Desarrollo Social
El desarrollo social es el proceso de crecimiento integral cuyo fin es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como la creación y el fortalecimiento de oportunidades, la erradicación de la desigualdad y la exclusión entre los individuos y grupos, con el propósito de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural del Estado. (Ley de Desarrollo Cambio social, 2022).
La educación, la salud, la alimentación y la vivienda son derechos para alcanzar el desarrollo social, y para el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social, el derecho a la cultura y los relativos a la no discriminación en los términos de la constitución mexicana y la de Nuevo León (Constitución NL, 2022).
De acuerdo al Enfoque de los Derechos Humanos de Coneval1 (2018), los problemas para el desarrollo social de Nuevo León versan en tres dimensiones:
Las condiciones individuales necesarias para que las personas gocen de sus derechos.
Las condiciones sociales que promuevan la igualdad, la inclusión y la no discriminación en todas sus formas.
La gobernanza para hacer el uso máximo de los recursos para atender los problemas sociales.
Se considera a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad a aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida, y por lo tanto requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar (Ley de Desarrollo Social, 2022).
Entre los principales retos que enfrenta el estado en materia de desarrollo social, analizaremos los cuatro retos prioritarios:
Desigualdad social, el impacto de la movilidad social en las oportunidades.
La crisis de los cuidados
Inclusión social, reconocimiento de los grupos socialmente vulnerables
Desigualdad de género y violencias en las mujeres y niñas
Diagnóstico
Siguiendo el enfoque de derechos humanos de Coneval2, el desarrollo social promueve un entorno que permita que las personas puedan alcanzar su bienestar, desarrollo humano y alta movilidad social.
Nuevo León es el segundo estado con mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH)3 con 0.705, superior al nacional, 0.7044. Sin embargo, el IDH estatal está por debajo del promedio de los países de la OCDE que es de 0.895 (PNUD, 2020; Global DataLab, 2022).
El desarrollo municipal en el estado no es equitativo entre regiones, por lo que es importante desagregar la información y analizar los datos teniendo en cuenta el contexto global del estado, donde existen importantes contrastes.
La región metropolitana (0.77) tiene el mejor desempeño con un IDH Alto, similar al de Coahuila y Chihuahua, sin embargo en la misma región no supera a Sonora, Baja California Norte o Baja California Sur. Se encuentra por debajo de Ciudad de México y Quintana Roo.
A pesar del descenso mostrado entre el 2015-2020, en la región metropolitana se encuentran los cinco municipios con IDH más alto del estado, destacando San Pedro Garza García (0.86) y San Nicolás de los Garza (0.84) que superan el IDH de la Ciudad de México (0.82). En contraste, la región sur (0.54) tiene niveles similares a Chiapas, el estado con menor IDH en el país y contiene los cinco municipios con el índice más bajo (gráfica 1) (PNUD, 2020).
A mayor distancia de la zona metropolitana de Monterrey, la calidad de vida de las personas en Nuevo León se va reduciendo y la brecha se va incrementando.
Gráfica 1. Índice de desarrollo humano por regiones de Nuevo León |
Fuente: Informe de Desarrollo Humano Municipal (2020). |
Esta información es consistente desde otras perspectivas de análisis (CEEY, 2018, 2022, PNUD, 2022, World Justice Project, 2022), el Desarrollo Social de Nuevo León muestra características similares a las reportadas a nivel mundial y nacional. Aunque la pandemia por COVID-19 desaceleró el crecimiento económico lo que hizo más evidentes las desigualdades existentes.
A pesar de esto, el futuro puede ser prometedor para la entidad, si se implementan las políticas públicas adecuadas, para esto es necesario retomar los esfuerzos en conjunto desde los diferentes sectores así como fortalecer la investigación y la toma de decisiones basada en evidencia5.
El IDH nos indica que, a nivel nacional y a pesar de la disminución del desarrollo humano, la entidad mantiene la posición alcanzada previo a la pandemia y se encuentra en periodo de recuperación post pandemia. Disminuir las desigualdades es un aliciente para reposicionar al estado en términos de justicia social e igualdad de oportunidades.
Movilidad Social6
La movilidad social es la capacidad de una persona de progresar socioeconómicamente y depende de un entorno que favorezca que el esfuerzo individual permite a una persona mejorar sus condiciones generales de vida (CEEY, 2022). En consecuencia, la movilidad social es uno de los múltiples factores que determina la reducción de la desigualdad7.
El estado se encuentra clasificado en la Región del Norte de México, la que mayor movilidad social tiene en el país. En esta región solamente el 23% de las personas que nacieron en el quintil más pobre permanecen ahí, en contraste con 67 % para la Región Sur de México. Nuevo León es el estado con mayor movilidad social en el contexto nacional, sin embargo, tiene grandes áreas de mejora en la problemática de desigualdad de oportunidades.
Para la entidad se proponen tres zonas de análisis de la movilidad social: zona metropolitana, zona periférica, y zona rural. Entre las regiones del estado las diferencias en movilidad económica son notables: la zona metropolitana de Monterrey tiene la mayor movilidad.
La movilidad social es favorable en términos económicos, ocupacionales, educativos y de salud. Cuatro de cada diez de los hijos que nacieron en hogares con padres pertenecientes al grupo de menores recursos económicos permanecieron en tales estratos.
La movilidad económica está estrechamente ligada al tipo de ocupaciones entre las que permanece o se mueve la población del estado las actividades agrícolas y manuales son las que presentan mayor persistencia en los estratos más bajos, solo el 20% del quintil más puede ascender económicamente a quintiles que le permitan superar el estado de pobreza.
Se pone énfasis en que la ocupación de las personas y su capacidad para generar recursos económicos están estrechamente ligadas al capital humano con que cuentan, por ejemplo, el nivel de escolaridad.8 Las diferencias en movilidad social tienen como base la desigualdad de oportunidades y se puede apreciar en la siguiente gráfica.
