Nota: Los comentarios que se tomarán en cuenta para la consulta serán los emitidos hasta el 23 de abril de 2023.

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Desarrollo Sustentable

Lo que suceda con la civilización en este siglo estará determinado por lo que suceda en los entornos urbanos y suburbanos (Hawken, 2021). El aseguramiento de la vida futura requiere que las poblaciones orienten la gestión urbana y de movilidad hacia la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. Para lograrlo, se requiere enfrentar los riesgos derivados del cambio climático y reducir al mínimo su impacto, modificar patrones de consumo, producción y demanda de recursos naturales, proteger el ecosistema, el agua y lograr la seguridad energética (Agenda 2030).

En la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), la acelerada y desordenada expansión urbana y un sistema de movilidad y transporte poco eficiente y enfocado en la movilidad motorizada, han ocasionado mayores tiempos de desplazamientos, incremento en la contaminación del aire, agravado la escasez de agua y mayor demanda de energía eléctrica lo que pone en riesgo la calidad de la vida urbana.

Todos estos fenómenos provocan condiciones ambientales de baja calidad y desigualdad para una parte importante de la población (WRI, 2020). Asegurar la sostenibilidad del desarrollo de Nuevo León requiere de una gestión urbana con políticas adecuadas de planeación, movilidad, atención al medio ambiente y cambio climático (IFPRI, 2010). La lucha climática será larga, pero sus proyectos deben dar frutos pronto (Cohen, 2019)

Este capítulo analiza los retos de Nuevo León para alcanzar la sostenibilidad a partir de cuatro ejes:

1. Ciudades y comunidades sostenibles

2. Movilidad sostenible

3. Medio ambiente y recursos naturales

4. Acción por el clima

Diagnóstico

Ciudades y comunidades sostenibles

El entorno construido y las políticas urbanas influyen en muchos aspectos de la salud y el bienestar, pues consideran el acceso a aire y agua limpios, viviendas seguras y espacios públicos que brindan igualdad de oportunidades (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022). El impacto de las ciudades en la naturaleza es un asunto crítico para la economía. Se estima que el 44 % del PIB mundial en las ciudades corre el riesgo de verse afectado por la pérdida de la naturaleza (WEF, 2022).

En Nuevo León, nueve1 de los 51 municipios, equivalente a 5.2 % del territorio del estado, concentran el 80.27 % de la población; 89.47 % del PIB estatal; 85 % de las empresas; y 89.9 % del empleo (Censo de Población y Vivienda 2020; Censos Económicos, 2019). Además, son los municipios que más recursos consumen y más contaminan.

La zona metropolitana de Monterrey (ZMM) consta de 18 municipios divididos en dos áreas2. La zona A, definida en el Convenio de Coordinación para el Reconocimiento e Integración de la Zona Metropolitana de Monterrey3 y la zona B, definida por la Comisión de Ordenamiento Metropolitano (Conapo, INEGI y Sedatu, 2015), ambas con nueve municipios cada una (figura 1).

Figura 1. Definición de la zona metropolitana de Monterrey

Gráfica 1. Evolución histórica de la población por zonas de la ZMM y resto del Estado de Nuevo León, 1950-2020

Nuevo León tiene ciudades de baja densidad que, entre otros temas, provocan mayores distancias de traslado y mayor costo en la provisión de infraestructura urbana4 y servicios5 como el transporte o la recolección de residuos6 (ONUHabitat, 2017).

La ZMM casi ha duplicado (1.97 veces) su población en 30 años, pasando de 2.7 millones de habitantes en 1990 a 5.34 millones de habitantes en 2020 (Gráfica 1). En este mismo periodo, la mancha urbana pasó de 363 a 1,029 km², es decir, creció 2.8 veces (Ponce y Lozano, 2021). Este incremento de la superficie urbanizada es mayor que el crecimiento de la población, lo que ha causado que la densidad pase de 7,377 a 5,028 habitantes por km2 (ITESM, 2022).

Además, no solo existe un crecimiento poblacional hacia la periferia, también hay un proceso de despoblamiento y migración del centro, que es el área con mejor provisión de transporte público, servicios y niveles de accesibilidad (ITESM, 2022). Por ejemplo, en un radio de 10 km de la Macroplaza, la zona ha perdido 263,558 habitantes y 6 % de sus unidades económicas en los últimos 20 años.

A pesar del despoblamiento del centro, dado que la periferia posee la mayor oferta de vivienda asequible, en 2020 el centro sigue concentrando la mayor densidad de empleo7, su desconcentración transcurre a un ritmo más lento y más gradual que el cambio residencial.

Uno de los grandes efectos derivados de la pandemia ha sido la conversión del trabajo presencial a teletrabajo. A pesar de que las tecnologías digitales pueden ser un gran aliado de los mercados laborales en la región, se requiere generar oportunidades de empleo y cobertura efectiva a la población para consolidar el teletrabajo como opción (BID, 2020).

A partir de las proyecciones de Conapo (2019) se prevé una demanda de 285,391 viviendas, nuevas o usadas8 para la ZMM (Sedesu, 2020) aunque la ZMM cuenta con 239,019 viviendas deshabitadas (PEV, 2022)9 evidenciando políticas de vivienda ineficientes10. De no contar con una visión metropolitana de desarrollo en que contemple las vocaciones de distintas zonas de la metrópoli y continuar el crecimiento periférico, estas viviendas estarían ubicadas en áreas de alto riesgo, irregulares y alejadas de la actividad central de la metrópoli.

Además, 15% de los habitantes del Área Metropolitana percibe vivir en barrios completos, es decir, dice contar con los servicios necesarios para una buena calidad de vida, accesible al hogar, sin la necesidad de utilizar un auto; aunque 69.7 % de ellos, vive lejos de su trabajo (CVNL, 2022).

El 25 % de la expansión urbana se ha dado en áreas definidas para ello en los correspondientes planes de desarrollo urbano (CMM, 2019). Esto ha incrementado la demanda de servicios y equipamiento en municipios que no tienen capacidad de proveerlos, mientras que en otros municipios dicha infraestructura se encuentra subutilizada.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LAHOTDUNL, 2016) obliga a estados y municipios a impulsar un modelo de ciudad compacta y eficiente, que disminuya la demanda de movilidad. Sin embargo, solamente el 59 % de los municipios de Nuevo León cuenta con instrumentos de planeación en desarrollo urbano y los ejecutan (CNGMD, 2019).

Nuevo León enfrenta desafíos que sí se promueven ciudades compactas, conectadas, limpias e inclusivas, y alineadas con una visión de largo plazo, podrá salir fortalecido de esta situación (Coalition for Urban Transitions, 2021).

De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey (ITESM) las características que han determinado el proceso de expansión urbana en la ZMM son la informalidad, la precariedad y la especulación del suelo (2022). En la ZMM, el 96 % de la vivienda es horizontal (CMM, 2019) y la densidad poblacional 25 % y 42 % menor que las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ciudad de México, respectivamente (ICP, 2019)11.

Lo metropolitano implica múltiples desafíos que no sólo deben enfocarse en la planeación y diseño urbano sino en la concurrencia, coordinación y corresponsabilidad de órdenes de gobierno, sector social, privado y ciudadanía, para ello es necesario desarrollar una agenda con consenso sobre una visión común entre distintos actores (Galarza y Silva, 2021). Así como el uso de mecanismos de gestión metropolitana para incrementar la eficiencia, aprovechar economías de escala e incrementar la congruencia en la planeación (Ramírez, 2012)12.

Es importante tomar en consideración el concepto de ciudad inteligente, definida en términos de eficacia económica, ambiental y social (al mejorar la gestión de la ciudad) y, también, en términos de gobernanza ciudadana. Una forma de monitorearlo es el Índice de Ciudades Sostenibles, en este la ZMM ocupa la posición 14 en la evaluación del sobre las ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (ICS, 2021)13.

En la ZMM existen tres ejemplos de gestión conjunta:

• El Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) es el encargado de administrar y procesar residuos sólidos urbanos.

• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es responsable del tratamiento y provisión de agua potable.

• La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Desarrollo Urbano gestiona la formulación del Programa Monterrey Metropolitano 204014

Aunque valiosos, este tipo de esfuerzos deben ampliar su rango y alcance para responder adecuadamente a los retos que enfrenta la metrópoli.

Movilidad sostenible

La movilidad sostenible se define como aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro (World Business Council for Sustainable Development, 2009).

Una buena organización espacial de la ciudad es aquella que minimiza la necesidad de desplazamientos motorizados. La clave está en la proximidad15 para que los desplazamientos a pie sean la solución más adecuada (Vinuesa, 2020). En un modelo de ciudad expandida, con baja densidad y largas distancias de traslado, con menores ingresos, mayores costos y tiempos de viaje más largos.

La congestión e incidentes viales16, emisiones contaminantes y aumento de consumo de combustibles y de energía son costos de esta desvinculación y representan entre 2.9 % y 4.9 % del PIB nacional (ITDP, 2019). La ZMM, que cuenta con 2.2 millones de vehículos de motor registrados (Sedesu, 2020) ocupa el segundo lugar nacional en costo por congestión vial (IMCO, 2018)17.

En México, los siniestros de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en el país (SITCONAPRA, 2020), además representan un problema de salud pública con altos costos sociales y económicos. Nuevo León concentra el mayor porcentaje de incidentes viales en el país (21 %), entre 2020 y 2021 murieron 497 personas en accidentes viales de las cuales 164 (33 %) fueron peatones (INEGI, 2022).

