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Gobierno Eficaz y Transparencia

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2019-2020

Published onSep 23, 2020
Gobierno Eficaz y Transparencia
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Nota: Los comentarios que se tomarán en cuenta para la consulta serán los emitidos hasta el 7 de octubre de 2020.


BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2019-2020


Gobierno Eficaz y Transparencia

El bienestar se alcanza cuando las personas pueden decidir qué hacer y qué ser a lo largo de su vida. Más allá del esfuerzo individual [1], los Gobiernos deben propiciar que las personas cuenten con lo necesario para poder alcanzar el bienestar. Esto implica que el Gobierno trabaje para las personas: garantizar el ejercicio de los derechos, proveer bienes y servicios específicos, invertir en el entorno público, dar seguridad, entre otros aspectos.

Precisamente, y en línea con el objetivo 16 de la Agenda 2030, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico se requieren instituciones públicas capaces de implementar las políticas públicas necesarias. La capacidad de estas instituciones debe ser entendida como responsabilidad, eficacia, eficiencia e inclusión en el ejercicio cotidiano de la administración pública y demás instituciones gubernamentales con el compromiso servir a la ciudadanía.

Contar con instituciones capaces e inclusivas es particularmente relevante en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones, cuestionamiento de la democracia como sistema de gobierno y donde prevalecen las desigualdades sociales. En México, solamente el 38 % de la población opina que la democracia es preferible a otro sistema de gobierno y casi un 80 % está insatisfecho con la democracia mexicana (Latinobarómetro, 2018). Por otro lado, en Nuevo León, solamente el 13 % de las personas manifestó confiar en el Gobierno estatal, el Gobierno municipal y los servidores públicos (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2019) [2].

Esta insatisfacción y desconfianza están directamente relacionadas con dos fenómenos concretos: por un lado, la percepción de alta incidencia de corrupción, es decir, de uso arbitrario y con fines privados de los recursos públicos; y, por otro, la desconfianza de las instituciones.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 arroja que el 58.2 % de las personas en Nuevo León identifican a la corrupción como el segundo problema más importante del estado, cifra por encima de la media nacional. Por su parte, la Consulta Nuevo León 2019 del Plan Estratégico 2030 encontró que es el cuarto problema más importante para las personas, tan solo después de la inseguridad, transporte y espacio público, así como la generación de empleos bien remunerados (gráfica 1). Ambos instrumentos de medición confirman que la corrupción es prioritaria para la ciudadanía y, en consecuencia, determina no solamente la evaluación que se da al desempeño de la administración pública, sino también condiciona las relaciones que la ciudadanía construye con esta.

Gráfica 1. Principales problemáticas para la ciudadanía en Nuevo León

Fuente: Consulta Nuevo León 2019, Consejo Nuevo León.

Un Gobierno que trabaje para las personas y, por lo tanto, construya confianza, requiere de instituciones capaces, pero además de mecanismos que le acerquen a la ciudadanía al informar de sus actividades, demostrar el uso de sus recursos y, sobre todo, que la haga partícipe de la toma de decisiones. El paradigma de Gobierno abierto es útil para explicar este nuevo esquema de interacción. Se puede definir como un:

modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales (Ramírez, 2012).

Por lo tanto, se requiere de transitar de la participación ciudadana nominal a una significativa e incluyente, donde se represente la diversidad social y sus ideas, experiencia y conocimiento puedan ser incorporados en el proceso de diseño y toma de decisiones públicas. Además, implica modernizar los mecanismos de contacto, difusión y presentación de información gubernamental para hacerlos más accesibles y cercanos a la ciudadanía.

La capacitación e innovación gubernamental a través de mecanismos como la gobernanza digital pueden contribuir a proveer servicios, mejorar el ejercicio de regulación y abrir espacios de participación que, en consecuencia, reduzcan los puntos de discrecionalidad que dan pie a la corrupción (Data Lab Mx y Universidad Iberoamericana, 2019).

Este capítulo analiza el estado de las instituciones públicas y sus características como responsables de la formulación e implementación de políticas públicas, para posteriormente analizar cómo se encuentra el estado en términos de rendición de cuentas y, finalmente, qué espacios y calidad tiene la participación ciudadana en Nuevo León. Estos tres componentes permiten construir una noción del grado de cercanía con un Gobierno abierto –responsable e incluyente– que funcione para generar mayor bienestar a la ciudadanía.


Para mayor claridad sobre el enfoque y contexto del capítulo, te recordamos que también puedes revisar la Introducción general, Marco conceptual, Principios, Marco demográfico de Nuevo León y la Alineación con la Agenda 2030.

Diagnóstico

Instituciones de la administración pública

Las políticas públicas son un conjunto de acciones decididas por autoridades legítimas y estructuradas de forma causal para aportar valor a una sociedad o resolver un problema público; son, además, diseñadas por un proceso de colaboración entre Gobierno y ciudadanía (Aguilar, 2009). Al ser implementadas, las políticas públicas modifican las condiciones de vida de las personas.

Como se ha visto a lo largo de este Plan y, particularmente en el apartado de Desarrollo Social, las experiencias de vida para la ciudadanía no son homogéneas: distintas características, grados de oportunidad en acceso a capacidades y variaciones en el contexto social dan como resultado condiciones de desigualdad en las personas que habitan el estado. La exclusión y la discriminación de estas personas tanto en la toma de decisiones como en la asignación de beneficios de las políticas públicas, “no solo violan los derechos humanos, sino que también causan resentimiento y animosidad, y pueden provocar actos de violencia” (ONU, 2017).

El camino para construir una sociedad más equitativa requiere de entender cuáles son esas diferencias, qué necesidades surgen de ellas y cómo se pueden reducir al tiempo que se amplían las oportunidades para todas las personas. Por lo tanto, es primordial que el diseño de política pública contemple esa miríada de perspectivas evidentemente desde la participación ciudadana y, sobre todo, desde la representación como tomadores de decisiones (OCDE, 2013; UNESCO, 2015).

Por lo tanto, un primer aspecto para analizar la fortaleza y eficacia de las instituciones públicas tiene que ver con qué tan incluyentes son. La información pública disponible no permite identificar características de quienes integran la administración pública, pero sí se puede conocer la evaluación que dan los ciudadanos a la calidad de los servicios públicos. Aunque en Nuevo León los servicios de los tres órdenes de Gobierno están mejor evaluados que en el promedio nacional, solamente el 52.7 % indicó satisfacción con los servicios del Gobierno estatal, cifra levemente menor que en 2017 (ENCIG, 2019).

Gráfica 2. Satisfacción con los servicios públicos prestados por los tres órdenes de Gobierno en Nuevo León

Fuente: ENCIG, 2017 y 2019, INEGI

Un buen desempeño de la administración pública debería desembocar, entre otras cosas, en un aumento de las condiciones económicas favorables para el estado y el incremento de su competitividad. Nuevo León ocupa el tercer lugar en términos de Gobierno eficiente y eficaz, al medir su impacto en la competitividad en el país (IMCO, 2020). Aunque el estado muestra ciertas fortalezas comparativas con el resto del país, tales como la facilidad de abrir una empresa, la publicitación de información presupuestal o la capacidad de generar ingresos propios, también hay áreas de mejora: solamente el 28 % de la población adulta ha tenido interacción con el Gobierno de forma electrónica.

Los trámites y servicios son los instrumentos de interacción con Gobierno más específicos. La Ley General de Mejora Regulatoria (2018) define a los trámites como cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución.

Como tales, los trámites están orientados en dos sentidos: dotar a las personas de herramientas necesarias para el ejercicio de derechos, o bien, proteger a la sociedad de un impacto potencialmente negativo por parte de un actor específico. El ejercicio de un trámite requiere de instrumentos normativos, así como de inversión de recursos -de tiempo, humanos y de instalaciones, entre otros- que tienen costos para el Gobierno (Roseth, Reyes y Santiso, 2018). Su ejecución tardía, ineficiente o parcial tiene consecuencias negativas y costos también para la ciudadanía.

Para identificar qué tan costosa es la realización de trámites en el estado, se tiene el Indicador de Gasto Regulatorio por entidad federativa que mide el costo promedio anual que reportan las empresas por cumplir con el marco regulatorio. Tomando en cuenta la diferencia del tamaño de empresas, Nuevo León es el segundo estado mejor calificado (gráfica 3).

Gráfica 3. Indicador de Gasto Regulatorio por entidad federativa

Fuente: Coparmex, 2019

Sin embargo, cerca del 40 % de las personas en Nuevo León manifiestan haber experimentado problemas con la realización de trámites en el estado (ENCIG, 2019), de las cuales una gran mayoría experimentaron barreras en el trámite (83.3 %), cifra menor que en 2017 pero que se encuentra por encima de la media nacional. Además, cerca de cuatro de cada 10 personas experimentó asimetrías de información, casi tres veces más que en 2017. Estas cifras indican que sigue siendo complejo realizar un trámite y que los procesos no están homologados ni son claros.

La política estandarizada a nivel internacional de atención a los trámites es la de Mejora Regulatoria, es decir, la de generación de normativa, trámites y servicios simples llevado a cabo por instituciones eficaces y eficientes para facilitar el impulso de las actividades productivas y del desarrollo humano (Conamer, 2010).

El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) [3] evalúa el marco normativo, capacidad institucional para el impulso de la mejora regulatoria y la implementación de instrumentos de mejora regulatoria y Nuevo León obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en 2019. Además, mejoró su posición con respecto al año anterior un 14.25 %. Esta mejora es principalmente atribuible a la mejora de instrumentos normativos para la mejora regulatoria, así como al incremento de capacidades de las autoridades a cargo de la política. Siguen existiendo áreas de oportunidad pertinentes tanto a la definición del plan acción de la política de mejora regulatoria, como al ejercicio mismo de los trámites: sigue habiendo trámites complejos, lentos y sin una evaluación que asegure su pertinencia (Observatorio Subnacional de Mejora Regulatoria, 2019).