Al menos 35 % de la desigualdad de resultados en la dimensión de recursos económicos provienen de la desigualdad de oportunidades. Esta es una cifra notoriamente menor que la registrada a nivel nacional en estudios previos, donde resultó al menos de 48 % (CEEY, 2022).
Las circunstancias que más contribuyen a la desigualdad de oportunidades a nivel estatal fueron la riqueza de origen (63 %), el nivel educativo de los padres (22 %) y, empatados en tercer lugar, si se es migrante y el color de piel (5 %)
El peso relativo de la riqueza y el color de piel como factores explicativos de la desigualdad de oportunidades del estado es notoriamente mayor a lo registrado en estudios previos a nivel nacional, lo que significa que estos elementos confieren una importante ventaja no relacionada al esfuerzo que realizan las personas.
A pesar del buen desempeño relativo a nivel nacional, en la región persisten características que excluyen y discriminan. El lugar de origen, género, color de piel, hablar una lengua indígena, ser migrante se pueden apreciar como condicionantes de la movilidad, ya que dificultan el desarrollo social al limitar oportunidades (CEEY, 2022, 2019).
Desigualdad económica y pobreza multidimensional
Otro punto de análisis de la desigualdad social es conocer la distribución de los activos, el bienestar o los ingresos entre la población, para esto hay indicadores complementarios al IDH y la Movilidad Social: el coeficiente de Gini y la diferencia de ingresos entre deciles de población.
El promedio nacional de Gini al 2020 es de 45.4. Nuevo León, con , 45.5 , ocupa el lugar 27 a nivel nacional en menor desigualdad en la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini9, ligeramente por encima del promedio nacional (Coneval, 2020).
Por otro lado, en Nuevo León hay una concentración importante de riqueza en el decil de población de mayores ingresos. El 10 % de la población con mayores ingresos (decil X) gana casi 18 veces más que el 10 % de la población con menores ingresos (decil I) (ENIGH, 2020). Entre el 2018 y 2020 existió una variación promedio de, -1.3%, en los deciles VII, IX y X el ingreso promedio aumentó con respecto al 201810.
La brecha de ingresos no es exclusiva de los extremos. Para alcanzar el ingreso del decil más alto se tendrían que sumar los ingresos de los tres previos ( VII, VIII y IX)11.
Como lo menciona CONEVAL, la Pobreza multidimensional12es consecuencia de aspectos del desarrollo de condiciones laborales, de aspectos de dotación de servicios, de desigualdad en ingresos, e incluso se deriva de elementos territoriales, tales como la distribución poblacional, diferencias en la base productiva local y especialización económica13 (CONEVAL, 2010).
Nuevo León es el estado mexicano con menor proporción de su población en situación de pobreza (24.3 %) y pobreza extrema (2.1 %). Sin embargo, el 35.6 % tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar14.
Entre el 2018 y el 2020, de manera global se aprecia un avance en las condiciones de pobreza, a pesar de esto existen modificaciones positivas en: mayor acceso a los servicios de salud 21.5%, seguridad social 31.9%, calidad y espacios de vivienda 3.9 y 14.7 en acceso a alimentación nutritiva y de calidad.
De acuerdo con el análisis de la desigualdad económica, podemos retomar las aseveraciones obtenidas en relación a la movilidad social y la noción de pobreza multidimensional; la población con carencias sociales tiene el desarrollo de sus capacidades básicas condicionadas en su presente y futuro cercano. De esta manera, frente a la disminución de las desigualdades, se sugiere hacer uso de los mecanismos de análisis como la cohesión social15 para proponer estrategias que beneficien a la población.
El gran reto para Nuevo León es ser una sociedad con altos ingresos económicos, incluyente, donde el esfuerzo propio y el trabajo sea remunerado adecuadamente, con alto nivel de escolaridad, sin elitismos con su máxima capacidad de bienestar y salud (CEEY 2022).
En este sentido existen elementos asociados al género que analizaremos más adelante en función de las actividades de cuidados. Por ejemplo, las mujeres tienen una ligera ventaja respecto a los hombres en su movilidad de salud, pero disminuye en educación y presentan menor movilidad en riqueza el 50% de las mujeres se mantienen el grupo con menores recursos económicos habiendo tenido padres dentro de él, mientras esta cifra es hombres es del 40% (CEEY,2022).
La responsabilidad que las mujeres tienen hacia las labores del hogar, crianza y los cuidados, disminuyen su posibilidad de participación económica. El tiempo que se utiliza para las actividades de cuidados, es tiempo que se disminuye de asistir a la escuela, limitando las opciones laborales.
De acuerdo con el informe de movilidad social de Nuevo León (2022), el contar con servicios de cuidado se asocia a mayor escolaridad, acceso al mercado laboral remunerado y la riqueza de las mujeres. Esta asociación es particularmente notoria en la riqueza, pues reduce en 38 % la persistencia en el grupo más pobre y aumenta en 62 % la posibilidad de salir de ese grupo.
Este antecedente señala que los factores como la protección social, los cuidados infantiles y otros servicios de cuidados determinan el 11% de la desigualdad de oportunidades a nivel nacional, y para las personas en los niveles socioeconómicos más bajos es el 38% (CEEY 2022).
La Crisis de los Cuidados16
Los cuidados se encuentran de manera constante en la vida diaria como una actividad necesaria para el desarrollo humano17. Aunque existe una diferencia significativa en la forma en la que el cuidado es impartido y está vinculada con el proceso de socialización entre hombres y mujeres (Morini, 2014; Cepeda et al., 2019; Comins, 2019, 2003; Rich, 2019; Eme, 2019).
A nivel mundial nos encontramos ante una necesidad de cambio en la manera de apreciar las actividades que constituyen los cuidados. Cuidar es un trabajo que se presenta en condiciones de desigualdad. En el caso de México, los cuidados se encuentran segregados al ámbito privado, al interior de la familia, y específicamente en las mujeres.
Se menciona como una crisis ya que, existe una necesidad que intenta ser cubierta por parte de la población. Aunque el esfuerzo por satisfacer la atención es importante, se torna insuficiente y necesita de la corresponsabilidad de otros sectores y actores.