Parte del problema es que en la ZMM cerca del 40 % de las manzanas no cumplen con los cuatro estándares para facilitar los desplazamientos peatonales: banquetas, rampas, arbolado y alumbrado público (CMM, 2020). Los espacios y servicios públicos urbanos que han sido planificados, diseñados y construidos han pasado por alto las necesidades de las personas con discapacidad, de los niños y niñas pequeños, de las personas mayores y de quienes los cuidan (BID, 2021).

Las deficiencias en el sistema de transporte público redundan en una baja utilización del mismo. La partición del transporte público ha pasado del 38% a solo el 20% entre 2012 y 2019, el tiempo medio de viaje de los usuarios del transporte público aumentó de 55.4 minutos en 2015 a 68 minutos en 2019 (23% más) y la velocidad media en la red vial disminuyó en un 4%, de 26.7 km/hr a 25.7 km/hr (GENL, 2021). En la ZMM el 45.7 % de los viajes son en automóvil, 21 % en transporte público y 19 % a pie. Adicionalmente 62 % de los viajes de ocio y 30 % a centros educativos se hacen en carro (ITESM, 2022).

Al revisar específicamente la población ocupada, el 54.01 % utiliza el transporte público y medios no motorizados y 47.79 % de ella se traslada a su trabajo en menos de 30 minutos, (Censo 2020). La cantidad de autobuses de transporte público pasaron de 6,568 (2009) a 2,602 (2021) unidades disponibles (GENL, 2021).

En Nuevo León, no toda la población puede acceder al servicio, tanto por costo como por cobertura. El gasto de los hogares neoloneses en transporte público pasó de representar el 5.28% en 2018 al 3.42% en 2020. Sin embargo, dicho gasto sigue siendo mayor al 3.24% o el 2.81% que representa en CDMX y Jalisco respectivamente en 2020 (gráfica 2). Además, solo el 38.4 % de la población de estratos socioeconómicos bajos en la ZMM puede usar el transporte público, esto es casi 16 puntos porcentuales menos que en la Ciudad de México (ICS, 2018).

Moverse en el estado no es igual para las personas; 77.8 % de las mujeres y niñas en Nuevo León tienen miedo de ser agredidas sexualmente en el transporte público de la ZMM (ONU Mujeres, 2019), 121,708 mujeres sufrieron algún tipo de acoso en el transporte público y 1 de cada 3 mujeres no se siente segura en el transporte público (EAV, 2022).

Gráfica 2. Gasto corriente promedio utilizado en transporte público por entidad.

La cobertura del sistema de transporte público depende de la inversión que se le ejerza. Entre 2001 y 2017, el 81 % de las inversiones en movilidad y transporte se dirigieron a infraestructura para vialidades y el automóvil, mientras que el 19 % restante se ha repartido entre espacio público, transporte público, infraestructura ciclista y peatonal (ITDP, 2017). Las ciudades mexicanas no han priorizado la movilidad de las personas y le han dado más importancia al flujo de automóviles, lo que genera mayor congestión (IMCO, 2019).

En 2021 los nueve municipios metropolitanos invirtieron 76% de su presupuesto de movilidad en movilidad motorizada y 24% en no motorizada lo cual contribuye a reducir las alternativas distintas al auto (REVICI, 2022).

La falta de inversión es evidente al observar que la zona A concentra el 86 % de la red de transporte público de pasajeros, mientras que la zona B tiene sólo el restante 14 %. Esto es un claro contraste con las tendencias de crecimiento poblacional e ilustra cómo el mal diseño urbano repercute en la calidad de vida de la población (CETyV y AET, 2018).

El transporte urbano de carga es un componente importante para la eficiencia de las ciudades por su importancia en el sector productivo y desarrollo económico (Betanzo, 2017). Este puede también incidir en la congestión, contaminación, consumo energético, seguridad vial y ocupación del espacio urbano (ITDP, 2012).

En el estado existen 254 centros de distribución y centros de reparto, 28 % de ellos están ubicados fuera de la zona urbanizada. Diariamente transitan 47 370 vehículos de carga18, de los cuales más del 60 % dan servicio entre la ZMM y otras ciudades (PIMUS, 2020). Nuevo León tiene la tasa más alta de incidentes de tránsito terrestres relacionados con transporte de carga con 199.89 por cada 100,000 habitantes, seguido de Colima con 155.78 (INEGI, 2021).

Medio ambiente y recursos naturales

Los mexicanos tienen una de las huellas ecológicas más altas en el mundo, con 2.6 hectáreas19 (Global Footprint Network, 2019). En lo que respecta a la ZMM, está ocupa la sexta posición dentro del resultado del subíndice del ODS 12. Producción y consumo responsables, por zona metropolitana, donde se evalúan 63 zonas metropolitanas del país (ICS, 2021). Esto representa un avance comparado con el resultado obtenido en 2018 (posición 38).

El fracaso de las políticas en torno a la acción climática, la pérdida de biodiversidad y el clima extremo se han clasificado como los tres principales riesgos a los que se enfrentará la humanidad en los próximos 10 años (WEF, 2023).

En cuanto al Subíndice de Manejo Sustentable del Medio Ambiente, del Índice de Competitividad Urbana 2022 (ICU), Monterrey pasó del último lugar en 2021 a ocupar el sexto puesto dentro de las 17 ciudades con más de un millón de habitantes (IMCO, 2022).

El desarrollo económico, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB), ha dominado la discusión en políticas públicas, dejando en un rango inferior el estado o situación de los recursos naturales y los ecosistemas que proporcionan los servicios que hacen posible la vida en la biósfera y el desarrollo humano (NCAVES, 2021).

Según datos del Censo Económico 2019, 9.46 % de las unidades económicas grandes de Nuevo León efectuaron inversión en protección ambiental. Las principales inversiones fueron en disminuir el consumo de energía (158 millones de pesos), disminuir las emisiones a la atmósfera (91.7 millones de pesos) y manejo de residuos no peligrosos (82.7 millones de pesos).

1. Ecosistemas y biodiversidad

Existen dos emergencias interrelacionadas: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. A nivel global la huella ecológica se ha multiplicado por tres entre 1961 y 2022 y la biocapacidad ha disminuido un 50 % (WWF, 2022). Así mismo, la desertificación ha afectado 53.5 % de los recursos bióticos en el territorio nacional; 65.3 % de los edáficos han sido dañados con procesos de ligero a extremo y 63 % de los hídricos del territorio han sido afectados con algún nivel de degradación (SEMARNAT, 2019).

El capital natural y ecosistemas de Nuevo León se encuentran en riesgo. El estado ocupa la posición número trece a nivel nacional y registra un puntaje aproximado de 0.43 en el Índice de Capital Natural (ICN), que mide el tamaño y calidad de los ecosistemas remanentes. Nuevo León califica por debajo de Baja California Sur y Coahuila, que tienen un ICN aproximado de 0.88 y 0.82, respectivamente (Conabio, 2021). De la misma manera, el Índice de Integridad Ecológica (IIE), que califica la pérdida de hábitats en el estado, tiene un puntaje de 0.4320, que se encuentra por debajo de la media nacional de 0.48.

La pérdida de biodiversidad y de integridad ecológica son producto de la deforestación, cambios de usos de suelo o fenómenos naturales como los incendios. De 2001 a 2019 se perdieron 51 000 hectáreas de cobertura arbórea en Nuevo León, 4.9 % del total (Global Forest Watch, 2020)21.

El reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) indica que Nuevo León ocupa la posición número 14 en cuanto a porcentaje de pérdida de superficie cubierta por árboles. Aunque Nuevo León se ha posicionado como el estado con la mayor cantidad de Unidades para el Manejo de la Conservación de Vida Silvestre (UMA) a nivel nacional. Se han registrado más de 2,600 UMA, lo que representa 2.5 millones de hectáreas; es decir, 40.1% de la superficie del estado se encuentra bajo un esquema de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable (GENL, 2022).

La preservación y recuperación de los ecosistemas puede darse a través de su protección y reforestación. Las áreas naturales protegidas (ANP) son el esfuerzo más amplio en conservación de la biodiversidad, proveen servicios ambientales y dan oportunidades recreativas a la población (TNC, 2008). Parques y Vida Silvestre administra 31 ANP ubicadas en 25 municipios de Nuevo León, que suman 257,866 hectáreas (4% del territorio estatal) (GENL, 2022), 13 % menos de la meta establecida por el Convenio sobre Diversidad Biológica22 (2010).

La reforestación disminuye las emisiones contaminantes en la atmósfera, protege la biodiversidad y ayuda a incrementar la disponibilidad de agua por la captación de lluvia (USDA, s. f; Conafor, s. f.). Entre 2013 y 2018, el estado produjo anualmente tres millones de plantas en promedio, sin embargo, esta cantidad disminuyó más de 50 % de 2018 a 2019. La reforestación no ha sido constante, tuvo su punto más alto en 2012, cuando se reforestaron 12,259 hectáreas, pero cayeron a 1,400 hectáreas en 2019, 0 en 2020 y 391 hectáreas en 2021 (Conafor, 2021) (gráfica 4).

Gráfica 4. Número de hectáreas reforestadas, 1993-2021.

