Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León

El CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, órgano ciudadano cuyo fundamento jurídico se encuentra establecido en el Título Quinto de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, ha realizado una exhaustiva revisión al borrador del PLAN ESTRATÉGICO 2030, poniendo énfasis en los rubros de SEGURIDAD Y JUSTICIA, y GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENCIA. 

Derivado de lo anterior, a continuación me permito enlistar las observaciones generales del documento:

a)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que la consulta pública del PLAN ESTRATÉGICO 2030, que se encuentra actualmente habilitada, es un ejercicio sin precedentes —plausible y digno de reconocimiento—, que contempla la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos como un elemento esencial.

b)     Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que los objetivos y estrategias que se desglosan en cada uno de los capítulos del PLAN ESTRATÉGICO 2030 son, en general, pertinentes y oportunos. Si bien la redacción actual del documento en su conjunto refleja una variedad de estilos y concordancia, esto puede ser subsanado en la redacción del borrador final.

c)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que las estrategias y líneas de acción a lo largo del documento deben establecer puntualmente un enfoque de corresponsabilidad entre todos los sectores involucrados:

gobierno(s), sociedad civil, academia e iniciativa privada. Sin este enfoque, los objetivos serán menos asequibles.

d)     Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que las estrategias y líneas de acción a lo largo del documento deben reflejar puntualmente la naturaleza compleja de la toma de decisiones interrelacionadas, multidisciplinarias e interinstitucionales. 

Por otro lado, a continuación se presentan las observaciones específicas en los rubros de SEGURIDAD Y JUSTICIA, y GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENCIA:

a)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos necesario que se contemple la homologación completa de los sistemas de inteligencia e información municipales y del estado. Asimismo, se sugiere incluir una Línea de Acción que impulse el análisis de información en tiempo real, cuando las circunstancias así lo ameriten. Un tema también a destacar es el procesamiento de datos que realiza la Fiscalía General de Justicia, a través de las carpetas de investigación, y que se nutren de la información que las policías municipales suministran.

b)     Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que el análisis de información se debe promover coordinadamente entre todos los actores involucrados en las áreas de Seguridad y Justicia. Para ello, es indispensable establecer mecanismos claros sobre qué le corresponde a cada una de las partes. Se debe tener en cuenta que uno de los elementos condicionantes del éxito de una gestión de redes es llegar a un entendimiento común, así como propiciar situaciones en la que todos ganen y hacer participar a las instancias decisorias. 

c)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que un área de oportunidad en el borrador de Seguridad y Justicia es la que se refiere a la prevención social de las violencias y el delito. Este apartado debe considerarse como eje transversal en el desglose completo del capítulo. En este sentido, se sugiere el establecimiento de una estructura institucional que coordine los esfuerzos en esta materia y que cuente con los recursos —humanos, materiales y financieros— suficientes para su realización. Partiendo de un diagnóstico integral, las políticas públicas en materia de prevención deben ser concertadas: sus objetivos y estrategias deben establecerse a partir del acuerdo de los diferentes actores involucrados, lo que generará mayor compromiso y responsabilidad con las metas compartidas.

d)     Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que es indispensable no solo impulsar la armonización del marco normativo entre las diferentes áreas de Seguridad y Justicia, sino también brindar a cuerpos policiacos y ministerios públicos las herramientas necesarias para el efectivo cumplimiento de protocolos y clarificar la función de cada actor dentro del Sistema. Por ello, aplaudimos el establecimiento de un servicio profesional para las tareas policiales, que bien puede incorporarse a los objetivos y estrategias de un auténtico desarrollo policial.

e)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que resulta indispensable establecer mecanismos claros de intercambio de información entre las diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno. A través de una interrelación de las partes, se deben definir metas y objetivos específicos que incidan en el funcionamiento integral de las áreas de Seguridad y Justicia, evitando la politización de un ámbito que, por su naturaleza, es eminentemente técnico.

f)       Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que se debe garantizar que los esquemas de evaluación de control de confianza para ingreso y permanencia del personal de las instituciones de seguridad y justicia sean en completo y absoluto respeto a los derechos humanos. Asimismo, es indispensable capacitar y desarrollar protocolos de acción dirigidos a los cuerpos policiacos en relación a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas víctimas de violencia familiar, migrantes, adultos mayores, entre otros.

