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BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Gobierno Eficaz y Transparencia

Una función básica de las instituciones que integran el Gobierno es facilitar que las personas cuenten con lo necesario para alcanzar su bienestar1. Estas instituciones deben ser capaces de implementar las políticas públicas derivadas de los objetivos definidos en planes estratégicos como este (Agenda 2030).

Además, deben cumplir con dos requisitos. Primero, ser instituciones inclusivas, tanto en la diversidad de las personas que las integran como en la apertura para trabajar de la mano con sociedad civil en la búsqueda de soluciones. Segundo, ser instituciones que rindan cuentas, responsables de llevar a cabo su misión con transparencia y sin incurrir en ninguna forma de corrupción (Agenda 2030).

En Nuevo León existe una creciente desconfianza en las instituciones. El 17 % de la población manifiesta confiar mucho o demasiado en el Gobierno estatal o el Gobierno municipal y un 10 % lo hace con servidores públicos (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2021)2.

Esta desconfianza es el resultado de una mala evaluación gubernamental y una percepción de alta incidencia de corrupción en el uso de los recursos públicos. En Nuevo León, el 61.5 % de las personas identifican la corrupción como el segundo problema más importante, cifra 4.4 puntos por encima de la media nacional (ENCIG, 2021).

En este capítulo se analizan los retos que enfrenta Nuevo León para tener un verdadero Gobierno abierto3 con base en tres componentes:

1. Las características de las instituciones públicas como responsables de la formulación e implementación de políticas públicas;

2. Los procesos de rendición de cuentas, y

3. Los bienes, servicios y entornos habilitadores para la participación de las personas en los asuntos públicos.

Diagnóstico

Instituciones de la administración pública

Las políticas públicas son un conjunto de acciones implementadas por autoridades para resolver un problema público (Aguilar, 2009). Desde las instituciones o vía la participación ciudadana, la inclusión en el diseño de política pública es muy importante en la construcción de una sociedad más equitativa (ONU, 2019).

Una participación diversa permite atender las necesidades de grupos amplios de la sociedad, particularmente al incluir a aquellos en situación de vulnerabilidad (OCDE, 2013; UNESCO, 2015).

Por lo tanto, resulta importante analizar la representación de la diversidad social en las instituciones de la administración pública estatal. En Nuevo León, de las personas que la componen, 54.81 % son mujeres, 17.61 % son jóvenes y 8.25 % son personas adultas mayores, en comparación con el 56.40 %, 12.16 %, y 7.33 %, respectivamente, a nivel nacional (CNGE, 2022).

Cabe destacar que no existe información pública suficiente que detalle en qué medida estos grupos inciden en los procesos de creación de política pública, por lo que es difícil evaluar a profundidad su representatividad.

Otro aspecto a considerar sobre las instituciones de la administración pública es la evaluación de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios públicos. En Nuevo León los servicios de los tres órdenes de Gobierno están mejor evaluados que en el promedio nacional, pero la satisfacción con el Gobierno estatal es la única con una ligera tendencia a la baja, al caer de 52.7% en 2019 a 52.5 % en 2021 (ENCIG, 2021) (gráfica 1).

Gráfica 1. Satisfacción con los servicios públicos prestados por los tres órdenes de Gobierno en Nuevo León.

Una administración pública eficaz puede incidir, entre otras cosas, en una mayor competitividad del estado. Nuevo León ocupa el tercer lugar en la medición de Gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal (IMCO, 2022). El estado destaca comparativamente en la facilidad de abrir una empresa, la publicitación de información presupuestal y la capacidad de generar ingresos propios.

Gobierno Digital

Las instituciones públicas buscan desarrollar una mayor cantidad de herramientas de gobierno digital para impulsar una gestión pública más eficaz y más eficiente.

Un gobierno digital se refiere “al uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos con el fin de crear valor público” (OCDE, 2014).

En Nuevo León, el 46.7% de la población tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de internet; mientras que el 54.5 % fue el promedio nacional (ENCIG, 2021). Entre las interacciones registradas se encuentra la gestión de trámites, pagos o solicitudes de servicio, la consulta de páginas de gobierno y el uso de redes sociales para presentar quejas o denuncias.

Este déficit que presenta la administración pública estatal puede modificarse con la construcción de una estrategia de transformación digital del Estado, que establezca una visión para la digitalización y mejora de servicios y políticas públicas (OCDE, 2020).

De acuerdo con la Agenda Digital para América Latina y el Caribe 2024 (CEPAL, 2022)4 resulta necesario impulsar una digitalización universal e inclusiva. Esta debe vincularse a la modernización de infraestructura y conectividad para avanzar hacia una mejor gobernanza, una mayor seguridad y un mejor entorno habilitante del plano digital.

Modernizar la infraestructura tecnológica en oficinas gubernamentales y espacios públicos resulta determinante para promover la inclusión digital.

Por otro lado, el 84.2 % de la población de Nuevo León es usuaria de internet; 84.7 % de telefonía celular; y 46.4 % es usuaria de computadora (ENDUTIH, 2021). Sin embargo, en la zona rural, las personas usuarias de internet han disminuido de 69.4 % en 2020 a 59.5 % en 2021 (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Porcentaje de personas usuarias de internet en Nuevo León por área urbana y rural.

Para reducir la brecha digital, el Estado debe promover una mayor conectividad en espacios públicos y el fomento de habilidades y competencias digitales para las personas.

En el plano privado, Nuevo León es la cuarta entidad federativa con mayor conexión a internet (77.5 %) en los hogares, seguido de Baja California (79.1%), Ciudad de México (85.1 %) y Sonora (86.2 %). Respecto a los hogares que cuentan con computadora, Nuevo León ocupa la tercera posición a nivel nacional con 54.5 %, mientras que Baja California el 55.3 % y Ciudad de México el 67 % (ENDUTIH, 2021).

En términos de gobernanza digital, Nuevo León no cuenta con un marco normativo de Gobierno Digital que habilite la innovación pública. Asimismo, no existen mecanismos de interoperabilidad y gobernanza de datos entre Gobierno Estatal, municipios y sector privado.

Por otro lado, a nivel nacional existe una alta vulnerabilidad en ciberseguridad para el ámbito público y privado derivado de ataques cibernéticos y el aumento de ciberdelitos. En 2020, México alcanzó el lugar 52 de 194 naciones consideradas en el Índice mundial de ciberseguridad, con una puntuación de 81.68 (ITU, 2020).

Contratación Pública

Los contratos públicos son una pieza esencial para el bienestar de las personas. A través de éstos, los gobiernos adquieren bienes, servicios e infraestructura pública para la población.

La contratación pública se refiere a “la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras” (OCDE, 2022).

Éstas representan el mayor mercado mundial. Cada año, se estima que los gobiernos gastan 13 billones de dólares anuales en contratos públicos. Sin embargo, menos del 3 % se publica de manera abierta (Open Contracting Partnership, 2020).

En los países de la OCDE, la contratación pública representa alrededor de 12% del PIB y 28% del gasto gubernamental total en promedio (OCDE, 2012). Para México, se estima alrededor de 5% del PIB y más de 20% del gasto gubernamental total (OCDE, 2018).

