Una función básica de las instituciones que integran el Gobierno es facilitar que las personas cuenten con lo necesario para alcanzar su bienestar1. Estas instituciones deben ser capaces de implementar las políticas públicas derivadas de los objetivos definidos en planes estratégicos como este (Agenda 2030).
Además, deben cumplir con dos requisitos. Primero, ser instituciones inclusivas, tanto en la diversidad de las personas que las integran como en la apertura para trabajar de la mano con sociedad civil en la búsqueda de soluciones. Segundo, ser instituciones que rindan cuentas, responsables de llevar a cabo su misión con transparencia y sin incurrir en ninguna forma de corrupción (Agenda 2030).
En Nuevo León existe una creciente desconfianza en las instituciones. 17 % de la población manifiesta confiar mucho o demasiado en el Gobierno estatal o el Gobierno municipal y un 10 % lo hace con servidores públicos (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2021)2.
Esta desconfianza es el resultado de una mala evaluación gubernamental y una percepción de alta incidencia de corrupción en el uso de los recursos públicos. En Nuevo León, el 61.5 % de las personas identifican la corrupción como el segundo problema más importante, cifra 4.4 puntos por encima de la media nacional (ENCIG, 2021).
En este capítulo se analizan los retos que enfrenta Nuevo León para alcanzar a tener un verdadero Gobierno abierto3 con base en tres componentes:
Las características de las instituciones públicas como responsables de la formulación e implementación de políticas públicas
Los procesos de rendición de cuentas, y
Los espacios y la calidad de la participación ciudadana.
Diagnóstico
Instituciones de la administración pública
Las políticas públicas son un conjunto de acciones implementadas por autoridades para resolver un problema público (Aguilar, 2009). Desde las instituciones o vía la participación ciudadana, la inclusión en el diseño de política pública es muy importante en la construcción de una sociedad más equitativa (ONU, 2019).
Una participación diversa permite atender las necesidades de grupos amplios de la sociedad, particularmente al incluir a aquellos en situación de vulnerabilidad (OCDE, 2013; UNESCO, 2015).
Por lo tanto, resulta importante analizar la representación de la diversidad social en las instituciones de la administración pública estatal. En Nuevo León, de las personas que la componen, 54.81 % son mujeres, 17.61 % son jóvenes y 8.25 % son personas adultas mayores, en comparación con el 56.40 %, 12.16 %, y 7.33 %, respectivamente, a nivel nacional (CNGE, 2022).
Cabe destacar que no existe información pública suficiente que detalle en qué medida estos grupos inciden en los procesos de creación de política pública, por lo que es difícil evaluar a profundidad su representatividad.
Otro aspecto a considerar sobre las instituciones de la administración pública es la evaluación de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios públicos. En Nuevo León los servicios de los tres órdenes de Gobierno están mejor evaluados que en el promedio nacional, pero la satisfacción con el Gobierno estatal es la única con una ligera tendencia a la baja, al caer de 52.7% en 2019 a 52.5 % en 2021 (ENCIG, 2021) (gráfica 1).
Gráfica 1. Satisfacción con los servicios públicos prestados por los tres órdenes de Gobierno en Nuevo León
Fuente: ENCIG, INEGI
Una administración pública eficaz puede incidir, entre otras cosas, en una mayor competitividad del estado.
Nuevo León ocupa el tercer lugar en la medición de Gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal (IMCO, 2022). El estado destaca comparativamente en la facilidad de abrir una empresa, la publicitación de información presupuestal y la capacidad de generar ingresos propios.
Trámites y servicios
Los trámites y servicios son la forma más común de interacción con el Gobierno. Todo trámite requiere de un marco regulatorio y de inversión en recursos humanos, instalaciones y tiempo (Roseth, Reyes y Santiso, 2018).
La ejecución ineficiente de trámites tiene costos para la ciudadanía además de que puede incentivar la corrupción (Casar, 2015)4. En el estado, 34.7 % de usuarios manifiestan haber experimentado problemas con la realización de trámites. El problema más frecuente fue el de barreras al trámite5 con 90.3 % (ENCIG, 2021).
Nuevo León es el segundo estado con mayores costos en trámites, tomando en consideración el tamaño de las empresas (Coparmex, 2019). El Indicador de Gasto Regulatorio por entidad federativa mide el costo promedio anual que reportan las empresas por cumplir con el marco regulatorio. Esto incluye pagos, tiempo invertido, uso de gestores y expedición de documentos.
