Nota: Los comentarios que se tomarán en cuenta para la consulta serán los emitidos hasta el 7 de octubre de 2020.

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2019-2020

Desarrollo Social

En México, las condiciones con las que se nace son, probablemente, en las que se morirá: una de cada dos personas que nace en situación de pobreza permanecerá así por el resto de su vida (CEEY, 2018). Independientemente del esfuerzo que haga una persona o quienes le rodean, la mejora de las condiciones de vida, en su gran mayoría, no depende del empeño personal.

Que el esfuerzo y la determinación no sean los mecanismos suficientes para que todas las personas alcancen el desarrollo individual tiene consecuencias personales y también sociales. Por un lado, consecuencias personales en la medida en que el acceso a espacios de educación, salud, mejores oportunidades laborales, e inclusive una vivienda digna o el tiempo de esparcimiento se ven condicionados por factores externos, muchos de los cuales pueden ser atendidos por políticas públicas. Por otro, consecuencias sociales, pues una población con más educación, salud y que vive en mejores condiciones influye positivamente tanto en la economía, como en la seguridad y los costos del sistema público en su conjunto.

Nuevo León cuenta con los índices más bajos de pobreza extrema (INEGI, 2018) y los índices más altos de movilidad social (CEEY, 2020) en el país y, sin embargo, existen hoy condiciones que limitan las posibilidades que tienen las personas en el estado para vivir plenamente en bienestar. Específicamente, en Nuevo León viven 730,000 personas en pobreza y, como se verá en detalle adelante, 55.5 % de la población está en situación vulnerable. Esto significa que podrían caer en una situación de pobreza –ya sea por ingreso o por alguna carencia social– si no se modifican sus condiciones sociales.

Para Nuevo León, la atención de su población debe ser prioritaria para poder, además, mejorar en todos los aspectos comprendidos en este Plan Estratégico. Existe una relación de influencia recíproca entre condiciones sociales e individuales y, definitivamente, para cumplir con la visión de Nuevo León al 2030 es indispensable poner atención a los aspectos específicos que limitan las posibilidades individuales de acceso a mejores condiciones.

La transformación y atención profunda de los temas que, estratégicamente, mejoren las condiciones de vida de los habitantes de Nuevo León requiere de tomar en cuenta cómo los problemas sociales afectan de forma diferenciada a ciertos grupos sociales. Es decir, la desigualdad de oportunidades se agrava cuando se agregan características de origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, u orientación sexual. No todas las personas enfrentan los mismos niveles de discriminación, violencia y rechazo en ámbitos sociales, como la educación, atención médica, mercado laboral, toma de decisiones públicas, entre otros. Existen grupos con mayores índices de discriminación y rechazo lo cual obstaculiza su participación en la vida pública, económica y social del estado. Además, la intersección entre múltiples identidades incrementa las desventajas que determinan la posición social de las personas.

Como se planteó anteriormente, el objetivo primordial de este Plan es la generación de bienestar para quienes viven en Nuevo León, combatiendo los factores que dan pie a la pobreza, la exclusión, vulnerabilidad y desigualdad y, en consecuencia, a la violencia. Se tendrá una sociedad exitosa cuando cada persona pueda elegir qué tipo de vida quiere llevar y que pueda hacerlo.

Como se ha dicho previamente, es indispensable lograr un equilibrio en la sociedad que lleve al pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas. En esta lógica, es importante visibilizar y atender prioritariamente a aquellos grupos que experimentan mayor opresión, exclusión y violencia. En el caso de Nuevo León, como se vio en el apartado de la radiografía del estado, se trata de personas que experimentan marginalización a partir de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual: migrantes; personas adultas mayores; niños, niñas y adolescentes; comunidad LGBTTTIQ+; población indígena; personas con discapacidad y mujeres. Uno de los primeros indicadores de discriminación e invisibilización de estos grupos tiene que ver con la misma existencia de datos que describan sus condiciones de forma clara. En el caso de Nuevo León, no hay información que permita analizar las condiciones particulares de pobreza que viven migrantes y la comunidad LGBTTTIQ+.

Para mayor claridad sobre el enfoque y contexto del capítulo, te recordamos que también puedes revisar la Introducción general, Marco conceptual, Principios, Marco demográfico de Nuevo León y la Alineación con la Agenda 2030.

Diagnóstico

Pobreza

La pobreza y sus variaciones en el tiempo están vinculadas a una serie de factores, tales como crecimiento económico, política económica, cambios en el mercado de trabajo, movilidad social, integración valorativa de tipo individual, integración de las personas a la sociedad, espacios de acción colectiva y cambio en las oportunidades ocupacionales. El estudio de la pobreza se relaciona estrechamente con la noción de desarrollo, ya que representan aspectos contrapuestos a lo que se vislumbra como una vida digna y plena.

Adicionalmente, la situación de pobreza en la que vive una persona se relaciona con otros elementos, como la discriminación o la ausencia de servicios básicos dignos, y al agregarse se incrementa la adversidad que enfrenta. La pobreza está vinculada a una gran cantidad de factores presentes en la sociedad: desde discriminación y violencia contra ciertos grupos, hasta una inadecuada o inexistente dotación de servicios básicos. Cada uno de los posibles factores se aglomeran, generando condiciones cada vez más adversas en los ciudadanos.

La pobreza es consecuencia de aspectos del desarrollo económico, de condiciones laborales, de aspectos de dotación de servicios, de desigualdad en ingresos, e incluso se deriva de elementos territoriales, tales como la distribución poblacional, diferencias en la base productiva local y especialización económica (Coneval, 2010). Es decir, la pobreza es multidimensional pues “comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social” (Coneval, s. f.).

Por estas razones, la pobreza tiene diversas manifestaciones, pero en todas trae consigo un atentado contra la dignidad humana y derechos fundamentales y, por lo tanto, implica “tener necesidades básicas insatisfechas por carecer de los satisfactores necesarios” (México Cómo Vamos, 2019). Esto a su vez se traduce en un incremento en la desigualdad y la disminución de la movilidad social.

Aunque, como se dijo previamente, Nuevo León es el estado mexicano con menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema y pobreza moderada, al menos una de cada 10 personas neolonesas vive en situación de pobreza y una de cada cinco tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar (gráfica 1). Poco menos de la mitad de la población en el estado se considera no pobre y no vulnerable, por lo cual, al menos una de cada dos personas vive algún tipo de carencia social. Desde 2008, Nuevo León ha bajado su porcentaje de población en situación de pobreza en un 5 %.

Gráfica 1. Población por tipo de pobreza en Nuevo León, 2018
Fuente: Medición de la Pobreza, Coneval, 2018

En términos territoriales, la región sur tiene los niveles de pobreza y de detrimento en ingresos más grandes de todo Nuevo León, seguida de la norte, oriente y citrícola, las cuales tienen comportamientos similares. La región centro-periférica y metropolitana tienen los niveles más bajos de pobreza; sin embargo, dada la concentración de población en estas dos regiones, son también las que tienen al mayor número de personas en situación de pobreza (gráfica 2). El desarrollo entre regiones es desigual, siendo la centro-periférica y la metropolitana las de mejores condiciones y, en consecuencia, las que más oportunidades ofrecen a su población para salir de una situación de pobreza.

Gráfica 2. Población por tipo de pobreza en cada región de Nuevo León, 2018
Fuente: Medición de la Pobreza, Coneval, 2018

Cerca de 1.8 millones de personas en el estado, una de cada tres, vive una situación de vulnerabilidad por carencias sociales, es decir, que presentan una o más carencias sociales, a pesar de tener un ingreso igual o superior a la línea de bienestar (gráfica 3). Un tercio de la población no tiene acceso a seguridad social, a pesar de ser un derecho humano [1] y sin esta las personas se encuentran en vulnerabilidad ante falta de ingresos y salud, principalmente, especialmente ante la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez o la maternidad (OIT, s. f.).