En 2021, la administración pública estatal reportó un monto anual de $3,155 millones de pesos ejercido vía contratos públicos. Este monto coloca a Nuevo León en el lugar número 14 a nivel nacional con mayor monto asociado (CNGE, INEGI, 2021).

Respecto al tipo de procedimiento de contratación, el 70.1 % de los procedimientos se realizaron mediante una licitación pública nacional. Porcentaje que la coloca en el tercer lugar nacional con mayor porcentaje de contratación asociada a una licitación pública (CNGE, INEGI, 2021).

La licitación pública destaca como el mejor procedimiento; toda vez que, un diseño adecuado del mecanismo resulta la mejor forma de fomentar la participación del mayor número de empresas y permite que estas compitan intensamente para ganar el contrato. Lo anterior, resulta en contrataciones con las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad (COFECE, 2018).

Como parte de la estrategia organizacional, Gobierno del Estado se encuentra en un proceso de centralización de las adquisiciones de bienes y servicios a través de su Secretaría de Administración, quien efectúa todos los procesos de adquisición para las entidades de la administración pública centralizada. También lleva a cabo la adquisición de bienes y servicios para algunas entidades descentralizadas con las cuales firmó un acuerdo de cooperación (OCDE, 2018).

Entre los argumentos favorables para establecer una Unidad Centralizadora de Compras consiste en lograr una mayor eficiencia de costos mediante adquisiciones eficaces, sustentables, que generen ahorros útiles para la inversión y los servicios públicos. No obstante, este modelo también representa riesgos comerciales, de concentración de mercado y de capacidad de respuesta.

Resulta clave entender a la contratación pública como parte de un ciclo5. Actualmente, en Nuevo León existe una limitada concordancia programática, presupuestaria y de gestión a través de las fases de planeación, licitación, adjudicación, contratación y su implementación.

Cada paso de este ciclo debe verse integrado y no aislado. Desde la planeación de necesidades hasta que se entregue el bien o servicio. Para administrar las compras públicas de forma más eficaz, Nuevo León necesita mejorar sus sistemas de datos e información con una visión panorámica (OCDE, 2018).

En términos del marco normativo, la OCDE (2018) identificó varios obstáculos para actualizar las prácticas de compras en Nuevo León. En primer lugar, las regulaciones podrían retirar obstáculos para su modernización, por ejemplo, no priorizar el uso de documentos electrónicos.

Asimismo, la reglamentación de 2013 debe alinearse con las reformas a la Ley Orgánica de la APE relacionadas con atribuciones de la Secretaría de Administración6. En otros casos, el uso de herramientas específicas está sujeto a procedimientos complicados7.

La contratación electrónica es una herramienta eficaz para mejorar los procedimientos administrativos y, quizá más importante, también ayuda a los funcionarios a observar varios principios centrales: transparencia, eficiencia, integridad y rendición de cuentas (OCDE, 2018).

En Nuevo León la divulgación de información relacionada con los procedimientos de contratación se realiza mediante el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP). Sin embargo, los datos se publican en formato PDF y resulta difícil su navegación por el sitio de Internet sin un conocimiento previo. De este modo, la información registrada puede presentarse de forma más clara y hacer la búsqueda más fácil (OCDE, 2018).

Si bien un sistema electrónico de compras incrementa la rendición de cuentas y la supervisión, su implementación no debe ser vista como un fin en sí mismo (OCDE, 2018). A la par, la transparencia y la rendición de cuentas se deben integrar en el diseño de la contratación electrónica para un análisis significativo de la información generada (TI, 2014).

Finalmente, un aporte relevante de la ciudadanía consiste en el acompañamiento y vigilancia del ciclo de contratación pública. A través de la figura de testigo social, contemplada en la LAACSNL y su reglamento, se incorpora a personas capacitadas y externas a los procesos de licitación con derecho a voz y a emitir un testimonio final, para vigilar y prevenir actos de corrupción de grandes obras, proyectos o contratos.

Actualmente, Nuevo León cuenta con un padrón de testigos sociales que pasó de tener 25 a 65 personas certificadas durante el 2022 (Contraloría y Transparencia Gubernamental, 2022). Sin embargo, existen restricciones legales que les impiden participar en todos los procesos de licitación. Por lo anterior, esta figura de participación ciudadana deber ser fortalecida.

Trámites y servicios

Los trámites y servicios son la forma más común de interacción con el Gobierno. Todo trámite requiere de un marco regulatorio y de inversión en recursos humanos, instalaciones y tiempo (Roseth, Reyes y Santiso, 2018).

La ejecución ineficiente de trámites tiene costos para la ciudadanía además de que puede incentivar la corrupción (Casar, 2015)8. En el estado, 34.7 % de usuarios manifiestan haber experimentado problemas con la realización de trámites. El problema más frecuente fue el de barreras al trámite9 con 90.3 % (ENCIG, 2021).

A través del Indicador de Gasto Regulatorio de Coparmex (2021), se reportó que el 54.8 % de sus socios en Nuevo León han tenido algún problema al realizar trámites gubernamentales, mientras que, a nivel nacional, se reportó el 47.4%. Entre los principales problemas que han enfrentado, se relacionan con requisitos excesivos (27%), falta de claridad (16 %) y horarios restringidos (14 %).

Destaca que, las microempresas (1 a 10 empleados) dedican en promedio 49 horas al mes para atender el marco regulatorio (Coparmex, 2021).

Respecto al Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria 202010, Nuevo León obtuvo una calificación general de 0.380, que la ubica en el lugar catorce de las entidades federativas. Este indicador evalúa el avance del marco normativo, la capacidad institucional y la implementación de los distintos programas y políticas públicas en materia de mejora regulatoria.

Este resultado es atribuible a las áreas de oportunidad presentadas para aumentar la capacidad operativa y acciones de la autoridad de mejora regulatoria11, así como a la falta aprovechamiento de herramientas, especialmente de expedientes, y al análisis ex post (OSMR, 2020).

La mejora regulatoria incluye el uso de tecnología para hacer más eficiente la gestión gubernamental y de los usuarios. El uso de herramientas de gobernanza digital tiende a facilitar procesos, reducir costos y transparentar las acciones para reducir espacios de corrupción. Nuevo León ocupa el lugar 18 en gobernanza digital12 (Data Lab Mx y Universidad Iberoamericana, 2019).

Entre 2019 y 2022, 106 trámites se eliminaron, 113 se digitalizaron y 791 se simplificaron en el estado (Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 2022). En específico, entre octubre 2021 y octubre 2022 se digitalizaron 58 trámites y servicios nuevos para dar un total de 197 (Subsecretaría de Tecnologías, 2022). Aunque esto representa un avance significativo, existe aún un gran espacio de mejora pues solamente el 31 % del total de 631 trámites están digitalizados (RETYS, 2022).

En términos de uso, en Nuevo León, el porcentaje de personas que realizaron sus trámites en línea (10.6%) se encuentra por debajo del promedio nacional (17.7%), lo que apunta a la necesidad de mejorar la difusión de los procesos digitalizados (ENCIG, 2021). A nivel nacional, el 80 % de socios Coparmex han realizado trámites gubernamentales a través de medios digitales.