Es una crisis por las condiciones en las que se realiza. Ha puesto de manifiesto la invisibilidad proponiendo el reconocimiento del derecho al cuidado digno y al tiempo propio en la legislación mexicana a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, en iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados 2019 y 2020) y propuesta de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados (Senado de la República 2021, 2022).
De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México (CSTNRHM) al 2021, se estima que las mujeres dedican en promedio 22 horas a la semana a actividades domésticas y 27 horas en promedio al cuidado de otras personas. Esto es 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres; por cada 100 horas que las mujeres dedican al trabajo no remunerado, los hombres dedican 40 (CSTNRHM, 2022, OXFAM, 2022)
Esto tiene un costo en la trayectoria de vida de las personas cuidadoras que realizan este trabajo en condiciones de invisibilidad. Las mujeres y más aún aquellas que viven en condiciones de pobreza, proveen tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado (OIT 2018). Aunque el trabajo de cuidados no está sujeto a una remuneración, sí tiene un valor, el cuidado representó en México el 26.7% del PIB del país en el 2021 (CSTNRHM, 2022).
México se encuentra en un momento de transición demográfica y epidemiológica caracterizada por un aumento en los años de vida, una creciente presencia de enfermedades crónico-degenerativas, fallas en la prevención de ciertas enfermedades y discapacidades, y la ausencia de servicios públicos suficientes y adecuados (Justicia y trabajo, 2020).
De acuerdo con el informe El Cuidado dentro del Estado de Bienestar. El caso de Nuevo León, OXFAM México (OXFAM, 2022) menciona que la demanda de cuidados está dirigida hacia 3 grupos prioritarios de atención: primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Haciendo uso de las cifras reportadas por el INEGI, teniendo en cuenta los 3 grupos prioritarios de atención, existe 1 millón 769 mil 241 personas que necesitan cuidado. Para darlos es necesario que al menos una persona sea responsable de llevarlo a cabo. Esto nos arroja que hay 3 millones 538 mil personas que están cuidando o siendo cuidadas diariamente, esto es 61.2% de la población del estado (OXFAM, 2022).
De aquí la importancia de consolidar un sistema estatal de cuidados18 que permita generar un ecosistema favorable para la realización de los cuidados teniendo en cuenta las personas que necesitan cuidados y las y los cuidadores.
Las necesidades de las y los cuidadores y las personas que necesitan cuidados
El derecho al cuidado digno y al tiempo propio es interdependiente, implica reconocer simultáneamente los derechos de quienes requieren recibir y/o brindar cuidados, garantizando en paralelo el ejercicio de otros derechos humanos.
Cuidar es un encuentro que parte de reconocer la dignidad de la persona que es cuidada, sin embargo, para las y los cuidadores es comprender que la visión de las necesidades de la persona cuidada es parcial y requiere de la persona intervenga ( cuando es posible) para establecer las condiciones de cuidados, centrar el cuidado en la persona19.
Este gran ejercicio de empatía y comprensión de ambas partes implica un sacrificio implícito, los cuidados son un espacio donde no hay un límite temporal: pueden darse a todas horas, en mayor o menor intensidad. En este trabajo, la naturalidad con la que se realiza implica también un trabajo emocional, por lo tanto, también un desgaste que requiere de atención (Morini, 2014; Eme, 2019).
Desde la perspectiva de quienes los requieren, los cuidados son la base del desarrollo humano, cuando están profesionalizados facilitan, por ejemplo, el desarrollo cognitivo y socioemocional infantil, la salud y nutrición, igualando las oportunidades para quienes provienen de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos (Orozco et al. 2022a, CEEY 2022), o enfrentan discriminación.
La humanización de los cuidados
Reconociendo las condiciones en las que se llevan a cabo los cuidados, la demanda de cuidados existente, la cantidad de horas dedicadas y el trabajo que realiza una cuidadora o cuidador, es que se formula exhorta a la sistematización de las políticas y mecanismos públicos para facilitar los cuidados.
Las limitaciones a las que están expuestos cuidadores y personas que requieren cuidados, necesitan de estructuras que otorguen condiciones adecuadas para poder cuidar y ser cuidado manteniendo los derechos sociales de ambos. Es atinado comentar que tanto quienes reciben cuidados como quienes lo proveen enfrentan un alto riesgo de estrés mental que predispone al desgaste emocional y puede, bajo algunas condiciones predisponer a actuar con violencia. La precarización y feminización de los cuidados puede favorecer a la deshumanización del cuidado.
El nombrar los cuidados es el primer paso para poder establecer políticas públicas. Derivado de esto, las recomendaciones están orientadas hacia proveer servicios de atención, cuidado y educación para la primera infancia, el cuidado de niñas y niños directamente en el hogar o en su localidad a través de establecimientos o proveedores de servicio. El contar con servicios educativos de horario extendido, y acciones para el cuidado de personas enfermas, especificando que de ser posible, el mejor espacio a realizarse es en el domicilio.
Priorizando los grupos que necesitan cuidados, la atención a la primera infancia muestra la mayor asociación con la movilidad social ascendente de las mujeres y el segundo mayor para la población en general. Esto apunta a fortalecer las acciones y servicios para la provisión de cuidados a la población infantil, a través de estancias infantiles con programas estructurados de estimulación temprana y educativos (CEEY, 2022).
La humanización de los cuidados implica el reconocimiento de la persona cuidadora, la persona que necesita cuidados y el valor otorgado a las actividades, como sostén y parte del tejido social. Es así como la procuración de servicios de cuidado no puede estar separada de la atención al bienestar y protección social de las y los cuidadores.
Parte de estas obligaciones recaen en el reconocimiento de la necesidad de mecanismos de corresponsabilidad que propicien la distribución de los cuidados entre mujeres y hombres, las familias, la sociedad, el mercado de servicios, el mercado laboral y, en particular, las instituciones del Estado (CEEY, 2022)
Es importante formalizar la creación de un Sistema de Cuidados estatal que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. Para lo anterior es necesario que se establezca el marco jurídico pertinente que integre al sistema estatal de asistencia social, prestación de servicios para el desarrollo infantil y el sistema estatal de salud (CEEY, 2022). El visualizar el cuidado como bien común, puede ser una herramienta conceptual para disminuir las desigualdades y favorecer la inclusión social, mejorando en conjunto la movilidad social y el desarrollo.