2. Agua

Los principales retos para alcanzar la seguridad hídrica son mejorar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes, al igual que la correcta gestión de los recursos hídricos (Consejo Consultivo del Agua, 2016). De acuerdo al Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2015 40.4% de los municipios del estado presentaban algún grado de sequía, cifra que aumentó al 100% de los municipios en 2022.

Las lluvias en los últimos años no han sido aún suficientes para generar escurrimientos que son los que se almacenan en las presas, causando un problema a la red pública. Además, la temperatura media anual en Nuevo León ha aumentado 1. 7º C desde 2006, generando escasez de agua a nivel local. En el estado, 6 de cada 10 litros de agua destinados a los hogares vienen de las presas (FAMM).

Respecto a la disponibilidad, las viviendas de Nuevo León tienen un nivel de acceso a la red pública (98.6 %) superior al porcentaje nacional (96.3 %) (INEGI,2020). Sin embargo, la disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA)23 presenta un déficit de 294.15 (Conagua, 2021). De los 23 acuíferos del estado, 13 presentan sobreexplotación entre recarga y extracción de agua (Conagua, 2021)24.

Nuevo León enfrenta una alta demanda del recurso y cuenta con una oferta limitada (Hofste; Schleifer y Reig, 2019). El grado de presión, la proporción de agua empleada en consumo respecto al agua renovable, está en el 45.6 % para el estado, lo que supone una presión alta (Conagua, 2019).

Respecto al consumo de agua por sector urbano, el residencial representa el 70% de la demanda, el público25 un 19%, y el 11% restante el sector comercio e industria (FAMM, 2018).

Entre 2002 y 2015, el sector que más aumentó su consumo de agua fue el público, con una tasa de crecimiento media anual del 5 %, mientras que en el sector residencial fue del 1.4 % y en el industrial y comercial, del -0.3 % (FAMM, 2018).

En cuanto al rendimiento de agua per cápita26, éste disminuyó 2 % entre 2014 y 2018 (Conagua, 2019), lo que obedece, en parte, al incremento de la demanda del recurso hídrico.

Sobre la calidad del agua, hay 55 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con una capacidad instalada agregada de 16.16 metros cúbicos por segundo (m3/s), 13 plantas potabilizadoras con una capacidad instalada de 15.35 m3/s, y 97 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales que pueden tratar en conjunto 4.11 m3/s (Conagua, 2018).

La gestión del agua consiste en medidas de control para minimizar la pérdida y maximizar el uso eficiente del recurso (USDA, s. f.). Nuevo León mejoró al pasar de 1,735 a 2,707 pesos por hectómetro cúbico de agua entre 2015 y 2018; sin embargo, aún está lejos de alcanzar, por ejemplo, los 15,484 pesos de Baja California (Sagarpa, 2018).

Es importante recalcar que, para lograr la seguridad hídrica27 la tecnificación de la agricultura es una parte importante de la solución. La agricultura representa el 71 % del agua que está concesionada en el estado, lo que lo convierte en el principal consumidor en la entidad (TNC, 2015 y FAMM, 2018). En el reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) Nuevo León ocupa la posición número 25 en eficiencia económica del agua en agricultura con $3,311 miles de pesos por hectómetro cúbico.

Según datos del Censo Económico 2019, 12.7% de las unidades económicas grandes de Nuevo León aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad. Los principales usos del agua tratada fueron descarga a la red pública o a otro receptor (8.38%), sistema de enfriamiento (1.95%) y jardinería y limpieza (1.21%).

En cuanto al sector pecuario, en el estado se tienen 1,410 títulos de concesión con un gasto promedio anual de 0.23 m3/s, pero, de acuerdo con algunos estudios, utiliza aproximadamente cinco veces más agua que el monto concesionado (FAMM, 2018).

Finalmente, el cambio climático y la perspectiva de sequías agregan un riesgo adicional a la creciente demanda resultado de la expansión demográfica y urbana, lo cual limita la disponibilidad de agua renovable (FAMM, 2018).

3. Residuos sólidos urbanos y peligrosos

Los residuos sólidos se dividen en urbanos (RSU), generados en las casas, establecimientos y vía pública; y de manejo especial y peligrosos, que incluyen corrosivos, explosivos, tóxicos, inflamables o infecciosos (LGPGIR). Todos ellos presentan un riesgo para la salud y afectan negativamente la calidad de los ecosistemas naturales, contaminan el agua y algunos emiten GEI (Semarnat, 2020).

En Nuevo León, 55.2% de las unidades económicas grandes realizaron separación de residuos sólidos; los tres mayores rubros fueron papel, plástico y metal con 89.9%, 78.8% y 50.4% respectivamente (Censo Económico, 2019).

En Nuevo León, solamente el 13.75 % de los residuos son enviados a tratamiento y el 6.13 % de estos recuperado respecto al total enviado a tratamiento28 respecto al total enviado a tratamiento (CNGMD, 2019). Para reducir su impacto en el medio ambiente, se debe mejorar el destino final que se les da a los residuos, considerando que se debe priorizar el aprovechamiento antes que la disposición final.

A través de SIMEPRODE, se emplea el biogás aprovechando el metano producido por los residuos para hacer que funcione el metro e iluminar espacios públicos de la metrópoli como Parque Fundidora. De 2021 a 2022, se han reducido más de 10,000 toneladas de gas metano, equivalente a 320,000 toneladas de CO2e (GENL, 2022).

La separación de los residuos puede ser realizada de origen (casa habitación o establecimientos) o bien por el Gobierno después de ser recolectados. La separación de origen contribuye a disminuir los tiempos y costos de la separación y el reciclaje (Semarnat, 2017).

En Nuevo León, solamente el 30.78 % de las viviendas separan sus residuos, lo que lo ubica como la entidad número 26 a nivel nacional, y contrasta con el 90.86 % y 70.93 % de la Ciudad de México y Oaxaca, respectivamente (Censo 2020).

Algo similar ocurre con la labor gubernamental, pues solamente el 7.84 % de los municipios tienen programas orientados a la gestión integral de RSU (2016). En términos de residuos peligrosos, la información es escasa, pero entre 2012 y 2018 Nuevo León fue el estado con mayor generación de éstos (Semarnat, 2018).

Adicionalmente, de un aproximado de 1,600 autorizaciones emitidas a los generadores de residuos de manejo especial (RME)29, se aprovechan aproximadamente el 52 %, y el 48% restante se dispone finalmente en rellenos sanitarios autorizados (Sedesu, 2020).

En 2021 se aprovecharon 8.8 millones toneladas de RME y se enviaron a disposición final 3.8 millones; para 2020 fueron 8.6 y 3.4 millones de toneladas, respectivamente. Al aumentar las unidades económicas registradas, la tendencia en el aprovechamiento se mantiene, generando un menor impacto en la vida útil de los rellenos sanitarios y propiciando un mercado de reciclaje de residuos en el estado (GENL, 2022).

4. Aire

De acuerdo con la OMS, el 93 % de los niños y niñas del mundo respiran todos los días aire contaminado, poniendo con esto en riesgo su salud y desarrollo (OMS, 2018). Esta contaminación es principalmente ocasionada por los siguientes contaminantes criterio (Cofepris, 2017): Ozono (O₃), Dióxido de azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO₂), Partículas en suspensión (PM₁₀, PM_2.5) y Plomo (Pb).

Los contaminantes del aire son emitidos por actividades humanas como la industria, el comercio, la construcción, el transporte, la agricultura, la degradación de suelos y, en menor medida, por elementos naturales como la temperatura y la estabilidad atmosférica (CMM, 2019).

En Nuevo León, el ozono30, y las partículas PM₁₀ y PM_2.531 y, en menor medida, el monóxido de carbono son los contaminantes que presentan niveles más elevados. En tanto a la distribución por emisor, las fuentes fijas representan el origen de las mayores emisiones de los contaminantes criterio PM, PM₁₀, PM_2.5 y SO₂, mientras que las fuentes móviles son el principal contribuyente de NOx, CO y CN y las fuentes de área representan el principal contribuyente en el caso de COT, COV y NH3, y tienen aportaciones significativas en el caso de las partículas PM, PM₁₀ y PM_2.5 (GENL, 2021).

En 2022 las partículas PM_2.5 tuvieron un total de 57 días sobre la norma (dsn) y las PM₁₀ un total de 217, valores muy por encima de la meta conservadora de 25 y 75 respectivamente trazadas al 2030. (gráfica 5). De acuerdo a proyecciones generadas para el Plan Integral de Gestión de Calidad del aire (PIGECA) habrá un aumento del 34% en material particulado PM_2.5 y 35% en PM₁₀ hacia el año 2032.

Quienes habitan el estado de Nuevo León tienen el derecho al aire limpio, por lo que la Constitución del Estado establece la creación de la Agencia Estatal para la Calidad del Aire. Misma que promoverá una estrategia integral que abarque los cuatro tipos de fuentes de contaminación atmosférica y las acciones para que controlen, mitiguen y prevengan sus emisiones.

Gráfica 5. Número de días sobre la norma de partículas PM₁₀, PM_2.5 y ozono, 2005-2021.

Desde que inició el sistema de monitoreo ambiental en la ZMM, de los 365 días del año se han tenido al menos 180 en los que se sobrepasa la NOM (SIMA, 2019). Pese a que presenta una tendencia a la baja desde 2010, Monterrey es una de las ciudades de Latinoamérica con mayor contaminación32 por PM₁₀ (CMM, 2019).