g)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que un nivel óptimo de coordinación, conocido en el ámbito de la Administración Pública como “integración de políticas”, consiste en transitar de la coordinación en la prestación de servicios a la coordinación en los objetivos que persiguen los organismos públicos. Quizás etapa de la coordinación se hace más difícil políticamente, porque los niveles más altos deben asegurar que sus metas sean compatibles. Sin embargo, algunas veces los objetivos políticos de las organizaciones no son compatibles o pueden, incluso, ser contradictorios. Por lo tanto, una negociación sustancial y —quizás— la imposición de una autoridad superior de gobierno, podrían ser necesarios para que el conjunto de organizaciones realicen sus tareas de una manera más integrada, especialmente en las áreas de Seguridad y Justicia. Asimismo, un nivel alto de coordinación de políticas debe generar el desarrollo de estrategias de gobierno. Este nivel de coordinación requiere de estrategias que no sólo atraviesen las líneas organizativas habituales en el gobierno y produzcan acuerdos sustanciales en los objetivos generales de las organizaciones públicas, sino también involucra una visión clara del futuro de la política. Así, una estrategia efectiva sería capaz de integrar todas las políticas que coordinan los distintos niveles de gobierno.

h)     Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos importante subrayar que desde la reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008, y las subsecuentes reformas de los últimos años, se exige la profesionalización de las policías con enfoque en la investigación y prevención, como primeros respondientes ante la sociedad y por su proximidad a la escena del crimen. Por ello, se sugiere contemplar Líneas de Acción encaminadas a la capacitación permanente de las policías, municipales y estatales, en materia de investigación, bajo el auxilio y supervisión de la Fiscalía General de Justicia.

i)       Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que otra área de oportunidad en el borrador de Seguridad y Justicia es el que se relaciona a la violencia de género. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las manifestaciones más palpables y lacerantes de la desigualdad entre varones y mujeres. Es violatoria de derechos humanos y, al mismo tiempo, entorpece el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Con esa visión, una de las tareas prioritarias para abordar el problema ha sido contar con un marco legal que, al mismo tiempo que desemboca en procesos jurídicos, deriva también en programas y políticas públicas que sirvan para prevenir y atender el fenómeno y así allanar el camino de los profundos cambios culturales que se requieren para erradicar la violencia de género. Por ello, resulta urgente la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres, además de reforzar las campañas de prevención. Así, en el borrador no se encontró algún análisis con este enfoque.  No se mencionan políticas para atender la violencia de género en los cuerpos policiales, ni en las políticas dirigidas a mejorar el acceso a la justicia. Sugerimos revisión de este apartado. 

j)       Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que en materia de transparencia y gobierno eficaz, y específicamente en las áreas de seguridad y justicia, es imprescindible abrir la información relacionada al presupuesto-gasto de dichas instituciones, bajo un enfoque de Gobierno Abierto. Por ello, se sugiere la inclusión de Líneas de Acción específicas en estos rubros.

k)      Desde el CONSEJO CIUDADANO consideramos que la transparencia, como un ejercicio de derechos y obligaciones, es esencial para un desempeño eficaz y eficiente del gobierno. Por ello, se sugiere contemplar los rubros en estas materias bajo el enfoque de Estado Abierto —el cual contempla Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta.

Finalmente, queremos agradecer la invitación a participar y  enfatizar de nuevo lo valioso de la información que se presenta para consulta pública. Desde el CONSEJO CIUDADANO reconocemos este esfuerzo colectivo y hacemos votos para que, tanto las participaciones individuales cuanto los posicionamientos institucionales, sumen y fortalezcan el PLAN ESTRATÉGICO 2030.

Reiteramos que el CONSEJO CIUDADANO considera a la participación social como un mecanismo indispensable para analizar y evaluar aspectos vinculados con la prevención del delito, la cultura de la legalidad, la denuncia ciudadana y, en general, cualquier actividad que se relacione con la Seguridad y la Justicia, buscando sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar, sea de manera individual u organizada, con las autoridades correspondientes.