Sin embargo, el desempeño general a nivel nacional es bueno pues Nuevo León ocupa en 2019 el segundo lugar en el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR)6 con una calificación de 4.17, detrás de Colima (4.23). Este indicador evalúa el marco normativo, la capacidad institucional para el impulso de la mejora regulatoria y la implementación de instrumentos de mejora regulatoria.
Este resultado es atribuible a la mejora de instrumentos normativos y a la capacidad de las autoridades a cargo de la política de mejora regulatoria7. No obstante, persisten áreas de oportunidad en la planeación y ejecución de esta política (OSMR, 2019).
La mejora regulatoria incluye el uso de tecnología para hacer más eficiente la gestión gubernamental y de los usuarios. El uso de herramientas de gobernanza digital tiende a facilitar procesos, reducir costos y transparentar las acciones para reducir espacios de corrupción. Nuevo León ocupa el lugar 18 en gobernanza digital8 (Data Lab Mx y Universidad Iberoamericana, 2019).
Eentre 2019 y 2022, 106 trámites se eliminaron, 113 se digitalizaron y 791 se simplificaron en el estado (Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 2022). En específico, entre octubre 2021 y octubre 2022 se digitalizaron 58 trámites y servicios nuevos para dar un total de 197 (Subsecretaría de Tecnologías, 2022). Aunque esto representa un avance significativo, existe aún un gran espacio de mejora pues solamente el 31 % del total de 631 trámites están digitalizados (RETYS, 2022).
En términos de uso, en Nuevo León, el porcentaje de personas que realizaron sus trámites en línea (10.6%) se encuentra por debajo del promedio nacional (17.7%), lo que apunta a la necesidad de mejorar la difusión de los procesos digitalizados (ENCIG, 2021).
Otro componente relevante para tener instituciones más eficaces es la profesionalización del servicio público. Aunque en 2007 se publicó el “Decreto que establece el estatuto de profesionalización para el servicio público del Estado de Nuevo León” que creó el Instituto de la Profesionalización para el Servicio Público, no existe hoy un sistema de asignación de puestos por mérito ni es posible evaluar los programas de preparación de la administración pública por falta de reportes detallados.
En consecuencia, se identifican cinco retos para la profesionalización del cuerpo de funcionarios y funcionarias estatales9:
Carencia de marco normativo para garantizar profesionalización y continuidad
Alta rotación
Dificultad en la atracción de talento por el diferencial salarial con respecto al sector privado
Carencia de sistemas de medición del desempeño y,
Asignación de puestos en la administración pública con criterios políticos.
Estas problemáticas provocan falta de continuidad en la implementación de políticas, reducen la capacidad de mejora y hacen a las instituciones públicas vulnerables ante procesos políticos.
Gobierno Digital
El Gobierno Digital se refiere al “uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos con el fin de crear valor público” (OCDE, 2014).
De acuerdo con la Agenda Digital para América Latina y el Caribe 2024 (CEPAL, 2022), es necesario impulsar una digitalización universal e inclusiva. Esta debe vincularse a la modernización de infraestructura y conectividad para avanzar hacia una mejor gobernanza, una mayor seguridad y un mejor entorno habilitante del plano digital.
La gobernanza digital es la articulación y concreción de políticas de interés público con los diversos actores involucrados, para alcanzar competencias y cooperación que cree valor público y optimice los recursos mediante el uso de tecnologías digitales (A. Naser, 2021).
Actualmente Nuevo León no cuenta con una estrategia de transformación digital del Estado, que debe proponer una visión para la digitalización y mejora de servicios y políticas públicas (OCDE, 2020). Esto se refleja en que el 46.7% de la población tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de internet; mientras que el 54.5 % fue el promedio nacional (ENCIG, 2021).
Modernizar la infraestructura tecnológica en oficinas gubernamentales y espacios públicos es determinante para promover la inclusión digital. Al inicio de la actual administración el 60% de los sistemas operativos y equipo de cómputo administrados por la Subsecretaría de Tecnologías de Gobierno del Estado presentó obsolescencia en las 82 dependencias que les brinda servicio.10
En el ámbito público, el uso de servicios de computación en la nube constituye una oportunidad para la entrega ágil de servicios.