Otro componente relevante para tener instituciones más eficaces es la profesionalización del servicio público. Aunque en 2007 se publicó el “Decreto que establece el estatuto de profesionalización para el servicio público del Estado de Nuevo León” que creó el Instituto de la Profesionalización para el Servicio Público, no existe hoy un sistema de asignación de puestos por mérito ni es posible evaluar los programas de preparación de la administración pública por falta de reportes detallados.

En consecuencia, se identifican cinco retos para la profesionalización del cuerpo de funcionarios y funcionarias estatales13:

1. Carencia de marco normativo para garantizar profesionalización y continuidad

2. Alta rotación

3. Dificultad en la atracción de talento por el diferencial salarial con respecto al sector privado

4. Carencia de sistemas de medición del desempeño y,

5. Asignación de puestos en la administración pública con criterios políticos.

Estas problemáticas provocan falta de continuidad en la implementación de políticas, reducen la capacidad de mejora y hacen a las instituciones públicas vulnerables ante procesos políticos.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es el conjunto de procesos y herramientas por medio de los cuales las personas y las organizaciones14 se responsabilizan por el adecuado cumplimiento de sus funciones (Transparencia Internacional, 2009). En contraste, las instituciones que se desempeñan en la opacidad “son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder” (ONU, 2017).

En Nuevo León, la calificación otorgada al poder Ejecutivo por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con respecto al cumplimiento de las obligaciones mínimas de ley, aumentó de 97.39 puntos en 2020 a 98.68 en 2021. En ese año, los órganos autónomos tuvieron una menor calificación (97.13) y el Poder Judicial, que históricamente ha tenido mejor desempeño, subió en su evaluación (100).

En cuanto a la demanda de la ciudadanía por información, el número de solicitudes de información15 aumentó en un 481.8 % de 2016 a 2021 (gráfica 3). Esto puede ser interpretado como un incremento en el interés de la ciudadanía en temas de Gobierno, pero también indica que la información no necesariamente cumple con estándares de calidad, es decir, que sea fácil y rápida de acceder, debidamente actualizada y gratuita (UK Government Cabinet Office, 2013).

Nuevo León ocupa el lugar 13 a nivel nacional en dar respuesta en tiempo y forma a dichas solicitudes y ocupa la posición 28 al evaluar que la información recibida esté completa y se pueda acceder fácil y rápidamente (INAI y CIDE, 2021).

Gráfica 3. Número de solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados en Nuevo León por año.

Al analizar la calidad y disponibilidad de la información fiscal, por ejemplo, Nuevo León ocupa el lugar 7, nueve lugares por arriba de la media nacional (Ar Regional, 2020). El estado ha mejorado 14 posiciones entre 2018 y 2020, lo que representa un buen cumplimiento de la Ley de Transparencia.

En las últimas dos décadas, México ha avanzado en el derecho al acceso a la información. No obstante, en términos de la provisión de servicios y el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno, persiste una alta percepción de corrupción.

La medición de la corrupción es difícil pues ocurre de manera secreta. Las partes involucradas comparten un incentivo para encubrir el acto pues ven consecuencias negativas en que se revele su participación (Del Castillo, 2003). Ante esta complejidad, se han generado metodologías de medición de percepción de incidencia, de actitudes ante la corrupción y de victimización.

Nuevo León ha mejorado ligeramente la percepción, incidencia y victimización de actos de corrupción. En los tres indicadores el estado está entre los primeros ocho con menor nivel de corrupción. El porcentaje de personas que perciben los actos de corrupción como frecuentes o muy frecuentes disminuyeron de 84.9 % en 2019 a 84.4 % en 2021 (ENCIG, 2021) (gráfica 4).

Gráfica 4. Variación porcentual en Percepción, victimización e incidencia de corrupción, Nuevo León y México de 2017 a 2021.

La ciudadanía en Nuevo León y a nivel nacional percibe que la corrupción afecta a todas las instituciones de Gobierno. Por el contrario, la percepción llega al 20 % cuando se trata de los círculos sociales más íntimos, como vecinos o familia (gráfica 5).

La percepción de frecuencia de actos de corrupción supera el 50 % en toda institución pública excepto por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos. El registro más alto en percepción de corrupción se da en la Policía, 85.2 % para Nuevo León y 88.8 % a nivel nacional (ENCIG, 2021).

Gráfica 5. Percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversos sectores

En términos de incidencia de corrupción, Nuevo León experimentó un retroceso del 29 % entre 2019 y 2021 (gráfica 3). Concretamente, en trámites donde la población tuvo contacto con servidores públicos y experimentó un acto de corrupción, la tasa en el estado, 18,684 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, es menor que el promedio nacional, de 25,995 (ENCIG, 2021).

El orden de Gobierno en el cual se incrementó más la incidencia de corrupción entre 2017 y 2019 fue el federal, con un 34 %, seguido del Gobierno estatal, con un 6 %, y los municipales, con 4 % (ENCIG, 2019). En Nuevo León, los trámites con mayor incidencia de corrupción se encuentran en el área de seguridad, derechos de propiedad y el ámbito comercial.

En cuanto a la victimización por un acto de corrupción, solo el 5.2 % de las personas que sufrieron un acto de corrupción en Nuevo León lo denunciaron, en contraste con mejores niveles de denuncia en otros estados, por ejemplo, Yucatán (13.2 %) (ENCIG, 2019).

A pesar del bajo nivel de denuncia, los neoloneses parecen comprender su importancia, pues un 90 % de la población metropolitana manifestó que es su deber denunciar un delito (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2021).

El Sistema Nacional Anticorrupción, iniciado en 2015, es el principal mecanismo de atención a la corrupción en México y tiene sus equivalentes a nivel estatal. El Sistema tiene un enfoque en la prevención, persecución y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, con una lógica de colaboración interinstitucional y participación de la ciudadanía.

La entrada del nuevo Sistema a nivel estatal trajo consigo la redefinición de las faltas administrativas, la inclusión de particulares como sujetos de responsabilidad ante hechos de corrupción y el rediseño del proceso de acción ante una falta. Sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción no se ha instalado correctamente; por lo que, no se ha construido una Política Estatal Anticorrupción, y no existen avances significativos en cuanto a acciones de prevención, persecución y en su caso sanción de casos de corrupción.

Además del elemento ético, la corrupción tiene importantes costos económicos, políticos y sociales. Al usar medios como el soborno, se generan costos directos por haber una transferencia directa de la ciudadanía al funcionario.

En México se estima que el costo de la corrupción disminuyó de 14,141 millones a 9,489 millones de pesos entre 2019 y 2021, un decremento del 32.9 % y que equivale a 3,044 pesos por persona. En la misma temporalidad Nuevo León disminuyó este costo de 299 a 243 mdp al año, que equivale a 1,773 pesos por persona (ENCIG, 2019).

Participación pública

La participación ciudadana es el conjunto de prácticas por las cuales la ciudadanía pretende incidir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público (Díaz, 2014).