Los requerimientos básicos para tener un ambiente adecuado para el desarrollo son la salud, la alimentación y la educación (Sen en Wells, s. f.). En Nuevo León, un 13 % no tiene acceso a servicios de salud y un 12 % a alimentación. Además, una de cada 10 personas tienen rezago educativo [2]. Esta población tiene el desarrollo de sus capacidades básicas condicionadas en su presente y futuro cercano. Un dato significativo es que el estado prácticamente no ha disminuido la población con carencias sociales desde 2008, cuando se inició la medición.

Gráfica 3. Población por tipo de carencia social en Nuevo León, 2018
Fuente: Medición de la Pobreza, Coneval, 2018

La diferencia regional es muy marcada al analizar las carencias sociales: en la región sur, el 85.5 % de la población no tiene acceso a seguridad social, mientras que en la región oriente es el 68.7 % y en la norte el 62.8 %. Esto representa cerca del doble en comparación con las regiones restantes. Además, mientras que en la región metropolitana solamente el 9.6 % de la población tiene rezago educativo y en la periférica el 15.8 %, esta proporción sube a 27.7 % en la oriente y 32.6 % en la sur. Nuevamente, sin embargo, la disparidad en el número de población que habita las regiones periférica y metropolitana, en comparación con las demás, redunda en que un mayor número de personas presentan carencias en estas últimas (gráfica 4).

Gráfica 4. Población por tipo de carencia social por región en Nuevo León, 2018,
Fuente: Medición de la Pobreza, Coneval, 2018

La desigualdad y desventajas de los grupos prioritarios se percibe claramente al analizar la pobreza: más del 20 % de personas con discapacidad, así como de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. Además, al menos un tercio de todos los grupos tiene carencias sociales, y en el caso de las personas indígenas esta situación se da para 1 de cada 2 personas (gráfica 5).

Gráfica 5. Pobreza y carencias sociales por grupo prioritario en Nuevo León, 2018
Fuente: Medición de la Pobreza, Coneval, 2018

Igualmente, al desglosar por tipo de carencia social, es evidente que los grupos prioritarios están en desventaja en comparación con el promedio del estado (gráfica 6). La mitad de las personas indígenas presenta carencia por seguridad social y una de cada cinco presenta carencia en salud, alimentación y rezago educativo. Cerca del 30 % de las personas adultas mayores y personas con discapacidad presentan rezago educativo y una proporción similar de niños, niñas y adolescentes presentan carencia de seguridad social. Esto disminuye la calidad de vida de estos grupos y dificulta su potencial, generando desigualdad y limitada movilidad social.

Gráfica 6. Carencia social por grupo prioritario en Nuevo León, 2018,
Fuente: Medición de la Pobreza, Coneval, 2018

Desigualdad y movilidad social

La movilidad social es la capacidad de una persona de progresar socioeconómicamente (CEEY, 2018), es decir, de que las condiciones del entorno favorezcan que el esfuerzo individual permita a una persona mejorar sus condiciones generales de vida. En una frase: que el origen no sea destino.

Cuando la movilidad social es baja, no importa el esfuerzo que haga una persona en su vida, las probabilidades de mejorar serán prácticamente inexistentes (CEEY, 2019). Esto es derivado de la estructura política y socioeconómica de una comunidad que limita las libertades y capacidades de las personas y perpetúa carencias de forma intergeneracional: quienes nacen pobres, serán pobres por el resto de su vida al igual que sus hijos e hijas.

Esto forma una sociedad desigual, donde los privilegios están reservados para un pequeño grupo y el resto de sus integrantes tienen baja capacidad para acceder a recursos y oportunidades, lo que deriva en segregación de grupos y personas, la perpetuación de condiciones pobreza y se aumentan las diferencias entre clases (Oxfam, s. f.). La movilidad social es indispensable para terminar con la desigualdad: aquellos países que han logrado tener mayor equidad entre sus habitantes son aquellos donde la movilidad social es alta (Krueger, 2012; CEEY, 2019). Estas sociedades ofrecen a su población oportunidades iguales que les den mismas posibilidades de acceder a protección social, educación de calidad, mercado laboral y a créditos financieros (CEEY, 2018), todas ellas herramientas para mejorar la calidad de vida.

Nuevo León, a nivel nacional, se ubica en la posición 17 de menor desigualdad medida por el coeficiente de Gini, donde el 0 equivale a total igualdad, al pasar de 0.498 en 2010 a 0.435 en 2018 (gráfica 7). Aunque este indicador está limitado al ser solamente una fotografía de la distribución de ingresos (Galindo y Ríos, 2015), sirve para ilustrar que Nuevo León sigue lejos de tener una distribución equitativa.

Gráfica 7. Carencia social por grupo prioritario en Nuevo León, 2018,
Fuente: Coeficiente de GINI por entidad federativa, Coneval, 2018 *En 2016 hubo un cambio de metodología (Modelo Estadístico para la continuidad del MCS-ENIGH 2016 y 2018) y los valores, son comparables hasta cierto grado

En Nuevo León, la desigualdad es alta y hay una gran concentración de riqueza en las clases altas. Esto se refleja en una distancia de ingresos no solamente entre los más ricos y los más pobres, sino inclusive entre los más ricos y el resto. En concreto, el 10 % de la población más rica (ubicada en el decil X) gana casi 21 veces más que el 10 % de la población más pobre (decil I). De hecho, para tener el ingreso del decil más rico, se tendrían que sumar los ingresos de los cuatro previos (VI, VII, VIII y IX), mientras que, si se suman los ingresos de los cinco deciles más bajos, se llega apenas a la mitad de lo que gana el 10 % más rico (gráfica 8). Esta desigualdad en el ingreso se profundiza en términos de acceso a la riqueza, ya que quienes cuentan con bienes u otros medios para sostener su estilo de vida tienen más posibilidades de acceder a oportunidades y a privilegios en ámbitos sociales y políticos (Vázquez y Dovalí, s.f.)

Gráfica 8. Diferencia de ingreso promedio trimestral per cápita entre deciles
Fuente: ENIGH, INEGI, 2018

Cuando estas diferencias históricas en los ingresos no son compensadas por políticas públicas orientadas a la generación de mayores oportunidades, afectan otros ámbitos de la vida de las personas, como las condiciones de salud o la educación, que son básicas del desarrollo. El índice de desarrollo humano (IDH) (PNUD, 2019) mide precisamente la interacción entre estas tres variables y, a nivel nacional, Nuevo León es el tercer estado con mejor desempeño, empatado con Baja California Sur (gráfica 9).

Gráfica 9. Índice de desarrollo humano por entidad federativa
Fuente: Índice de Desarrollo Humano, GlobalDataLab, 2018

El desarrollo desigual de las regiones del estado se refleja nuevamente en el IDH, pues la región metropolitana muestra mejor desempeño, con un índice similar al de la Ciudad de México, y la región sur es la de desempeño más bajo, con niveles similares a Chiapas, el estado con menor IDH en el país. Los cinco municipios con mejor desempeño están en el área metropolitana y los de menor están en la región sur (gráfica 10). A más lejanía de la zona metropolitana, las oportunidades de vida de las personas en Nuevo León se van reduciendo y los obstáculos incrementando.

Gráfica 10. Índice de desarrollo humano por regiones del estado
Fuente: IDH, PNUD, 2014

Si bien Nuevo León es de los estados con menores índices de pobreza, rezago y mejor desempeño en movilidad social e IDH, se está lejos de la aspiración ideal, sobre todo en zonas específicas del estado. Además, como en otros problemas sociales, la desigualdad de oportunidades está más acentuada en personas que integran grupos específicos de la población: nacer en condiciones de pobreza, ser mujer, ser indígena, tener padres sin educación primaria, tener alguna discapacidad o ser migrante son todos elementos que disminuyen las probabilidades de tener movilidad social. Cuando estos factores se cruzan, por ejemplo, ser mujer indígena migrante con padres sin educación primaria, las probabilidades son mucho menores en comparación con el promedio.