Como se vio previamente, el uso de herramientas de gobernanza digital tiende a facilitar procesos a la ciudadanía, reducir costos y transparentar el proceso para reducir espacios de corrupción. En Nuevo León se eliminaron, digitalizaron o simplificaron 893 trámites entre 2015 y 2019, con una estimación de reducción del costo social de aproximadamente 13 % (Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, 2019). Sin embargo, solamente el 44 % de los trámites están digitalizados (RETYS, 2019) y, al desglosar por los de mayor demanda en el estado [4], se encuentra un porcentaje menor: 37.9 % de los de educación pública, 20 % de los fiscales, 11 % de los vehiculares y ninguno de los de atención médica han sido digitalizados. En comparación con el resto del país, Nuevo León ocupa el lugar 18 en gobernanza digital (gráfica 4), mientras que los primeros lugares los tienen el Estado de México y la Ciudad de México (Data Lab Mx y Universidad Iberoamericana, 2019).

Gráfica 4. Índice de Gobernanza Digital Estatal 2019

Fuente: Data Lab Mx y Universidad Iberoamericana, IGDE, 2019

Otro componente relevante es la profesionalización del servicio público. En el estado existe el Instituto de la Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León cuya función principal es la preparación de funcionarios y funcionarias, pero no hay evaluación de sus resultados.

El Gobierno del Estado, a través de la Contraloría y Transparencia Gubernamental [5], identifica las siguientes problemáticas que limitan la profesionalización del cuerpo de funcionarios y funcionarias:

  • Carencia de normativas pertinentes para garantizar profesionalización y continuidad en la administración pública estatal

  • Alta rotación en el servicio público lo que limita la continuidad de políticas pública y retrasa los procesos al existir procesos de adaptación y curvas de aprendizaje de un número significativo de funcionarios de forma regular.

  • Remuneraciones en el servicio público menores a las ofrecidas en la iniciativa privada por el mismo nivel de expertise lo cual dificulta la atracción de talento

  • Carencia de sistemas de medición del desempeño lo cual dificulta la posibilidad de identificar espacios de mejora y eficacia en la ejecución de su labor

  • Intereses políticos en mantener el control de los puestos de la administración

  • Restricciones presupuestales para aplicar mecanismos que alienten y garanticen una carrera en el largo plazo.

Estas problemáticas conducen a falta de continuidad en el mediano y largo plazo, además de poca capacidad de identificar aspectos de mejora en la implementación de políticas y vulnerabilidad a ser influidas por factores políticos.

Rendición de cuentas

La fortaleza de las instituciones como herramientas de construcción y conducción de soluciones a los problemas públicos, así como de representación de la ciudadanía ante potenciales desigualdades e injusticias, depende en gran medida de su capacidad para actuar responsable y eficazmente. Es decir, con apego a la ley y haciendo un uso inteligente y honesto de los recursos públicos a su cargo. Las instituciones que se desempeñan sin apego a la legalidad “son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos capacidad para prestar servicios públicos para todos” (ONU, 2017). En contraste, el acceso a información pública y la interacción recíproca con el Gobierno son clave para una buena gobernanza, la democracia y la participación sólida de la ciudadanía en la toma de decisiones (CEPAL, 2019).

La rendición de cuentas es el conjunto de procesos y herramientas por medio de los cuales las personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, privado y de la sociedad civil) se responsabilizan por el adecuado cumplimiento de sus funciones (Transparencia Internacional, 2009). En el ámbito público se trata de una obligación que tienen las autoridades hacia la ciudadanía de informar y justificar su toma de decisiones, así como de responder ante la violación de sus deberes públicos con una sanción (Manchinelly, 2011). En este sentido, el acceso a la información pública o a la transparencia, es un derecho fundado en una de las características principales del Gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de Gobierno y transparencia de la administración. Esto significa que la información pública, precisamente por ser pública, es de interés general y, en consecuencia, puede o debe ser conocida por todos. Mientras tanto, la rendición de cuentas abarca más que la transparencia al requerir también justificación y consecuencias ante las acciones realizadas por los y las servidores públicos. Esto implica tener documentación clara de procesos, explicaciones de la toma de decisiones y evaluación de resultados. Por lo tanto, la rendición de cuentas abarca no solo el control del uso de recursos sino la evaluación de la calidad de los servicios y atención que se da a la ciudadanía.

En términos del cumplimiento con las obligaciones de publicar información de interés público, contenidas en la Ley de Transparencia, Nuevo León ocupa el lugar 20 a nivel nacional (gráfica 5) lo cual se traduce en que la ciudadanía no puede acceder directamente a información a la cual tiene derecho, que es relevante y es obligatoria, sino que tiene que recurrir a otros mecanismos para poder acceder a esos datos (INAI y CIDE, 2019).

Gráfica 5. Componente de transparencia activa por entidad federativa

Fuente: Métrica Gobierno Abierto, 2019, INAI y CIDE

De hecho, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León (gráfica 6) ha calificado al Poder Ejecutivo con respecto al cumplimiento de las obligaciones mínimas contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se ha mostrado una mejora al pasar de 85.11 puntos a inicios de 2018 a 95.27 en el cierre de 2019 (Cotai, 2019). En comparación con los otros dos poderes, el Poder Judicial ha tenido una mejor calificación en este rubro.

Gráfica 6. Evaluación de poderes estatales en el cumplimiento de obligaciones mínimas de transparencia

Fuente: Elaboración propia con datos de Cotai, 2019

Al evaluar la demanda de la ciudadanía por información, encontramos que el número de solicitudes de información recibidas ha aumentado en un 30 % del 2014 al 2019. Inicialmente, esta información puede ser interpretada como un incremento en el interés de la ciudadanía por conocer el funcionamiento cercano del Gobierno. Sin embargo, también puede ser la respuesta a lo que se verá a continuación: la información no necesariamente está publicitada voluntariamente en los sitios electrónicos de manera accesible y fácil.

Gráfica 7. Número de solicitudes de información recibidas en Nuevo León por año

Fuente: Elaboración propia con datos de Cotai, 2019

En este sentido, Nuevo León ocupa el lugar 11 a nivel nacional en términos de cumplimiento con los procesos formales de transparencia -respuesta en tiempo y forma a solicitudes de información- (INAI y CIDE, 2019), lo cual indica que existen espacios de mejora en términos de la capacidad de atender a los ciudadanos que requieren información de forma óptima y expedita (gráfica 6). Mientras que, al evaluar la conveniencia para la ciudadanía de recibir información pública, tomando en cuenta si la información está completa y si se puede acceder a ella rápidamente, Nuevo León ocupa la posición 16 a nivel nacional y, por lo tanto, existen casos en los que la ciudadanía recibe información incompleta, tarde o confusa por parte de las autoridades (INAI y CIDE, 2019).

Gráfica 8. Componente de acceso a la información desde la perspectiva gubernamental

Fuente: Métrica Gobierno Abierto, 2019, INAI y CIDE

Por otro lado, en términos de la calidad de los datos compartidos por el Gobierno, si bien Nuevo León está por encima de la media, existe una gran brecha entre lo logrado por el Estado y el ideal. Aunque el espacio de mejora no es solo para el estado, sino para la mayoría de las entidades federativas del país, la mala calificación refleja que los datos abiertos del Gobierno no cumplen con estándares, tales como la facilidad y capacidad de extraer y hacer uso de los datos, que sean de acceso gratuito, que estén actualizados y rápidamente accesibles (UK Government Cabinet Office, 2013).

Al analizar, específicamente, la información fiscal en términos de disponibilidad y calidad, Nuevo León ocupa el lugar siete, nueve lugares por arriba de la media nacional (Ar Regional, 2020). Esta evaluación contempla la disponibilidad de información en los siguientes aspectos: el marco regulatorio, el marco programático presupuestal, los costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.

Gráfica 9. Índice de Transparencia y disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas, 2020

Fuente: Ar Regional, 2020

El estado ha mejorado 14 posiciones y mejorado significativamente en su desempeño en este ámbito y eso significa que cumple en buena medida con las obligaciones mínimas de la Ley de Transparencia (gráfica 9).

México ha avanzado en el derecho de acceso a la información desde hace dos décadas. El cumplimiento con la normativa en materia de transparencia hoy se ha generalizado, dando paso a la identificación de irregularidades y de abusos de autoridad, así como a la promoción de espacios de mejora, aunque se ha concentrado en grupos de la población con especialización y privilegios. En la actualidad, se ha iniciado una profundización del concepto de transparencia para llevarlo al ámbito de la utilidad de la información pública para generar conocimiento. La transparencia proactiva es, precisamente, la puesta a disposición de grupos de la población información específica de su interés particular para un fin concreto (SFP e INAI, 2019).

El propósito de este enfoque es el de “librar obstáculos normativos y administrativos, y acercar a la sociedad información útil que disminuya asimetrías de información, mejore el acceso a trámites y servicios, optimice la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos, y detone una rendición de cuentas verdaderamente efectiva” (SFP e INAI, 2019, p. 6). Con este objetivo, se busca hacer de la información una herramienta fácil de usar cotidianamente y, al mismo tiempo, indispensable para la mejora de las condiciones cotidianas de la población. Asimismo, la interacción con la ciudadanía debe permitir identificar qué información es la más útil para poder generarla y así enriquecer el proceso de toma de decisiones. Como se mencionó previamente, existe un componente de la rendición de cuentas relacionado ya no con la información, sino con el uso de recursos, información y provisión de servicios por parte del Gobierno.

En estos espacios de uso de los recursos para proveer servicios y procurar la mejora de la ciudadanía es donde, también, se da la corrupción. La corrupción en México es un fenómeno sistémico, esto es, que “consiste en una compleja red de equilibrios estables, institucionalizados a través de reglas y rutinas informales, pero cuyos códigos y lenguaje han sido incorporados a la vida cotidiana de las organizaciones y de quienes las componen” (Arellano & Castillo, 2019, p. 10). Como tal, conlleva la apropiación de los recursos públicos para generar beneficios individuales reduciendo los públicos (PND, 2019).

La medición de la corrupción es factible una vez que ha salido a la luz, pero “ahí donde reina la opacidad, la complicidad y la impunidad es casi imposible” (Casar, 2015), de manera que ante esta complejidad se han generado metodologías de medición de percepción de incidencia, de actitudes ante la corrupción y de exposición a ella.