Actualmente, 84.2 % de la población de Nuevo León es usuaria de internet; 84.7 % de telefonía celular; y 46.4 % es usuaria de computadora (ENDUTIH, 2021). En la zona rural del estado, las personas usuarias han disminuido de 69.4 % en 2020 a 59.5 % en 2021 (ver gráfica X).
Para reducir la brecha digital, el Estado debe promover una mayor conectividad en espacios públicos y el fomento de habilidades y competencias digitales para las personas.
Gráfica X. Porcentaje de personas usuarias de internet en Nuevo León por área urbana y rural.
Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2021)
Nuevo León es la cuarta entidad federativa con mayor conexión a internet (77.5 %) en los hogares, seguido de Baja California (79.1%), Ciudad de México (85.1 %) y Sonora (86.2 %). Respecto a los hogares que cuentan con computadora, Nuevo León ocupa la tercera posición a nivel nacional con 54.5 %, mientras que Baja California el 55.3 % y Ciudad de México el 67 % (ENDUTIH, 2021).
En términos de gobernanza digital, Nuevo León no cuenta con un marco normativo de Gobierno Digital que habilite la innovación pública. Asimismo, existen limitados mecanismos de interoperabilidad y gobernanza de datos entre Gobierno Estatal, municipios y sector privado.
Tampoco se cuenta con una Agencia de Transformación Digital habilitadora de la estrategia de gobierno digital, como lo han impulsado Estonia, Korea, Reino Unido y Canadá, países líderes en transformación digital.
Los gobiernos de los países de la OCDE están cambiando progresivamente su enfoque en materia de prestación de servicios públicos digitales, y ha evolucionado de un modelo centrado en el gobierno a uno centrado e impulsado por la ciudadanía (A. Naser, 2021).
Para lograr lo anterior, es clave impulsar un mecanismo de identidad digital entre agencias y ministerios para la autenticación de las personas. La implementación de sistemas de identidad digital podría traducirse en interactuar con el Estado de forma más rápida, ágil e intuitiva (Barrios, C., & Cetina, C., 2022).
Por otro lado, la transformación digital del sector público apoya la competitividad del país y la inclusión social poniendo énfasis en la estrategia de datos y en la política de ciberseguridad necesaria para proteger el ciberespacio (BID, 2022 ).
A nivel nacional existe una alta vulnerabilidad en ciberseguridad para el ámbito público y privado derivado de ataques cibernéticos y el aumento de ciberdélitos. En 2020, México alcanzó el lugar 52 de 194 naciones consideradas en el Índice mundial de ciberseguridad y perfiles de ciberbienestar, con una puntuación de 81.68 (ITU, 2020).
Para el caso de Nuevo León se cuenta con limitados espacios de coordinación y cooperación para el intercambio de información, la articulación público-privada, la protección de datos y respuesta a emergencias informáticas.
La transformación digital productiva y sostenible incorpora aspectos sobre la economía digital, el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en un contexto donde el cambio climático y la reducción del impacto ambiental son cada vez más relevantes (CEPAL, 2022).
El Govtech es un ecosistema donde los gobiernos colaboran con startups, scale-ups y MIPYMES, que utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologías innovadoras, para proveer productos y servicios que resuelven retos públicos (Govtechlab, 2022).
Los ecosistemas govtech representan una oportunidad para que los gobiernos incorporen nuevas metodologías de trabajo, el diseño de servicios enfocados en el usuario, el uso de los datos y de tecnologías disruptivas.
Estos ecosistemas promueven el diseño de servicios enfocados en el usuario, tecnologías disruptivas y manejo de datos. Por lo tanto, ofrecen oportunidades para nuevos emprendimientos y desarrollar mercados locales de proveedores digitales diversos y competitivo. Estos mercados están proyectados a crecer su valor de400 billones de dolares anuales a 1 trillón de dolares en 2025 (Accenture y Public, 2018) .
La crisis del COVID-19 ha dejado patente la necesidad de repensar la función pública y su operativa, e invertir en infraestructura, conocimiento y capacidades digitales.
La digitalización del sector público es urgente para contar con servicios públicos digitales, trámites en línea, infraestructura de conectividad, y personal preparado para el teletrabajo y con las habilidades necesarias para el mundo digital (Santiso, C., & Ortiz de Artiñano, I, 2020) .