La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León publicada en 2016 establece que la participación contribuye a la solución de problemas y el mejoramiento de las normas que nos rigen como sociedad.

Al respecto, la acción de todo Estado debe centrarse en construir un entorno propicio para que se dé la participación ciudadana. Esto conlleva asignar recursos, incluir grupos en situación de vulnerabilidad y asegurar que la participación sea válida y segura (Carta Iberoamericana de Participación en la Gestión Pública, 2009).

En Nuevo León, en el ámbito normativo, tuvieron que pasar más de cinco años para que se reglamentara la Ley de Participación Ciudadana. A través de esta Ley se detallan los mecanismos de participación ciudadana vigentes16.

Con relación al funcionamiento de la Administración Pública Estatal, destaca que en 2021 se creó la primera Secretaría de Participación Ciudadana. Esta es la dependencia encargada de establecer e instrumentar los mecanismos de participación directa que promueven la colaboración en un modelo de gobernanza y la rendición de cuentas para la solución de problemas públicos.

La ausencia de espacios de participación o consulta ciudadana condicionan el desarrollo a plenitud de las personas (UNESCO, 2007).

Es responsabilidad de un Estado democrático moderno, diseñar, implementar y dar a conocer mecanismos que permitan a las personas incidir en la toma de decisiones (Merino, 2019). Sin embargo, en el caso del área metropolitana de Monterrey, el conocimiento de los mecanismos de participación está centrado en denuncia y ayuda comunitaria, como lo son Alerta Amber, denuncia anónima ciudadana y asociaciones de vecinos (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).

Por otro lado, el 35 % de la población metropolitana que manifiesta que no han participado, podría interesarle hacerlo, principalmente para mejorar su colonia y ayudar a la gente que lo necesita. (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).

Pese a que el voto es la condición básica de la vida democrática, no contempla el influir en decisiones concretas. Solo una tercera parte ha participado en alguna forma de toma de decisiones, colaborando con sus vecinos o con alguna asociación de estudiantes o padres de familia (gráfica 6).

En Nuevo León, la razón más común por la cual la gente dice no participar es la falta de tiempo, aunque la falta de información y la desconfianza en las autoridades para hacerlo también son significativas (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).

Se debe tomar en consideración que las personas con más tiempo libre y mayores niveles educativos tienen más oportunidades de participar en asuntos públicos, lo cual puede traducirse en un factor que perpetúe las desigualdades sociales (Font, 2004).

Las personas que no han participado indican que una de las condiciones para hacerlo en el futuro es que exista más y mejor información al respecto. Sin embargo, la información necesaria para participar no está disponible, menos del 8 % de quienes participaron recibieron información directamente de un funcionario o de medios de comunicación masiva (gráfica 6).

Gráfica 6. Medio por el cual se enteró para participar.

Otro espacio, abierto y plural, para influir en la definición de políticas públicas en temas específicos es la sociedad civil organizada (Fernández Santillán, 2003). En Nuevo León se calcula que existen aproximadamente 1,316 asociaciones civiles, de beneficencia privada y redes o colectivos (yCo., 2022)17.

Mientras que este número de organizaciones per cápita es superior al registrado en otras entidades federativas, existe un área de oportunidad en subsanar la posible falta de diversidad implícita en el proceso de autoselección de la participación ciudadana.

De hecho, en la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, un 77 % de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en este tipo de organizaciones, lo cual indica que una gran cantidad de neoloneses no se siente parte de la sociedad civil o lo percibe como un concepto distante a ellos.

Problemas públicos

Del diagnóstico se desprenden tres retos principales que enfrenta el estado en materia de Gobierno Eficaz y Transparencia:

1. En Nuevo León existen procesos gubernamentales ineficaces e ineficientes, por lo que se vulneran derechos.

Una gestión pública eficaz, innovadora e incluyente resulta fundamental para que el Gobierno asuma sus objetivos por área, planee para alcanzarlos y designe los recursos necesarios para atenderlos. La ausencia de un entramado institucional fuerte, responsable, capacitado, inclusivo e innovador dificulta el alcanzar las aspiraciones de este Plan.

La falta de pluralidad y diversidad en el Gobierno puede resultar en la perpetuación de desigualdades. A pesar de no existir suficientes datos públicos, sí es posible detectar falta de diversidad en las personas que integran las instituciones gubernamentales y los cargos de elección popular. Esto podría redundar en la ausencia de puntos de vista representativos de la diversidad social.

Las capacidades de la administración pública estatal son limitadas para una gestión eficiente. Persiste un inadecuado uso de tecnologías para ampliar la entrega de servicios públicos de forma digital, de manera inclusiva y centrada en las personas. Asimismo, el ciclo de contratación pública presenta oportunidades para garantizar bienes y servicios de la máxima calidad.

Además, las instituciones del Estado no tienen un sistema de profesionalización que garantice a funcionarios y funcionarias la continuidad de una carrera basada en el mérito ni a la ciudadanía un servicio público de excelencia.

2. Los mecanismos de rendición de cuentas del Gobierno son escasos y no son del todo accesibles.

Si bien se ha avanzado en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existe un reto para que la calidad de la información y la rapidez con la que se accede a ella permita que sea utilizada por la ciudadanía.

Por otro lado, la percepción e incidencia de actos de corrupción sigue impactando a la mayoría de las instituciones públicas y genera elevados costos económicos, políticos y sociales. Todavía no se han implementado políticas que lleven a una reducción significativa de los actos de corrupción.

3. Para consolidar una gestión gubernamental inclusiva y eficiente, es necesario que la ciudadanía participe en la toma de decisiones públicas.

Hay importantes retos para alcanzar una participación amplia y activa de las personas en los asuntos públicos, más allá de las elecciones.

Las capacidades de las instituciones públicas presentan brechas para la implementación de nuevos modelos de apertura gubernamental que detonen una activa participación de las personas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Los habitantes de Nuevo León no cuentan con los incentivos, medios físicos e información suficiente para impulsar la innovación social participativa orientada a la construcción de políticas públicas colaborativas.

Asimismo, el bajo involucramiento de las personas en los asuntos públicos está asociado a la oferta de bienes, servicios y entornos que propicien un espacio cívico habilitador para asegurar la participación de las personas.

Aspiración

A partir del análisis de las problemáticas de este capítulo, la aspiración para este tema es:

Nuevo León tendrá un gobierno abierto que asegure la calidad de vida de las personas a través de una administración pública estatal eficaz, innovadora, incluyente y con plena rendición de cuentas.

Esta aspiración requiere consolidar un Gobierno inclusivo y abierto lo cual hará más factible el alcance de los demás objetivos del Plan Estratégico.

La Declaración del Gobierno Abierto (2011) establece cuatro compromisos:

1. Implementar los estándares más altos de integridad profesional en la administración

2. Incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales

3. Incrementar el acceso a nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas

4. Apoyar la participación pública de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas

Para medir el alcance de esta aspiración, se utilizará la Métrica de Gobierno Abierto cuyo último valor en 2021 fue de 0.44. La meta conservadora para el 2030 es de 0.61 y la optimista de 0.70.