Inclusión social, reconocimiento de los grupos socialmente vulnerables
De acuerdo con la Ley de Desarrollo y Cambio Social (2022) se define la población vulnerable como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida, y por lo tanto requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.
Los grupos socialmente vulnerables tienen más posibilidades de sufrir carencias sociales, estar en situación de pobreza o tener rezago educativo (Oxfam, s. f Agenda 2030; PNUD, 2022). Como hemos mencionado previamente existen factores condicionantes de la movilidad social y la pobreza que se depositan en la discriminación. Todos los grupos socialmente vulnerables en Nuevo León presentan un porcentaje mayor de pobreza que el resto de la población20.
El 22% de personas con discapacidad, el 21% de niños y niñas, 16.1 % de los y las adolescentes, 15.9 % de las PAM y 13.3 % de las personas indígenas viven en situación de pobreza. Esta situación es similar al comparar el porcentaje de población que vive en pobreza extrema, excepto para adolescentes, que tiene una proporción menor al promedio de la población del estado.
Además, 58.9 % de las personas indígenas tienen al menos una carencia, situación que comparte al menos un tercio del resto de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Las principales carencias entre los grupos socialmente vulnerables en Nuevo León son el acceso a seguridad social y el rezago educativo.
El 55.8 % de las personas indígenas, el 35.4 % de los adolescentes y el 31.6 % de los niños y niñas no tienen acceso a seguridad social. Además, el 38.8 % de las PAM y el 35.4 % de las personas con discapacidad tienen rezago educativo.
En México existen altos niveles de discriminación hacia determinados sectores de la población. Para poder comprender este fenómeno es importante reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones; captar actitudes, prejuicios y opiniones; identificar experiencias de discriminación hacia distintos grupos; conocer la discriminación y la desigualdad que enfrentan distintos grupos poblacionales en México, así como identificar las principales problemáticas percibidas (Oxfam, s. f Agenda 2030).
Los factores que limitan la movilidad social y las consecuencias de la pobreza están relacionados con una mayor exposición a la discriminación, la vulneración de derechos y, en consecuencia, a la violencia e inseguridad (OACNUDH, s. f.). De acuerdo con el informe de movilidad social de Nuevo León la discriminación que se presenta en Nuevo León tiene mayor peso
De acuerdo a los datos de la Enadis (2017), al menos a 1 de cada 10 nuevoleoneses pertenecientes a grupos socialmente vulnerables se les han negado injustificadamente sus derechos, siendo las mujeres indígenas y los hombres adultos mayores o con alguna discapacidad los que más han experimentado esta situación.21
En Nuevo León, al desagregar la vulneración de derechos por grupo socialmente vulnerable se encuentra que entre un 10 % y 30 % de la población de todos estos grupos ha sido objeto de negación de atención en oficinas gubernamentales (Enadis, 2017).
En Nuevo León, 68 % de la población percibe que hay un bajo respeto a los derechos de las personas trans, un 62.8 % percibe esta situación para las personas gays y lesbianas, 59.4 % para las personas indígenas, 53.94 % para las personas con discapacidad, 49.5 % para las personas adultas mayores, 38.26 % para las personas jóvenes y adolescentes y un 33 % para niños y niñas (Enadis, 2017).
Gráfica 6. Porcentaje de la población en Nuevo León que percibe un bajo grado de respeto hacia los derechos socialmente vulnerables, 2017
Personas con discapacidad
En Nuevo León, existen 806,079 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 14% de la población total del Estado y el 0.64% de la población del país. De ellas, 420,826 son mujeres y 385,253 son hombres. En México, en 4 de cada 10 hogares vive una persona con discapacidad; en el caso de Nuevo León, 3 de cada 10. (ENUT,2019).
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta población es la limitación para participar con plenitud de derechos y en condiciones equitativas en la vida económica, política, social y cultural de sus comunidades. Todo esto, como consecuencia de los altos niveles de discriminación que viven (Enadis, 2017).
El 49.3 % de las personas con discapacidad en el estado han sido discriminadas por rechazo o exclusión de actividades sociales, porque los hicieron sentir incómodos, los insultaron, se burlaron, amenazaron, empujaron o jalonearon (Enadis, 2017).
Además, el principal estereotipo hacia las personas con discapacidad es la duda sobre sus posibilidades de integrarse en el ámbito laboral, pues 46.4% de las personas coincide con la idea de que son de poca ayuda en el trabajo (Enadis, 2017).
En el ámbito económico y laboral hay una evidente carencia de oportunidades de empleo en condiciones de igualdad. La oferta laboral para esta población está prácticamente centrada en niveles operativos bajos, además de que existe un alto grado de rotación en los trabajos que desempeñan, ya sea por un clima laboral discriminatorio o bien no adaptado (Consejo Nuevo León, 2019)22.
En Nuevo León, 67.8 % de las personas con discapacidad son económicamente no activas, el 43% se dedican a los quehaceres del hogar, el 23.6% tiene una discapacidad permanente que le impide trabajar, el 23.2% es pensionado o jubilado, y únicamente el 2.9% es estudiante (INEGI, 2014).
Adicionalmente, las personas de 60 años y más son el grupo de edad que más población tiene con alguna discapacidad (47.7. %), situación similar al promedio nacional (46.1 %). En este grupo de edad prevalece más la discapacidad entre las mujeres (26.8%) que entre los hombres (19.3%) (ENADID, 2018).
El tipo de discapacidad más frecuente en Nuevo León es la dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas (64%), seguido de la dificultad para ver (56%) y la dificultad para aprender, recordar o concentrarse (38.2%).
El 45.4 % de la población neoleonesa con discapacidad padece algún tipo de enfermedad. El 27.4% de los casos de discapacidad obedece a cuestiones relacionadas con la edad avanzada (27.4%), mientras que solamente el 11.8% de los casos son condiciones de nacimiento (Enadid, 2014).