La clasificación de la corrupción como uno de los principales problemas en el estado va de la mano de la percepción que se tiene de ella como un fenómeno cotidiano en el país y en Nuevo León con un 87 % y 84.9 % de personas que la consideran frecuente o muy frecuente (gráfica 10) (ENCIG, 2019). No hay estado en el país donde este no sea el caso: la generalización de la corrupción es total en México y se ha extendido por más de dos décadas su captura en instrumentos de medición.

Gráfica 10. Percepción sobre la frecuencia de corrupción en su entidad federativa

Fuente: ENCIG, 2019

La corrupción se percibe como un elemento, además, que permea todas las instituciones de Gobierno exceptuando las de seguridad, y que no sucede con los círculos más íntimos (gráfica 11). La percepción de frecuencia de actos de corrupción supera el 50 % en toda figura pública excepto por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos y tiene su más alto exponente en la policía (82.3 % para Nuevo León y 97.6 % a nivel nacional), seguida de los partidos políticos (78.5 % y 85.2 % respectivamente), ubicándose el Gobierno estatal en tercer lugar (77.2 % y 75.2 % respectivamente). En contraste, los círculos cercanos –familia, vecinos y compañeros de trabajo– no alcanzan el 20 % en Nuevo León (ENCIG, 2019).

Gráfica 11. Percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversos sectores

Fuente: ENCIG, 2019

Nuevo León, en comparación con el resto del país y en el ámbito específico de trámites, ha mejorado en la percepción de existencia de corrupción, conocimiento de actos de corrupción y experimentación de actos de corrupción. En los tres parámetros Nuevo León está entre los ocho estados con menor nivel de corrupción. Además, en términos de incidencia de corrupción Nuevo León experimentó una mejora del 36 % entre 2017 y 2019 (gráfica 12). Concretamente, en términos de incidencia que se refiere a trámites donde la población tuvo contacto con servidores públicos y experimentó un acto de corrupción, la tasa en Nuevo León es de la mitad que el promedio nacional (ENCIG, 2019).

Gráfica 12. Variación % en Percepción, victimización e incidencia de corrupción, Nuevo León y México

Fuente: ENCIG, 2019

En los trámites en los cuales se identifica que hay más corrupción se encuentran el área de seguridad y el ámbito comercial. En Nuevo León, los principales son el contacto con autoridades de seguridad pública, permisos de propiedad y el trámite requerido para abrir una empresa. Si bien los primeros dos son similares con el promedio nacional, el tercero a nivel nacional es el de trámites ante el Ministerio Público (ENCIG, 2019).

Gráfica 13. Incremento de corrupción en trámites por orden de Gobierno, 2017 - 2019

Fuente: ENCIG, 2019

El orden de Gobierno en el cual más se incrementó la incidencia de corrupción entre 2017 y 2019 fue el federal, con un 34 %, seguido del Gobierno estatal con un 6 % y los municipales con 4 % (gráfica 13). Sin embargo, la atención de estos actos de corrupción es poco probable que se dé por la queja de la ciudadanía, pues solamente un 5.2 % de las personas que sufrieron un acto de corrupción lo denunciaron, mientras que en Yucatán denunciaron 13.2 %, la cifra más alta en el país (ENCIG, 2019).

La comprensión de la importancia de la denuncia, sin embargo, está presente en la ciudadanía pues un 92 % de la población en el área metropolitana de Monterrey (AMM) manifestó que es su deber denunciar un delito, e incluso un 94 % reconoció como deber denunciar a un amigo o familiar cuando participen de un acto de corrupción (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2018). Además, casi ocho de cada 10 personas a nivel nacional consideran que no denunciar un acto de corrupción que conocen equivale a ser cómplice del mismo (Latinobarómetro, 2018). Por lo que es necesario construir medios más seguros y de mejor calidad para que se den a conocer actos de corrupción y puedan ser atendidos por las autoridades competentes.

A nivel nacional se inició desde 2015 un proceso de construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción diseñado con un enfoque en la prevención, persecución y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, a través de una lógica de colaboración interinstitucional y participación de la ciudadanía acompañante de la labor pública. El artículo 6to de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción establece como su objetivo:

establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La entrada del nuevo Sistema trajo consigo la redefinición de las faltas administrativas, la inclusión de los particulares como sujetos de responsabilidad ante hechos de corrupción y el rediseño del proceso de acción ante la presencia de una falta. Aunque el Sistema tiene un tiempo breve de estar en funciones, ya se han detectado algunas áreas de mejora como lo son el que, al ampliarse el catálogo de faltas administrativas, no se ha permeado su conocimiento ni con servidores públicos ni con particulares.

Un esfuerzo adicional ha sido el de la implementación de figuras como los testigos y las Contralorías Sociales, que aspiran a ser vigilantes capacitados y externos de los procesos de licitación y compra gubernamental. Sin embargo, también en este ámbito hay áreas de oportunidad pues, por ejemplo, los testigos sociales no pueden participar en todos los procesos de licitación y hay pocos incentivos para que, siendo figuras honorarias, permanezcan activas.

Además del elemento ético, la corrupción tiene costos económicos, políticos y sociales que disminuyen o limitan la provisión y generación de capacidades para la ciudadanía: hay costos directos, tales como el dinero que ciudadanía y empresas dan directamente va sobornos; los recursos que se pierden en el proceso de ejecución de programas sociales o las “comisiones” que se cobran para gestionar la salida de trámites. También hay costos indirectos como la pérdida de inversión extranjera, la pérdida de productividad y competitividad, o bien las consecuencias para la población que no recibe los productos contemplados en una política social (Casar, 2015). En Nuevo León se estima que el costo de la corrupción aumento de 7 mil millones a 12 mil millones de pesos, lo cual se traduce en a 2,344 pesos por persona en el estado, considerando los trámites y servicios de seguridad, vehiculares, educación y registro civil (ENCIG, 2019).

Una manera de evaluar el éxito de las acciones contra la corrupción es, precisamente, identificar qué monto de ese costo se puede retornar a la hacienda pública vía la recuperación de activos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como se mencionó, la fiscalización y control de recursos públicos es uno de los objetivos principales del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y es prioridad también a nivel internacional, tal y como está expresado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, no se han tenido resultados alentadores ni a nivel federal ni en las entidades federativas, incluyendo a Nuevo León.

Tanto a nivel nacional como estatal, entre 2012 y 2018 no hubo ningún funcionario público sancionado por peculado o tráfico de influencia; a nivel nacional hubo uno por ejercicio ilícito y otro por cohecho, mientras que por ejercicio abusivo de funciones sí hubo 51 a nivel nacional y 44 en Nuevo León (Téllez, Chavarría & Ramírez, 2020). Tanto Nuevo León, como Tamaulipas y Coahuila tienen unidades administrativas especializadas en prevenir y combatir las transacciones con recursos ilícitos, pero, mientras que Coahuila ha recuperado 602,655.00 pesos en recursos de procedencia ilícita, Nuevo León no ha logrado recuperar nada.

Participación ciudadana

Para tener una verdadera ciudadanía global, es imperante que los ciudadanos puedan tener la capacidad y la libertad de ejercer sus derechos de participación pública y de ser integrantes activos de la sociedad en la que viven. Sin esto, no hay posibilidad de lograr un desarrollo sostenible y el bienestar de las personas.

La participación ciudadana son todas aquellas prácticas políticas y sociales por las cuales la ciudadanía pretende incidir en lo público, que trasciende el ámbito electoral y tiene la intención de influir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público (Díaz, 2014). Esta acción se produce como un acto voluntario individual en favor de una acción colectiva, que descansa en un proceso previo de selección de oportunidades; supone una decisión paralela de abandonar la participación en algún otro espacio de la interminable acción colectiva. La participación, entonces, depende del entorno político, social y económico y de los rasgos singulares de las personas que deciden formar parte de este proceso de la vida democrática (Merino, 2019).

La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León define la participación ciudadana como “el derecho de las y los ciudadanos y habitantes del Estado de Nuevo León, de conformidad con las disposiciones vigentes, a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, programas y actos de gobierno.” Esta misma Ley establece que la participación contribuye a la solución de problemas y el mejoramiento de normas que regulan las relaciones. Por lo tanto, el Estado debe proveer información, difusión, capacitación y educación, para desarrollar la participación ciudadana como parte de la cultura democrática (Decreto 107, 2016).

A partir de esta definición, la acción del estado está centrada primordialmente en construir un entorno propicio para que ésta ocurra. En ese sentido, el ejercicio de la participación depende de un ambiente democrático y un Estado de derecho, así como de mecanismos y canales específicos que garanticen este derecho para los y las habitantes de Nuevo León.

Tal y como está contemplado en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), los Poderes públicos tienen la obligación de fomentar el ejercicio del derecho de participación ciudadana al asignar recursos públicos, crear condiciones para el ejercicio efectivo del derecho y hacerlo tomando en cuenta cómo pueden incidir personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. Además, se tiene la obligación de crear los marcos normativos pertinentes para que esta participación se dé en un entorno seguro y con validez para la toma de decisiones, así como desarrollar medios para participar en la definición de políticas públicas

En Nuevo León, como se mencionó, existe una ley que detalla los mecanismos de participación ciudadana vigentes (consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, contralorías sociales, presupuesto participativo, revocación de mandato), sin embargo, desde 2016 está pendiente la publicación del reglamento para poder aplicar las figuras contempladas. En otras palabras, en Nuevo León, no es posible ejercer el derecho de participación ciudadana en la gestión pública.

La ausencia de espacios de participación o consulta ciudadana condiciona la potencial participación y, en Nuevo León, hay mecanismos formales de participación en 16 de los 23 temas contemplados en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad pública y sistemas penitenciarios estatales, mientras que Ciudad de México tiene los 23 y tanto Chihuahua como Tabasco tienen 22 (gráfica 14).

Gráfica 14. Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en la administración pública estatal, por entidad federativa

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, 2019

Esto no significa que no haya propuestas o peticiones ciudadanas hacia el Gobierno, pues Nuevo León recibió en tres áreas de 22 temas posibles: Planeación y evaluación, Vigilancia y/o denuncia de servidores públicos y Salud. Sin embargo, sí deja a un 60.8 % de las áreas de Gobierno fuera de las interacciones de participación ciudadana, lo cual señala una marcada brecha entre el Gobierno y los ciudadanos, dificultando el diseño de políticas públicas inclusivas.