A partir de esta aspiración, los compromisos de la Declaración del Gobierno Abierto y el ODS 16, “Paz Justicia e Instituciones Sólidas”, se han definido tres objetivos.

Objetivos y líneas estratégicas

1. Promover una gestión pública eficaz, eficiente, innovadora e incluyente.

Este objetivo atiende el primer compromiso del Gobierno Abierto y a la meta 16.6 de la Agenda 2030 para tener instituciones y funcionarios capaces y efectivos en la atención de los problemas a su cargo.

Para ello, resulta clave abordar la gestión pública como “la actividad de los servidores públicos y políticos, las estructuras y procesos ejecutivos del gobierno y el estudio sistemático de las actividades, estructuras y procesos de la administración pública” (Pollitt, C y Bouckaert, G, 2004).

Esto implica trabajar en cinco ámbitos:

1. La integración de la administración pública estatal y la forma en que las políticas públicas son definidas e implementadas.

2. La profesionalización y continuidad de las carreras de las y los servidores públicos, así como los recursos con los que cuentan para llevar a cabo su trabajo

3. El uso de la tecnología como herramienta habilitadora de una gestión pública eficaz

4. La construcción de un sistema de contratación pública eficiente, moderno y transparente

5. La capacidad de atender a la ciudadanía efectivamente.

Para cumplir con este objetivo se definieron las siguientes cuatro líneas estratégicas:

1.1 Establecer una administración pública responsable, incluyente, capaz y que atienda oportuna y adecuadamente a las personas.

La inclusión de grupos, que históricamente han sido excluidos, en el diseño e implementación de políticas públicas es un primer paso para reducir las brechas de desigualdad.

Esta inclusión se debe dar tanto en la diversidad al interior de las instituciones de la administración pública como en los procesos de diseño e implementación de las políticas públicas.

Ampliar la diversidad de quienes ocupan cargos públicos a través de cuotas u otros medios contribuiría a la representatividad e inclusión de perspectivas que ayuden a cerrar las brechas de desigualdad con grupos vulnerables de la sociedad.

Además de procurar la diversidad dentro de las instituciones, debe profesionalizarse su ejercicio para incrementar su capacidad de gestión y respuesta. Debe entonces de invertirse en el personal tanto con un plan de carrera al interior de la administración como de capacitación continua.

Un servicio civil de carrera requiere definir una estructura de ingreso y ascenso basado en el mérito. Esto se puede lograr mediante procesos de contratación con exámenes de ingreso y el uso sistemático y periódico de evaluaciones de capacidades y desempeño para determinar ascensos.

El personal de servicio público debe contar con los espacios de capacitación necesarios para la adecuada evolución profesional de sus carreras. Adicionalmente, como en el sector privado, se necesitan esquemas de incentivos para atraer y retener talento.

La adopción de mecanismos de apertura y colaboración en la función pública con agentes de la sociedad civil pueden ayudar a generar mayor conocimiento y empatía en la sociedad sobre las necesidades y condiciones propias del servicio público. Por otro lado, esta cultura de participación abona a la construcción de políticas públicas más incluyentes.

Asimismo, es importante proveer al personal de servicio público los recursos materiales adecuados para cumplir con su trabajo. Para esto, se deben tener políticas de cuidado y renovación de activos, que evalúen el inventario, den mantenimiento y renueven lo necesario periódicamente.

1.2 Impulsar la transformación digital del Estado como herramienta habilitadora de una gestión pública eficaz y eficiente

La gestión pública se encuentra en constante exploración de nuevas formas de organización y administración que logran maximizar la eficiencia, la eficacia y la legitimidad.

La introducción de nuevas formas de gestión, el aprovechamiento de las tecnologías, la gestión de redes colaborativas, entre otros, son parte de esta constante experimentación que va configurando la gestión del siglo XXI (Velasco E, 2022).

Las instituciones públicas cuentan con la oportunidad de desarrollar una mayor cantidad de herramientas de transformación digital para optimizar sus procesos y atender a las personas de manera más rápida, ágil y adecuada.

Al respecto, los gobiernos de los países de la OCDE están cambiando progresivamente su enfoque en materia de prestación de servicios públicos digitales, y ha evolucionado de un modelo centrado en el gobierno a uno centrado e impulsado por las personas (A. Naser, 2021).

La construcción de soluciones digitales demanda una alta interrelación entre la gobernanza digital y una estrategia de transformación digital dentro de un círculo virtuoso para su implementación.

Establecer una gobernanza digital es clave para articular a los actores involucrados y detonar cooperación para la creación de valor público y la optimización de los recursos mediante el uso de tecnologías digitales (A. Naser, 2021).

Asimismo, contar con una estrategia de transformación digital que proponga una visión para la digitalización del gobierno y el futuro de la entrega de servicios y desarrollo de políticas públicas (OCDE, 2020).

Impulsar estrategias digitales pueden avanzar la transformación digital y atender desafíos en materia de gobierno, transporte, movilidad, seguridad y desarrollo productivo (CEPAL, 2022)

La crisis del COVID-19 ha dejado patente la necesidad de repensar la función pública y su operación, e invertir en infraestructura, conocimiento y capacidades digitales.

La digitalización del sector público es urgente para contar con servicios públicos digitales, trámites en línea, infraestructura de conectividad, y personal preparado para el teletrabajo y con las habilidades necesarias para el mundo digital (Santiso, C., & Ortiz de Artiñano, I, 2020).

Resulta oportuno promover estrategias de interoperabilidad y gobernanza de datos para mejorar la toma de decisiones y la gestión pública, con una administración adecuada de personas, procesos y tecnología (CEPAL, 2022).

Impulsar un mecanismo de identidad digital entre agencias y ministerios para la autenticación de las personas podría traducirse en interacciones con el Estado de forma más rápida, ágil e intuitiva (Barrios, C., & Cetina, C., 2022).

En el ámbito público, promover los servicios de computación en la nube con el fin de potenciar la infraestructura pública digital, considerando la identidad digital como elemento habilitador de la economía digital y un instrumento para promover la inclusión (CEPAL, 2022)

La transformación digital puede promover políticas e instrumentos que potencien la sostenibilidad para prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, los desastres naturales y las emergencias sanitarias.

La transformación digital productiva y sostenible incorpora aspectos sobre la economía digital, el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en un contexto donde el cambio climático y la reducción del impacto ambiental son cada vez más relevantes (CEPAL, 2022).

Por otro lado, la transformación digital del sector público apoya la competitividad y la inclusión social poniendo énfasis en la estrategia de datos y en la política de ciberseguridad necesaria para proteger el ciberespacio (BID, 2022).

En materia de ciberseguridad, Nuevo León puede establecer espacios de coordinación y cooperación para el intercambio de información, la articulación público-privada, la protección de datos y respuesta a emergencias informáticas.

El Govtech es un ecosistema donde los gobiernos colaboran con startups, scale-ups y MIPYMES, que utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologías innovadoras, para proveer productos y servicios que resuelven retos públicos (Govtechlab, 2022).

Estos ecosistemas ofrecen oportunidades para nuevos emprendimientos y desarrollar mercados locales de proveedores digitales diversos y competitivos.

