadas por hombres. Esto les permitirá adquirir habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse en roles de liderazgo y también fomentará su autoconfianza.

Es importante continuar con la participación de las mujeres en espacios de liderazgo, como en las juntas directivas de las empresas, en los cargos públicos, en los sindicatos, en los consejos de administración, etc. Para lograr esto, se debe continuar con la promoción de políticas que promuevan la diversidad en estos espacios.

Para el cumplimiento de esta línea estratégica es fundamental sensibilizar a las personas sobre la importancia de la perspectiva de género e interseccionalidad para lograr una sociedad más justa e igualitaria, reconocer las necesidades específicas de cada persona de acuerdo a su historia de vida y contexto. Esto permitirá que las mujeres sean vistas como líderes legítimos y capaces de tomar decisiones importantes

3.2 Disminuir las barreras existentes para garantizar el acceso de las mujeres y grupos de atención prioritaria al capital económico y seguridad financiera con perspectiva de género.

Para el cumplimiento de esta línea estratégica se requiere de la participación de las personas e instituciones en pro de la sensibilización, promoción e innovación. Resaltar la importancia que tienen para las mujeres la autonomía económica, el tener educación financiera adecuada que les permita continuar con sus proyectos de vida. Requiere del trabajo conjunto para la creación de oportunidades de empleo y de emprendimiento para mujeres y grupos de atención prioritaria, así como de programas de financiamiento específicos que les permitan iniciar o expandir sus negocios.

Así mismo, es necesario trabajar con las instituciones financieras para generar evaluaciones del riesgo crediticio con perspectiva de género. En México solo el 61% de las mujeres tiene acceso a productos financieros formales (ENIF, 2021). Presentar propuestas innovadoras de protección y seguridad financiera para mujeres y grupos de atención prioritaria en situaciones de emergencia o crisis económicas, como la pandemia de COVID-19, para evitar que se profundicen las desigualdades y discriminaciones preexistentes, sólo el 31% de las mujeres a nivel nacional cuenta con fondo de ahorro para el retiro (ENIF, 2021).

3.3 Contar con estrategias y herramientas transversales especializadas en la prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres y niñas en el ámbito público y privado.

Atendiendo a esta línea estratégica es fundamental la profesionalización de las personas al servicio de las instituciones gubernamentales y organizaciones especializadas en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia así mismo contar con capacitación y formación continua en perspectiva de género y derechos humanos. Desarrollar protocolos y guías especializadas en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia que se adapten a la diversidad cultural y social de las comunidades en las que se trabajará.

Coordinación institucional para mejorar la eficacia en la atención y sanción de los casos de violencia, promover la participación ciudadana para el desarrollo colectivo de las estrategias que respondan a las necesidades y realidades de las comunidades.

Es importante promover la evaluación constante de las estrategias y herramientas transversales, así como seguimientos a los casos de violencia atendidos para medir la eficacia de las medidas implementadas

La violencia de género es un problema grave en Nuevo León, y las mujeres y niñas son particularmente vulnerables a la violencia física, sexual y psicológica. Esto puede tener un impacto devastador en sus vidas, limitando su capacidad para participar plenamente en la sociedad y para perseguir su proyecto de vida.

A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, las mujeres en Nuevo León todavía enfrentan discriminación en muchos ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, el empleo y los recursos económicos. Cada uno de los elementos presentados en el diagnóstico referentes a la violencia contra las mujeres nos ayuda a contemplar un mapa de ruta hacia buscar la prevención y atención de la violencia. Esto remite a la atención prioritaria de las desigualdades que detonan las situaciones de violencia.