En ese sentido, tomar parte en una acción política requiere varios tipos de decisión individual. En primer lugar, decidir actuar o no hacerlo; en segundo, definir la dirección de esta decisión y en tercero, definir la intensidad, duración y/o alcances de la acción. Ninguna de estas decisiones ocurre en el vacío, en ellas influye el entorno familiar, los grupos cercanos a la persona y las motivaciones que se producen en el sistema político (Merino, 2019).

El grueso de la población en el AMM muestra interés en participar (70 %), pero cuando detallaron las actividades en las que sí lo han hecho, la mayoría expresó haber ejercido su derecho al voto. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la participación ciudadana se refiere a toda aquella acción colectiva que busque incidir en la agenda pública. El derecho al sufragio es la condición básica de la vida democrática y una condición para reconocer las decisiones de los y las ciudadanas. No obstante, la ciudadanía, además de garantizar la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes, también implica influir en sus decisiones. En ese sentido, solo una tercera parte ha participado, colaborando con sus vecinos o con alguna asociación de estudiantes o padres de familia (gráfica 15).

Gráfica 15. Tipo de participación ciudadana en Nuevo León

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

Entre las razones por las cuales las personas no participan, la más común es la falta de tiempo (gráfica 16), aunque hay otras que son relevantes para la acción gubernamental, que son la falta de información y la desconfianza en las autoridades para hacerlo.

Investigaciones sobre participación han demostrado que el ciudadano o la ciudadana perfecta, informada, activa y coherente es una expresión minoritaria en las sociedades actuales. En realidad, hay personas que no participan y otras que parece viven para participar. Esta situación está influenciada por un sinnúmero de factores y una distribución desigual de los mismos. Por ejemplo, el tiempo libre está distribuido de manera desigual porque depende en gran parte de lo que las personas dedican al trabajo remunerado y no remunerado; también los recursos educativos y la capacidad de acceder y comprender la información política están distribuidos de manera desigual. Por lo tanto, las personas con más tiempo libre y mayores niveles educativos tienen más oportunidades de participar en asuntos públicos. En ese sentido, las desigualdades sociales se traducen en desigualdades políticas y favorecen a una minoría activa que no necesariamente representa a la sociedad en general (Font, 2004).

Gráfica 16. Motivos por los que no ha participado, AMM

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

La información es un componente importante para que las personas puedan decidir libremente si quieren participar y en el cual el Gobierno estatal puede incidir de manera directa. Incluso, entre las condiciones que expresan las personas que no han participado para hacerlo en el futuro, está la disponibilidad de información en primer lugar (gráfica 17). Sin embargo, la mayoría de la población recibió información para participar por parte de un conocido o por iniciativa propia (gráfica 18), mientras que menos del 10 % recibieron información directamente de un funcionario o de medios de comunicación masiva. Mientras que la información está cada vez más disponible, también hay nuevas formas de hacer acción política y temas de interés público (Font, 2004). Por lo tanto, hay importantes áreas de oportunidad para comunicar información precisa y relevante que permita a las y los ciudadanos tomar las mejores decisiones para participar en la decisión y solución de problemáticas públicas amplias o específicas. Por su parte, la confianza en la autoridad es un componente fundamental de un entorno propicio para la participación como se vio previamente.

Gráfica 17. Condiciones para participar en el futuro

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

Gráfica 18. Medio por el cual se enteró para participar

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

En términos de la dirección de la participación, es importante tomar en cuenta que, en las democracias actuales, una de las principales transformaciones es la ampliación del ámbito político en términos de su alcance, pero también en términos de la diversidad de temas de interés público que eran inimaginables en el momento de creación de los sistemas democráticos actuales. El núcleo básico de actuación pública comprendía los ámbitos de economía, defensa y orden público, los cuales eran fácilmente ordenables en términos de izquierda y derecha; y, por lo tanto, los partidos políticos podían reflejar con fidelidad las preferencias ciudadanas. En la actualidad, la creciente incorporación de temas al universo público, difícilmente clasificables en los mismos términos, hacen cada vez más complejo el papel intermediador de los partidos y más complejo comprender la dirección de la participación ciudadana (Font, 2004).

Esta transformación también complica la relación entre representación política y participación ciudadana, en el sentido que, la ampliación de alcance y temas en la esfera política amplía también la distancia entre representantes y la ciudadanía. La representación requiere de la expresión mínima de participación ciudadana: el voto. Sin embargo, una vez que la participación integra a los órganos de gobierno, se convierte en un medio para influir en la toma de decisiones públicas (Merino, 2019). Cuando el alcance de la esfera pública es más grande, y los temas que abarca son más diversos, la participación es fundamental para guiar la actuación del gobierno.

En ese sentido, la sociedad civil organizada constituye un espacio abierto y plural a la construcción de formas asociativas independientes para influir en la definición de políticas públicas en temas específicos (Fernández Santillán, 2003). Las múltiples expresiones de organización de la sociedad civil sirven como como canales para expresar la dirección de las demandas de las y los ciudadanos en temas específicos e influir en la resolución de problemáticas públicas. Sin embargo, determinar el número de grupos organizados de sociedad civil en Nuevo León resulta complejo, porque los registros públicos disponibles se limitan a organizaciones registradas ante las autoridades, dejando fuera colectivos, movimientos y otros grupos de personas que se organizan sin una figura legal. Una aproximación, publicada por yCo. Centro de Innovación e Impacto Social, apunta a aproximadamente 1,319 asociaciones civiles, de beneficencia privada y redes o colectivos (yCo. Centro de Innovación e Impacto Social, 2018). Lo que se puede reconocer es que el espectro ideológico de estas agrupaciones permite representar puntos de vista diversos por parte de grupos de personas que buscan influir en la toma de decisiones públicas, pero, como se analizará más adelante, este tipo de participación requiere un nivel de intensidad más alto, lo cual no es posible para todas las personas. Incluso, en la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, la mayoría de las personas encuestadas no confía en estos organismos (gráfica 19), lo cual ilustra las oportunidades para acercar a la ciudadanía a dichos organismos y ampliar las oportunidades para participar por medio de la atención a las desigualdades sociales y políticas en el estado.

Gráfica 19. Nivel de confianza en los organismos de la sociedad civil

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

Finalmente, la intensidad, duración y alcance de la actividad también es una decisión personal en la que influye el círculo más cercano y las motivaciones personales. En ese sentido, la participación puede producir insumos para el sistema político o simplemente reaccionar frente a los productos del sistema. La variedad de posibilidades que ofrecen las democracias actuales para participar no significa que todas las personas estén dispuestas a jugar el mismo papel, ni que todas las personas opten por participar con la misma intensidad. De esta forma, la ciudadanía se divide en quienes participan activamente, quienes son espectadores y retroalimentan con mensajes a quienes participan y quienes prefieren abstenerse. Ciertamente, quienes participan activamente juegan el papel principal, pero su actuación carece de sentido sin la retroalimentación de los y las espectadoras; mientras que las personas que se abstienen mantienen los canales de participación con flujos normales y sin sobrecarga de expectativas y demandas (Merino, 2019).

La escalera de la participación presenta ocho niveles de participación ciudadana, que representan la intensidad y el nivel de influencia (figura 1). Los primeros dos niveles, manipulación y terapia, están considerados como “no participación” ya que su objetivo es, más allá de permitir a las personas influir en asuntos públicos, legitimar la acción gubernamental; la manipulación se refiere a espacios como los consejos ciudadanos y otro tipo de comités consultivos que únicamente organizan el apoyo de la ciudadanía hacia las iniciativas de Gobierno; mientras que la terapia se refiere a las actividades que organizan a la ciudadanía para resolver problemas propios de la comunidad sin asumir ningún tipo de responsabilidad por parte de los gobiernos. Los niveles tres, cuatro y cinco son considerados grados de simbolismo; brindar información sobre los derechos, responsabilidades y opciones es el primer paso para fomentar la participación por parte de la ciudadanía, pero para que realmente cumpla esta función, la comunicación debe ser a dos vías y no únicamente desde el gobierno hacia la ciudadanía; la consulta es un paso también necesario para fomentar la participación y pasa de ser un símbolo a una herramienta de poder cuando las opiniones de las personas son realmente tomadas en cuenta para la toma de decisiones gubernamentales; apaciguamiento es una expresión de las desigualdades políticas, ya que se refiere a la integración de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad en espacios de planificación e influencia que están mayoritariamente compuestos por una minoría privilegiada. A partir del nivel 6, están considerados en la categoría de poder ciudadano, con grados cada vez mayores de influencia; el nivel de asociación está relacionado con espacios donde se distribuye el poder y gobierno y ciudadanía comparten la toma de decisiones como comités de planeación y juntas conjuntas de diseño de políticas públicas; en siguiente nivel, delegación de poder, la ciudadanía tiene el papel principal en la toma de decisiones y ocurre en mecanismos donde la mayoría de las personas con voz y voto son ciudadanas y las decisiones no pueden evitarse por parte de las autoridades; finalmente, el último nivel es el control ciudadano, que se refiere a espacios donde la ciudadanía tiene control de la planeación y la administración de un programa o una institución y eso significa que también la ciudadanía es responsable por la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas (Arnstein,2019).

Figura 1. La escalera de la participación ciudadana

Fuente: Arnstein, 2019

Estas categorías no son fijas, ya que el alcance y diversidad de temas y problemáticas públicas permite que las personas ejerzan diferentes papeles de acuerdo con el tema de interés y la manera en la que dicho tema afecta los intereses de las personas. Por ejemplo, más de la mitad de las personas encuestadas en la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, argumentan que participarían para mejorar su colonia (gráfica 20), un asunto que les afecta o beneficia de manera directa.