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas es el conjunto de procesos y herramientas por medio de los cuales las personas y las organizaciones11 se responsabilizan por el adecuado cumplimiento de sus funciones (Transparencia Internacional, 2009). En contraste, las instituciones que se desempeñan en la opacidad “son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder” (ONU, 2017).
En Nuevo León, la calificación otorgada al poder Ejecutivo por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con respecto al cumplimiento de las obligaciones mínimas de ley aumentó de 97.39 puntos en 2020 a 98.68 en 2021. En ese año, los órganos autónomos tuvieron una menor calificación (97.13) y el Poder Judicial, que históricamente ha tenido mejor desempeño, subió en su evaluación (100).
En cuanto a la demanda de la ciudadanía por información, el número de solicitudes de información12 aumentó en un 481.8 % de 2016 a 2021 (gráfica 2). En principio, esto puede ser interpretado como un incremento en el interés de la ciudadanía en temas de Gobierno, pero indica también que la información no necesariamente cumple con estándares de calidad, es decir, que sea fácil y rápida de acceder, debidamente actualizada y gratuita (UK Government Cabinet Office, 2013).
Nuevo León ocupa el lugar 13 a nivel nacional en dar respuesta en tiempo y forma a dichas solicitudes y ocupa la posición 28 al evaluar que la información recibida esté completa y se pueda acceder fácil y rápidamente (INAI y CIDE, 2021).
Gráfica 2. Número de solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados Nuevo León por año
Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y los informes anuales de actividades.
Al analizar la calidad y disponibilidad de la información fiscal, por ejemplo, Nuevo León ocupa el lugar 7, nueve lugares por arriba de la media nacional (Ar Regional, 2020). El estado ha mejorado 14 posiciones entre 2018 y 2020, lo que representa un buen cumplimiento de la Ley de Transparencia.
En las últimas dos décadas, México ha avanzado en el derecho al acceso a la información. No obstante, en términos de la provisión de servicios y el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno, persiste una alta percepción de corrupción.
La medición de la corrupción es difícil pues ocurre de manera secreta. Las partes involucradas comparten un incentivo para encubrir el acto pues ven consecuencias negativas en que se revele su participación (Del Castillo, 2003). Ante esta complejidad, se han generado metodologías de medición de percepción de incidencia, de actitudes ante la corrupción y de victimización.
Nuevo León ha mejorado la percepción, incidencia y victimización de actos de corrupción. En los tres indicadores el estado está entre los primeros ocho con menor nivel de corrupción. El porcentaje de personas que perciben los actos de corrupción como frecuentes o muy frecuentes disminuyeron de 84.9 % en 2019 a 84.4 % en 2021 (ENCIG, 2021) (gráfica 3).
Gráfica 3. Variación porcentual en Percepción, victimización e incidencia de corrupción, Nuevo León y México de 2017 a 2021
Fuente: ENCIG, 2021
La ciudadanía en Nuevo León y a nivel nacional percibe que la corrupción afecta a todas las instituciones de Gobierno excepto las de seguridad. Por el contrario, la percepción llega al 20 % cuando se trata de los círculos sociales más íntimos, como vecinos o familia (gráfica 4).
La percepción de frecuencia de actos de corrupción supera el 50 % en toda institución pública excepto por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos. El registro más alto en percepción de corrupción se da en la Policía, 85.2 % para Nuevo León y 88.8 % a nivel nacional (ENCIG, 2021).
Gráfica 3. Percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversos sectores
Fuente: ENCIG, 2021
En términos de incidencia de corrupción, Nuevo León experimentó un retroceso del 29 % entre 2019 y 2021 (gráfica 3). Concretamente, en trámites donde la población tuvo contacto con servidores públicos y experimentó un acto de corrupción, la tasa en el estado, 18,684 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, es menor que el promedio nacional, de 25,995 (ENCIG, 2021).
El orden de Gobierno en el cual se incrementó más la incidencia de corrupción entre 2017 y 2019 fue el federal, con un 34 %, seguido del Gobierno estatal, con un 6 %, y los municipales, con 4 % (ENCIG, 2019). En Nuevo León, los trámites con mayor incidencia de corrupción se encuentran en el área de seguridad, derechos de propiedad y el ámbito comercial.
En cuanto a la victimización por un acto de corrupción, solo el 5.2 % de las personas que sufrieron un acto de corrupción en Nuevo León lo denunciaron, en contraste con mejores niveles de denuncia en otros estados, por ejemplo, Yucatán (13.2 %) (ENCIG, 2019).
