ONU-Habitat celebra la actualización del Plan Estratégico 2030 de Nuevo León con miras al año en el que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aspiran a la consecución de las metas y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Particularmente, reconocemos el esfuerzo del Consejo Nuevo León por promover un proceso participativo amplio, plural y horizontal que atiende distintas voces y posicionamientos de los diversos sectores que integran a la sociedad neoleonesa.
Desde una perspectiva de derechos es necesario reconocer que el Estado Mexicano, a través de sus distintos órdenes de gobierno -en este caso el gobierno del estado de Nuevo León y sus municipios- y dependencias específicas, es corresponsable en la generación y mejora de condiciones mínimas, a partir de las cuales todas las personas que habitan, en Nuevo León puedan realizar su máximo potencial como seres humanos.
En este sentido, el esfuerzo del Consejo Nuevo León por señalar las disparidades resultado de un modelo de desarrollo inequitativo y depredador de recursos naturales representa un acierto contundente para identificar y promover acciones específicas que aspiren a eliminar las condiciones de desigualdad social. Para ello se requiere dar prioridad a aquellos grupos de personas que viven en condición de rezago y que acumulan desventajas estructurales en su capital social y humano para mejorar la calidad de vida de la población de Nuevo León.
Una perspectiva desde el territorio
Para ONU-Habitat resulta prioritario aterrizar las agendas globales -particularmente la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana- a escala local: estatal y municipal. El quehacer de la agencia demanda que el territorio sea considerado como un vector de desarrollo y prosperidad compartida, y un elemento transversal a todas las políticas, estrategias y líneas de acción impulsadas por los gobiernos estatal y municipales.
En este sentido, para el caso específico de Nuevo León, el reconocimiento explícito del territorio en múltiples escalas (regional, subregional, metropolitano, urbano, rural, barrial, etc.) favorecerá el cumplimiento de los principios en los que se fundamenta el Plan Estratégico, particularmente, de aquellos relacionados con la resiliencia ambiental, el desarrollo regional y la integralidad de las políticas públicas que, finalmente, se ven materializadas en un espacio determinado.
Asimismo, la consideración del territorio como elemento transversal de todas las políticas y acciones implementadas, particularmente a partir de esquemas de planeación urbana a escala metropolitana, permitirá alcanzar los objetivos planteados en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, reducción de emisiones contaminantes, gestión hídrica, transporte público, manejo de residuos, vivienda adecuada, desarrollo económico sostenido y atracción de talento hacia la entidad. Por ello, sugerimos destacar de manera explícita la adecuada gestión del territorio, particularmente a escala de la Aglomeración Urbana de Monterrey, como un elemento central y articulador de todas las acciones que se consideran en la implementación del Plan Estratégico 2030. El territorio no puede verse como un elemento independiente o aislado de la planeación del desarrollo.
Más allá, reconocer al territorio como una variable estratégica de transformación hacia la prosperidad, implica articular y dar coherencia programática y presupuestal a diversas acciones de política que reduzcan las externalidades negativas de los patrones de urbanización insostenibles. Al mismo tiempo, se deben potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales generados por las economías de aglomeración que suceden en entornos, típicamente urbanos, exitosos. Los procesos sostenibles de urbanización son claves para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y para alcanzar una senda de desarrollo sostenible, tal como aspira su entidad.
De esta forma, la adecuada gestión del territorio a escalas múltiples es, ante todo, una herramienta para la consecución de diversos derechos fundamentales para todas las personas. Particularmente, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada que cumpla con los elementos de: tenencia segura, asequible, bien ubicada, accesible, con servicios disponibles, habitable y adaptada culturalmente. Un derecho íntimamente ligado con el ejercicio de muchos otros: salud, trabajo, alimentación, educación, entre otros.
En materia fiscal, particularmente en relación con la generación de recursos propios del estado y municipios, la gestión urbana adecuada y transparente representa una oportunidad para el fortalecimiento de las arcas locales. Específicamente, los municipios de Nuevo León, en coordinación con la autoridad estatal responsable de la provisión de diversos servicios, cuentan con el potencial de implementar acciones para la recuperación de plusvalías generadas por el proceso de urbanización: cambios de usos de suelo, intensidades constructivas y grandes proyectos de infraestructura. Particularmente, estos proyectos (agua y saneamiento, nuevas vialidades, transporte público, servicios urbanos, mejoramiento de espacios públicos y otro tipo de obras), típicamente son financiados con recursos públicos de todos los contribuyentes; sin embargo, en muchas ocasiones sus beneficios directos recaen en los propietarios particulares de los predios aledaños. Este proceso de urbanización resulta, en el mediano y largo plazo, inequitativo y disminuye las capacidades de los gobiernos para proveer servicios, particularmente, en las zonas de la ciudad que más lo necesitan. La urbanización sostenible implica fortalecer la hacienda pública del estado y sus municipios.
Por otro lado, el fortalecimiento de la hacienda local y el impulso a procesos de urbanización y gestión del territorio sostenibles supone el inicio de un círculo virtuoso, que además incentiva la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos por parte de los gobiernos locales, y favorece el fortalecimiento institucional en el largo plazo:
un gobierno con mayor independencia fiscal, a partir de la recaudación de ingresos propios, tiene mayores incentivos para la rendición de cuentas a su población, ya que dicha independencia se basa en las contribuciones locales y no en recursos provenientes de fuentes externas.
un gobierno con mayor capacidad de gestión de su territorio es un gobierno que responde más eficazmente a las necesidades cotidianas de la población: calidad de los servicios, seguridad, espacios públicos, etc.
un gobierno con mayor planeación, que haciendo uso de su independencia y capacidad de gestión pueda consolidar una estrategia programada de acciones a corto, mediano y largo plazo.
Por su parte, se reconoce la vinculación que se establece entre el Plan Estratégico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, profundizar en su alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 5 ejes fundamentales -las Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz, la Participación y alianzas y, una sexta que añade ONU-Habitat, la Planificación-, así como la integración de principios de la Nueva Agenda Urbana permitirá identificar acciones concretas para encaminar la construcción de un modelo de desarrollo sostenible e incluyente para Nuevo León de cara a 2030 y así, contribuir desde lo local al cumplimiento de los compromisos adquiridos por México para el cumplimiento de las agendas globales de desarrollo.
En el mismo sentido, debido al extenso papel que toma el medio ambiente y la larga aplicación que ha tenido el modelo tradicional de urbanización así como de la actividad industrial en el estado y las afectaciones continuas por los desastres naturales, sugerimos retomar los principios del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, dentro de su estrategia de resiliencia ambiental y las acciones que dirijan el desarrollo sustentable y la prosperidad urbana.
Finalmente, el monitoreo y evaluación de las acciones sugeridas en el Plan Estratégico, particularmente a partir de la consideración del territorio como elemento articulador, abre la puerta a utilizar indicadores territoriales que permitan conocer el avance de Nuevo León hacia la senda deseada de sostenibilidad y prosperidad. En este marco, ONU-Habitat pone a disposición de la entidad y de todos los actores locales la Iniciativa de Ciudades Prósperas (CPI) que, en Nuevo León, cuenta con resultados y hallazgos para 16 municipios del estado (CPI Básico) y para la Aglomeración Urbana de Monterrey, en su conjunto (CPI Extendido). Esta herramienta es un insumo para el monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados y por alcanzar por el Plan Estratégico en todos sus objetivos, a partir de la consideración del espacio urbano como vector de desarrollo.
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