Gráfica 20. Tipos de asuntos de interés para participar

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

Sin embargo, también es cierto que la intensidad depende en gran medida de los mecanismos y canales de participación disponibles. En ese sentido, los Gobiernos democráticos tienen la oportunidad de diseñar e implementar mecanismos que permitan a las personas influir en la esfera pública, más que sólo utilizar la participación ciudadana como un ritual de legitimación. La intensidad de la participación también está íntimamente ligada a la disponibilidad de tiempo y el conocimiento y experiencia política de las personas. Como se ha mencionado anteriormente, las desigualdades sociales se traducen en desigualdades políticas, por lo que, en muchas ocasiones, quienes participan más activamente son quienes tienen más tiempo libre y mayores niveles educativos.

La población en el AMM identifica mecanismos de amplio alcance y poca profundidad, como lo son el derecho al voto y la colaboración con personas conocidas o alrededor de temas que les afectan. Incluso, en una respuesta espontánea, la mayoría asocia la participación al apoyo ciudadano o la ayuda comunitaria (gráfica 21), conductas con gran amplitud, que contribuyen al desarrollo del estado, pero no necesariamente influyen directamente en la toma de decisiones de la esfera pública.

Gráfica 21. Respuesta espontánea sobre definición de participación ciudadana

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2018). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana

Por lo tanto, el Gobierno estatal tiene amplias oportunidades en términos de la apertura de mecanismos de participación, la profundidad de estos y la diversidad de las personas que participan. En ese sentido, trabajar las desigualdades sociales también se traduciría en menores desigualdades políticas entre las personas, acercando a más ciudadanas y ciudadanos a la toma de decisiones públicas.

Problemas públicos

Existe –a nivel internacional, en el país y en Nuevo León– un estado de desconfianza tanto en la democracia como en las instituciones que emergen de ellas para cumplir con el objetivo de trabajar para alcanzar el bienestar de todas las personas. El ámbito de la función pública es determinante para que el Gobierno en sí mismo reconozca sus compromisos y objetivos por área, planee para alcanzarlos y designe los recursos necesarios para atenderlos. Sin embargo, sin un entramado institucional fuerte, responsable, capacitado, inclusivo e innovador, será poco factible alcanzar el resto de los objetivos contenidos en este Plan.

Como se ha visto, la desigualdad se traduce en exclusión de los espacios de toma de decisiones y el Gobierno no es la excepción. A pesar de no existir datos concretos, lo que es evidente es que no hay representación plural en las instituciones gubernamentales y en los cargos de elección popular. Por lo cual, no hay una integración de puntos de vista representativos de la diversidad social.

La consolidación de las instituciones capaces debe traducirse en resultados concretos. Sin embargo, hoy los mecanismos de rendición de cuentas del Gobierno son escasos y no son del todo accesibles. Si bien se ha cumplido con las obligaciones mínimas en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, existe un reto en términos de la cercanía del Gobierno con la ciudadanía, además de la concepción de la información pública como un bien a ser utilizado por las personas para conocimiento y gestión. Por otro lado, la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas en el estado, que impacta a la mayoría de las instituciones públicas y que genera costos elevados tanto en lo económico como en lo político y social. Todavía no se ha logrado implementar mecanismos de reducción significativa de la corrupción ni de resarcimiento de la hacienda pública tras haberse identificado y perseguido actos de corrupción.

Para consolidar una gestión gubernamental inclusiva y eficiente, es necesario incluir a las y los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, los retos de la participación ciudadana son diversos y compartidos. Por un lado, la participación es un elemento fundamental de la democracia, por lo que el Gobierno tiene la obligación de construir los canales y fomentar la participación de la ciudadanía. Por el otro, la participación también depende de las decisiones personales, las cuales están influenciadas por los entornos cercanos de las personas y sus recursos disponibles, sobre todo el tiempo, las competencias y las habilidades.

A grandes rasgos, la principal problemática pública en relación con este componente es que la mayoría de las personas no participa más allá de las elecciones. Este problema está asociado a factores como la falta de información, la poca disponibilidad del tiempo, la diversidad y alcance de los temas considerados públicos, así como la desconexión entre el interés de las personas y los asuntos públicos.

Aspiración

A partir del análisis de las problemáticas de este capítulo, la aspiración para este tema es:

Consolidar un Gobierno abierto –colaborativo, transparente, innovador– e inclusivo que trabaje responsable y eficazmente para las personas.

Objetivos y líneas estratégicas

Es a partir de tres objetivos estratégicos, alineados al ODS 16, que se logrará dicha aspiración para Nuevo León. El primero es:

Fortalecer las instituciones públicas en responsabilidad, eficacia e inclusión.

Para su ejecución cuenta con las siguientes líneas estratégicas

  1. Asegurar el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de las personas.

El diseño de políticas públicas y su implementación tienen impacto directo sobre las condiciones de vida de las personas, por lo cual, es importante que ambos procesos contemplen la voz, experiencia y conocimiento de los grupos que, históricamente, han sido discriminados y excluidos de los procesos de tomas de decisiones. Su participación contribuirá a identificar de manera más precisa necesidades, herramientas e impactos de las acciones de política pública y, en consecuencia, podrá contribuir a reducir las brechas de desigualdad y ampliar las oportunidades a un mayor porcentaje de la población.

  1. Garantizar una administración pública responsable, capaz y que atienda oportuna y adecuadamente a la ciudadanía.

El fortalecimiento de las instituciones vía la consolidación profesional de su personal, así como de la incorporación de mecanismos innovadores (tanto tecnológicos, como de procesos o de acercamiento con la ciudadanía) incidirán directamente en la efectividad de sus acciones y en su capacidad de atender eficientemente los problemas públicos que se les plantean.

Además, ante un escenario de desconfianza y baja credibilidad, la incorporación de mecanismos de apertura y colaboración pueden ayudar a generar, por un lado, mayor conocimiento y empatía en la sociedad sobre las necesidades y condiciones propias del servicio público, y sobre todo, pueden ayudar a construir políticas públicas mejores y más comprehensivas.

  1. Lograr que los trámites sean necesarios, eficientes y eficaces.

Los trámites deben ser un mecanismo de protección para la ciudadanía, tanto en lo individual, como aquellos que garantizan el ejercicio del derecho a la identidad, como de lo colectivo, como los ambientales que evalúan el impacto de una acción comercial o inmobiliaria. Por lo tanto, es preciso encontrar el balance entre la regulación necesaria para poder controlar, así como el diseño y las herramientas que pueden facilitar -tanto en tiempos como en procesos- a las personas la realización de los trámites.

Esto quiere decir que cada trámite que exista tenga un propósito claro con impacto visible en la mejora o cuidado de las condiciones de vida del estado, así como que incluya el número de pasos y procesos necesarios para garantizar que lo anterior será medible, todo esto sin obligar a la ciudadanía a incurrir en costos excesivos en su gestión.

En términos de rendición de cuentas, el segundo objetivo es:

Asegurar la rendición de cuentas en el servicio público.

Para su ejecución cuenta con las siguientes líneas estratégicas

  1. Promover la transparencia proactiva.

Para lograr un diálogo productivo entre ciudadanía y Gobierno se necesita información clara, útil y pertinente sobre los distintos temas de interés y acción. Por lo tanto, la transparencia proactiva equivale a “poner a disposición de un grupo concreto de la población información sobre un tema específico que sea de su interés… con la finalidad de generar conocimiento para un fin concreto” (SFP, 2019). El propósito final es el poder actuar colaborativamente para resolver las necesidades imperantes de información que permitan a la ciudadanía tomar mejores decisiones, realizar trámites de forma eficiente e identificar irregularidades en la acción pública protegiendo así los bienes de todos y todas.

  1. Reducir considerablemente la corrupción en todas sus formas.

La corrupción es un fenómeno que limita la capacidad de impacto del sector público al desviar, para fines privados, recursos que son de todas las personas. Reducir la corrupción implica entenderla en su definición sistémica y atender las lógicas informales que le dan sustento, así como construir mecanismos que permitan prevenir -vía la tecnología, la vigilancia colectiva y la claridad de procesos, entre otros- que nuevos actos de corrupción sucedan. Lograr este propósito, no solamente permitirá que más problemas públicos sean atendidos, sino que se incrementará en consecuencia la confianza en el Gobierno y la participación ciudadana.

  1. Asegurar la reparación de los daños a la hacienda pública.

Asegurar que los actos de corrupción no quedan impunes y que el despojo de bienes públicos es resarcido debe contribuir a reducir las brechas de retraso en la implementación de políticas públicas pertinentes y urgentes. Para lograrlo, se requieren procesos de investigación sólidos que no dependan de la voluntad política para ejecutarse y producir resultados efectivos. Adicionalmente, alcanzar esta etapa puede contribuir indirectamente a reducir los incentivos de cometer actos de corrupción.

El tercer y último objetivo, que busca atender el tema de participación ciudadana, es:

Fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales.

Para su ejecución, cuenta con las siguientes líneas estratégicas:

  1. Producir y compartir información y conocimiento accesibles a todas las personas sobre cómo ejercer la participación ciudadana.

Los ciudadanos y ciudadanas deben conocer y estar informados para participar, proponer y actuar de manera responsable y en concordancia con el interés público. La información y los datos se vuelven instrumentos clave en la calidad de las opiniones que nos formamos y acciones que tomamos. Un Gobierno abierto es imperante en las sociedades democráticas, como la propia, que buscan y requieren de una participación activa, informada y responsable para la toma de decisiones y el fomento a la ciudadanía global.

En este sentido, la ciudadanía debe poder acceder de manera fácil a la información, también debe poderla comprender y usar de igual manera sin dificultades para los fines que considere. La tecnología y el acceso a esta es imprescindible para sostener el principio de gobierno abierto, permitiendo no solo la rendición de cuentas y la presentación de información, sino la propia participación, colaboración y empoderamiento por parte de la ciudadanía, al brindar servicios públicos en plataformas tecnológicas, así como espacios virtuales de intercambio de información, de discusión y de propuestas. Es decir, un espacio más para interactuar en distintas direcciones y niveles.