A pesar del bajo nivel de denuncia, los neoloneses parecen comprender su importancia, pues un 90 % de la población metropolitana manifestó que es su deber denunciar un delito (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2021).
El Sistema Nacional Anticorrupción, iniciado en 2015, es el principal mecanismo de atención a la corrupción en México y tiene sus equivalentes a nivel estatal. El Sistema tiene un enfoque en la prevención, persecución y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, con una lógica de colaboración interinstitucional y participación de la ciudadanía.
La entrada del nuevo Sistema a nivel estatal trajo consigo la redefinición de las faltas administrativas, la inclusión de particulares como sujetos de responsabilidad ante hechos de corrupción y el rediseño del proceso de acción ante una falta. Sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción no se ha instalado correctamente; por lo que, no se ha construido una Política Estatal Anticorrupción, y no existen avances significativos en cuanto a acciones de prevención, persecución y en su caso sanción de casos de corrupción.
Un complemento importante al Sistema Estatal Anticorrupción ha sido la incorporación de vigilantes capacitados y externos a los procesos de licitaciones y compras gubernamentales orientados a prevenir actos de corrupción de grandes obras, proyectos o contratos.
En Nuevo León se tiene un sistema de capacitación de testigos sociales que pasó de tener 25 a 65 personas certificadas durante el 2022 (Contraloría y Transparencia Gubernamental, 2022). Sin embargo, existen restricciones legales que les impiden participar en todos los procesos de licitación.
Además del elemento ético, la corrupción tiene importantes costos económicos, políticos y sociales. Al usar medios como el soborno, se generan costos directos por haber una transferencia directa de la ciudadanía al funcionario.
En México se estima que el costo de la corrupción disminuyó de 14,141 millones a 9,489 millones de pesos entre 2019 y 2021, un decremento del 32.9 % y que equivale a 3,044 pesos por persona. En la misma temporalidad Nuevo León disminuyó este costo de 299 a 243 mdp al año, que equivale a 1,773 pesos por persona (ENCIG, 2019).
Participación ciudadana
La participación ciudadana es el conjunto de prácticas por las cuales la ciudadanía pretende incidir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público (Díaz, 2014).
La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León publicada en 2016 establece que la participación contribuye a la solución de problemas y el mejoramiento de las normas que nos rigen como sociedad.
Al respecto, la acción de todo Estado debe centrarse en construir un entorno propicio para que se dé la participación ciudadana. Esto conlleva asignar recursos, incluir grupos en situación de vulnerabilidad y asegurar que la participación sea válida y segura (Carta Iberoamericana de Participación en la Gestión Pública, 2009).
En Nuevo León, en el ámbito normativo, tuvieron que pasar más de cinco años para que se reglamentara la Ley de Participación Ciudadana. A través de esta Ley se detallan los mecanismos de participación ciudadana vigentes13.
Con relación al funcionamiento de la Administración Pública Estatal, destaca que en 2021 se creó la primera Secretaría de Participación Ciudadana. Esta es la dependencia encargada de establecer e instrumentar los mecanismos de participación directa que promueven la colaboración en un modelo de gobernanza y la rendición de cuentas para la solución de problemas públicos.
La ausencia de espacios de participación o consulta ciudadana condicionan el desarrollo a plenitud de las personas. En Nuevo León, hay mecanismos formales de participación en 16 de los 23 temas contemplados en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad pública y sistemas penitenciarios estatales, mientras que Ciudad de México tiene los 23 y tanto Chihuahua como Tabasco tienen 22 (gráfica 5).
Gráfica 5. Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en la administración pública estatal, por entidad federativa
Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, 2019
Esta condición dificulta el diseño de políticas públicas porque se deja a un 81.25 % de las áreas de Gobierno en Nuevo León fuera de las interacciones formales de participación. Las propuestas están acotadas a 3 de las 16 áreas posibles: Planeación y evaluación, Vigilancia y/o denuncia de servidores públicos y Salud.
Es responsabilidad de un Estado democrático moderno, diseñar, implementar y dar a conocer mecanismos que permitan a las personas incidir en la toma de decisiones (Merino, 2019). Sin embargo, en el caso del área metropolitana de Monterrey, el conocimiento de los mecanismos de participación está centrado en denuncia y ayuda comunitaria, como lo son Alerta Amber, denuncia anónima ciudadana y asociaciones de vecinos (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).