Personas adultas mayores
De acuerdo con el Desarrollo del modelo Nuevo León de Atención Centrada en la Persona para los Servicios Gerontológicos23 (2022). La población de 65 años y más en América Latina y el caribe corresponde al 13.3%. (CEPAL,2021). En México las personas de 60 años y más comprenden el 12%; en Nuevo León se estima que es 11.30%.
Las PAM representan el 10 % de la población, aunque su proporción está proyectada a aumentar hacia el 2040. Este grupo sigue experimentando barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.
La falta de oportunidades para el empleo y la educación, la soledad, el aislamiento, la violencia, la negligencia y el abandono son estereotipos negativos sobre el envejecimiento. Todo lo anterior junto con las necesidades de cuidado y las dificultades de salud generan contextos desfavorables para las PAM.
El 31 % de las PAM son parte de la PEA en Nuevo León. El 44% de los hombres adultos mayores forman parte de la PEA mientras que solamente lo hacen 19.3% de las mujeres adultas mayores. Sin embargo, las condiciones laborales para las PAM no son óptimas pues 62 % tienen trabajos informales, sin acceso a prestaciones, en un segmento muy reducido de trabajos y en condiciones de precariedad (Programa Estatal Gerontológico 2019-2025).
Algunas de las expresiones más fuertes de discriminación contra las PAM pueden verse reflejadas en la situación de violencia que viven en el estado. En Nuevo León, el 10.2% de la población mayor declaró haber sufrido maltrato por parte de algún familiar. El principal tipo de maltrato que reportan haber sufrido es el abandono (ENCOVIPAM, 2016).
Además, aunque hombres y mujeres adultas mayores sufren discriminación, las proporciones son diferentes. Mientras que el 20 % de los hombres dicen ser discriminados en la calle y 9 % en el trabajo o escuela, el 42 % de las mujeres son discriminadas en su ambiente familiar, 29.3 % en la calle o en el transporte público y 16 % en servicios médicos (Enadis, 2017).
De acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017, en Nuevo León, 81.2% de las personas adultas mayores considera que se desesperan fácilmente con ellos, el 61.1% menciona que su experiencia es poco valorada y el 42.6% percibe que es considerado una “carga” para su familia.
Del 2017 al 2020 se han realizado acciones importantes a nivel estatal para salvaguardar los derechos de las PAM, dentro de las que sobresalen la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores24, la creación del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores y el Programa Estatal Gerontológico (PEG 2019-2025).
En Nuevo León, cuatro municipios (San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Santa Catarina) cuentan con una política específica para la atención del adulto mayor, el resto brinda los servicios a PAM desde el marco de su reglamento municipal, la Ley de asistencia social del Estado o sus planes de desarrollo municipal. No obstante, en todos los municipios evaluados existen programas de atención a las personas adultas mayores (PAM). El organismo responsable de su ejecución es primordialmente el DIF Municipal, en segunda instancia Desarrollo Social y en tercer lugar la Dirección de Salud Municipal (UDEM, 2022).
Personas en contexto de movilidad25
La migración internacional está asociada, entre otros aspectos, con falta de oportunidades, inseguridad, pobreza e incertidumbre social, además de los efectos del cambio climático y otros fenómenos naturales (Anuario de migración y remesas, año).
Durante las últimas décadas, México ha sido uno de los participantes más importante en los flujos migratorios internacionales, justo detrás de India como la segunda nación con el mayor número de población emigrante en el mundo (12.3 millones). Cabe mencionar que el corredor México – Estados Unidos es considerado como el principal corredor migratorio a nivel mundial.
En 2015, Nuevo León fue el segundo estado con mayor saldo neto migratorio nacional positivo, tendencia que viene al alza desde 2005. Uno de cada cinco residentes de Nuevo León no nació en el estado (Encuesta intercensal, 2015)
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, INEGI), para 2018, muestra que las principales causas de entrada o salida del estado radican en temas asociados a aspectos familiares y la búsqueda o cambio de trabajo. Cabe señalar que, en el período de referencia, los principales estados de origen de la población que migra a Nuevo León son Veracruz (20.97%), Tamaulipas (18.03%) y San Luis Potosí (12.56%).
El informe de movilidad social en Nuevo León menciona que la condición de migración es la tercera causa de desigualdad de oportunidades en el estado. Respecto a la percepción y discriminación de las personas migrantes, el 75.5 % de los habitantes de Nuevo León consideran que México no debería admitir más migrantes al país y el 54.8% considera que el flujo migratorio del estado está relacionado con el incremento de la inseguridad observado en los últimos. Sin embargo, casi la mitad (49.6 %) declaran que los migrantes si se les debe dar la oportunidad de que consigan un empleo en el estado (Cómo Vamos Nuevo León, 2019). Además, en tiempos de desempleo, un 18 % está de acuerdo en negar trabajo a personas extranjeras (Enadis, 2017) y un 50 % reporta que no debe ayudarse ni siquiera a migrantes en tránsito a Estados Unidos.
Niños y niñas
En Nuevo León, 21 % de la población son niñas o niños menores de 12 años (Encuesta Intercensal, INEGI, 2015). Aunque los niños y las niñas son el grupo socialmente vulnerable que percibe mayor respeto hacia sus derechos, el 33.5% difiere de esta opinión, y considera que sus derechos se respetan poco o nada (Enadis, 2017). Además 21.3 % de los niños y 7.4 % de las niñas fueron insultados o molestados en sus hogares, a 19.6 % de los niños y 8 % de las niñas les hicieron sentir miedo y 16.7 % de los niños y 5.7 % de las niñas fueron empujados o golpeados (Enadis, 2017).
En Nuevo León un 4.5 % de la población considera justificable disciplinar a niños o niñas con golpes, registro que le ubica por debajo de la media nacional (Enadis, 2017). Sin embargo, en la región noreste, a la cual pertenece el estado, seis de cada 10 niñas y niños entre uno y 14 años experimentó métodos de disciplina violentos, lo cual indica la prevalencia de estos métodos a pesar de no ser declarados abiertamente (UNICEF, 2015).