  1. Desarrollar competencias para la participación ciudadana de todas las personas.

Para participar, además de contar con tiempo y recursos, se requiere de conocimiento, competencias y voluntad, que podemos formar y desarrollar en distintos ámbitos como el escolar, familiar y social en varias escalas. La formación ciudadana participativa, requiere del involucramiento de la sociedad en general, no sólo de la infraestructura gubernamental y servidores públicos, sino de educadores, padres y madres de familia, sector privado, entre otros. Si bien es cierto que los derechos ciudadanos y participativos se adquieren a partir de los 18 años, la infancia también tiene derecho no solamente a formar, sino también expresar sus necesidades y aspiraciones.

Esto solo será posible en la medida que el nuevo paradigma de la ciudadanía global se incorpore en la vida de los neoloneses, como se analizó en el capítulo de Educación. Sin esta nueva forma de aprendizaje, la participación ciudadana no podrá lograr su cometido como mecanismo para la mejora de la democracia, y por ende, del bien común.

Notas al pie

[1] Como se ha visto en el capítulo de Desarrollo Social: existen condiciones que limitan el potencial de las personas a pesar de su empeño en trabajar, prepararse y modificar su situación presente.

[2] La Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana de 2018 de Consejo Nuevo León y Hagámoslo Bien. Es una encuesta aplicada a ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, residentes del área metropolitana de Monterrey con representatividad por municipio, sexo y edad.

[3] Elaborado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, ente ciudadano, formalizado en la Ley General de Mejora Regulatoria, que tiene como objetivo impulsar y supervisar la implementación de la política de Mejora Regulatoria a nivel nacional y subnacional. http://onmr.org.mx/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Indicador%3F,as%C3%AD%20como%20en%20los%20municipios

[4] Definidos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del INEGI

[5] Esta información fue presentada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental como parte de su autodiagnóstico durante las mesas de trabajo de la Revisión del Plan Estratégico realizadas entre febrero y marzo de 2020.