En términos educativos, en México, el ser una persona indígena, de piel morena u oscura da más probabilidades de tener primaria incompleta, mientras que da menos posibilidades para tener acceso a educación superior. Asimismo, el ser una persona hablante de lenguas indígenas implica mayores probabilidades de tener empleos manuales y de baja calificación, principalmente para las mujeres. Aunque es también poco probable que una persona hablante indígena consiga ser empleador o estar en el sector de servicios, para las mujeres hablantes de alguna de estas lenguas estas probabilidades son nueve veces mayores a los hombres de nunca conseguir este tipo de empleo. Por último, en cuanto a la riqueza, es mucho más probable que una persona indígena, de piel morena u oscura pertenezca al quintil más bajo de riqueza, que al más alto. De hecho, la variable que más probabilidad otorga a que una persona esté en el quintil más bajo es que hable una lengua indígena (Oxfam, 2019).

A la acumulación de desventajas sociales, hay que agregar el factor geográfico: las opciones de movilidad social varían en zonas del país y, por lo tanto, “el lugar en donde se nace resulta determinante” (CEEY, 2019; Espinosa y Torche, 2010). La región norte del país, de la cual forma parte Nuevo León, es la región con mayor movilidad social, pues solamente el 23 % de las personas que nacieron en el quintil más pobre permanecieron ahí toda su vida, en contraste con 67 % para la región sur del país (gráfica 11) y, además, hay 31 % de probabilidades de que la desigualdad de oportunidades se refleje en la desigualdad económica, en comparación con el 46 % del promedio nacional (gráfica 13).

Gráfica 11. Persistencia en el grupo más pobre frente a movilidad económica ascendente por región (% de personas)
Fuente: Informe de Movilidad Social en México 2019, CEEY, 2019

Sin embargo, persisten características que segregan y discriminan (gráfica 12): hablar una lengua indígena incrementa en más del doble la desigualdad de oportunidades y es la región en donde el tono de piel y tener padres indígenas tienen mayor peso como factores que explican la desigualdad de oportunidades en comparación con el resto del país (CEEY, 2019).

Gráfica 12. Factores determinantes de la desigualdad de oportunidades, por región
Fuente: Informe de Movilidad Social en México 2019, CEEY, 2019

Violación de derechos, discriminación y violencia

Vivir en condiciones de pobreza y con pocas oportunidades de modificar las condiciones de vida implican también una mayor exposición a la discriminación, la vulneración de derechos y, en consecuencia, a la violencia e inseguridad [3] (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s. f.). Ahora, vivir violencia o vivir en un entorno violento actúa directamente en contra de la calidad de vida de las personas.

La violación de derechos a una persona sucede cuando el Estado “incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s. f.).

Las consecuencias de la vulneración de derechos van desde la exclusión de servicios y espacios, hasta la generación de conflictos. La falta de vivienda, alimento, justicia laboral, entre otros, puede dar lugar a desplazamientos forzosos, enfrentamientos entre grupos, repercusión en el estado de salud de las personas e inclusive puede contribuir a la violación de otros derechos humanos. Por ejemplo, cuando el derecho a la educación se ve vulnerado y una persona es analfabeta, la probabilidad de que ejerza su libertad de expresión es menor.

El punto de partida de esta vulneración muchas veces viene por la discriminación o la negación de la identidad: “degradación, deshumanización, instrumentalización, humillación y no reconocimiento… estos conceptos apuntan a formas en que entendemos que los seres humanos son violados en su dignidad. Las violaciones de la dignidad humana son provocadas por prácticas y condiciones concretas; algunos comúnmente reconocidos, como la tortura y la violación, y otros más controvertidos, como la pobreza y la exclusión” (Webster, Kaufmann, Kuch & Neuhauser, 2010).

El respeto de los derechos no es igual para todas las personas en Nuevo León (gráfica 13) y son las personas trans, homosexuales e indígenas las que menos respeto reciben (Enadis, 2017).

Gráfica 13. Porcentaje de personas en Nuevo León que consideran que los derechos se respetan “mucho” o “algo” por grupo poblacional

Fuente: Enadis, INEGI, 2017

El respeto de los derechos se traduce en su ejercicio y, cuando se les vulnera, se niega la posibilidad de ejercer el derecho. En Nuevo León, al menos a una de cada 10 personas perteneciente a grupos prioritarios se les han negado injustificadamente sus derechos, siendo las mujeres indígenas y los hombres adultos mayores o con alguna discapacidad los que más han experimentado esta situación (gráfica 14). La negación de estos derechos sucede en ámbitos básicos como la atención médica hasta en el acceso a oportunidades para la mejora de la condición económica, como el acceso a créditos. Las consecuencias no se limitan a coartar sus oportunidades de mejora en el largo plazo, sino que ponen en riesgo su vida misma.

Gráfica 14. Porcentaje de personas en Nuevo León a las que se les ha negado injustificadamente uno o más derecho, según grupo poblacional y género
Fuente: Enadis, 2017 y Endosig, 2018 * La información sobre las poblaciones LGBTTTIQ+ es a nivel nacional.

Al desglosar la vulneración de derechos por grupo prioritario se encuentra que, en Nuevo León, cerca de la mitad de las personas adultas mayores y de hombres con discapacidad, así como a un tercio de las mujeres adolescentes, se les ha negado la recepción de ayuda de programas sociales. Además, al 41 % de mujeres con discapacidad, 39 % de mujeres adolescentes y al 22 % mujeres adultas mayores se les ha negado la atención médica o medicamentos. Al 82 % de las mujeres indígenas se les ha negado el acceso a programas sociales y al 40 % de los hombres la posibilidad de estudiar o seguirlo haciendo. A la mitad de los hombres adultos mayores se les niega la oportunidad de trabajar y en todos los grupos prioritarios se presenta una negación de atención en oficinas gubernamentales a entre 10 y 30 % de su población (Enadis, 2017). Para las poblaciones LGBTTTIQ+, a nivel nacional, la violación a sus derechos está relacionada con su participación en sociedad: entrada o permanencia en algún negocio privado, oportunidad de trabajar o ascender, y el acceso a la justicia (Endosig, 2018).

La vulneración de derechos se entrelaza con problemáticas sociales que vive cada uno de los grupos prioritarios aquí destacados. Las principales problemáticas de cada grupo están relacionadas con su identidad, caracterización y los prejuicios que se asigna a cada grupo para poder acceder a un goce pleno de sus derechos. Para las poblaciones LGBTTTIQ+, a nivel nacional, los principales problemas que dicen enfrentar tienen que ver con violencia por prejuicios, discriminación tanto en escuela como en trabajo y falta de apoyo familiar (Endosig, 2018) [4] .

Las principales dificultades a encarar por las personas indígenas también tienen que ver con su identidad –falta de respeto a sus costumbres, así como discriminación por lengua y apariencia– y con obstáculos para obtener capacidades que les den autosuficiencia económica –falta de oportunidades para estudiar, falta de atención médica, así como, para las mujeres, falta de recursos económicos básicos y de programas de apoyos gubernamentales–. En el caso de las poblaciones indígenas, dada su ubicación geográfica, es posible identificar que hay cuestiones estructurales –infraestructura, servicios, medio ambiente– que comparten y obstaculizan su desarrollo colectivo: falta de servicios básicos como agua o luz; explotación de recursos naturales sin su consentimiento y falta de apoyo al trabajo (Enadis, 2017).