Para acelerar los procesos de transformación digital del Estado, se recomienda ver los modelos y estrategias impulsados en países como Estonia, Korea, Reino Unido y Canadá, países líderes en la materia.

1.3 Desarrollar un sistema moderno, eficiente y transparente de las contrataciones públicas.

Las contrataciones públicas representan una pieza esencial en la gestión pública ya que hacen posible la compra de bienes, obras y servicios vitales para las personas.

Desde la compra de medicamentos para hospitales, el arrendamiento de computadoras para los funcionarios públicos, hasta la construcción de carreteras.

Las compras públicas están vinculadas a una parte sustancial de los recursos públicos. Por ello, se espera que los gobiernos lleven a cabo las compras públicas de manera eficiente y con altos estándares de conducta para garantizar una alta calidad en la prestación del servicio (OCDE, 2022).

La contratación abierta puede contribuir a esta visión, ya que consiste en la divulgación y en el uso de información abierta, accesible y oportuna sobre las contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar de manera justa y eficiente.

La modernización de los sistemas de contratación pública puede tomar como referencia los principios globales para las contrataciones abiertas de Open Contracting Partnership18 en materia de divulgación proactiva, de participación, monitoreo y supervisión. Así como las Recomendaciones del Consejo de la OCDE (2015) sobre contratación pública.

Simplificar el sistema de contratación pública y su marco institucional resulta determinante para impulsar la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública y eliminar barreras administrativas y normativas que obstaculicen la modernización (OCDE, 2015).

Implementar el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA)19 representa un modo de modelar y publicar datos estandarizados a lo largo de todo el proceso de contratación pública, desde la planeación, las licitaciones, las adjudicaciones hasta la gestión de los contratos y su implementación (OCP, 2022).

En el mundo, los datos están reemplazando al papel. Diseñar un sistema electrónico transaccional de punta a punta que cubra el ciclo completo de la adquisición pública permitiría reducir los procesos en papel y apoyar las operaciones mediante la contratación electrónica.

La automatización del proceso reemplaza la interacción personal al colocarla en plataformas electrónicas; esto puede incrementar la eficiencia del sistema al reducir los costos de transacción y administrativos, así como de tiempo (OCDE, 2018).

Establecer una estrategia clara para delinear la función de las adquisiciones como una herramienta de política pública. Actualmente, se asocian las compras como una actividad puramente administrativa bajo un enfoque de cumplimiento normativo, en lugar de privilegiar un enfoque de valor por el dinero (OCDE, 2018).

Desde la década pasada, los países de la OCDE han incrementado la función de las adquisiciones como herramienta de políticas públicas para apoyar objetivos específicos. Por ejemplo, socioeconómicos, como la innovación o en favor de productos y servicios favorables al medio ambiente y con responsabilidad social (OCDE, 2018).

Ofrecer a los profesionales de la contratación pública un sistema de carrera atractivo, competitivo y basado en el mérito (OCDE, 2015). Esto implica que los profesionales de la contratación pública tengan un alto nivel de integridad, capacitación teórica y práctica.

En términos de transparencia y rendición de cuentas, publicar la información de todo el ciclo de la contratación en un solo portal público que concentre todas las entidades gubernamentales en un solo portal (OCDE 2018).

Finalmente, es imperativo que el Estado cuente con un sistema que proporcione datos e información acerca de indicadores básicos de adquisición pública que permita evaluar la eficacia del sistema de contratación pública, tanto en procesos concretos como en su conjunto (OCDE, 2018).

1.4 Lograr que los trámites sean necesarios, eficientes y eficaces.

Para atender efectivamente a la ciudadanía los trámites deben ser útiles, tener el menor número de pasos posible y a un costo competitivo en tiempo y dinero.

Esta eficiencia puede lograrse haciendo uso de herramientas tecnológicas como la digitalización de procesos y a través de la homologación de procesos entre distintas instituciones de gobierno evitando con esto, costosas duplicidades.

Por ejemplo, una ventanilla única de trámites podría reducir costos de traslado y facilitar procesos a la ciudadanía y al Gobierno. La adopción de la firma electrónica en la generalidad de trámites estatales, además de protección y seguridad, añadiría agilidad a los procesos.

También pueden incorporarse herramientas de Gobierno electrónico como la cadena de bloques (blockchain) que eliminen intermediarios y ofrezcan seguridad en la realización de trámites.

Estas herramientas no solo pueden hacer cumplir el marco regulatorio vigente de manera más ágil y segura, sino que pueden inclusive desincentivar la corrupción como se verá más adelante.

2. Fortalecer la rendición de cuentas en el servicio público.

Este objetivo aborda el segundo y tercer compromiso del Gobierno Abierto, incrementar la información de las actividades gubernamentales, así como el uso de la tecnología e innovación para la rendición de cuentas.

La responsabilidad de la rendición de cuentas en la función pública se da en tres dimensiones:

1. Dar a conocer qué se ha hecho, cómo y con qué resultados

2. Asegurar el uso eficiente de los recursos públicos sin corrupción

3. Promover la integridad pública

Asimismo, es consistente con la meta 16.5 de los ODS “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.

Se definieron tres líneas estratégicas para cumplir con este objetivo:

2.1 Promover la transparencia proactiva.

Por supuesto, la transparencia en la función pública implica el cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo, el verdadero propósito de un gobierno transparente es que la información sea clara, útil y que ayude a la ciudadanía a entender cómo se toman las decisiones y el impacto del uso de recursos.

El propósito final de esta línea estratégica es usar la transparencia proactiva20 para resolver las necesidades de información que permitan a la ciudadanía tomar mejores decisiones, realizar trámites de forma eficiente e identificar irregularidades en la acción pública.

Los elementos mínimos de la transparencia proactiva son el exceder la norma legal de acceso a la información; que responda a demandas de la sociedad; que resulte de una consulta amplia de fuentes de información; que cuente con características de calidad; que se dé a conocer por medios de difusión y que haya una evaluación constante de dicha información (SFP, 2019).

Para esto, se puede implementar una plataforma de datos abiertos que facilite el acceso y uso de la información pública a la ciudadanía más allá de lo contenido en la Ley. Además, el gobierno podría establecer canales de atención directa a la ciudadanía con el fin de dar atención inmediata y ayudarles a entender la información solicitada.

Adicionalmente, encuestas digitales en puntos de contactos con trámites y servicios pueden contribuir a la detección de áreas de mejora a través de la retroalimentación de la ciudadanía.

2.2 Reducir considerablemente la corrupción en todas sus formas.

La corrupción consiste en la apropiación de recursos públicos hacia fines privados.

Reducirla conlleva construir mecanismos que reduzcan el monopolio de las decisiones públicas y los espacios de discrecionalidad, al mismo tiempo, que se incrementa la rendición de cuentas21.

Implementar el modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público22 contempla un conjunto de herramientas y metodologías que tienen como propósito identificar y mitigar de manera preventiva aquellos riesgos de corrupción que se pueden presentar en procesos, operaciones y conductas dentro de una institución pública (PNUD, 2020).

La implementación de este modelo propone espacios de colaboración y cocreación para incrementar la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana a la gestión pública.