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Comments
128
Lourdes López: ¿cómo la Consulta de AMLO? ( es broma)
Lourdes López: ¿como se mide?
Lourdes López: Administración Pública, como ente, disciplina o estructura…
Lourdes López: En el párrafo no veo las premisas que conducen a esta conclusión.
Lourdes López: Falta un nexo que facilite el tránsito de la teoría al análisis del caso Nuevo León.
Lourdes López: ¿se puede comparar con la cifra oficial? Sería conveniente para ilustrar la complejidad del problema…
Lourdes López: sintaxis
Lourdes López: dicen no participar…
Lourdes López: de los ciudadanos o de los encuestados, manifestó haber participado…
Lourdes López: homogeneizar el manejo de los tiempos verbales. (muestra interés… detallaron… expresó)
Lourdes López: subjetivo
Lourdes López: Se sugiere revisar sintaxis. Desde 2015 , a nivel nacional se inició el establecimiento de un sistema … etc.
Lourdes López: ¿a nivel nacional; en Nuevo León? ¿con quién se está comparando a Yucatán?
Lourdes López: percibe, la gráfica se refiere a variación porcentual…
Lourdes López: Entonces ¿Qué tan mal andamos?
Lourdes López: Es editorialización. Sería mejor describir las conductas.
Lourdes López: Habría que desarrollar esa idea..
Lourdes López: La gráfica ofrece la comparación entre entidades federativas y no e los elementos de evaluación que colocan al Estado en el vigésimo lugar, por lo tanto la información de la gráfica no puede traducirse en las condiciones que se enlistan.
Lourdes López: vigésimo
Lourdes López: sugiero revisar la redacción, tomando en consideración las precisiones de la anotación precedente.
Lourdes López: No me queda clara la premisa que se quiere colocar, toda vez que en el siguiente párrafo se aborda el tema de la rendición de cuentas
Lourdes López: sugiero operacionalizar los términos: responsable, eficazmente, uso inteligente y honesto.
Lourdes López: con base en el criterio de …
Lourdes López: El dato es incompleto y no es posible apreciar la mejora que se registra…
Lourdes López: adjetivo
Lourdes López: ¿Cuál es la media Nacional?
Lourdes López: ¿o el segundo más costoso?
Lourdes López: ¿Cómo se establece la correlación?
Lourdes López: sugiero evitar la expresión “que tan” y sustituirla por plantemientos específicos:
Lourdes López: Me parece que no queda clara la implicación de una cosa frente a la otra…. ¿están sugiriendo que la identificación de las características de quienes integran la administración pública, puede inferirse de la evaluación que dan los ciudadanos a los servicios públicos? o se refiere a la limitación de los instrumentos para analizar la fortaleza y eficacia de las instituciones públicas,?
Lourdes López: ¿Cuáles son los grados de inclusión?
Lourdes López: ¿se refiere a todas las personas que habitan el Estado?
Lourdes López: ¿cómo se establece la relación entre calidad de los servicios públicos con las instituciones públicas incluyentes?
Lourdes López: “noción del grado de cercanía” Expresión vaga e imprecisa, evidentemente incuantificable…
Lourdes López: más que explicar, describir.
Lourdes López: Ésta afirmación no es consistente con los datos que se ofrecen en el siguiente párrafo. (la corrupción ocupa el segundo y cuarto lugar, en los distintos levantamientos de información. La gráfica 1 no apuntala la aseveración inicial.
Lourdes López: Para ilustrar el “contexto creciente de desconfianza en las instituciones , cuestionamiento de la democracia… “ sería conveniente ofrecer datos comparados que permitan apreciar la progresión de la estadística.
DGPPE UANL: quitar
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DGPPE UANL: sustentable
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DGPPE UANL: no está entendible
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DGPPE UANL: menor
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DGPPE UANL: Es importante que las políticas derivadas de este Plan estén claramente enunciadas y alineadas también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
AA
ALICIA AVENDAÑO: Totalmente de acuerdo alinear las políticas públicas a los ODS y tener cuidado de no realizarlo a la inversa
DGPPE UANL: por el
DGPPE UANL: en una democracia cuestionable y con un
AG
Alejandro Gonzalez: Se hizo un buen trabajo en la identificación de los componentes necesarios para contar con un Gobierno eficaz: implementación de un Gobierno Abierto, profesionalizar al servicio público, transparencia en la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana, lo que abonará en la construcción de mayor confianza y vinculación con la ciudadanía. Sin embargo, queda aún mucho camino por recorrer para trabajar en incrementar la transparencia y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, lo que se ve reflejado en el lugar número 20 que Nuevo León ocupa a nivel nacional en este rubro. Requerimos concretar un acceso simple y con comunicación oportuna de las tomas de decisiones del gobierno y sus dependencias, que permita al ciudadano generar un proceso de evaluación del desempeño de su gobierno y con ello poder exigir una rendición de cuentas en los casos en los que amerite. Como bien lo indican en el documento, el acceso a la información es un derecho y no debiera ser un pedido, si no una obligación por parte de las dependencias gubernamentales e instituciones públicas, por lo que debemos trabajar para construir una dinámica en la que, de forma constante, el gobierno brinde información de manera sencilla, analizable, oportuna y en línea respecto a sus decisiones y la forma en la que ejerce el gasto público. Por ello consideramos de gran relevancia el poder determinar acciones concretas con tiempos definidos para mejorar el desempeño en términos de transparencia y rendición de cuentas, así como un seguimiento periódico que brinde visibilidad respecto a los avances en esta materia, lo que sin duda generará una dinámica que permita recuperar la confianza en nuestro gobierno, dando evidencia del genuino compromiso de servicio de nuestros administradores públicos.
NR
Norma Rangel: no está establecido el servicio civil de carrera
MM
María Antonia Mancillas: Muy bien. La confianza es factor clave para impulsar que las y los ciudadanos estén motivados a participar en asuntos de interés púbico.
MM
María Antonia Mancillas: Comentario sobre la redacción del párrafo: Buscar un sinónimo de términos para no abusar de esta palabra.
PM
Perla Martinez: Para alcanzar este objetivo es necesario un instituto de planeación metropolitana y de coordinación intermunicipal.
AR
Antonio| Rocha: Me parece que hay comentarios muy enriquecedores, pero quiero resaltar la importancia de hacer una planeación estratégica desde el interior, es decir con aportaciones de quienes hemos estado y estamos dentro de la administración pública y que en muchos de los casos tenemos una visión que puede complementar a las consultorías externas o el marco teórico. No demerito la importancia de la Teoría, la cual es fundamental para entender un cualquier problema público o de cualquier otro tipo. Sinembargo es importante pasar de la gerencia pública a la nueva gestión pública, y de forma paralela integrar elementos de modernidad que atiendan la hiperconectividad de la sociedad, así como una mayor promoción de la autogestión, tanto en los trámites como en los servicios de gobierno.
RA
Ricardo Alanis: En un resumen, entiendo el texto propone atender:Eficiencia gubernamental y trámites + Corrupción: En esto se queda corto en describir las lineas que la eficiencia gubernamental debe de ser atendida, en ser específico en las hipótesis de trabajo de trámites y servicios eficientes - y el combate - no sólo visibilidad de la corrupción.Gobierno y Abierto: Describe transparencia - pero se queda corto en hablar de definiciones abiertas por default. Describe participación, pero deja la responsabilidad de la construcción colectiva a la sociedad, promoviendo capacidades pero no espacios intencionales para la co-creación. Recordemos que faltan 15 años para 2030. Los objetivos planteados aquí ya tienen legislación y trabajo afuera. No hace falta nueva política pública para los objetivos planteados aquí, esa política pública ya esta - leyes de mejora regulatoria, sistemas anticorrupción, transparencia y participación ciudadana. Llevemos nuestros objetivos a otro nivel, mientras ejecutamos los que ya están.
RA
Ricardo Alanis: En un resumen, entiendo el texto propone atender:Eficiencia gubernamental y trámites + Corrupción: En esto se queda corto en describir las lineas que la eficiencia gubernamental debe de ser atendida, en ser específico en las hipótesis de trabajo de trámites y servicios eficientes - y el combate - no solo visibilidad de la corrupción.Gobierno y Abierto: Describe transparencia - pero se queda corto en hablar de definiciones abiertas por default. Describe participación, pero deja la responsabilidad de la construcción colectiva a la sociedad, promoviendo capacidades pero no espacios intencionales para la co-creación. Recordemos que faltan 15 años para 2035. Los objetivos planteados aquí ya tienen legislación y trabajo afuera. No hace falta nueva política pública para los objetivos planteados aquí, esa política pública ya esta - leyes de mejora regulatoria, sistemas anticorrupción, transparencia y participación ciudadana. Llevemos nuestros objetivos a otro nivel, mientras ejecutamos los que ya están.
RA
Ricardo Alanis: Se queda corto. Este esquema termina siendo una herramienta incompleta de información y capacitación - cambiando de nuevo, la responsabilidad de lugar de manera incorrecta - y no proponiendo la creación de momentos y espacios para la colaboración y co-creación. El plan se queda con una visión tradicional en la que se escucha y no se co-construye. Para un estado como el nuestro, esto no debe de ser nuestra aspiración - contamos con la profesionalización adecuada para la interacción y generación de momentos que dejen a nuestra comunidad construir el estado que necesitan.
RA
Ricardo Alanis: El gobierno abierto tiene tres componentes: Transparencia, colaboración y participación. Esta solución propone construcción solo en el 1 y 3. Nos falta reforzar en el 2.
RA
Ricardo Alanis: Combatir. Generar las herramientas de manera proactiva para detectar anomalías dentro de la operación gubernamental y tener las acciones institucionales y meta-gubernamentales para el ejercicio de la justicia.
RA
Ricardo Alanis: Y Generar espacios para petición de datos, en los distintos frente de la cuádruple hélice.
RA
Ricardo Alanis: No podemos quedarnos en transparencia proactiva para 2030. Necesitamos hablar de Abierto como default. La transparencia proactiva supone una evaluación de las necesidades de información de la ciudadanía, mientras la apertura por default es propositiva y genera los recursos como datos abiertos sin antecedente: Si nadie lo pregunta, lo tenemos que tenerlo abierto? La respuesta es que muchos recursos pasan siendo necesitados por la ciudadanía en silencio por la falta de canales de apertura.
RA
Ricardo Alanis: Me parece que la digitalización y archivo de los procesos gubernamentales no debería de ser dejado como herramienta y debería ser especificado.
RA
Ricardo Alanis: Esperaría aquí un desmenuzaje de principios y conceptos generales para la generación de responsabilidad, capacidad, eficiencia y eficacia. Debemos ser más específicos sobre lo que nos referimos con esos cuatro valores para saber a que vamos a aspirar.
RA
Ricardo Alanis: Aquí deberíamos empezar a hablar en grandes rasgos el tipo de actividades que eso compone. Hablarlo de manera general a este punto de plan me parece muy superficial.
RA
Ricardo Alanis: Cambiaria este argumento a uno más explícito: Asegurar el diseño e implementación de políticas públicas, donde se asegure la participación, inclusión y representación de los distintos actores para llevar a un consenso de acción. Plantearlo de esa manera permite que las acciones secundarias incluyan acciones concretas útiles y no proxies. Esto es, verdadera acción inclusiva.
RA
Ricardo Alanis: De acuerdo con este objetivo general. Veamos si las lineas estratégicas responden a este objetivo.
RA
Ricardo Alanis: Seguir hablando de la denuncia como el único medio de descubrimiento de corrupción es una linea de rendición de cuentas obsoleta. Culpa al ciudadano de la ineficiencia gubernamental, y cambia la responsabilidad de lado.
RA
Ricardo Alanis: Usar la ley de transparencia es un avance: Pero definitivamente no puede ser considerada la regla a considerar para un plan a 2030.
RA
Ricardo Alanis: Es importante no usar estos dos elementos como sinónimos: La transparencia tiene implícita la apertura a solicitud, mientras que el acceso es propositivo.
Lourdes López: De acuerdo con Jorge Garza
Jorge Garza: Construir un observatorio de innovación pública y participación ciudadana que se encargue de la recolección de datos, monitoreo, evaluación, comunicación y pueda almacenar una base de información para el modelado de mapas y gráficos que sustenten la adopción de decisiones en materia de política pública. Importante incluir universidades en este proyecto.
Jorge Garza: Para estos puntos es necesario garantizar que el gobierno sea tolerante a la innovación y la experimentación. Es decir, que se fomente la experimentación de prototipos, soluciones emergentes desarrolladas por la ciudadanía con acompañamiento del gobierno y de las autoridades académicas, para afrontar retos sociales. Estos tipos de ejercicios no solamente fomentan el pensamiento crítico, la resiliencia y la innovación, sino que también fomentan la confianza en las instituciones, la apertura al cambio y el enfoque holístico a resolver problemas complejos.
Jorge Garza: Ejemplos: https://masschallenge.org/ https://futurecitiescanada.ca/?gclid=EAIaIQobChMI--_5_eOZ7AIVFgiICR06EQnNEAAYASAAEgIJifD_BwE
Jorge Garza: La ciudad de Boston es un excelente ejemplo de ello https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics
Jorge Garza: flexible y resiliente ante el cambio.
Jorge Garza: La falta de participación es un síntoma de la falta de confianza en las instituciones y del agotamiento social. Se necesitan plataformas dinámicas, descentralizadas y en colaboración con otros agentes de la sociedad. Se necesita que el individuo también vea el fruto de su participación. En Alemania, por ejemplo, un donante recibe una alerta por sms cuando su sangre ha salvado la vida de alguien. En una era de hiper-conectividad, el uso de la tecnología puede maximizarse para fomentar el bienestar social y fortalecer la participación ciudadana.
Jorge Garza: De ahí la importancia de invertir en infraestructura social que nos permita lograr que cada persona pueda llegar a ser la mejor versión de ellos mismos y se vuelva un agente de cambio.
Lourdes López: de acuerdo con lo que señala Jorge Garza
Jorge Garza: Ojo: es necesario incluir a la población siempre y cuando sea de forma significativa, es decir, que se establezcan claramente las razones por las que se invita a alguien, qué es lo que se espera lograr y cuáles serán los pasos a seguir para que se pueda manifestar el cambio que se desea ver. Se necesitan construir además plataformas que puedan descentralizar la participación de mecanismos tradicionales como encuestas, entrevistas, consultas o sesiones de grupo, y se inserten en las prácticas sociales del día a día, con un lenguaje accesible.