La discriminación y las agresiones verbales, empiezan desde la niñez. El 16.9 % de niños y niñas en Nuevo León dicen haberse sentido mal por comportamientos de sus compañeros o compañeras. El nombre, la vestimenta, los gustos y la forma de hablar son los principales motivos que hicieron sentir mal a niños y niñas en Nuevo León. Es interesante observar que en el caso de los niños, el 58 % señala el peso o estatura como las razones que les hicieron sentir mal (Enadis, 2017).
Adolescentes
El 11 % de la población de Nuevo León son personas entre 12 y 18 años (Encuesta Intercensal, INEGI 2015). Sus principales obstáculos se relacionan con sus posibilidades de construir un futuro: las adicciones, la falta de oportunidades para seguir estudiando y, en tercer lugar, para las mujeres, el embarazo en la adolescencia y, para los hombres, la violencia e inseguridad (Enadis, 2017).
La calle, redes sociales y trabajo o escuela son los principales espacios de discriminación para adolescentes y jóvenes, lo cual se refleja en la percepción de seis de cada 10 personas que les considera irresponsables (Enadis, 2017). En ese sentido, el 40.8 % de la población adulta en Nuevo León no está dispuesto a rentar un cuarto de su vivienda a jóvenes y el 27.2 % de las personas adultas en Nuevo León considera justificado llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina (Enadis, 2017).
Población indígena
El 8 % de la población del estado se identifica como indígena (Encuesta Intercensal, INEGI, 2015) y los principales problemas que enfrentan son la discriminación por su apariencia o lengua, y, en el caso de las mujeres, la falta de atención médica. Además, enfrentan una falta de oportunidades para seguir estudiando y falta de respeto a sus costumbres y tradiciones. Por ejemplo, al 82% de las mujeres indígenas se les ha negado la recepción de ayuda de programas sociales, tanto estatales como nacionales (Enadis, 2017).
Las mujeres indígenas experimentan casi tres veces más discriminación en lo laboral que los hombres. Además, las mujeres indígenas también son el grupo que más percibió negaciones injustificadas a sus derechos (36. 2 %) (Enadis, 2017)
Adicionalmente, 32.4% de las personas en Nuevo León consideran que la pobreza de las personas indígenas es producto de su cultura. Esto refleja los prejuicios sociales que enfrentan como grupo (Enadis, 2017).
Poblaciones LGBTTTIQ+
La encuesta Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 muestra que el 4.8% de la población en México no es heterosexual26. 1 de cada 20 personas se reconoce como LGBTTIQ+. En Nuevo León el 6.2 % de la población no es heterosexual.
A nivel nacional, los principales problemas que esta población enfrenta son las situaciones de violencia por prejuicios, la discriminación en la escuela, discriminación laboral y la falta de apoyo familiar.
Los momentos claves en los que las personas en el espectro de la diversidad experimentan durante su infancia infancia y la adolescencia, en las que las principales formas son referentes hacia su vestir, su forma de hablar o expresarse, y/o sus modos de comportarse.
En México el 18.6% de la población no está de acuerdo con que las personas LGBTTIQ+ se tomen de la mano o demuestren su afecto en público, el 16.3% no está de acuerdo en que contraigan matrimonio, y el 23.9% no está de acuerdo en que puedan adoptar (ENDISEG, 2021).
El 28% de la población reporta en haber recibido en su trabajo actual discriminación por su orientación sexual.
El 9.8% de la población LGB experimentó rechazo hacia su orientación sexual, enla que los padres les obligaran a asistir con un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución con el fin de corregirle. Para la población Trans, el porcentaje aumenta a 13.9%.
Es preocupante que la discriminación y violencia hacia este grupo vulnerable se pone de manifiesto en la salud mental donde el 26.2% de la población LGBTTIQ+ ha pensado en suicidarse mientras que el 14.2% ha intentado hacerlo. En comparación con la población en general, esto se reduce al 7.9%y 4.2% respectivamente.
La violación a sus derechos está relacionada con su participación en sociedad: entrada o permanencia en algún negocio privado, oportunidad de trabajar o ascender, y el acceso a la justicia (Endosig, 2018). Más del 80 % de las personas que pertenecen a este grupo, tuvieron que esconder su orientación sexual y su orientación sexual o identidad de género a su familia, en la escuela y en su vecindario.
Además, casi la mitad ha sufrido discriminación en sitios religiosos y una de cada tres personas ha sido discriminada en la calle, transporte público y en redes sociales e inclusive en sus familias. Las personas trans y las personas con otra identidad de género no normativa son quienes más discriminación experimentan (Endosig, 2018).
En el país, entre 2013 y 2017, ocurrieron 381 asesinatos a personas LGBTTTIQ+ motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género. De estos asesinatos, 16 ocurrieron en Nuevo León, es decir, un 4.2%. Más de la mitad de las víctimas de los asesinatos ocurridos en el país fueron mujeres trans (Letra Ese, 2018)
En Nuevo León, el estigma al que se enfrenta esta población se refleja en que 20 % de la población considera que las opiniones de las personas homosexuales no deberían tomarse en cuenta para la toma de decisiones gubernamentales (ENADIS, 2017).
Desigualdad de género y violencias en las mujeres y niñas
A pesar de constituir la mitad de la población mundial, históricamente las mujeres han vivido en condiciones de discriminación y desigualdad con respecto a los hombres. Todavía la mayoría de las mujeres viven en entornos culturales y sociales que las discriminan y las excluyen, lo cual socava su independencia y oportunidades, al tiempo que facilita la violencia contra las mujeres.
Entender qué es lo que lleva a que hombres y mujeres tengan distintos logros de vida, requiere profundizar en torno a estas desigualdades y el papel que juegan las normas e instituciones formales e informales que rigen la convivencia social (Nussbaum, 2000).