Además, aunque el 74 % de los hombres indígenas percibe ingresos por trabajo, hay una clara exclusión de las mujeres del ámbito laboral: 60 % no trabaja y 45 % no recibe ingresos, lo cual les pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Además, solamente el 9.5 % de los hombres y 7.4 % de las mujeres indígenas tienen pensiones (Enadid, 2018).

En el caso de las personas adultas mayores (PAM), sus principales problemáticas están relacionadas con la capacidad de ser económicamente autosuficientes: su pensión no alcanza para necesidades básicas o inclusive no tienen pensión, o no encuentran oportunidades laborales (Enadis, 2017). Las personas con discapacidad identifican como sus principales retos tres aspectos que les limitan de participar plenamente en sociedad: tener acceso a tratamientos y cuidados, encontrar oportunidades de empleo, y, finalmente, poder desplazarse en la ciudad por falta de infraestructura y medios de transporte adecuados.

Estas problemáticas están directamente relacionadas con las características de los ingresos, tanto de las PAM como de personas con discapacidad. Para ambos grupos, en Nuevo León, la principal fuente de sostenimiento es la pensión, pero no llega ni a la mitad de los hombres y apenas a un tercio de las mujeres. Para las PAM, apenas el 40 % de los hombres se mantiene por empleo, mientras que en las mujeres esa fuente ni siquiera figura entre las principales (Enadis, 2017); en el caso de las personas con discapacidad apenas el 33 % de los hombres y 17 % de las mujeres tienen empleo y, en cambio, hay un 16 % de hombres y 32.5 % de mujeres que no reciben ingresos (Enadid, 2018).

Hay un estado de dependencia de las PAM principalmente de sus familias y en el caso de las personas con discapacidad también de programas gubernamentales. Esta situación es preocupante pues estos dos grupos tienen necesidades de salud cuyo costo es mayor, en promedio, al del resto de la población.

Las personas adolescentes y jóvenes perciben que los obstáculos que enfrentan tienen que ver con sus posibilidades de futuro: el primer lugar lo ocupan tanto para hombres como mujeres las adicciones, seguidas de la falta de oportunidades para seguir estudiando y, para las mujeres el embarazo en la adolescencia y, para los hombres, la violencia e inseguridad (Enadis, 2017).

La educación es una de las principales herramientas para tener movilidad social y, sin embargo, en Nuevo León cuando las personas adolescentes y jóvenes dejan de estudiar es por la imposibilidad de cubrir el costo de sus estudios, o bien, la necesidad de aportar ingresos para cubrir las necesidades de su hogar. Es decir, se da un círculo en el cual una de las herramientas para terminar con la problemática de bajos ingresos, la educación, no puede ser adquirida precisamente por la necesidad urgente de atender la carencia de recursos económicos. Esta dinámica termina trascendiendo generaciones. En el caso de las mujeres se incrementa esta condición por situaciones derivadas de los roles tradicionales de género: el embarazo adolescente y el cuidado de familiares.

Como se ve en el caso de adolescentes y jóvenes, una de las principales consecuencias de las problemáticas que enfrentan los grupos prioritarios es la de la obtención de ingresos suficientes para ser autosuficientes y poder acceder a mejores condiciones de vida.

El que los grupos prioritarios enfrenten condiciones de precariedad y exclusión diferenciados del promedio de la población apunta, tanto a que hay una mayor propensión a vulnerar sus derechos como a que sea más difícil ejercer otros. Asimismo, apunta a dinámicas de discriminación que perpetuan las condiciones de precariedad y exclusión que se dan desde los espacios más íntimos, como la familia, hasta los espacios públicos, como las calles y el transporte público. Además, y en la lógica interseccional, el cruce entre ser mujer y pertenecer a otro grupo prioritario signfica mayor discriminación.

A nivel nacional, más del 80 % de las personas LGBTTTIQ+ tuvieron que esconder su orientación sexual y su identidad de género a su familia, en la escuela y en su vecindario. Además, casi la mitad ha sufrido discriminación en sitios religiosos y una de cada tres personas ha sido discriminada en la calle, transporte público y en redes sociales e inclusive en sus familias (gráfica 15). Al desglosar por identidad de género y orientación sexual, se encuentra que las personas trans y las personas con otra identidad de género no normativa son quienes más discriminación y en más ámbitos experimentan (Endosig, 2018).

Gráfica 15. Porcentaje de personas de poblaciones LGBTTTIQ+ según ámbitos en los que han sufrido discriminación (nacional)
Fuente: Endosig, INEGI, 2018

Ni el espacio privado ni el público son completamente seguros para estos grupos, pues viven discriminación en ambos. En el caso de las PAM, la discriminación que viven los hombres alcanza su punto más alto en la calle (20 %), seguido por el trabajo o escuela (9 %), pero para las mujeres la proporción es mayor: 42 % son discriminadas en su ambiente familiar; 29.3 %, en la calle o en el transporte público; y 16 %, en servicios médicos. Una situación similar se da con las mujeres con discapacidad, pues casi la mitad son discriminadas en sus familias y en la calle o transporte público, mientras que una de cada 10 vive discriminación en el trabajo, escuela y servicios médicos. Los hombres con discapacidad son discriminados principalmente en oficinas de Gobierno y en el transporte. Esta discriminación refleja prejuicios como la creencia que tiene el 20 % de la población en Nuevo León de que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo (Enadis, 2017) que, a pesar de estar por debajo de la media nacional (24.5 %), no deja de ser significativa.

Las personas indígenas son discriminadas tanto en espacios públicos como privados, particularmente en el trabajo y la educación. En este grupo poblacional, los contrastes entre hombres y mujeres son muy marcados pues estas últimas experimentan casi tres veces más discriminación en lo laboral que los primeros. Además, esta población tiene que lidiar también con prejuicios sociales que coartan sus posibilidades de ejercer plenamente sus derechos: 32.4 % de las personas en Nuevo León consideran que la pobreza de las personas indígenas es producto de su cultura (Enadis, 2017).

Los prejuicios tienen consecuencias claras sobre conductas de exclusión. En Nuevo León, un 75 % de las personas expresan rechazo a la admisión de más migrantes en el país (Así Vamos, 2019). Además, en tiempos de desempleo, un 18 % dice que debe negarse el trabajo a personas extranjeras (Enadis, 2017) y un 50 % reporta que no debe ayudarse ni siquiera a migrantes en tránsito a Estados Unidos. El rechazo a las diferencias pone a las personas, como los migrantes, en posiciones de alta vulnerabilidad, pues, por ejemplo, vuelve el ejercicio del derecho humano al libre tránsito una experiencia susceptible de abuso y de violencia.

La calle, redes sociales y trabajo o escuela son los principales espacios de discriminación para adolescentes y jóvenes, lo cual refleja la percepción de seis de cada 10 personas en Nuevo León, que les considera irresponsables (Enadis, 2017).

La discriminación y las agresiones verbales, empiezan desde la niñez: 16.9 % de niños y niñas en Nuevo León dicen haberse sentido mal por comportamientos de sus compañeros o compañeras. El nombre, la vestimenta, los gustos y la forma de hablar son los principales motivos que hicieron sentir mal a niños y niñas en Nuevo León, siendo llamativo que, para los niños, el 58 % indica el peso o estatura como razón (Enadis, 2017).

La discriminación, los prejuicios y la exclusión son formas de violencia (gráfica 16). Por ejemplo, los niños y niñas de Nuevo León manifiestan que, en sus hogares, 21.3 % de los niños y 7.4 % de las niñas fueron insultados o molestados; a 19.6 % de los niños y 8 % de las niñas les hicieron sentir miedo; 16.7 % de los niños y 5.7 % de las niñas fueron empujados o golpeados (Enadis, 2017).