De continuar las tendencias actuales en la ZMM se incrementarían los efectos negativos en la salud y calidad de vida de la población. Para el periodo 2013-2030, estudios proyectan un crecimiento del 71 % en la emisión de partículas PM_2.5, 80 % el óxido en de azufre (Sox), 63 % en los óxidos de nitrógeno (Nox) y 47.5 % en los compuestos orgánicos volátiles (COV) (CMM, 2018). En el reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) Nuevo León ocupa la posición número 23 en morbilidad por enfermedades respiratorias, con 131 incidencias de asma e infecciones agudas por cada mil habitantes

La contaminación del aire está vinculada a enfermedades cardiacas, neurológicas y distintos tipos de cáncer (Institute for Health Metrics and Evaluation, s.f.). Cada año en la ZMM hay 524 muertes asociadas al PM₁₀ y 727 al PM_2.533 emitidas por el transporte, en comparación con 485 y 675 respectivamente para Guadalajara (ITDP, 2019)34. Los casos de asma e infecciones respiratorias35 aumentaron de 232 en 2015 a 266 en 2018 (Secretaría de Salud, 2018).

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (Trejo, 2019) concluye que de haberse seguido las NOM para PM_2.5 en 201536, se hubiera reducido la mortalidad en 7 %. Esta proporción aumentaría a 8.1 % de haberse cumplido los estándares más estrictos de la OMS.

Acción por el clima

La actividad humana ha contribuido al incremento en la temperatura global, los recientes cambios climáticos no tienen precedentes y la temperatura seguirá en aumento al menos hasta el 2050. El límite de entre 1.5ºC y 2ºC se sobrepasará durante este siglo a menos que se tomen medidas enfáticas en torno a las emisiones de GEI y reducciones de CO2 (IPCC, 2021).

Todos los sectores económicos deben promover el uso de energías alternativas y el uso de nuevas tecnologías orientadas a disminuir la contaminación bajo el concepto de justicia ambiental37. En gran medida, se sigue considerando al cambio climático como una problemática de competencia exclusiva del sector ambiental, a pesar de sus múltiples vínculos sectoriales, y falta una comprensión profunda de sus implicaciones reales en prácticamente todos los ámbitos de la política pública (GIZ, 2018).

Sus consecuencias abarcan la degradación ambiental, el aumento de desastres naturales, e inseguridad hídrica y alimentaria con especial afectación a los grupos más vulnerables de la sociedad (ONU, s. f.; Oxfam, 2020). Además, la falta de planes de contingencia y resiliencia genera costos económicos al no prever el impacto de los fenómenos en la infraestructura, la productividad o los servicios de salud38 (Puente, 2018).

El cambio climático es uno de los principales impactos indirectos de la urbanización y representa del 11 al 16 % de la pérdida de biodiversidad a nivel global (McDonald, Rob et al., 2015), de acuerdo con la Convención de Lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas, la política territorial puede llegar a reducir las emisiones de una metrópoli hasta en un 25 % (UNCCD, 2015).

1. Energía

La energía es un recurso indispensable para el funcionamiento de las economías modernas (ONU, 2020). Sin embargo, su producción y uso impactan negativamente al medio ambiente. Es necesario equilibrar ambos fenómenos al garantizar el acceso universal a servicios energéticos y aumentar la producción de energía renovable (Agenda 2030). Aproximadamente el 90% de las necesidades mundiales de electricidad deben ser abastecidas por energías renovables para 2050, en comparación con alrededor del 26% en 2019, para poner al mundo en un camino seguro para el clima (IRENA, 2022).

A nivel nacional, el crecimiento de los costos de operación de CFE, al segundo trimestre del 2022; fue superior al de los ingresos. De igual manera, en el segundo trimestre de 2022, Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y de Gas Natural por Ductos al Consumidor Final registró un producto interno bruto de $539,248M MX, evidenciando un alza de 9.81% con respecto al trimestre anterior y un alza de 8.83% respecto al mismo periodo del año anterior (INEGI, 2022).

Nuevo León es el estado número 15 en generación bruta de energía eléctrica y el 98 % proviene de fuentes fósiles, que es la principal fuente de GEI a nivel mundial. Solamente el 0.3 % de la energía generada en el estado proviene de fuentes renovables, muy cerca de la media nacional, pero muy por debajo del promedio de la OCDE (10.2 %) (Sener, 2018). No obstante, se prevé que en 2029 en la región noreste39 42.6 % de la energía generada sea de fuentes renovables (Sener, 2018).

Nuevo León es el segundo consumidor de energía eléctrica en el país, con un gasto de $37,724 mdp sólo detrás de la CDMX con $58,930 mdp, a pesar de tener solamente el 4.4 % de la población nacional. Mientras que, a nivel municipal, Monterrey y General Escobedo ocupan el tercer y cuarto puesto a nivel nacional con $9,627mdp y $6,991mdp respectivamente (INEGI, 2019).

El alto consumo energético es producto de la dinámica de tres sectores: el industrial (42.8 %), el de transporte (30.7 %) y el eléctrico (14.7 %) (Sedesu, 2014). Se estima que la demanda del pico más alto en energía aumente un 14 % entre 2015 y 2031 (Sener, 2018). En el reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) Nuevo León ocupa la posición número 6 en intensidad energética en la economía con 9,308 Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB.

Al invertir en servicios e infraestructura adecuada, las ciudades pueden mejorar la vida de sus ciudadanos y desarrollar resiliencia contra peligros naturales y riesgos relacionados con los fenómenos naturales, mientras se abordan los desafíos de cambio climático y pérdida de biodiversidad (WEF, 2023). El estado cuenta con un 82.2 % de cobertura de focos ahorradores, todavía por debajo, por ejemplo, de Yucatán (93.5 %) y de Quintana Roo (93.1 %), y solamente el 1.18 % de los hogares cuentan con calentador solar, en comparación con el 25 % de Zacatecas y 21.4 % de Aguascalientes (BIEE, 2016).

En términos de generación, Nuevo León pasó de producir el 55% del consumo total utilizando combustóleo y gas natural en 2016, a generar el 55% del consumo usando gas natural y energía renovable en 2019 (Sedesu, 2020).

Nuevo León es el segundo estado a nivel nacional con mayor generación de energía distribuida, es decir, la que se produce en lugares cercanos al consumidor (por ejemplo, paneles solares residenciales). La energía distribuida es una alternativa para reducir pérdidas de transmisión y para disminuir las emisiones contaminantes, sin embargo, solo representa el 0.82 % del consumo total en el estado (BIEE, 2016).

2. Emisiones de GEI

Las ciudades abarcan poco menos del 2 % de la superficie de la Tierra y sin embargo son responsables del 60 % de los GEI (ONU-Habitat, s. f.). Entre 1990 y 2005, las emisiones brutas de GEI en Nuevo León se incrementaron 14 % y representan el 4.8 % de las emisiones totales de México. Los rubros que explican este incremento son el consumo de electricidad, el transporte y los procesos industriales (Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Centro de Estrategias Climáticas y GENL, 2010).

En Nuevo León, las emisiones de GEI se distribuyen de la siguiente manera por tipo de fuente: fuentes fijas representan el origen de las mayores emisiones de los gases y compuestos de efecto invernadero CO2 y N2O, fuentes móviles aportan una proporción significativa (34%), de las emisiones de CO2 equivalente y las fuentes de área representan el principal contribuyente en el caso del metano, CH4 (GENL, 2021).

Según algunas proyecciones, las emisiones brutas de GEI en el estado continuarán aumentando hacia 202540. Para alcanzar las metas propuestas en los Acuerdos de París, de limitar el aumento máximo en la temperatura global en 1.5 °C, se tendría que dar una reducción de 7.6 % anual en emisiones de GEI (ONU Medio Ambiente, 2019).

El Programa de Acción ante el Cambio Climático Nuevo León 2010-2015 advierte que la continuidad de las emisiones actuales en la entidad afectaría los sectores estratégicos, principalmente en conservación de ecosistemas y biodiversidad, uso de energía eléctrica, salud y agricultura.

3. Vulnerabilidad y riesgos

Según el Atlas Nacional de Vulnerabilidades al Cambio Climático (INECC, 2019), Nuevo León presenta al menos tres elementos de vulnerabilidad: un grado alto por deslaves en asentamientos humanos, un incremento en distribución potencial del dengue, y vulnerabilidad media en inundaciones en asentamientos humanos.

Además, se proyecta a 2050 un aumento de temperatura promedio entre 1.5 y 3 °C en la entidad con mayor frecuencia e intensidad de huracanes y sequías, así como incremento de enfermedades, de especies invasoras y de inseguridad energética (GENL, 2010).

El índice de Ciudades Sostenibles (2021) otorgó a la ZMM una calificación de 14.9, solo por encima de Orizaba, Poza Rica y Tlaxcala-Apizaco, en las acciones para atender los efectos del cambio climático mientras que el promedio fue de 56.1; en contraste, por ejemplo, con la zona metropolitana de Guadalajara con 100 o la zona metropolitana de Mazatlán con 83.3. (gráfica 6).

Gráfica 6. Subíndice para el ODS 13 (Acción por el clima), ICS 2021.