Las dinámicas de exclusión y desigualdad de género inician con la negación o violación de derechos fundamentales. En Nuevo León, a 40 % de las mujeres se les ha negado el apoyo de programas sociales, a un 33.9 % se les negó la atención médica o medicamentos y a 18.2 % la oportunidad de trabajar o tener algún ascenso (Enadis, 2017).
Los principales problemas que las mujeres consideran que enfrentan en Nuevo León son la delincuencia e inseguridad (33.3 %), violencia en razón de género (23.4 %) y dificultades para combinar la vida familiar con la laboral (12.2 %) (Enadis, 2017).
Estos problemas se relacionan con las dinámicas de discriminación de los ámbitos público y privado y reflejan la vulnerabilidad de las mujeres en éstos. Los principales espacios en los que las mujeres nuevoleonesas son discriminadas son la calle o el transporte público (17.5 %), trabajo o escuela (16.9 %) y familia (8.8 %.) (Enadis, 2017).
Tradicionalmente se ha identificado a las mujeres dentro del ámbito doméstico y familiar y no como partícipes de la vida pública. Esto se refleja en el ámbito económico y en el político.
Las mujeres constituyen el 38.89 % de la PEA en Nuevo León y el 70.40 % de la población no económicamente activa (ENOE, 4T 2019). Además, en México, muchas de las mujeres que se incorporan al mercado laboral no logran encontrar empleo, o bien, consiguen empleos de baja calidad.
Aunque ha incrementado la participación femenina en la economía, sigue existiendo una gran mayoría de hogares en los cuales las mujeres son dependientes económicos.
En Nuevo León, el número de hogares biparentales con jefatura femenina pasó de 19.5 % a 23.6 % entre 2010 y 2015, aunque se mantiene por debajo de la media nacional (29 %). Sin embargo, esta situación se revierte cuando se analiza los hogares monoparentales, pues en Nuevo León y a nivel nacional tienen jefatura femenina el 79% y 84%, respectivamente (ENIGH, 2018).
Gráfica 7. Porcentaje de hogares monoparentales con jefatura femenina, dos entidades más altas y dos más bajas, 2012 - 2018.
Fuente: ENIGH, 2018
Para que una mujer pueda desempeñarse profesionalmente en condiciones de igualdad, requiere de condiciones salariales equitativas con relación a las de los hombres, así como prestaciones laborales y sociales que aseguren los derechos de quienes son madres trabajadoras.
En términos de salario, un 33.9 % de las mujeres trabajadoras gana entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que solamente 17.8 % de los hombres caen en este rango salarial bajo (ENOE, 4T 2019). Además, solamente el 12 % de las mujeres ocupadas en Nuevo León tienen acceso a guarderías o cuidados maternos para madres de familia, el nivel más bajo en el país (Enoe, 2019)
Estas carencias en servicios refuerzan el que las mujeres sean las principales encargadas de desarrollar el trabajo reproductivo y de cuidado. En Nuevo León, el 86 % de la población de 12 años y más que realiza trabajo no remunerado en el hogar son mujeres. Además, en promedio, dedican 15.55 más horas que los hombres en los quehaceres domésticos y 31.34 más horas al cuidado (INEGI, 2015).
La participación política es importante porque la atención y solución de las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres es más factible cuando se incorpora la perspectiva de género en la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas27 (ONU Mujeres, 2020).
Las cuotas de género y la paridad electoral han contribuido a reducir las barreras de entrada a la política para las mujeres. En Nuevo León aunque ninguna mujer ha sido gobernadora, a partir del proceso electoral 2017-2018 se implementó la obligatoriedad del registro paritario para las Presidencias Municipales. Eso llevó a un registro de 149 candidatas, lo que triplicó el registro del proceso electoral previo (2011-2012). Como resultado, se eligieron 10 alcaldesas, el máximo histórico registrado en el estado (Inmujeres, s.f.)
En el proceso electoral 2017-2018, la Comisión Estatal Electoral estableció lineamientos para asegurar la paridad de género en la integración del Congreso Local lo que resultó en el primer congreso paritario en Nuevo León.
Como se mencionó anteriormente, la exclusión y discriminación de la mujer facilita que sea víctima de violencia. La violencia basada en el género consiste en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Pero también son las amenazas de infligir estos daños, la coacción o la privación arbitraria de la libertad (ONU Mujeres, 2016)28.
En Nuevo León, 86.8 % de las mujeres se sienten inseguras en comparación con el promedio nacional de 82 % (Envipe, 2019). Además, 59.26 % de las mujeres neoleonesas de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida y una tercera parte de ellas ha sido víctima de violencia por parte de su pareja (ENDIREH, 2016).
La violencia familiar29 es el delito con más denuncias en el estado al representar el 51 % de las Fiscalía General de Justicia (FGJNL, 2020). Nuevo León es el sexto estado con mayor incidencia en este delito con 295 por cada 100,000 habitantes, registro muy superior a la media nacional de 149 (SESNSP, 2020) (gráfica 8).
Las mujeres son el 83 % de las víctimas de violencia familiar en Nuevo León (PGJNL, 2015), delito que representa el 86.16 % del total de delitos cometidos contra ellas (FGJNL, 2020; UNODC, 2018). Una característica particular de este delito es que el 84.6% de las personas agresoras del delito de violencia familiar son hombres (FGJNL, 2020).
Gráfica 8. Número de casos de violencia familiar
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además de la violencia familiar, las mujeres viven violencia en otros ámbitos: 26.9 % ha sufrido maltrato en su último parto; 22.6 % en el ámbito comunitario; 18.4 % en su vida escolar y 8 % en su ambiente laboral (ENDIREH, 2016). Sin embargo, es el feminicidio la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres30. De acuerdo al SESNSP Nuevo León fue la cuarta entidad con mayor incidencia de feminicidios en 2020.
Por la gravedad de este fenómeno se declaró en 2016 Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida para cinco municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Desde esta declaratoria, se registró un incremento de 3 a 79 feminicidios hacia 2018, en parte porque se inició formalmente la medición de este delito.