El involucramiento de múltiples actores y sectores puede modificar el estado social que normaliza la corrupción. Los mecanismos para combatir la corrupción desde un enfoque de agencia23 (mecanismos de supervisión y de castigo) se vuelvan menos efectivos; por lo que, se recomienda abordar acciones colectivas.

Estos mecanismos pueden utilizar la tecnología para reducir la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Herramientas como blockchain pueden contribuir al combate y prevención de la corrupción al mejorar los procesos haciéndolos más fáciles, más abiertos y menos costosos lo cual reduce los incentivos para incurrir en actos de corrupción.

Ampliar la vigilancia colectiva en las instituciones públicas puede contribuir a prevenir, detectar y en última instancia actuar ante actos de corrupción. Una forma de lograr esto es mediante la capacitación de quienes integran los órganos internos de control en las distintas instituciones públicas para poder actuar de manera rigurosa y efectiva ante posibles sucesos.

El impulso de la participación de la ciudadanía en los procesos, como sucede con los testigos sociales, que hoy pueden identificar irregularidades en procesos de adquisiciones, puede ayudar a detectar actos de corrupción. Robustecer y ampliar el alcance de esta figura a todas las licitaciones ayudará a mejorar su efectividad.

Fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucionales para compartir información y formalizar canales de comunicación puede reducir tiempos, costos e incrementar la efectividad de las acciones contra quien comete un acto de corrupción.

Asimismo, promover la recuperación de recursos perdidos por actos de corrupción ayudaría a disminuir su impacto y a desincentivar su incidencia.

El uso de tecnologías que faciliten la generación y recolección de evidencia podrían agilizar los procesos de determinación de responsabilidad y sanción de quien comete un acto de corrupción.

El uso de grupos de trabajo interinstitucionales para la coordinación y cooperación internacionalmente y entre los distintos órdenes de Gobierno puede evitar perder el rastro de los activos robados. Finalmente, publicar los resultados para evidenciar que la corrupción tiene un costo para quien la realiza y que la ciudadanía pueda recuperar lo perdido contribuiría indirectamente a reducir los incentivos de cometer actos de corrupción.

2.3 Promover la integridad pública

En el control de la corrupción, una respuesta estratégica y sostenible de largo plazo consiste en impulsar la integridad pública.

La integridad pública se refiere a la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público (OCDE, 2017).

De acuerdo con la OCDE, articular una estrategia de integridad pública implica establecer un sistema de integridad, una cultura de integridad y un modelo de rendición de cuentas eficaz.

Desarrollar un sistema de integridad pública coherente y completo debe incorporar responsabilidades definidas en la administración pública, prioridades y objetivos estratégicos, así como indicadores. Asimismo, definir con claridad normas de conducta para los funcionarios y procedimientos simples que ayuden a gestionar conflictos de interés reales o potenciales.

Promover una cultura de integridad pública que abarque al conjunto de la sociedad para fomentar que el sector privado, la sociedad civil y las personas mantengan esos valores como una responsabilidad compartida. Por ejemplo, ofrecer información, formación y orientación oportuna para la implementación de normas de integridad pública en los centros de trabajo.

Implementar una rendición de cuentas eficaz mediante un marco de control y gestión de riesgos que salvaguarde la integridad en las entidades del sector público. Así como reforzar el papel de la supervisión y control externos.

Finalmente, resulta importante fomentar la integridad pública en todas las fases del proceso político y del ciclo de las políticas públicas. Por ejemplo, la introducción de medidas de transparencia en las actividades de lobbying, en el financiamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales.

3. Fomentar la participación pública en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales.

El cuarto compromiso del Gobierno Abierto aborda el fortalecimiento de la participación cívica o pública, lo cual esta alineado con la meta 16.7 de los ODS para asegurar políticas públicas representativas e inclusivas.

Este objetivo busca transitar de la participación ciudadana nominal, basada en el voto, a una significativa e incluyente, donde se represente la diversidad social, y en la que las ideas, experiencia y conocimiento de las personas sean incorporadas en el proceso de diseño y toma de decisiones públicas.

La participación ciudadana habilita un proceso más democrático para la formulación de las políticas públicas con mayor transparencia, inclusividad, legitimidad y rendición de cuentas. Aumenta la confianza en el gobierno y las instituciones al brindar a las personas un papel central en la toma de decisiones públicas. (OCDE, 2022).

Al integrar la experiencia y conocimiento de las personas, las instituciones tienen una mejor comprensión sobre cómo resolver los problemas públicos, para una entrega de mejores resultados.

Involucrar a ciudadanos y partes interesadas (stakeholder) en los asuntos públicos es igualmente importante; sin embargo, su participación no debe tratarse de forma idéntica (OCDE, 2022).

Al referirse a estos grupos, se recomienda hacer la siguiente distinción:

• Las partes interesadas se refiere a las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, academia, medios de comunicación y el sector privado.

• Ciudadanos24 refiere a individuos, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual, religión y afiliación política.

Para efectos de este objetivo, se abordará la participación pública25 como el involucramiento de todas las personas en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas públicas.

Además, este objetivo complementa la existencia de instituciones diversas e incluyentes para poder consolidar políticas públicas representativas.

La participación de las personas solo es significativa si se le convoca con un propósito específico y es responsabilidad del Estado subsanar las limitantes de tiempo y recursos de las personas para que puedan ejercer su derecho a la participación.

Para su ejecución, el objetivo cuenta con las siguientes tres líneas estratégicas:

3.1 Promover gobierno abierto en el ciclo de las políticas públicas.

Gobierno abierto es un nuevo modelo de gobernanza democrática que busca revitalizar la confianza ciudadana en la acción pública.

Este paradigma es al mismo tiempo una cuestión de gestión pública, una cuestión de poder político, y en conexión, una cuestión de gobernanza democrática26 (González A, 2017).

El gobierno abierto tiene implicaciones teóricas y prácticas para replantear el involucramiento de las personas en la toma de decisiones públicas.

De acuerdo con el modelo teórico del Sistema Nacional de Transparencia, el gobierno abierto se refiere a “un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos” 27 (SNT, 2016).

De forma práctica, las iniciativas de gobierno abierto parten del consenso que es trabajo colaborativo (Gobierno - Sociedad) para resolver problemas públicos mediante el acompañamiento de cuatro principios rectores: la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación.

Consejo Nuevo León es un ejemplo de un espacio institucionalizado bajo el modelo de gobierno abierto para detonar la colaboración pública e incidir en el diseño de política pública y la toma de decisiones. Contribuye a la inclusión, al involucrar a sectores cada vez más amplios de la población, no solo en sus comisiones de trabajo sino a través de plataformas tecnológicas y consultas ciudadanas.

El Consejo es un órgano consultivo del Ejecutivo, cuya misión principal es convocar a representantes de todos los sectores de la comunidad -academia, sector privado, sociedad civil y Gobierno- para realizar la planeación estratégica del Estado, acompañar con conocimiento y análisis su implementación, así como monitorear y evaluar sus resultados.