A pesar de esa calificación, la ZMM tiene un récord bajo de impacto de desastres naturales41, al registrar 19.2 personas afectadas por cada 100,000 habitantes en comparación, por ejemplo, con 3 000 de Matamoros o Tehuantepec (ICS, 2019). El estado solamente ha tenido dos declaratorias de emergencia y desastre natural desde 2015 (CNGSPSPE, 2019).

El cambio climático afecta de forma desigual a las personas. Los factores de vulnerabilidad relacionados con el género, la edad, el desplazamiento, el origen indígena o la condición de minoría agudizan los efectos de la crisis climática en ciertas poblaciones42 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020).

Problemas públicos

Del diagnóstico se desprenden cuatro retos principales que enfrenta Nuevo León en sus esfuerzos por alcanzar un desarrollo sustentable:

1. El crecimiento de la mancha urbana ha sido mayor al poblacional y se ha dado sin un consenso sobre el modelo de ciudad que se necesita. Esto ha provocado encarecimiento y rezago en la provisión de servicios públicos e infraestructura43 de la ZMM en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes.

2. La desvinculación de las políticas de desarrollo urbano y de movilidad provocan un incremento en las distancias entre hogares, trabajos, servicios e infraestructura44 de la ciudad. Esto lleva a que desplazarse tenga altos costos en tiempo, recursos y seguridad, acrecentando la desigualdad urbana. Adicionalmente, la falta de un sistema eficiente e integrado de transporte público fomenta el uso del automóvil, incrementando la congestión y diversas externalidades. Lo anterior, ha provocado que, la población en condición de pobreza y vulnerabilidad sea expulsada de la ciudad central y esté desconectada de servicios urbanos y oportunidades de desarrollo, tendiendo a distanciarse espacial y socialmente, exacerbando su condición. La lejanía y la falta de transporte urbano imponen a las personas situaciones complejas, que afectan principalmente a mujeres y niñas, la infancia y juventud, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población migrante e indígena (CGM, 2020).

3. El medio ambiente y los recursos naturales del estado están hoy en riesgo:

   1. La intensidad de la actividad humana ha degradado las condiciones de la biodiversidad y las acciones para restaurarlos y conservarlos han sido insuficientes.

   2. Nuevo León enfrenta una situación de crisis hídrica, tanto de oferta como de demanda.

   3. La calidad del aire que respiran los y las habitantes de la ZMM es mala la mayor parte del año, por lo que se trata de un problema ambiental y de salud pública.

   4. La alta producción de residuos, así como el bajo nivel de reciclaje y recuperación en la gestión de residuos constituye también un riesgo para la salud de ecosistemas naturales y de las personas.

4. La demanda energética crece sin el correspondiente aumento en la producción de energías renovables. La energía de fuentes fósiles es la principal causante de emisiones de GEI a la atmósfera y su incremento contribuye al calentamiento global, por lo tanto, a los riesgos que implica el cambio climático.

Aspiración

La aspiración a guiar los objetivos y líneas estratégicas del área de Desarrollo Sustentable a 2040 es:

Nuevo León se desarrollará a partir de un modelo territorial resiliente y sostenible que responda a los desafíos climáticos mediante la colaboración y compromiso intersectorial.

Esta aspiración hace referencia a la necesidad de tener un balance entre el medio ambiente construido y el natural, así como la forma en que se diseña, gestiona y protege el territorio en el que viven los y las habitantes de Nuevo León. La calidad del entorno requiere de una coordinación eficiente en la gestión del crecimiento de la mancha urbana y demás regiones del estado.

Es necesario que la provisión de servicios e infraestructuras corresponda a las necesidades de las personas y esté priorizada por las problemáticas más importantes del estado45. Esto para combatir la acumulación de desigualdades en el ciclo de vida de las personas que derive en oportunidades para las personas46.,

Adicionalmente, es importante que estas comunidades tengan una demanda sostenible de recursos naturales, de tal forma que ayuden a conservar los ecosistemas y biodiversidad del estado y contribuyan así a mitigar los efectos del cambio climático.

Para alcanzar esta aspiración se definieron cuatro objetivos estratégicos estrechamente interconectados.

Objetivos y líneas estratégicas

1. Asegurar una planeación territorial y gestión urbana con una gobernanza formal que posibilite comunidades (compactas, articuladas y diversas) que contribuyan a reducir la desigualdad urbana

En línea con el ODS 11 (Comunidades y ciudades sostenibles), este objetivo se refiere a lograr que la ZMM y demás asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, conectados y sostenibles.

La población neoleonesa tiene derecho a una ciudad libre de discriminación, con perspectiva de género que busque una ciudadanía inclusiva y participativa. El derecho a la ciudad se alcanza si contamos con espacios públicos de calidad y fomentando vínculos urbano-rurales para lograr el desarrollo de todo el estado (ONU-Habitat, 2020).

Para lograrlo se necesita una clara definición de prioridades, de forma que los asentamientos tengan acceso a los distintos servicios y atributos necesarios para estar articuladas con el resto de la metrópoli.

De igual manera, las ciudades intermedias serán determinantes para aumentar la competitividad regional, contribuyendo significativamente a cerrar las brechas entre zonas rurales y urbanas, y con ello, a brindar más prosperidad a la ciudadanía (CAF, 2019).

Para cumplir este objetivo, se definieron cuatro líneas estratégicas:

1.1 Impulsar un modelo de gobernanza metropolitana integral y sostenible

Lograr una metrópoli inclusiva, segura, resiliente y sostenible requiere de un crecimiento de la mancha urbana que se dé “mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana” (ONU-Habitat, 2017). Esta directriz está alineada al ODS 11 (Gómez-Álvarez et al., 2019).

Una agenda metropolitana ambiciosa requiere, por su propia naturaleza, de la suma de voluntades pues los desafíos que se presentan no respetan límites geográficos, administrativos o políticos. La elaboración de los Programas Metropolitanos deberá contribuir a que el uso, ocupación y aprovechamiento del territorio y de los recursos naturales transiten hacia un modelo de desarrollo metropolitano sostenible basado en el uso racional de los recursos disponibles, la capacidad de carga del territorio y el bienestar de las personas (Sedatu, 2020).

Con base en la Constitución Política del estado de Nuevo León, la coordinación y gestión regional y metropolitana deberá ser responsabilidad de los Ayuntamientos, en coordinación con el Gobierno del estado. El primer paso requiere de una “conciencia metropolitana” y el fortalecimiento de capacidades en la administración urbana municipal para llegar a una gestión metropolitana congruente (BID, 2019).

Es importante contar con modelos de gobernanza que garanticen el desarrollo sostenible. Que, bajo una coordinación y cooperación efectiva, trasciendan cualquier orden de gobierno o partido político (Galarza y Silva, 2022). Y que a partir de su formalización y sustento técnico permitan abordar los problemas que trascienden los límites intermunicipales.

Ejemplos de estos mecanismos son acuerdos de colaboración intermunicipales o estructuras metropolitanas temáticas, como pueden ser agencias especializadas en los ámbitos de movilidad, medio ambiente o desarrollo urbano. Es importante que el formato elegido considere su sostenibilidad financiera y el compromiso de todos los municipios de la ZMM.

La gestión debe enfocarse en las instancias y buenas prácticas que puedan ser escaladas de lo municipal a lo metropolitano con visión conjunta. Esto puede traer beneficios en forma de economías de escala, disminución de tiempos de aprendizaje y profesionalización, y dar congruencia a la metrópoli.

Además, los problemas de la metrópoli afectan al resto del estado, por lo que se requiere mapear los flujos de personas, bienes e impactos ambientales para identificar procesos de aprovechamiento y mejora.

1.2 Diseñar ciudades que sean accesibles, inclusivas y conectadas

Las herramientas de dimensión metropolitana facilitan plasmar en los procesos de planeación las características que debe tener la ciudad. De acuerdo con las metas 11.3 y 11.b de la Agenda 2030, se busca una urbanización inclusiva, con servicios básicos equitativos y asequibles que hagan un uso eficiente de los recursos naturales.

Se debe procurar que todas las zonas de la ciudad cuenten con la infraestructura y servicios necesarios con igualdad de oportunidades, es decir compensar las desigualdades atribuibles a factores fuera del control de las personas47. Deben estar, como mínimo, conectadas para no limitar a las personas en sus oportunidades laborales, educativas y recreativas. Esta conexión debe ser física, digital y social.

Identificar y atender las necesidades de las personas en la metrópoli requiere un mapeo de los asentamientos irregulares, de servicios básicos e infraestructura estratégica48 que defina las zonas prioritarias de intervención. Lo anterior a fin de tener un impacto sobre el bienestar social que permita cambiar las condiciones de origen o compensar a las personas por las desventajas actuales que sus circunstancias representan (CEEY / CONL, 2021). Es importante considerar que más del 80 % de los factores que intervienen en nuestra salud se encuentran fuera del ámbito puramente sanitario y dependen directamente del entorno en el que habitamos. (CSCAE, 2022).

Para asegurar la calidad de la infraestructura, se puede crear un observatorio de infraestructura pública que lleve un inventario detallado de activos, su estado general de conservación, y que evalúe la inversión realizada, los costos de mantenimiento y proyecte las reposiciones.

Se debe contener la expansión de la mancha urbana con una estrategia integral que reconozca la estructura policéntrica de la ZMM e incentive las posibilidades hacia el interior.

Para esto, se requiere mejorar las condiciones y provisión de servicios urbanos a subcentros y zonas que funcionan como zonas mixtas y compactas49. Un ejemplo son las colonias en condición de vulnerabilidad o barrios en colonias tradicionales de la ZMM.