Gráfica 16. Porcentaje de niños y niñas según experiencias de discriminación y violencia en el hogar, Nuevo León
Fuente: Enadis, INEGI, 2017

La violencia se presenta desde el ámbito más íntimo a los entornos sociales y desde lo verbal hasta lo físico. La violencia puede ser definida como “el uso intencional de fuerza física o poder, amenazado o real, contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o comunidad, que resulte o tenga una alta probabilidad de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación” (OMS, 2002).

Los factores que dan pie al surgimiento de la violencia incluyen ámbitos sociales y personales, de forma que, cuando se cruzan entre sí y con elementos como el aislamiento, se incrementan las probabilidades de la violencia. Por lo tanto, comunidades que están mayoritariamente expuestas a condiciones de precariedad, marginación o privación de derechos –como lo son los niños, niñas y jóvenes; mujeres, personas de bajos ingresos o indígenas y migrantes– son desproporcionadamente afectadas por diversos tipos de violencia.

Al interior de los hogares, existen ejercicios de violencia que manifiestan relaciones de poder, principalmente hacia las mujeres [5] y hacia los niños y niñas. En Nuevo León un 4.5 % de la población considera justificable disciplinar a niños o niñas con golpes, situación que le ubica por debajo de la media nacional (Enadis, 2017). Sin embargo, en la región noreste, a la cual pertenece el estado, seis de cada 10 niñas y niños entre uno y 14 años experimentó métodos de disciplina violentos [6] (gráfica 17), lo cual indica que estos métodos prevalecen a pesar de no ser declarados abiertamente (UNICEF, 2015). La aplicación de estos métodos se dio en todos los niveles socioeconómicos del estado y puede tener consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo y el autoestima de los menores de edad. 

Gráfica 17. Porcentaje de niños y niñas entre 1 y 14 años que experimentaron métodos violentos de disciplina (psicológico o físico) por región
Fuente: Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, UNICEF, 2015

En el país, entre 2013 y 2017 ocurrieron 381 asesinatos a personas LGBTTTIQ+ motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, de los cuales 16 ocurrieron en Nuevo León. Más de la mitad de las víctimas de los asesinatos ocurridos en el país fueron mujeres trans, lo cual evidencia la grave situación de vulnerabilidad y violencia que enfrentan estas personas en el país (Letra S, 2018).

En Nuevo León, hay un 20 % de la población que considera que las opiniones de las personas homosexuales no deberían tomarse en cuenta para la toma de decisiones gubernamental (gráfica 18). Sin embargo, es fundamental tomar en cuenta la perspectiva y problemáticas que viven estos grupos a partir de la la participación en la toma de decisiones públicas para asegurar que las políticas públicas y decisiones gubernamentales atiendan a sus necesidades. Otra alternativa es la visibilización de su perspectiva y sus problemáticas en las discusiones gubernamentales.

Gráfica 18. Porcentaje de personas en Nuevo León que consideran que la opinión de los siguientes grupos poblacionales debe de tomarse mucho o algo en cuenta en las decisiones de Gobierno
Fuente: Enadis, INEGI, 2017

Identificar los factores que contribuyen a que una persona tenga o viva comportamientos violentos es un paso inicial para poder construir medidas que contrarresten sus efectos y van desde la desigualdad, hasta las características físicas y condiciones del entorno en el que se vive, de la calidad de relación que tengan las personas que les rodean, condiciones laborales o presencia de elementos de discriminación y segregación (Abad, 2006; Culross, Cohen, Wolfe, Ruby, 2006; Abt, Battman, Magaloni & Tobón, 2018; OMS, 2012). Además, la combinación de factores de riesgo, frecuencia y gravedad influye en el desarrollo de comportamientos violentos (Plichta, 2004).

La violencia varía en sus manifestaciones de acuerdo con los niveles en que se presentan los siguientes atributos: nivel esperado de letalidad; si la ubicación es privada o pública; el número de individuos involucrados; el nivel de planificación; si la motivación subyacente es expresiva [7] o instrumental [8] ; y la frecuencia con la que ocurre (Abt, 2016).

Esto implica que la violencia no puede ser explicada por un solo factor y, precisamente porque la violencia se manifiesta en tantas formas, es que su prevención es tan difícil de diseñarse: no hay una sola estrategia o una sola acción que asegure que la violencia se evita. Por el contrario, se requiere de una amplia inversión de recursos, personas, liderazgos y compromisos (Instituto de Prevención, 2006) en una multitud de ámbitos: educación, salud, entorno urbano, cultura, entre otros.

La prevención de la violencia son las “acciones para reducir los factores que conducen a la violencia y la delincuencia en general, para evitar que se manifiesten e intervenir cuando ya ocurrieron, mientras se implementa la rehabilitación adecuada y la reintegración social” (PNUD, 2014). Por lo tanto, se vuelve un aspecto elemental de la construcción de espacios seguros y óptimos para el desarrollo integral de las personas. Ahí donde existen políticas de salud, económicas, educativas y sociales que promueven la igualdad económica y social la violencia se inhibe (OMS, 2002).

Por lo tanto, una buena parte de los objetivos y líneas estratégicas abordados por este Plan están orientados a prevenir condiciones de violencia. La mejora de la situación laboral, la creación de oportunidades para reducir pobreza e incrementar la movilidad social, el incremento de la calidad educativa, la provisión de servicios de movilidad más eficientes y asequibles, así como el impulso al derecho a la expresión artística y la reducción de la discriminación, entre otros, son condiciones que van creando un entorno y oportunidades para disminuir los riesgos de violencia en todas sus dimensiones.

Mujeres

A pesar de constituir la mitad de la población mundial, históricamente las mujeres han vivido en condiciones de desigualdad con respecto a los hombres independientemente de su cultura o país: el acceso a derechos básicos –tales como el voto, el salario, el acceso a servicios financieros– en la mayoría del mundo fue alcanzado hace menos de un siglo. Por lo tanto, todavía la mayoría de las mujeres viven en entornos culturales y sociales que naturalizan las situaciones de discriminación y exclusión e incluso se asumen roles predeterminados de género, tales como pensar que las mujeres son el sexo débil, son frágiles o no pueden (ni deben) participar en política o negocios.

Esto conlleva a que las mujeres sean sujeto de distintos tipos de violencias desde que nacen. La violencia contra la mujer es “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (ONU, 1993).

Estos tipos de violencia se relacionan entre sí y hay una alta probabilidad tanto de que sucedan de forma simultánea, como de que una mujer experimente más de un tipo de violencia a lo largo de su vida. Las consecuencias de experimentar estas violencias también son múltiples, pues afectan su salud, su capacidad de tener independencia económica y pueden resultar incluso en la muerte.

A nivel mundial, la forma más común de violencia contra las mujeres es infligida por su pareja y el Banco Mundial ha calculado que las mujeres entre 15 y 44 años corren más riesgo de ser violadas o maltratadas en su casa que de sufrir cáncer o algún accidente.

Para contrarrestar esta tendencia se ha avanzado en legislación que condena y busca eliminar la violencia contra niñas y mujeres, así como prácticas y discursos discriminatorios que limitan las capacidades de las mujeres. Sin embargo, América Latina y el Caribe es la región que más feminicidios tiene a nivel mundial (CEPAL, s. f.).

Como ha sido enunciado por la Agenda 2030 de la ONU, la igualdad de género es fundamento esencial para poder tener un mundo pacífico, próspero y sostenible (ONU, 2020). Se requiere de políticas públicas con perspectiva de género que integren y den oportunidades a las mujeres para poder erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y tener mejores condiciones de paz, lo que tendrá consecuencias positivas para los hombres de igual manera.

Así como en otros grupos prioritarios, las dinámicas de exclusión y desigualdad inician con la negación o violación de derechos fundamentales que coartan la posibilidad de que las mujeres realicen actividades básicas. En Nuevo León, a 40 % de las mujeres se les ha negado el recibir apoyo de programas sociales, mientras que a un 33.9 % se les negó la atención médica o medicamentos y a 18.2 % la oportunidad de trabajar o tener algún ascenso (Enadis, 2017) (gráfica 19).

