BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023
BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023
Se identificaron 12 principios transversales para guiar el proceso de planeación. Si bien éstos no necesariamente se abordan de manera explícita en los nueve capítulos temáticos, se les menciona aquí por considerar que su observancia es importante en la implementación y logro de los objetivos reunidos en este Plan.
Estos principios fueron definidos con base en cuatro insumos: a) el artículo 3 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, b) diversos derechos contenidos en la Constitución y leyes secundarias locales, c) los principios consignados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y d) las opiniones vertidas en los talleres de prospectiva y las mesas de trabajo realizadas para la actualización del Plan Estratégico 2040.
La identidad es el conjunto de características particulares que distinguen a un grupo de personas. Implementar políticas públicas que reconozcan y atiendan la diversidad de identidades favorece la integración y participación de la ciudadanía, al igual que la cohesión social y la paz, todos elementos deseables de una democracia (UNESCO, 2001).
En Nuevo León, el Estado puede contribuir a que cada acción gubernamental promueva el desarrollo y expresión de las identidades personales y colectivas. Esto incluye desde el diseño de los procesos administrativos hasta políticas públicas; por ejemplo, adecuar trámites para mexicanos cuya lengua materna no sea el español y facilitar a migrantes extranjeros el acceso al sistema educativo.
Los derechos humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” (CNDH, 2020).
En los planteamientos contenidos en este Plan se reconoce que todos los derechos humanos son “universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” (OACNUDH, 2013).
En Nuevo León esta perspectiva debe abarcar desde la atención a carencias existentes, como la vivienda y la alimentación, hasta la forma en que se desarrollan los procesos administrativos y la toma de decisiones públicas.
La perspectiva de género plantea que las preocupaciones y experiencias de mujeres, hombres y poblaciones LGBTTTIQ+ sean tomadas en cuenta en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas públicas (ONU, 1997). Con esto, se contribuye a rectificar las desigualdades existentes y a procurar que las soluciones sean equitativas para toda la ciudadanía.
En Nuevo León, niñas y mujeres sufren mayores índices de violencia, discriminación y disparidad, por ejemplo, en empleo e ingresos. Por ello, en este Plan se enfatizan líneas estratégicas particulares con dicha perspectiva, con el propósito de atender las problemáticas específicas que enfrentan los grupos socialmente vulnerables.
La participación ciudadana agrupa a todos los medios por los cuales la ciudadanía incide en los procesos de política pública: integración, propuesta, control y evaluación de los procesos de decisión (CLAD, 2010).
Involucra tanto esfuerzos formales, como la generación de iniciativas de ley por parte de organizaciones de la sociedad civil, hasta acciones cotidianas como el monitoreo y la discusión de las decisiones del Gobierno.
Este principio es necesario para construir políticas públicas inclusivas que representen los intereses y necesidades de toda la ciudadanía (OCDE, 2015, p. 33). Actualmente Nuevo León cuenta una Ley de Participación Ciudadana estatal, y su reglamento.
En línea con el ODS 17 y considerando que el desarrollo sostenible es multifactorial, la formación de alianzas entre quienes son parte de la sociedad es importante para lograr los resultados deseados. Alinear las metas del Plan Estratégico con las metas nacionales e internacionales incrementa las posibilidades de crear una eficaz sinergia de esfuerzos.
En congruencia con el contenido del presupuesto de egresos de la entidad, el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos del Gobierno federal con la Agenda 2030, el Plan Estratégico multiplica estos esfuerzos.
La resiliencia es la habilidad que posee un sistema, comunidad o sociedad expuestos a riesgos para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera eficiente y oportuna (UNDRR, 2011, p. 3).
Esto implica erradicar las amenazas existentes y también reconstruir, asimilar y evolucionar a nuevas prácticas que se ajusten mejor al presente. La resiliencia permite enfrentar problemas inmediatos y prevenir futuros conflictos.
La resiliencia del Gobierno estatal debe manifestarse tanto en su capacidad financiera como de gestión y de innovación gubernamental, ante situaciones tan diversas que van desde cambios institucionales federales hasta fenómenos naturales.
El principio de desarrollo regional busca la implementación de proyectos y políticas focalizadas en las particularidades de cada entorno, reconociendo la distribución desigual de la riqueza entre regiones (OCDE, 2014). En Nuevo León, el AMM concentra oportunidades de desarrollo y altos niveles de bienestar, mientras que en otras regiones del estado prevalece la precariedad.
La aplicación de la perspectiva de desarrollo regional contribuye a que las políticas públicas reflejen las características de cada región y a que las soluciones propuestas deriven en estrategias que fortalezcan las capacidades locales de las regiones más vulnerables, promuevan los vínculos entre el centro y la periferia, y fomenten un ambiente con oportunidades equitativas de desarrollo.
La integralidad de las políticas públicas se refiere a que las problemáticas públicas no ocurren de forma aislada, sino relacionadas entre sí. Es importante que cada política considere el impacto colateral que puede suscitar en otras (ONU, 2015). En conjunto, cada objetivo y línea estratégica debe abonar al desarrollo sostenible del estado.
En este sentido, el Gobierno del Estado debe adoptar prácticas que fortalezcan su capacidad de manejar sistemáticamente la coordinación de las políticas implementadas, el monitoreo de su avance y la evaluación de su impacto. Esto incluye involucrar eficazmente a los demás Poderes del Estado, al igual que a los órdenes de Gobierno municipal y federal.
La independencia técnica es la capacidad de las y los servidores públicos para ejercer de manera autónoma los procesos de planeación y evaluación, sin depender de la injerencia de grupos de interés.
Mediante el diseño de políticas basadas en evidencia se busca la priorización de aquellos proyectos que atiendan las problemáticas públicas. Estos factores permiten diseñar políticas públicas más efectivas y orientar los recursos a las necesidades identificadas (OCDE, 2017).
La innovación consiste en la introducción de prácticas creativas y útiles en las formas de planeación, interpretación, implementación y evaluación de procesos y resultados. Particularmente, la innovación para el desarrollo involucra identificar soluciones efectivas para resolver las problemáticas públicas (PNUD, s. f.).
La innovación en Nuevo León debe abordar tanto procesos de gestión administrativa, como los trámites, hasta mecanismos de transparencia y acceso a la información, con el fin de hacer al Gobierno más cercano, más eficiente y más sencillo en sus interacciones con la ciudadanía.
La interseccionalidad es una herramienta que permite analizar la confluencia de distintos factores sobre un mismo caso (IMUJERES, s. f.). Por ejemplo, una persona puede sufrir discriminación en uno o más ámbitos de su vida (familiar, comunitario y social), por razón de género, clase social y/o color de piel.
El diseño de las políticas públicas en Nuevo León debe reconocer este principio e incluir soluciones integrales, que atiendan los distintos factores y relaciones de poder que convergen en una misma problemática.
La interculturalidad es el principio que reconoce la existencia e interacción de diversas culturas, bajo un mismo contexto material e histórico, y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas (UNESCO, 2005).
La riqueza cultural de Nuevo León proviene de cada una de las personas y comunidades que lo integran. Bajo este mismo enfoque se debe entender el presente y planear el futuro del estado.