Por lo que se deben aprovechar sus densidades, fomentar su moderación50 y promover usos de suelo mixto garantizando el uso de plantas bajas activas. Además, se necesita analizar la capacidad de las zonas para proveer servicios y amenidades suficientes sin generar externalidades negativas y de políticas de vivienda de usos mixtos, preferentemente intraurbana, que la hagan más asequible a la ciudadanía51. Por ejemplo, asegurar y proteger las zonas donde se mezclan viviendas unifamiliares y multifamiliares.

Esto puede ser complementado con herramientas como el Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible o conceptos como el de la ciudad de quince minutos52 para reducir costos de servicios, e infraestructura al favorecer la concentración urbana alrededor de los corredores principales de transporte (ITDP, 2019). Esto ha sucedido en Copenhague, Curitiba, Hong Kong y Denver, lo cual ha facilitado el acceso de la población a empleo53, escuelas y necesidades cotidianas.

También se deben aprovechar los espacios subutilizados y vacíos urbanos a partir de la elaboración de políticas de suelo, acompañados por un inventario que permita identificar los espacios estratégicos con potencial de reconversión

Esto debe incluir un programa de adquisición de reservas acompañado del marco regulatorio adecuado. Alternativamente, gravar fiscalmente terrenos ociosos intraurbanos o aumentar el impuesto predial que pagan es otra manera de incentivar el uso de espacios estratégicos (ONU-Habitat, 2018).

1.3 Integrar un sistema de parques y espacios públicos que garantice el acceso a toda la población, su contribución a la gestión medioambiental y facilite su movilidad sostenible

Las zonas urbanas deben contar con suficientes áreas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles universalmente, en línea con la meta 11.7 de la Agenda 2030. Los espacios urbanos verdes como parques, humedales, bosques urbanos, sendas, techos y muros verdes, son elementos importantes para la producción de múltiples beneficios para el almacenamiento de carbono, reducción de calor, preservación de la biodiversidad y mejora del bienestar.

La infraestructura y el entorno construido son elementos críticos para revertir el impacto actual de las políticas de desarrollo en el territorio y co-crear ciudades positivamente relacionadas con la naturaleza (Foro Económico Mundial, 2022). El proceso de urbanización y la expansión de las actividades económicas en los últimos años ha generado una pérdida del 38% de la cobertura vegetal del estado (GENL, 20223).

Diseñar las intervenciones urbanas con criterios de accesibilidad universal y proximidad es necesario para asegurar la movilidad. Esto requiere identificar las tipologías de las zonas de la ciudad y tener un diagnóstico de necesidades de conexión entre espacios residenciales, de trabajo y servicios. Se deben adaptar los espacios con calles completas54 e incorporar las plantas bajas activas y los usos mixtos para facilitar y reducir los traslados.

Crear una red de parques y espacios públicos urbanos y periurbanos conectados y distribuidos en la ciudad es un mecanismo para integrar el ecosistema urbano con los naturales (Change Lab Solutions, 2016) y facilitar la movilidad no motorizada de la población. Además, los espacios públicos son cruciales para construir comunidades para los cuidados, porque son igualitarios y accesibles para toda la población y pueden fomentar la convivencia, interconexiones y el surgimiento de la vida comunitaria. (The Care Manifesto, 2020).

También se deben integrar y fomentar mecanismos de infraestructura verde urbana (IVU)55 que den servicios ecosistémicos sostenibles de recuperación de agua, prevención de desastres naturales y den valor estético y recreativo a los espacios públicos (GIZ, 2018). Dicha infraestructura sirve para mantener la descarga de inundaciones en el nivel actual fuera de los diques utilizando bosques en las laderas de las colinas y humedales en las llanuras para almacenar agua de lluvia y retener agua de inundación derramada allí (Nakamura, 2022).

Las intervenciones de tipo itinerante o placemaking pueden ayudar a que se tomen decisiones importantes con una baja inversión de tiempo y dinero. Por ejemplo, creación de microzonas de descanso en cajones de estacionamiento, ampliación de banquetas y mobiliario ambulante, al igual que rediseño de intersecciones con colaboración vecinal.

La desigualdad económica, social, espacial y la segregación se reflejan en la distribución desigual de parques y otros espacios verdes que brindan grandes beneficios públicos56 (BID, 2020). Por esto, se debe invertir y rediseñar espacios públicos centrados en las personas, en los beneficios ambientales y las necesidades de cada zona. Un ejemplo de esto es la introducción de huertos urbanos, jardines comunitarios y la restauración de áreas naturales como arroyos o colinas (ONU Medio Ambiente, s. f).

1.4 Gestionar el territorio a través de las necesidades de las diferentes regiones el estado y su integración entre ellas57

Para promover un desarrollo inclusivo en el estado se deben fortalecer las regiones fuera de la ZMM con mejoras en instrumentos de planeación y apoyo interregional, de acuerdo con la meta 11.a de la Agenda 2030 a fin de contar con una visión transversal y compartida de desarrollo regional.

Hacer congruentes entre sí los diferentes instrumentos de planeación territorial y urbanos entre regiones tomando en cuenta las dimensiones social58, económica y ambiental puede contribuir a equilibrar el desarrollo interregional (NAU, 2017). Por ejemplo, se pueden integrar el modelo de ordenamiento urbano con el ecológico para que el desarrollo económico de una región no afecte al medio ambiente de otra y viceversa.

Producir bienes y servicios de forma más cercana puede disminuir su impacto ambiental, reducir costos económicos y ofrecer oportunidades de desarrollo. Para aprovechar el potencial de cada región deben hacerse planes a partir de una política territorial que permita el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales fomentando un sistema urbano-rural que permita potenciar el desarrollo de las regiones mediante equipamientos y servicios que mejoren la calidad de vida de la población y el funcionamiento de la economía.

2. Proporcionar un sistema de movilidad integrado, seguro, con perspectiva de género, rápido y sostenible que con un enfoque de proximidad urbana mejore el acceso y facilite las actividades cotidianas.

La movilidad planeada y gestionada de manera integral, como complemento de una planeación urbana congruente, ayuda a tener comunidades sustentables. La principal herramienta de movilidad debe ser un sistema de transporte público seguro, asequible, accesible y sostenible para todas las personas (ODS 11).

Los gobiernos deben ofrecer a sus habitantes espacios y servicios de buena calidad, equitativos y diversos, incluyendo un sistema de movilidad eficiente, seguro, asequible y accesible para todas las personas.

El derecho a la movilidad, contenido en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, expresa que “toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente.”

El enfoque de movilidad partirá de una visión que fomente el crecimiento ordenado de la ciudad, generando centralidades urbanas que permitan la mezcla de usos, la densidad eficiente, la convivencia humana y los servicios de proximidad para reducir la necesidad de traslados.

Para su cumplimiento, se definieron dos líneas estratégicas:

2.1 Incrementar la utilización integrada del transporte público y medios no motorizados con énfasis en servicios multimodales incluyentes, asequibles y seguros para todas las personas usuarias.

El transporte público es el principal habilitador de una movilidad segura, eficiente, asequible y accesible para la mayoría de la población (ODS 11). Actualmente el modelo de movilidad en Nuevo León, especialmente en la ZMM, está basado en el uso del automóvil que, además de tener un alto impacto ambiental, tiene consecuencias de exclusión para una parte importante de la población.

Mejorar el servicio de transporte público procurando tener infraestructura y unidades de calidad, bien cuidadas y seguras, así como con estándares de accesibilidad universal y un personal calificado es necesario para proveer un servicio de primer nivel.

Para garantizar la cobertura, la frecuencia de paso y la accesibilidad al sistema de transporte público se debe integrar totalmente la red física por medio de centros de transferencia multi e intermodal y se necesita reordenar las rutas de autobuses urbanos.

Además, se deben diversificar las modalidades de transporte con infraestructura de bajo impacto ambiental para medios no motorizados, como las ciclovías, y la construcción de calles completas diseñadas para facilitar el tránsito seguro de toda la ciudadanía (ITDP, 2020)59.

También se pueden generar sistemas tarifarios que, por un lado, faciliten la intermodalidad, como una tarjeta única del sistema de transporte público de la ZMM, y por otro, aseguren la asequibilidad e incentiven a las poblaciones más vulnerables y que menos usan los servicios, como incentivos a usuarios y usuarias frecuentes, pases estudiantiles o para personas adultas mayores.

Es necesario invertir en la creación de capacidades de regulación y generación de conocimiento; sólo así podrá regularse un servicio público en constante cambio (López, 2019). Sistemas como los utilizados en Transport for London en Reino Unido, que brindan información en tiempo real antes y durante los recorridos para tomar decisiones, así como la incorporación del concepto de movilidad como servicio, MaaS60 por sus siglas en inglés.

Para favorecer al sistema de transporte público se debe reorientar el modelo de inversión vial del automóvil hacia la movilidad colectiva con énfasis en la electromovilidad. Esto contribuirá a reducir el congestionamiento y los costos económicos y de tiempo asociados a los traslados de toda la población.

Se debe mejorar la gestión de la velocidad mediante el diseño vial seguro e infraestructura que disminuya el riesgo y ocurrencia de siniestros viales con señalización clara, intersecciones legibles y la promoción de la educación y cultura de la movilidad (Vadillo, 2019).