Gráfica 19. Principales derechos negados injustificadamente a las mujeres (NL)
Fuente: Enadis, INEGI, 2017

Los problemas que más mujeres enfrentan en Nuevo León son la delincuencia e inseguridad (33.3 %), violencia (23.4 %) y dificultades para combinar la vida familiar con la laboral (12.2 %) (Enadis, 2017). Estos problemas reflejan vulnerabilidad desde el ámbito más íntimo hasta el más público (gráfica 20).

Gráfica 20. Porcentaje de mujeres según los principales problemas que enfrentan en el país, Nuevo León
Fuente: Enadis, INEGI, 2017

Estas problemáticas van de la mano con dinámicas de discriminación en estos ambientes. Puntualmente, en Nuevo León, 17.5 % de las mujeres mencionan haber sido discriminadas en el transporte público o la calle, mientras que 16.9 % lo fueron en el trabajo o escuela (gráfica 21).

Gráfica 21. Porcentaje de mujeres según ámbitos en los que han sufrido discriminación, Nuevo León
Fuente: Enadis, INEGI, 2017

La discriminación se traduce en condiciones laborales diferenciales. En México, solamente el 44.95 % de las mujeres participan en la economía (gráfica 22), una diferencia de casi la mitad con respecto a los hombres (Sistema de Indicadores de Género, 2018).

Gráfica 22. Tasa de participación económica de la población de 15 años y más de edad en Nuevo León, según sexo
Fuente: Sistema de Indicadores de Género, Inmujeres, 2020

En Nuevo León, el número de hogares con jefatura femenina ha aumentado de 19.5 a 23.6 % entre 2010 y 2015 (gráfica 23), ubicándose por debajo de la media nacional. Aunque ha incrementado la participación femenina en la economía, sigue existiendo una gran mayoría de hogares en los cuales las mujeres son dependientes económicos. Además, en México, muchas de las mujeres que se incorporan al mercado laboral no logran encontrar empleo, o bien, consiguen empleos de baja calidad. Como se verá en el capítulo de desarrollo económico con más detalle, en Nuevo León, hay casi 10 % más mujeres que trabajan en la informalidad con respecto a los hombres y, en términos de ingresos, la mitad de las mujeres gana hasta dos salarios mínimos, mientras que esto es así para el 34 % de los hombres (ENOE, 2020). Inclusive desempeñando el mismo trabajo, al menos 15.7 % de las mujeres han identificado que les den menor paga respecto a un hombre (Enadis, 2017).

A esto hay que añadir que las mujeres son las principales proveedoras de cuidado y que, inclusive cuando ambos tienen un empleo remunerado, realizan 13 horas laborales más (promedio nacional) que los hombres por su carga de labores domésticas, las cuales no están remuneradas (García y Rodríguez, 2018). Esta situación es reflejo de los roles de género que impone la sociedad sobre las personas, por ejemplo, más del 20 % de los hombres mayores de edad en Nuevo León están de acuerdo en que las mujeres participen en quehaceres del hogar más que ellos (ENADIS, 2017).

Gráfica 23. Porcentaje de hogares con jefatura femenina, nacional y Nuevo León
Fuente: Censo y conteo de población y vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Aunque la mayoría de las jefaturas en hogares son masculinas, esta situación se revierte drásticamente cuando se analiza los hogares monoparentales, pues ahí el 85% a nivel nacional y el 79 % en Nuevo León presentan jefatura femenina (ENIGH, 2015). Esto refuerza la tendencia de la mujer a ser la principal responsable de cuidados de hijos e hijas.

Para que la mujer jefa de hogar monoparental pudiera desempeñarse profesional y personalmente de forma plena, requeriría de contar con condiciones salariales equitativas a los hombres, así como prestaciones laborales y sociales que aseguraran su bienestar y el de sus hijos e hijas. Sin embargo, Nuevo León es el estado con menor acceso a guarderías o cuidados maternos para madres de familia ocupadas, lo cual pone en riesgo tanto a los niños y niñas, como a la seguridad de ingreso de las mujeres. A pesar de que la situación a nivel nacional no es alentadora, pues el estado con mejores oportunidades, Tamaulipas, apenas tiene cobertura del 37.74 %, Nuevo León tiene las peores condiciones pues tan solo 12 % de las madres ocupadas tiene acceso (ENOE, 2020).

Estas condiciones de discriminación y vulnerabilidad llegan a tomar la forma de violencia para la mayoría de las mujeres en el mundo. Como se dijo previamente, la violencia contra las mujeres y niñas es una violación a los derechos humanos extendida y arraigada, con manifestaciones en todos los ámbitos de su vida. En México, diariamente nueve mujeres son asesinadas (ONU Mujeres, 2017) y aproximadamente seis de cada 10 ha enfrentado violencia y cuatro han sido víctimas de violencia sexual (Endireh, 2016).

En Nuevo León, 59.26 % de las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida (gráfica 24) y una tercera parte de ellas ha sido víctima de violencia por parte de su pareja (gráfica 26) (Endireh, 2016) .

Gráfica 24. Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más, a lo largo de su vida
Fuente: Endireh, INEGI, 2016

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define a la violencia familiar como “un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño.” (CNDH, 2018).

En Nuevo León, este es el delito con más denuncias, 51 % del total recibidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (Semáforo delictivo, 2020) y es el sexto estado con más denuncias por violencia familiar por cada 100,000 habitantes con 295.3, muy por encima del promedio nacional de 159.9 (Gráfica 25). 

Gráfica 26. Denuncias por violencia familiar por cada 100,000 habitantes por entidad federativa, 2019
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), 2019

Además, aunque ha bajado la incidencia desde 2016, los niveles de denuncias siguen muy por encima de los niveles de 2011 (FGJNL, 2020). La evidente problemática de la violencia familiar en Nuevo León afecta principalmente a las mujeres, puesto que ellas han sido el 83 % de las víctimas de este delito (PGJNL, 2015), el cual representa el 86.16 % del total de delitos cometidos contra mujeres (FGJNL, 2019; UNODC, 2019).

La evidencia sobre el efecto que tiene la violencia familiar en las víctimas sugiere que hay un “ciclo de la violencia” en el cual, las personas que han sufrido o han sido testigos de violencia familiar, aprenden de dicho modelo y aumentan drásticamente sus probabilidades de convertirse en víctimas de otros tipos de violencia o, incluso, en sus perpetradores (OSJ, 2020). Por lo tanto, una consecuencia de la violencia familiar es la repetición de patrones violentos de las propias víctimas hacia otras personas dentro y fuera del ámbito familiar (Sánchez-Morago, 2018). La atención y prevención de este tipo de violencia incidirá en las probabilidades de que otras formas de violencia ocurran en la sociedad. 

Además de la violencia familiar o de pareja, hay otros tipos de violencia que viven las mujeres en Nuevo León (gráfica 26): 26.9 % ha sufrido maltrato en su último parto; 22.6 %, en el ámbito comunitario; 18.4 %, en su vida escolar; y 8 %, en su ambiente laboral (Endireh, 2016).

Gráfica 27. Porcentaje de mujeres con incidentes de violencia en diferentes ámbitos de su vida
Fuente: Endireh, INEGI, 2016

La expresión máxima de la violencia contra las mujeres es el feminicidio [9], el cual es definido en el Código Penal de Nuevo León como el privar de la vida a una mujer por razones de género. En 2019, Nuevo León fue la cuarta entidad con mayor incidencia de feminicidios, con 67, después del Estado de México, Veracruz y Ciudad de México (gráfica 28). Como señal de la gravedad de este fenómeno en Nuevo León, en 2016 fue declarada la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida para cinco municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Juárez y Monterrey.