Posteriormente en 2019 se tuvo una disminución de 15%, registrando 67 feminicidios y coloca al estado en la cuarta posición nacional en mayor número de feminicidios. Los primeros tres lugares los tienen la Ciudad de México (71), Veracruz (106) y el Estado de México (125) (SESNSP, 2019) (gráfica 9).
Gráfica 9. Número de feminicidios, 2015-2019
Fuente: Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Violencia Obstétrica
El tener una vida libre de violencia inicia desde la revisión de las condiciones en las que se desarrolla la culminación del embarazo, la atención del parto digno, o respetado, es una de las premisas que inician en 198531 por parte de la Organización Mundial de la Salud (Montes, 2021).
De esta manera, reconocemos que la Violencia Obstétrica es una de las violencias específicas, en ascenso, vinculada fuertemente a la condición de género y presente en un estado de vulnerabilidad.
La violencia obstétrica es la manifestación más extrema que se presenta durante la atención del nacimiento, se define como violencia obstétrica desde lo emocional y lo físico. Teniendo en cuenta lo emocional, incluye regaños, amenazas, humillaciones, burlas, discriminación, por otro lado, se considera física cuando se realizan prácticas invasivas que incluyen el suministro de medicamentos injustificados para la salud de las mujeres, episiotomías y rasurado púbico de rutina, uso de oxitocina para inducir el parto cuando no existe necesidad, enemas para evacuar, excesivo monitoreo fetal, uso de fórceps; o bien cuando no se tiene respeto por los tiempos o requerimientos del parto biológico, se les niega a las madres alimento o bebida, se implementan cesáreas innecesarias, anticoncepción temporal o definitiva -sin consentimiento de la mujer-, y en casos extremos cuando el conjunto de acciones puede llevar a la muerte del o la bebé, o de la madre. En todos los casos un uso abusivo del poder es negar el acceso a la atención oportuna o condicionarla (Ramírez, 2016).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha definido a la violencia obstétrica como “Una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por prestadores de servicios de la salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales, entre otros” (CNDH, 2019)
De acuerdo con estas definiciones, podemos considerar la incorporación del análisis de la violencia obstétrica desde acciones emocionales y físicas, mencionando en sentido amplio que el reconocimiento y búsqueda de la seguridad humana abarca el reconocimiento de las diferencias y se manifiesta a través del cuerpo, vinculando así que requiere de un análisis con perspectiva de género.
Es pertinente señalar además que, dentro del marco legal mexicano, la violencia obstétrica se encuentra tipificada como un delito penal solo en 9 entidades federativas32 mientras que en Nuevo León se incluye la figura de violencia obstétrica (2019) dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero no es considerada un delito.
De acuerdo con los datos de la ENDIREH (2021) para las mujeres entre 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un hijo o hija entre 2016 y 2021, se estima que en el 2016 la prevalencia fue de 26.89% en condiciones de maltrato, mientras que para el 2021 se muestra un aumento hasta 32.4% de partos en condiciones de maltrato.
Existen diferencias en la manera en las características del medio en que se atiende el parto, a nivel rural, las condiciones de maltrato disminuyen con respecto a las localidades urbanas (tabla)
Prevalencia1 de maltrato durante la atención del último parto | ||||
entre las mujeres de 15 años a 49 años que tuvieron | ||||
el nacimiento de un hijo/a entre 2016 y 2021 | ||||
por entidad federativa según lugar | ||||
de residencia urbano-rural | ||||
2021 | ||||
Entidad federativa | Total | Lugar de residencia | ||
Urbano | Rural | |||
Nuevo León | 31.8 | 33.2 | 17.9 | |
Nuevo León | 26.9 | 27.3 | 21.3 |
Finalmente como la figura jurídica de la violencia obstétrica se distribuye de manera uniforme desde tres vertientes, maltrato obstétrico,maltrato físico y tratamientos médicos no autorizados por la madre.
Prevalencia1 de maltrato en la atención obstétrica entre las mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto o cesárea ocurrió | Cuadro 10.9 | ||||||||||
durante los últimos 5 años por entidad federativa, según tipo de nacimiento y situación de maltrato | |||||||||||
2021 | |||||||||||
Estimaciones puntuales | |||||||||||
Entidad federativa | Total | Tipo de nacimiento | |||||||||
Parto | Cesárea | ||||||||||
Maltrato obstétrico2 | Maltrato psicológico/físico3 | Tratamientos médicos no autorizados4 | Maltrato obstétrico2 | Maltrato psicológico/físico3 | Tratamientos médicos no autorizados4 | Maltrato obstétrico2 | Maltrato psicológico/físico3 | Tratamientos médicos no autorizados4 | |||
Nuevo León | 31.8 | 19.9 | 20.3 | 30.6 | 21.6 | 17.0 | 32.9 | 18.3 | 23.3 |
La violencia obstétrica es un tipo de violencia que se encuentra en aumento, con el fin de mejorar las condiciones de inicio de la vida, es una de las prioridades a atender de manera transversal analizando los diferentes componentes que la integran, se requiere seguimiento interseccional, ya que se estima hay un subregistro de la violencia percibida por las usuarias, ya que se da en condiciones en las cuales está normalizada dentro de la práctica médica.
Referencias:
Global Data Lab. (2022). Subnational HDI (v5.0). https://globaldatalab.org/shdi/table/shdi/
HCNL. (2022, diciembre 9). Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. Poder Legislativo de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20DESARROLLO%20SOCIAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2022-12-%209
HCNL. (2019, octubre 1). Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. Poder Legislativo de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20DESARROLLO%20SOCIAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2022-12-%209
PNUD. (2022, septiembre 8). Múltiples crisis frenan el progreso en desarrollo humano causando retrocesos en 9 de cada 10 países, alerta informe de PNUD. [2022, septiembre 8]. https://mexico.un.org/es/198356-multiples-crisis-frenan-el-progreso-en-desarrollo-humano-causando-retrocesos-en-9-de-cada-10#:~:text=El%20IDH%20ajustado%20por%20presiones,responder%20a%20las%20sucesivas%20crisis.