La orientación de las políticas de movilidad hacía la gestión sustentable y equitativa del territorio, requiere de insumos técnicos capaces de mostrar las causas que obstaculizan el acceso a oportunidades laborales, equipamiento y servicios. Por lo que, priorizar e impulsar proyectos como el Centro de Gestión para la Movilidad, incluido en la Ley de Movilidad y Accesibilidad del estado, puede incrementar la información e inteligencia que permita mejorar la toma de decisiones metropolitanas. Finalmente es importante incorporar el concepto de la movilidad como servicio,

2.2 Eficientar la gestión logística de bienes

La gestión logística del transporte de bienes puede incidir positivamente en la disminución de emisiones, desgaste de infraestructura y accidentes, en línea con el ODS 11. Además, contribuye a mejorar la movilidad y facilitar el acceso a la ciudad y sus espacios.

Estrategias corporativas de logística descentralizada como el transporte fraccionado desde centros intermedios y el transporte dedicado son una respuesta al creciente congestionamiento de las vialidades urbanas (Toral y Betanzo, 2017).

La implementación de un sistema inteligente de transporte que integre control de tráfico, gestión de la demanda de vehículos, gestión de flota y de incidentes viales son acciones que pueden mejorar el sistema de transporte de manera digital e innovadora (BID, 2017).

Garantizar una logística de bienes segura permitirá compartir los espacios de movilidad de manera más equitativa y sana. Se deberá invertir en capacitar a los transportistas y conductores para mejorar la eficiencia a la par que se mejora la seguridad.

También, se requiere tener un programa de revisión constante de la vida útil y un protocolo claro de mantenimiento para los vehículos para evitar averías y contaminación. Además, se deben tener gestiones para eficientar las rutas de operación; entre otras acciones (Fernández, 2015; GIZ, 2015).

3. Proteger y mejorar el medio ambiente de Nuevo León

Para reducir la huella ambiental de Nuevo León es necesario modificar hábitos de consumo y procesos de producción, a fin de garantizar el que todas las personas tengan derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como su conservación, como se menciona en la Constitución del Estado.

Los Gobiernos tienen un papel fundamental para la creación de entornos que favorezcan la salud por su cercanía y conocimiento práctico de los problemas concretos de la gente en su territorio. Lo anterior a partir de políticas públicas que contribuyan a mejorar la salud de la población, así como su capacidad de crear, por medio de intervenciones urbanas, entornos físicos que favorezcan los hábitos de vida más saludables, que son la base de la salud preventiva (CSCAE, 2022).

Además, es necesario fomentar el uso eficiente de los recursos naturales para minimizar la generación de residuos y emisiones contaminantes del agua, suelo y atmósfera. Esto es consistente con el objetivo 15 de la Agenda 2030 que habla de la gestión eficiente de ecosistemas terrestres y de detener la pérdida de biodiversidad, así como con la meta 12.2 que plantea “la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales”.

Para cumplir este objetivo, se definieron cuatro líneas estratégicas:

3.1 Proteger la biodiversidad, restaurar las áreas naturales protegidas y la interacción entre el espacio público y el natural

La reducción de la degradación de los hábitats naturales, el alto a la pérdida de la diversidad biológica, el incremento de la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres son indispensables para cumplir con la aspiración de tener calidad de vida.

Se deben proteger y gestionar adecuadamente los ecosistemas neoleoneses para aprovechar sus servicios ambientales, como son la regulación del clima, la mejora en la captación de agua y la prevención de inundaciones (Conabio, 2020).

Para hacerlo, se requiere incrementar la superficie de las áreas naturales protegidas y mejorar los instrumentos de gestión existentes con medidas como mecanismos de compensación ambiental y la conformación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas. También, para potenciar estos esfuerzos, se pueden tener programas de compra de terrenos y establecimiento de servidumbres de conservación entre entes públicos y privados (WRI, s. f.).

Para revertir la degradación de los suelos es necesario combatir la desertificación con reforestación, regeneración, pago por servicios ambientales, monitoreo de la sequía, tecnificación de cultivos de riego y desarrollo de obras hidráulicas de captación de agua de lluvia (Semarnat, 2016). También, con este propósito se debe promover la agricultura agroforestal sostenible.

Coordinar a las autoridades federales y estatales con una estrategia estatal de biodiversidad permitiría sumar esfuerzos y facilitar su implementación. Nuevo León y Baja California son los únicos estados en el país que aún no cuentan con una estrategia de este tipo.

Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo (CSCAE, 2022) con la incorporación de tecnologías de monitoreo de la degradación y sistemas de información inteligentes y georreferenciados ayudaría a dar seguimiento a la evolución de los ecosistemas y a tomar decisiones informadas.

Finalmente, diseñar y gestionar una red de sistemas naturales y elementos ambientales que den cabida a la prestación de servicios ecosistémicos y creen hábitats urbanos más amigables con el medio ambiente incluyendo acciones que permitan la reducción de islas de calor61. Esto aportaría elementos eficaces para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático, a la par que de la mejora en los ecosistemas silvestres, rurales y urbanos.

Se necesita poner en marcha mecanismos eficaces de mitigación del cambio climático, como programas de reforestación, manejo de residuos urbanos, impuestos al carbono y transición hacia combustibles de menor impacto. Acciones como sumar a Nuevo León a la iniciativa global “30×30 por la Conservación”, cuyo objetivo es el incremento de áreas naturales protegidas de NL, hasta llegar al 30% de la superficie del estado para el 2030 van en la dirección correcta.

3.2 Mejorar la seguridad hídrica y una gestión y manejo eficiente del agua

Vivir en un ambiente sano requiere de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para toda la población sin poner en riesgo su disponibilidad, para lo cual se debe aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y mejorar la gestión integrada (ODS 6).

En Nuevo León esto implica disminuir el estrés hídrico cuidando tanto la disponibilidad como la eficiencia, es decir, el reto es uno de gestión de la demanda y la oferta hídrica. En cuanto a lo primero, es necesario implementar nuevas tecnologías para el uso y reúso eficiente del líquido en hogares, negocios y demás actividades, como en el sector agrícola. Adicionalmente, es necesario atender las fugas de agua que existen en la red pública que actualmente se desperdicia.

En términos de oferta, se debe ampliar y mejorar la infraestructura hídrica vigente preservando la integridad de los sistemas ambientales, fuente natural del agua (Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, s. f.).

Ampliar las redes de suministro, dar mantenimiento adecuado a la infraestructura e introducir mejores tecnologías permitiría tener una gestión eficiente del agua y asegurar su suministro. Por ejemplo, corregir y evitar las fugas, tomas clandestinas y errores de medición (agua no contabilizada) pueden representar ahorros significativos, pero quizá más importante, por el volumen que representa, es optimizar los distritos de riego en la agricultura por medio de nuevas tecnologías (FAMM, 2018).

En el sector agrícola, se debe medir el consumo e invertir en sistemas eficientes de riego62 como la hidroponía, aspersión o riego por goteo para garantizar la productividad y eficiencia del campo agrícola (FAMM, 2018).

Implementar un plan maestro de manejo del agua pluvial de la ZMM con una visión sistémica es importante para fijar políticas, establecer prioridades, y definir y desarrollar proyectos integrales, a fin de aminorar los efectos de los riesgos hidrometeorológicos que afectan directamente a la población.

En el caso de la demanda, se debe monitorear la huella hídrica de los consumidores y adecuar el sistema tarifario para mejorar la gestión, las sanciones y evitar el desperdicio.

Gestionar la demanda mediante campañas focalizadas de cambio de comportamiento y estrategias de economía conductual, como las utilizadas en Suiza, Colombia o Inglaterra son mecanismos que han demostrado que contribuyen a reducir el consumo tanto residencial como industrial y comercial (OCDE, 2017).

En general, para la toma de decisiones a largo plazo se deberá actualizar y analizar las áreas de oportunidad del Plan Hídrico 2050. Por ejemplo, expandir la infraestructura de abasto de agua en función de las condiciones de oferta, demanda y del cambio tecnológico.

Así como dar seguimiento a la implementación de las medidas propuestas en el Plan Hídrico 2050 para la gestión de riesgos como podrían ser la construcción de una segunda cortina rompepicos para el control de grandes eventos, la construcción de pequeñas presas de gaviones en algunos arroyos tributarios al río Santa Catarina o la Localización e instalación de zonas de retención, detención e infiltración.

De igual manera, el redimensionamiento, compactación y tecnificación de los distritos de riego, así como su reasignación de agua, son estrategias fundamentales para la seguridad hídrica del estado.

3.3 Incrementar la recuperación, reúso y reciclaje de residuos sólidos, y reducir al mínimo su disposición final que incluyan medidas de prevención

Un medio ambiente sostenible requiere de la disminución en la producción de desechos y el aprovechamiento de los residuos (ODS 11 y 12). En Nuevo León todavía se puede reducir la generación y optimizar la gestión de residuos.

Se debe incorporar el concepto de Economía circular63 a las políticas del estado para fomentar y garantizar la eficiencia en el uso de los productos, servicios, materiales, materias primas secundarias y subproductos a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño.

La economía circular supone un cambio profundo en las formas de producción y consumo. Se traduce en la necesidad de dejar atrás el modelo lineal basado en tomar - hacer - usar - tirar para avanzar hacia un modelo en el que los residuos y la contaminación se eliminan desde la etapa de diseño, los productos y materiales que entran en el ciclo económico permanecen en él el mayor tiempo posible o incluso indefinidamente, y así los procesos económicos regeneran los sistemas naturales en lugar de degradarlos.