Otro ejemplo de este paradigma se identifica a través de la Coalición Nuevo León Abierto28 que en mayo de 2022 ingresó al programa OGP Local29 de Open Government Partnership30.

Tras un proceso de cocreación, la Coalición Nuevo León Abierto publicó el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2022 - 2024 de Nuevo León31 que incluye 8 compromisos de gobierno abierto para resolver problemas públicos relacionados con participación infantil y adolescente, innovación, movilidad, transparencia proactiva, violencia, desarrollo urbano, servicios públicos y anticorrupción.

Recientemente hay un incremento en el interés por el gobierno abierto como resultado de las innovaciones en las formas de colaboración, cocreación, cogestión y corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno en la gestión pública (Bañón R & Tamboleo R, 2014).

Establecer e implementar una estrategia de gobierno abierto permitiría avanzar la agenda y promover iniciativas en la materia, junto con metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo (OCDE, 2017)

El uso de herramientas de Gobierno abierto32 e instrumentos de cocreación y codiseño de las políticas públicas33 aprovechando la tecnología, son formas de ampliar el alcance de la participación de las personas en procesos gubernamentales y de política pública.

Espacios virtuales de intercambio de información, de discusión y de propuestas son algunas herramientas tecnológicas que pueden facilitar la participación. Por otro lado, se debe visibilizar el impacto de la participación ciudadana en temas públicos específicos, para de esta manera, incentivarla.

Diseñar plataformas participativas digitales y abiertas puede reducir las barreras de entrada para la ciudadanía, así como acercar mecanismos de participación a sus espacios de trabajo y esparcimiento por medio de la colaboración con municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, se pueden llevar a cabo ejercicios de cocreación y retos ciudadanos, tales como la invitación a las personas a documentar elementos de la vida cotidiana sobre los cuales no hay datos, como pueden ser las rutas de transporte o de bicicletas, para diseñar la movilidad.

Un ejemplo de lo anterior, es el Multi-City Challenge en 2020 en el que se convocó a algunos municipios de Nuevo León para resolver retos de sustentabilidad.

3.2 Fomentar la innovación pública en las instituciones públicas para garantizar una atención ciudadana eficiente y responsiva.

Innovar ha dejado de ser una “moda” para convertirse en una necesidad cotidiana de los gobiernos. Nuevas exigencias, nuevas actitudes y nuevos retos plantean la necesidad de construir nuevas estructuras, nuevos procesos, nuevos servicios, pero sobre todo nuevas formas de gobernar (Cejudo G, 2016).

La innovación en el sector público se refiere al proceso de adopción de ideas y prácticas organizacionales/de política pública que son nuevas para una organización pública o un proceso/servicio público determinados (OECD, 2015)

Impulsar procesos de innovación gubernamental requiere mucho más que buenas ideas y creatividad. En su lugar, implica un proceso reiterativo para romper con la inercia administrativa de las estructuras institucionales y las capacidades instaladas en el servicio público.

La OCDE (2015) ofrece un marco de referencia que permite organizar conceptualmente y clasificar ideas y conceptos interrelacionados a lo largo de dos dimensiones: el nivel de análisis y los atributos organizacionales que influyen en la innovación del sector público34.

Derivado de ello, la OCDE recomienda atender cuatro áreas prioritarias, para habilitar la innovación del sector público.

Invertir en la aptitud y capacidad de los funcionarios públicos. Esto incluye desarrollar la cultura, los incentivos y las normas para facilitar nuevas formas de trabajo.

Facilitar el flujo libre de información, datos y conocimiento para la toma de decisión estratégica y operativa. Sin embargo, la información por sí sola no es suficiente; las instituciones deben promover el diseño de sistemas que les permita explotarla.

Promover estructuras organizacionales más abiertas y horizontales. El co-diseño, el diseño centrado en el usuario y la etnografía a través de asociaciones multisectorial, laboratorios de innovación y proyectos piloto permiten alinear mejor el talento humano y los recursos para impulsar el diálogo, la experimentación, la toma de riesgos, y la resolución de problemas.

Facilitar la entrega de servicios públicos mediante reglas razonables y procesos simples.

3.3 Desarrollar un espacio cívico propicio para una participación pública incluyente y representativa.

La participación de todas las personas en los asuntos públicos debe ser inclusiva y abierta.

Desarrollar un espacio cívico es un medio para fomentar la participación pública de una manera más accesible, inclusiva y representativa.

El espacio cívico constituye el entorno propicio para que la sociedad civil desempeñe un papel en la vida política, económica y social. Concretamente, permite a las personas y a las partes interesadas (stakeholders) contribuir a la formulación y aplicación de políticas que afectan sus vidas al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones (ACNUDH, 2022).

Nutrir este espacio cívico es clave para que todas las personas intervengan en él desde perspectivas plurales, diversas y multidimensionales. Mediante sus voces y propuestas, las personas pueden contribuir significativamente en la resolución de los problemas públicos.

Generar las condiciones necesarias para la participación pública es responsabilidad del Estado.

La institucionalización de la participación ciudadana dentro de la estructura orgánica de la administración pública estatal es una buena práctica; toda vez que, se asegura el diseño de planes, programas presupuestarios y políticas públicas en la materia.

Para participar se necesita, además de tiempo y recursos, de conocimiento, competencias y voluntad, que varían enormemente en una sociedad diversa.

La formación de las personas requiere del involucramiento de la sociedad en general, no solo de los servidores públicos, sino de educadores, padres y madres de familia, sector privado, organizaciones civiles, entre muchos otros.

Además de la educación formal, se debe ofrecer información y herramientas para la participación ciudadana en espacios digitales y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Abrir la mayor cantidad de espacios de aprendizaje en coordinación con otros actores, como lo son los laboratorios de ciudad implementados globalmente o la planeación participativa para espacios públicos, que sirvan para resolver problemas comunitarios de manera colectiva son clave para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su entorno.

Además, se puede impulsar la participación comunitaria a través de la construcción de vías institucionales para promover el bienestar comunitario y los entornos autogestivos.

Realizar eventos conjuntos para ejercitar el uso de mecanismos de participación ciudadana es un ejemplo de la formación práctica de competencias. También se pueden desarrollar instrumentos de aprendizaje que van desde manuales hasta centros de conocimiento.

Una vez que la ciudadanía tiene información y competencias para la participación, son los espacios e instrumentos los que materializan y fortalecen la participación en línea con las metas 16.8 y 17.17 de la Agenda 2030.

Esto se logrará asegurando que el diseño de estas herramientas atienda las características particulares que dificultan el acceso a la ciudadanía para participar. En este mismo sentido, es importante continuar con la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana porque brinda un panorama de la percepción y participación de las personas en Nuevo León.

Es importante también hacer un diagnóstico de instrumentos o procesos participativos existentes para evaluar su pertinencia y alcance para proponer espacios de innovación de acuerdo a lo acontecido en contextos similares.

Es posible también aprovechar las tecnologías digitales para abrir nuevos espacios virtuales que disminuyan algunas barreras de acceso y asimetrías de información para la ciudadanía. Además, se debe impulsar el establecimiento de marcos normativos que permitan una adecuada operación del proceso.