Jorge Garza: Excelente. Por eso mismo me daba curiosidad, en mi punto anterior, desglosar al porcentaje de la población que dice participar por edad y nivel de ingreso para poder entender quién es el que realmente participa y si este perfil representa a la mayoría de la población.
Jorge Garza: Tal vez se pueda desglosar este porcentaje entre distintos grupos de edad e ingreso.
Jorge Garza: Para tener una mayor comprensión del perfil de quien participa, aunque sea principalmente ejerciendo el derecho al voto.
Jorge Garza: Se necesita que la política pública en los próximos 30 años esté basada en evidencia, en recolección de datos y que la rendición de cuentas se haga frente a comités con miembros del ecosistema: sociedad civil, fundaciones, academia, sector privado. Sería importante centralizar el manejo y procesamiento de datos que informen la política pública en instituciones gestionadas por agentes del ecosistema.
Jorge Garza: Las plataformas de participación juegan un rol crítico en ampliar las oportunidades para que todos puedan formar parte del diseño de las comunidades.
Jorge Garza: No basta con simplemente fortalecer las instituciones públicas ni tampoco con crear laboratorios urbanos, los cuales están a merced de cambios de administración.
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Jorge Garza: Por lo mismo es urgente poder crear plataformas de participación significativa, radical (es decir que se practique la participación día a día mediante actividades que fomenten el potencial emprendedor y el desarrollo social de las comunidades).
Jorge Garza: y explorar mecanismos de participación innovadores que sean radicalmente incluyentes, proporcionen plataformas de transformación social y fortalezcan la cohesión social. Dichos mecanismos tienen que ir acompañados de una instancia que escuche, procese y recomiende a las autoridades las decisiones en materia de política pública e infraestructura, las cuales deben ser sustentadas por la información recolectada.
Jorge Garza: Sería interesante en futuros ejercicios identificar las necesidades específicas en materia de gobernanza digital en la entidad y la urgencia de cada tipo de necesidad a lo largo de NL.
Jorge Garza: democratizar, porporcionar oportunidades de participación significativa y fortalecer la transparencia para crear confianza de los ciudadanos hacia las instituciones
Jorge Garza: Se necesitan modelos de operación horizontales que permitan una cooperación rápida y eficaz para alcanzar beneficios duraderos en la resolución de retos sociales. Un enfoque horizontal en donde las decisiones se toman en base a misiones es sumamente útil para este tipo de trabajo. https://www.zabala.es/es/noticias/misiones-horizon-europe?fbclid=IwAR1wz5rsLgjkFNoRzH-tYY_2rlKIoXD3hGoKbijsL0CbScgA9dH0-KAGIpk
Jorge Garza: Instituciones sólidas que construyan puentes de comunicación y participación significativa con la sociedad.
Jorge Garza: Y se necesita también que las instancias de gobierno puedan construir alianzas con la sociedad civil para hacer avanzar el bienestar colectivo.
Lourdes López: De acuerdo con Antonio Rocha
AR
Antonio| Rocha: La inclusión, participación, transparencia y el combate a la corrupción van alineados con un gobierno democrático y participativo. Creo que un gobierno eficiente, eficaz y de resultados debería tener objetivos relacionados con: 1) Fortalecimiento de la Planeación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y proyectos Públicos. 2) Reingeniería de la Regulación de Trámites y Servicios, con cambio de paradigma. 3) Implementación eficiente de un sistema fuerte de profesionalización del servidor público de carrera. Todos son importantes, pero creo que el tercero (el sistema de profesionalización del servidor público) es fundamental ya que tener servidores públicos bien capacitados en los procesos actuales y futuros, es una condición indispensable para el éxito de cualquier plan de trabajo de cualquier organización pública o privada.
AR
Antonio| Rocha: y desinterés en los asuntos públicos
AR
Antonio| Rocha: Como en todo el mundo, tanto en el sector público como en el privado y en connivencia
AR
Antonio| Rocha: Correcto
AR
Antonio| Rocha: También capacitar a la ciudadanía en la forma de requerir información. En lo general seguimos teniendo problemas de redacción. Algunas veces las preguntas son confusas o no tienen que ver con la dependencia a la que le preguntan.
AR
Antonio| Rocha: Debe haber una mayor difusión en medios de comunicación y al mismo tiempo.
AR
Antonio| Rocha: Después de años de evaluar la cantidad de obligaciones cumplidas, debería pasarse a la calidad de la información transparentada
AR
Antonio| Rocha: Correcto
AR
Antonio| Rocha: Obligación legal y ética, por el uso de recursos públicos
AR
Antonio| Rocha: Precisamente por eso se debe implementar el sistema de profesionalización del servidor público de carrera, bien capacitado, con remuneraciones acordes a su expertise. Por que con ello, estaríamos mejorando la competitividad del gobierno, la transparencia y rendición de cuentas y al mismo tiempo inhibiendo la corrupción.
Lourdes López: de acuerdo con la anotación previa.
AR
Antonio| Rocha: Mientras no se haga un análisis de costo beneficio, no se puede argumentar restricciones presupuestales.
AR
Antonio| Rocha: Mientras más se vaya avanzando en la profesionalización del servidor público, este tema deberá irse disminuyendo
AR
Antonio| Rocha: Sistemas de evaluación del desempeño objetivos, visto como oportunidad de mejorar, tanto para el servidor público como para la administración pública.
AR
Antonio| Rocha: Es importante, por ello la propuesta tiene que ver con incentivos de todo tipo, desde remuneraciones hasta incentivos en especie. En el caso de los personal adscrito a la nómina centralizada, su nómina es muy pequeña comparada con la nómina del magisterio o de seguridad pública.
AR
Antonio| Rocha: Es correcto, por ello sería recomendable, dentro de la formación del Servicio Civil o Público, profesional de carrera, el perfil del Servidor Público Senior, el cual tendría como característica principal una visión integral de la administración pública y un amplio conocimiento de la dependencia para de alguna manera couchar o asesorar a los funcionarios electos o designados y disminuir las curvas de aprendizaje. Entre otras ventajas
AR
Antonio| Rocha: Si hay normatividad. Desde el 2007 se publicó el DECRETO QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Emitido por el titular del Ejecutivo del Estado. Publicado en Periódico Oficial del 22 de agosto de 2007. Tiene por objeto establecer el marco jurídico básico para regular el Sistema de Profesionalización de la Administración Pública de Nuevo León. Además existe normativa y de forma abundante en el tema de la profesionalización del servidor público, tanto federal como en otros estados. A mi juicio ha habido improvisación, el desconocimiento y en algunos casos falta de voluntad para llevar a cabo lo que nos marca la normativa
AR
Antonio| Rocha: NO se debe ver como un componente más. Su importancia es vital para el desempeño del gobierno, en terminos de eficiencia, eficacia, resultados y transparencia. La profesionalización del servidor público de carrera, debe incluir un perfil de formación y experiencias generales, técnicas y de especialización, tan diversa y fuerte como lo es la variedad de funciones y atribuciones que tiene los funcionarios y los servidores públicos. Podemos iniciar un viaje hacia cualquier lugar, en el mejor y más moderno avión, pero si la tripulación no sabe o no tiene experiencia, o no tiene la actitud adecuada, es muy probable que tanto el despegue, como el trayecto y el aterrizaje esté en riesgo. Sirva esta analogía para señalar la importancia del servicio público y sus integrantes.
AR
Antonio| Rocha: Muy buenos resultados. Pero cuando hablamos de reingeniería se buscan mejoras exponenciales
RA
Ricardo Alanis: +1 En definitiva pasar por gobierno electrónico es necesario para la mejora sistemática de los procesos de gobierno.
AA
ALICIA AVENDAÑO: +2 Totalmente de acuerdo, no es opcional!! el gobierno digital, transparente, accesible, es necesario para el estado de Nuevo León
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AR
Antonio| Rocha: Se insiste en la necesidad de una reforma administrativa, que incluya un cambio de paradigma en los trámites y servicios de gobierno, en el cual pasemos a un servicio más proactivo, menos restrictivo pero de mayor supervisión. Establecer los sistemas para la autorregulación de los ciudadanos y el estado como supervisor de esa autorregulación, con sanciones fuertes o graves para quienes no cumplan de buena fe las disposiciones establecidas.
AR
Antonio| Rocha: Ser un gobierno incluyente está bien. Pero creo que debe valorarse, hablando en términos de eficacia, cuales son los resultados de las evaluaciones a las políticas y programas públicos, cuáles son los resultados de las auditorías a los programas de gobierno que tan eficientes son los sistemas de control interno. Es decir partir del interior del gobierno, como andamos en los procesos de planeación, de organización y ejecución de los programas y proyectos, como andamos con el seguimiento, monitoreo y control de nuestros procesos para el logro de los objetivos y no menos importante, que enseñanzas para la mejora continua nos esta dando la evaluación de los políticas, programas y proyectos de gobierno.
AR
Antonio| Rocha: Las Políticas Pública pueden entenderse como las guías de acción seleccionadas por la administración en curso, para enfrentar problema social o público o cambiar una situación no deseada en la sociedad. La política pública es el medio primario por el cual se hace realidad las funciones del gobierno.
Dario Treviño Muguerza: El fortalecimiento de las instituciones se basa en dos ejes: Estructuras organizacionales bien diseñadas  y servidores púbicos de carrera profesionales. Las estructuras organizacionales adecuadas a sus necesidades, privilegiando los principios de austeridad, inclusión, eficiencia y eficacia con perfiles de competencia,  conocimientos y habilidades requeridos bien definidos y funciones y responsabilidades delimitadas y una remuneración de acuerdo al nivel de responsabilidad tomando en consideración el mercado.  La carrera y profesionalización de los servidores público será registrada y tomará en consideración su formación, capacidad, experiencia y desempeño así como su vocación de servicio publico fomentando la colaboración y desarrollando sus competencias para atender eficientemente los problemas públicos que se les plantean y promoviendo su proyección en forma imparcial de acuerdo a sus méritos. 
AR
Antonio| Rocha: Que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas, así como la participación ciudadana
AR
Antonio| Rocha: No todos los servidores públicos son corruptos, por un porcentaje mínimo, se estigmatiza a todos. Además, desde mi punto de vista la corrupción solo se puede inhibir para controlar.
AR
Antonio| Rocha: Ok. esto es desde el exterior, pero como esta al interior la administración pública? en cuanto al recurso humano, la infraestructura, su marco jurídico, existe un plan de desarrollo del recurso humanos, los sistemas y equipos tecnológicos son los adecuados…
AR
Antonio| Rocha: Se requieren servidores públicos, profesionales de carrera, bien capacitados y con experiencia en la administración pública. El ser humano es hace que las cosas se den. Un concepto como instituciones públicas abarca mucho (marco jurídico, estructura organizacional recursos humanos, financieros y otros) y puede perderse la idea.
AR
Antonio| Rocha: Sería conveniente reforzar el concepto de Gobierno Transparente, Eficiente y Eficaz. Es decir, ponernos de acuerdo en lo que quieren decir estas palabras: Un gobierno con transparencia, es aquel que pone sus procesos de planeación, sus políticas y programas públicos, así como sus resultados a la vista de toda la ciudadanía, que nos permita contribuir a la mejora continua de la Administración Pública, así como inhibir la corrupción y promueva la profesionalización del servicio público, en beneficio de la ciudadanía. Un gobierno eficiente y eficaz, está consciente del principio económico de la escasez de recursos y el gran crecimiento y variedad de las demandas ciudadanas, por ello la eficiencia traducida en la planeación y determinación de las mejores alternativas de políticas, programas y proyectos públicos, su ejecución, el seguimiento continuo para el control y la importancia de la evaluación de los resultados para determinar la pertinencia o no de los programas y la mejora continua…. Algo así…
AR
Antonio| Rocha: Habríamos de considerar la eficiencia y el enfoque a resultados. Gobierno Transparente, eficiente y eficaz.
AC
Andrea Castillo: y como se va a lograr esto?
AC
Andrea Castillo: ¿Cómo se va a medir esto?
Lourdes López: De acuerdo con Andrea Castillo
AC
Andrea Castillo: cómo se va a lograr esto? no dice nada en la redacción posterior
AC
Andrea Castillo: como se va a medir si tiene un costo excesivo o no?
AC
Andrea Castillo: la redacción está rara… no se entiende bien
AC
Andrea Castillo: como cuáles?
AC
Andrea Castillo: qué mecanismos?
AC
Andrea Castillo: ¿Cómo se va a realizar esto?
AC
Andrea Castillo: qué grupos? a quienes se refiere?
AR
Antonio| Rocha: Concuerdo con el análisis de eficacia y más allá, la eficiencia en el uso de los recursos y la evaluación de los resultados.
AG
Alejandro Garcia Fabregat Padilla: En cuestión de análisis en la parte de transparencia y corrupción si se explora la situación actual, las cosas que se han hecho y que se puede seguir mejorando. En cuestión de Eficacia no veo un análisis así, creo que falta un apartado dentro de este capitulo sobre lo que se supone que es el rol del gobierno y como este o esta fallando o esta haciendo las cosas bien. Una vez definido eso se podrá establecer de mejor manera cual es el rol del ciudadano. También hacer esto ayudara a analizar en donde esta el descontento del ciudadano mas allá de la percepción de la corrupción. Lo que me imagino es integrar a este capitulo un análisis como se hace en el Alcalde como vamos de Consejo Cívico.
Miguel Angel Anaya Rodríguez: La Corrupción en el estado… es algo Onírico para muchos ciudadanos, de las cuales se ha dicho mucho al respecto he inclusive existen libros y ensayos hablando del tema, hasta películas se han realizado del tema asiendo apologías de ello… pero lo que se requiere para el estado es crear programas en TODAS las dependencias relacionadas con la seguridad y en las dependencias tributarias en el que los de alta jerarquía sean cambiados al pasar dos años en la dependencia y que se asigne a otra persona al mando para evitar el Conflicto De Interés… y lo mismo seria para los encargados de realizar Auditorias internas el de que se este rotado a los encargados cada cuatros años
FJ
Francisco Javier: es 87.6 según la fuente ENCIG 2019, gráfica 11