Esto va a facilitar la valorización energética para cumplir con las políticas de cero residuos, promover la integración de cadenas de valor y difundir una cultura de corresponsabilidad ambiental.

Lograr una gestión integral adecuada de los residuos sólidos urbanos del estado por medio de modelos de reducción, reúso y reciclaje, permitiría que los rellenos sanitarios no se saturen y que los costos de infraestructura sean menores. Además, directamente se estaría mejorando la salud del ambiente y de la ciudadanía, se protegerían acuíferos de la contaminación del subsuelo y hasta emisiones de GEI.

Mejores políticas de gestión tienen que ser impulsadas para los residuos de manejo especial (a cargo del Estado) y de los residuos peligrosos (a cargo de la federación).

Incentivar la coordinación entre el Estado y los municipios, principalmente entre los metropolitanos, permitiría que los esfuerzos sean unificados y que los beneficios de la reducción de los residuos se vean generalizados en todos los órdenes de Gobierno y regiones, por medio de economías de escalas (Ramírez, 2012).

3.4. Mejorar la gestión de la calidad del aire para proteger la salud de las personas

La mala calidad del aire tiene serias consecuencias en el bienestar, la salud pública y productividad del estado. Se deben alcanzar niveles de calidad del aire, no solo a la altura de las normas oficiales mexicanas, sino también de estándares internacionales, en línea con las metas 3.9 y 11.6 de los ODS.

Así como consensuar una ruta factible sobre cómo sumar acciones en todos los sectores, independientemente del ámbito de jurisdicción que lo regule

Estas acciones pueden ir desde regulaciones estatales, programas de incentivo para renovación de tecnología, certificaciones ambientales, impuestos verdes y programas de inspección. El éxito de esta estrategia incluye la instalación de un laboratorio para el mantenimiento y operación de la red de monitoreo.

4. Mitigar y adaptar los efectos del cambio climático en Nuevo León

El cambio climático, de origen antropogénico es innegable. La crisis climática está cambiando el bienestar de la humanidad y el del planeta, lo que provoca una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y afecta la vida de miles de millones de personas en todo el mundo (IPCC, 2022)64.

La crisis climática es un fenómeno multifactorial, que deberá atenderse desde varias perspectivas para evolucionar hacia el paradigma de gestionar lo inevitable y evitar lo inmanejable. Muchas de las metas incluidas en este Plan, como combatir la pobreza, crear ciudades sostenibles, cerrar las brechas de género y lograr el hambre cero, requieren de la adaptación y mitigación al cambio climático y sus consecuencias. De continuar la falta de acciones contundentes, México aumentará en 2 grados centígrados su temperatura media anual para el 2040 con efectos devastadores en la agricultura y la economía nacional (ICAyCC-PINCC).

Las formas de incidir en esto incluyen reducir emisiones de GEI, al igual que promover el mejoramiento y rescate de los ecosistemas naturales estatales, en línea con varios ODS, como el 8, 11, 12 y, principalmente, el 13, que busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La pobreza y la vulnerabilidad ante los riesgos relacionados con el clima están correlacionados, comprender mejor cómo los distintos sectores pueden ganar con la transición energética es clave para avanzar en el rumbo correcto (Climate Inequality Report, 2023).

El desempeño económico en la implementación de las medidas de mitigación requiere de instrumentos económicos y regulatorios que faciliten y agilicen su ejecución, capturen los co-beneficios económicos e, incluso, incrementen sus beneficios netos (INECC, 2021).

La actualización periódica de los inventarios estatales de contaminantes criterio y de GEI, así como de los planes de acción de cambio climático para reducir emisiones contribuyen a una mejor gestión del medio ambiente65.

Así mismo, el utilizar un enfoque de cuencas para desarrollar programas de restauración ecológica y la transversalidad con otros ejemplos contemplados en el capítulo como el sistema de parques y espacios públicos con mecanismos de infraestructura verde urbana mejorarán el entorno urbano garantizando el pleno respeto de la naturaleza.

La integración y aceptación de los cobeneficios generados por mitigar los efectos del cambio climático son una forma de transitar hacia una economía más verde y limpia. Promover la sustitución del uso de combustibles fósiles por energías renovables, como la eólica (viento) y solar e Incentivar e incorporar fuentes de energía alternativas, medidas de ahorro y uso eficiente de la energía en los procesos.

Para cumplir este objetivo, se definieron tres líneas estratégicas:

4.1 Fomentar el uso de las energías limpias asegurando la transición hacia los combustibles limpios y la mitigación del cambio climático

Esta línea busca aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas en línea con la meta 7.2 de los ODS. Nuevo León es el segundo consumidor de energía del país con un alto porcentaje de la energía proveniente de combustibles fósiles. Esto tiene importantes repercusiones al medio ambiente e impactos negativos en la salud de la población.

Esto requiere de mejorar los instrumentos normativos para una regulación energética eficiente. Ejemplos de transiciones energéticas como la de Costa Rica o proyectos masivos de los sistemas de transporte en Europa que han migrado al uso de medios eléctricos son casos a emular.

También políticas que fomenten la edificación inteligente y sostenible en el sector de la construcción son cruciales para el ahorro de grandes cantidades de energía (IEA, 2019).

Impulsar el uso de energías limpias en instalaciones industriales, comerciales y de equipamiento, así como fomentar el uso de combustibles limpios en instalaciones industriales y en transporte público y de carga por medio de incentivos, bonos fiscales y lineamientos más estrictos, contribuye también a este ahorro. Para ello, es importante contar con instituciones con perfiles técnicos como la Agencia para la Promoción y Aprovechamiento de las Energías Renovables66.

El uso de programas de fomento y promoción de cobeneficios67 es importante para lograr un entendimiento a largo plazo de los beneficios de transicionar a energías limpias.

4.2 Mejorar la eficiencia energética en los distintos sectores, fomentando un consumo responsable de los energéticos más pertinentes

La transición energética demanda cambios tanto en la forma de producción como de consumo de energía ya que la generación de energía es el principal causante de emisiones de GEI, por lo que diversas organizaciones expresan que el primer paso para enfrentar los problemas relacionados con la inseguridad energética y la crisis climática es buscar la eficiencia energética, lo cual es congruente con la meta 7.3 de la Agenda 2030.

Fomentar una cultura de racionalidad del consumo energético enfocado en la eficiencia y el ahorro ha generado grandes beneficios en algunas regiones del mundo. Con el fin de generar medidas potenciales de ahorro energético específicas para cada uno de los sectores del estado se requieren estudios que se enfoquen en la viabilidad del uso de diversos energéticos renovables en la entidad.

El sector edificación, que incluye los sectores comercial, público y residencial, deberá buscar disminuir la demanda energética de las edificaciones y el consumo energético del usuario.

Impulsar la electrificación puede desempeñar un papel esencial en la descarbonización de usos finales como parte de las estrategias para la transición energética como lo es el sector del transporte mediante modos más limpios al combinar sus políticas para fomentar el transporte eléctrico y otros modos sostenibles de movilidad con énfasis en la no motorizada (IRENA, 2022).

En un horizonte de largo plazo, se deberá considerar la descarbonización de la matriz energética lo cual implica un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía. Planificadas en armonía con la seguridad energética, la transición justa, el desarrollo económico y tecno-industrial. Para que sea sostenible en el tiempo, debe basarse en las capacidades tecnológicas y productivas del estado, considerando sus posibilidades económicas, recursos energéticos y su contexto social (PNACC, 2022).

También es importante desarrollar, actualizar e implementar una plataforma para el registro de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) de establecimientos con emisiones menores de 25 000 ton GyCEI.

4.3 Reducir la vulnerabilidad de la población y ecosistemas a los efectos del cambio climático

Esta línea busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, en línea con los ODS 11 y 13.

Nuevo León se encuentra ante una transición, de riesgos a amenazas, por lo que además de contar con una estrategia de acción ante el cambio climático para el estado, es de suma importancia incorporar a los municipios e impulsar que tengan sus propios planes al respecto.

Para adaptarse a los efectos de la crisis climática se debe reducir la vulnerabilidad a desastres naturales y los efectos del clima. Esto requiere integrar en la planeación urbana aspectos como la protección al medio ambiente, los servicios ecosistémicos y movilidad urbana sustentable.

Contar con un Atlas de Riesgos actualizado, así como el monitoreo satelital y de sensores para análisis en tiempo real, permitirá tomar decisiones enfocadas en alerta temprana y preparación en asentamientos vulnerables y zonas de riesgo.

En un contexto de incremento de eventos extremos, como consecuencia del cambio climático, se debe aumentar la asignación de recursos en lo preventivo, para tratar de minimizar el impacto de los eventos climáticos. Es recomendable que los distintos agentes que condicionan el desarrollo urbano sean corresponsables en la gestión del riesgo (Zubicaray, García, Macías, et al, 2020).

Las acciones de resiliencia deben ser lo suficientemente flexibles y específicas, que puedan ajustarse a la naturaleza dinámica del riesgo (ONU-Habitat, s. f.). Finalmente, se puede utilizar herramientas como la infraestructura verde para conservar y restaurar los ecosistemas, sus servicios y beneficios.