Gráfica 28. Incidencia de feminicidios, por entidad federativa, 2019
Fuente: SESNSP, 2019

Estas condiciones de violencia repercuten en las mujeres vía un condicionamiento de su desempeño educativo, generando consecuencias psicológicas y de relaciones sociales, limitando su acceso a oportunidades laborales y de ejercicio de su libertad, además de las claras consecuencias sobre su salud –desde lesiones, embarazos no deseados, hasta la muerte– (OMS, 2017).

Además, estas diferentes violencias acrecientan los costos públicos y personales para satisfacer las demandas de las mujeres. Se aumentan los gastos de atención de salud y servicios jurídicos, se provocan pérdidas en la productividad de las empresas, y por ende se impacta en los presupuestos locales, regionales y nacionales, lo que al final se representa en otro obstáculo más para el desarrollo sostenible (ONU Mujeres, s. f.). Atender y prevenir las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres es más factible cuando ellas forman parte del proceso de toma de decisiones públicas: en la medida en que existe su perspectiva y una referencia de las circunstancias particulares y diferenciadas que ellas viven, es más probable que las decisiones tomen en cuenta estos factores para el diseño de políticas públicas.

Por lo tanto, la participación política de la mujer es un requisito para la democracia, no sólo como un procedimiento para ocupar espacios de poder, sino para ampliar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas y abordar los problemas desde distintas perspectivas para encontrar mejores soluciones. Políticas como cuotas de género y paridad electoral han contribuido al avance en la participación de la mujer en espacios de toma de decisiones públicas, sin embargo, todavía no existe la paridad político electoral en el mundo (ONU Mujeres, 2018).

A nivel nacional, gracias a políticas como las mencionadas, la participación de la mujer en el poder legislativo ha aumentado hasta llegar a tener representación equitativa en la Cámara de Diputados en 2018. Sin embargo, las condiciones de paridad no se reflejan en, por ejemplo, el número de alcaldías o gubernaturas ocupadas por mujeres y no ha habido una presidenta en la historia de México.

Solo dos de las 32 gubernaturas de las entidades federativas en México son ocupadas por mujeres. En Nuevo León, ninguna mujer ha sido gobernadora y solo nueve de 51 alcaldías en el estado están presididas por mujeres (Inmujeres, 2020). En el Congreso local, en contraste con otros a nivel nacional, sí hay paridad en su composición (gráfica 29).

Gráfica 29. Porcentaje de mujeres en las legislaturas estatales
Fuente: legislaturas estatales entre 2016 y 2022, Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, Inmujeres, 2020.

Problemas públicos

Como se pudo ver a lo largo de este capítulo, a pesar de tener un mejor desempeño que el promedio nacional, en Nuevo León existen factores que limitan las oportunidades de las personas para desarrollar las capacidades que les permitan tener una buena calidad de vida. Específicamente, en el estado persiste la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas. En términos de pobreza, existe una particular necesidad de atender las condiciones básicas para poder subsistir, como lo es la alimentación, y para tener redes de protección ante la imposibilidad de trabajar, por medio de la seguridad social. Por otro lado, existen condiciones que limitan las capacidades de las personas y bloquean la movilidad social, lo cual conduce a un incremento de las disparidades y una mayor desigualdad en el tiempo. A la larga, estas brechas generan costos individuales –tanto en salud, seguridad, calidad de vida– así como sociales –menor productividad, competitividad e innovación en el estado, así como menor crecimiento–. En la medida en que no exista igualdad de oportunidades, el estado estará limitando su propia capacidad de mejorar.

Existen, además, condiciones que agravan la desigualdad y, en consecuencia, la pobreza, la propensión a ser víctima de violencia y otro tipo de situaciones de desventaja social y económica. Esto implica que, en términos prácticos, hay distintas categorías de ciudadanía y que las personas en Nuevo León no gozan de las capacidades y oportunidades equitativas para alcanzar una vida plena por motivo de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, condición de discapacidad, condición social o económica, de salud, orientación sexual u otras características personales.

Inclusive, las mujeres, a pesar de representar la mitad de la población, enfrentan patrones históricos determinantes de condiciones de discriminación, exclusión y violencia que provocan que las mujeres tengan menos oportunidades laborales, mayor responsabilidad social, menores ingresos y mayor riesgo de violencia que los hombres. Es decir, las mujeres no cuentan con un acceso a oportunidades equitativas para vivir una vida plena y libre de violencias.

Aspiración

Nuevo León estará integrado por una sociedad incluyente, compasiva y participativa en la que todos gozarán de altos niveles de calidad de vida.

Esto se logrará a través de la promoción de la cultura y valores, así como del desarrollo de habilidades y herramientas innovadoras que permitan, en conjunto, empoderar a los individuos, erradicar la pobreza y ofrecer atención especial a los grupos más vulnerables.

Objetivos y líneas estratégicas

Uno de los principales problemas percibidos en el presente capítulo es el de las desigualdades que enfrentan miles de neoloneses y que es necesario poner al centro de la planeación gubernamental para alcanzar el bienestar de las personas que habitan el estado. Por lo tanto, en línea con el ODS 1 Fin de la pobreza y el ODS 10 Reducción de las desigualdades, el primer objetivo de este capítulo es:

Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas.

Para lograrlo, se proponen tres líneas estratégicas:

1. Reducir la proporción de personas que viven en la pobreza y erradicar la pobreza extrema en el estado, con especial énfasis en la alimentaria.

La pobreza es un asunto prioritario en Nuevo León, ya que los factores que la posibilitan están afectando directamente la dignidad de las personas, lo que cataliza una serie de efectos negativos que impactan en la calidad de vida de las personas y por ende en su bienestar. Esto conlleva a una limitación en el acceso y goce de los derechos y libertades de los neoloneses. Aunque el Estado es uno de los que más bajos niveles de pobreza en todas sus dimensiones, todas las personas en Nuevo León tienen el derecho de gozar de las mismas oportunidades. Adicionalmente, la pobreza alimentaria ha aumentado comparativamente con 2008 (pasando de 10.8 % a 12.2 %) y, como señala el PNUD, “el hambre y malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades” (2016), condicionando su capacidad de mejorar sus ingresos y calidad de vida. Eliminar la pobreza alimentaria equivale a garantizar nutrición y prácticas agrícolas sostenibles para el estado.

2. Reducir el porcentaje de la población en rezago social.

En cuanto a aspectos más específicos, como educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda, aunado a la seguridad social y alimentación, es necesario apuntar que, en Nuevo León, hay todavía grupos y poblaciones que sufren día a día de alguna de estas carencias. Principalmente, la carencia por acceso a seguridad social no es excluyente de algún grupo prioritario, sino que afecta a al menos una de cada tres personas, lo que posibilita que muchos otros derechos entren en detrimento. Asegurar estas cuestiones específicas es el primer paso para lograr igualdad en el Estado, pues garantizan que las personas sean capaces, por sí mismas, de proveerse de mejores condiciones de vida.

3. Reducir la desigualdad en el estado con especial énfasis en la brecha de ingresos y riqueza.

No solo es una cuestión de carencias sociales, los índices de ingresos y sus consecuentes brechas entre grupos y poblaciones son muy desiguales en el estado. El que la diferencia entre el primero y último decil sea de 20 veces es señal de alarma sobre las desigualdades. La brecha en ingresos, aunada a la brecha en riqueza, profundiza las inequidades y limita las oportunidades de las personas. Para lograr condiciones de bienestar en Nuevo León, se tendrá que poner especial énfasis en una mejor distribución del ingreso y, sobre todo, una mejor distribución de la riqueza, la cual permite a las personas enfrentar situaciones imprevistas o de gravedad. 