Por otro lado, el 35 % de la población metropolitana que manifiesta que no han participado, podría interesarle hacerlo, principalmente para mejorar su colonia y ayudar a la gente que lo necesita. (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).
Pese a que el voto es la condición básica de la vida democrática, no contempla el influir en decisiones concretas. Solo una tercera parte ha participado en alguna forma de toma de decisiones, colaborando con sus vecinos o con alguna asociación de estudiantes o padres de familia (gráfica 6).
En Nuevo León, la razón más común por la cual la gente dice no participar es la falta de tiempo, aunque la falta de información y la desconfianza en las autoridades para hacerlo también son significativas.
Se debe tomar en consideración que las personas con más tiempo libre y mayores niveles educativos tienen más oportunidades de participar en asuntos públicos, lo cual puede traducirse en un factor que perpetúe las desigualdades sociales (Font, 2004).
Las personas que no han participado indican que una de las condiciones para hacerlo en el futuro es que exista más y mejor información al respecto. Sin embargo, la información necesaria para participar no está disponible ampliamente pues menos del 8 % de quienes participaron recibieron información directamente de un funcionario o de medios de comunicación masiva (gráfica 7).
Gráfica 7. Medio por el cual se enteró para participar
Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2021). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana
Otro espacio, abierto y plural, para influir en la definición de políticas públicas en temas específicos es la sociedad civil organizada (Fernández Santillán, 2003). En Nuevo León se calcula que existen aproximadamente 1,316 asociaciones civiles, de beneficencia privada y redes o colectivos (yCo., 2022)14.
Mientras que este número de organizaciones per cápita es superior al registrado en otras entidades federativas, existe un área de oportunidad en subsanar la posible falta de diversidad implícita en el proceso de autoselección de la participación ciudadana.
De hecho, en la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, un 77 % de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en este tipo de organizaciones, lo cual indica que una gran cantidad de neoloneses no se siente parte de la sociedad civil o lo percibe como un concepto distante a ellos.
Problemas públicos
Del diagnóstico se desprenden tres retos principales que enfrenta el estado en materia de Gobierno Eficaz y Transparencia:
1. La función pública es fundamental para que el Gobierno asuma sus objetivos por área, planee para alcanzarlos y designe los recursos necesarios para atenderlos. La ausencia de un entramado institucional fuerte, responsable, capacitado, inclusivo e innovador dificulta el alcanzar las aspiraciones de este Plan.
Como se ha mencionado, la falta de pluralidad y diversidad en el Gobierno puede resultar en la perpetuación de desigualdades. A pesar de no existir suficientes datos públicos, sí es posible detectar falta de diversidad en las personas que integran las instituciones gubernamentales y los cargos de elección popular. Esto podría redundar en la ausencia de puntos de vista representativos de la diversidad social.
Además, las instituciones del Estado no tienen un sistema de profesionalización que garantice a funcionarios y funcionarias la continuidad de una carrera basada en el mérito ni a la ciudadanía un servicio público de excelencia.
2. Los mecanismos de rendición de cuentas del Gobierno son escasos y no son del todo accesibles. Si bien se ha cumplido con las obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existe un reto para que la calidad de la información y la rapidez con la que se accede a ella permitan que sea utilizada por la ciudadanía.
Por otro lado, la percepción e incidencia de actos de corrupción sigue impactando a la mayoría de las instituciones públicas y genera elevados costos económicos, políticos y sociales. Todavía no se han implementado políticas que lleven a una reducción significativa de los actos de corrupción.
3. Para consolidar una gestión gubernamental inclusiva y eficiente, es necesario que la ciudadanía participe en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, hay importantes retos para alcanzar una participación amplia y activa por la ausencia de suficientes canales formales más allá de las elecciones. El poco involucramiento ciudadano en los asuntos públicos está asociado a factores como la falta de información y accesibilidad a los temas públicos.
Bibliografía
A. Naser (coord.), “Gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental: una guía para su implementación”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/80), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
OECD (2020), "Digital Government Index: 2019 results", OECD Public Governance Policy Papers, No. 03, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en.
OECD (2022), OECD Guidelines for Citizen Participation Processes, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f765caf6-en
Santiso, C., & Ortiz de Artiñano, I. (2020). Govtech y el futuro gobierno. Caracas: CAF y PublicTechLab de IE University de España. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1645
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