También en línea con el ODS 10, el segundo objetivo es:

Asegurar que todas las personas, sin distinción por su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, o cualquier otra característica personal, gocen de capacidades y oportunidades equitativas para alcanzar una vida plena

Para lograrlo, se proponen dos líneas estratégicas:

1. Garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

En Nuevo León, todas las personas, sin distinción por sus características personales, deben poder ejercer sus derechos para poder acceder a un desarrollo y bienestar plenos, atendiendo de manera especial las vulnerabilidades de cada grupo. Por ejemplo, el derecho a la identidad es particularmente vulnerado para las personas migrantes y las poblaciones LGBTTTIQ+. En el caso de las niñas y niños, se debe prestar especial atención en su derecho a una vida digna desde la primera infancia, mientras que debe respetarse la cultura de las personas indígenas. En resumen, se debe garantizar el derecho de todas las personas de participar en la vida pública, económica y social del estado.

2. Eliminar todo tipo de discriminación, con especial énfasis en la institucional.

Los grupos prioritarios en el estado enfrentan cotidianamente discriminación, inclusive por las instituciones cuya función principal es protegerles y garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos. Con esto, no solo se perpetuan los problemas de los grupos prioritarios, sino que también se incrementa la impunidad ante situaciones de abusos Por lo tanto, es importante visibilizar las necesidades particulares de cada grupo en el proceso de definición e implementación de políticas públicas.

En línea con el ODS 5 Igualdad de género, el tercer objetivo es:

Asegurar el acceso a oportunidades equitativas para que las mujeres vivan una vida plena y libre de violencias

Para lograrlo, se proponen dos líneas estratégicas:

1. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

Hay una clara desproporción entre hombre y mujeres en la vida pública, política y económica de Nuevo León y en general en México. Para poder lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los niveles es necesario primero asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y propiciar un ambiente de paz y de igualdad de derechos.

2. Facilitar y proteger la capacidad de las mujeres de acceder a capital.

Uno de los temas prioritarios para el desarrollo de las personas, y específicamente para las mujeres, tiene que ver con el acceso a capital y la riqueza. Las diferencias injustificadas en el ámbito salarial y las brechas que esto provoca, así como la dificultad para que la mujer pueda acceder a las mismas oportunidades laborales que los hombres, son barreras que limitan su desarrollo e, inclusive, su seguridad.

3. Disminuir todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.

Es prioritario que las mujeres y niñas en el estado no sufran ningún tipo de violencia en espacios públicos o privados para vivir en bienestar y desarrollar su potencial. Esto no solo será posible por medio de medidas de control y prevención de la violencia, sino que este entorno se construye eliminando la vulnerabilidad financiera, social, psicológica y física.

Referencias bibliográficas

Abad, J. M. (2006). Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género. Pan American Health Organization (OMS), Cooperación Técnica Alemana (GIZ).

Abt, T. P. (2016). Towards a framework for preventing community violence among youth. Psychology, Health & Medicine, 22(Sup1), 266-285. doi:10.1080/13548506.2016.1257815

Abt, T.; Blattman, C.; Magaloni, B.; & Tobón, S. (2018). ¿Qué funciona para prevenir y reducir la violencia entre los jóvenes? USAID, J-PAL.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2018). El México del 2018: Movilidad Social para el Bienestar. Obtenido de https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/El-M%C3%A9xico-del-2018.-Movilidad-social-para-el-bienestar.pdf

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2019). INFORME MOVILIDAD SOCIAL EN MÉXICO 2019. Obtenido de https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico-2019..pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (s. f.). ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods5_c1900675_web.pdf

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010). Evolución y determinantes de la pobreza de las principales ciudades de México, 1990-2010. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (s. f.). Medición multidimensional de la pobreza en México: Un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf

Culross, P.; Cohen, L.; Wolfe, A.; & Ruby, J. (2006). Creating Safe Environments: Violence Prevention Strategies and Programs. Prevention Institute.

Damm Arnal, A. (2019). De la pobreza: Causas y efectos. Retrieved September 21, 2020, from https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/de-la-pobreza-causas-y-efectos/

Espinosa, J. S. & Torche, F. (2010). Movilidad social en México: Población, desarrollo y crecimiento. México, D.F.: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Kaufmann, P.; Kuch, H.; Neuhaeuser, C.; & Webster, E. (2011). Humiliation, Degradation, Dehumanization. Dordrecht: Springer.

Krueger, A. (2012). The Rise and Consequences of Inequality in the United States. Obtenido de https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/events/2012/01/pdf/krueger.pdf

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s. f.). Early warning and protection of human rights in situations of conflict, violence and insecurity. Retrieved September 21, 2020, from https://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/violenceandinsecurity.aspx

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). Preguntas frecuentes sobre los Derechos Derechos Humanos ... Retrieved September 21, 2020, from https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf

Organización Internacional del Trabajo (s. f.). Facts on Social Security. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf

Organización Mundial de la Salud (2002). World report on violence and health (938907419 734122060 E. G. Krug, Ed.). Genève: Organisation mondiale de la santé.

Organización Mundial de la Salud (5 de junio 2012). Violence prevention: The evidence. Obtenido de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85671/9789275317488_spa.pdf;jsessionid=FE8FF88456641A15B382623FFE1BD463?sequence=1

Organización de las Naciones Unidas (1993). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nueva York: Naciones Unidas.

Oxfam Intermon (21 junio 2018). Por qué la desigualdad económica afecta a la movilidad social. Obtenido de https://blog.oxfamintermon.org/por-que-la-desigualdad-economica-afecta-a-la-movilidad-social/

Oxfam (2019). Por mi raza hablará la desigualdad. Obtenido de https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf

Plichta, S. B. (2004). Intimate Partner Violence and Physical Health Consequences. Journal of Interpersonal Violence, 19(11), 1296-1323. doi:10.1177/0886260504269685

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & Secretariado General del Sistema de Integración Centroamericana (2014). Strategic framework for the prevention of violence. E United Nations Development Programme (UNDP), through the Security in Central America Project SICA-UNDP-AECID.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2019: Technical notes Calculating the human development indices—graphical presentation. Obtenido de http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

Vázquez, D. & Dovalí, M. (s. f.). Análisis de la desigualdad con los nuevos datos de la ENIGH 2016. Obtenido de https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Ana%CC%81lisis%20de%20desigualdad.pdf

Wells, T. (s. f.). Sen’s Capability Approach. Retrieved September 21, 2020, from https://iep.utm.edu/sen-cap/

Notas al pie

[1] Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2008).

[2] El detalle de las carencias en salud se ven en el capítulo respectivo, al igual que el rezago educativo es abordado en detalle en el capítulo de Educación

[3] El ámbito de seguridad pública es abordado en el capítulo de Seguridad y Justicia

[4] Destaca que las mujeres bisexuales son las que mayor mención hacen a discriminación en la escuela.

[5] Abordado en la siguiente sección del capítulo

[6] Abordado en la siguiente sección del capítulo

[7] La violencia expresiva responde a condiciones precipitadas por respuestas emocionales como la ira o el enfado debido a amenazas, discusiones, insultos, agresiones físicas o fracasos personales, y se caracteriza por un ataque extremo físico contra la víctima, entendida como persona específica. Es decir, las emociones juegan un papel clave en este tipo de crímenes

[8] La violencia instrumental proviene del deseo de objetos o de estatus poseído por otra persona, la víctima, como joyas, dinero, sexo o territorios. Este tipo de violencia se produciría cuando el agresor, al tratar de conseguir su objetivo, se viera frustrado por algo o alguien. A menudo, no existe intención de dañar a nadie, aunque si algo/alguien se interfiere en su objetivo, puede sentirse forzado a ello

[9] Es importante tener en cuenta que el feminicidio no está tipificado en todos los estados del país y que varía cómo se le caracteriza, por lo cual la comparativa entre estados debe siempre ir matizada por un análisis detallado de la clasificación propia de cada uno.