BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2019-2020
Principios
El presente Plan Estratégico fue diseñado con base en los siguientes principios rectores: identidad, derechos humanos, perspectiva de género, participación ciudadana, alianzas para el desarrollo sostenible, resiliencia, desarrollo regional, integralidad de las políticas públicas, independencia técnica e innovación. Estos 10 elementos se identificaron como los componentes normativos esenciales para la consolidación del desarrollo sostenible del estado de Nuevo León.
Desde las etapas preliminares del diagnóstico y la identificación de problemáticas, hasta la construcción de soluciones estratégicas y el diseño de los criterios de evaluación, estos principios fueron el eje transversal alrededor del cual se desarrolló el proceso de planeación estratégica. Como resultado, todos los componentes metodológicos, el contenido analítico y las conclusiones generales del Plan convergen con los razonamientos inherentes a cada uno de los principios planteados.
Por ello, para consolidar una implementación eficaz y eficiente del Plan Estratégico, es importante también utilizar estos principios como pautas para que el Gobierno Estatal genere y emprenda las acciones planteadas para acatar las líneas estratégicas y alcanzar las metas deseadas. De esta manera, la influencia de estos principios no se limita al marco de este Plan, sino que lo trascienden y se interconectan con el trabajo del Consejo Nuevo León y las dependencias gubernamentales que participan en el desarrollo de las estrategias presentadas.
Identidad
La identidad es el conjunto de características particulares, tanto objetivas como subjetivas o simbólicas, que distinguen a un individuo o a un grupo de otros. Crear políticas públicas que construyan un entorno en donde se posibilite el desarrollo del derecho a la identidad es una variable fundamental para la consolidación de una gobernanza sólida, democrática y eficaz, pues permite a la ciudadanía adoptar el estilo de vida considerado más óptimo para su bienestar.
Esto implica integrar la pluralidad ciudadana a partir del reconocimiento de los dos valores primordiales que constituyen una identidad colectiva: la libertad individual y la equidad (Mouffe, 1992, p. 30). La primera es esencial porque es el derecho básico que permite la expresión de las necesidades legítimas de cada ciudadano. La equidad es igualmente indispensable porque marca los límites de la libertad individual, de modo que se pueda asegurar que esta pueda ser disfrutada en el marco de una sociedad, sin afectar otras libertades sustanciales para el bienestar general, como el acceso a la participación política y económica. Por lo tanto, resguardar el principio de la identidad equivale a celebrar una visión de desarrollo inclusivo, próspero y justo.
Derechos humanos
Los derechos humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” (CNDH, 2020). Como tales, su resguardo es la prioridad cotidiana institucional de la cual se derivan todos los lineamientos de este Plan Estratégico. Siguiendo las garantías constitucionales, leyes nacionales y estatales, y las normas internacionales, así como las premisas éticas que les respaldan, este Plan está comprometido con la protección perpetua de la dignidad humana y reconoce que todos los derechos humanos son “universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” (OACNUDH, 2013). Defender y promover el derecho a la vida, la no discriminación, la igualdad ante la ley, la libertad, la justicia, el trabajo, el acceso a la cultura, entre otras garantías individuales, es un principio rector que predomina sobre cualquier otra determinación, pues cada derecho constituye una parte elemental del bienestar humano.
Si bien los derechos humanos suelen denominarse bajo distintas clases, por sus asociaciones civiles, políticas, económicas, sociales o culturales, el principio subyacente de estos debe interpretarse bajo una visión holística, pues no existen jerarquías que les gobiernen. Cualesquiera que sea su categoría, los derechos humanos se complementan mutuamente y la consolidación de uno no puede realizarse sin el logro de otro. Por lo tanto, aunque en el Plan Estratégico existan priorizaciones de ciertas líneas estratégicas, estas no deben interpretarse como la preponderancia de una área sobre otra. Esto solamente responde a la necesidad de movilizar eficientemente los recursos limitados disponibles; en esencia, todas las temáticas del Plan son prioridades transversales.
Perspectiva de género
La perspectiva de género es una aproximación metodológica que incorpora en su nivel de análisis un enfoque específico en el estudio de la manera en que las construcciones sistémicas, como las instituciones o los roles sociales, afectan de manera diferenciada a las personas, y viceversa. En el diseño de políticas públicas, la perspectiva de género “es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como las de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales” (ECOSOC, 1997, p.30). Como tal, la perspectiva de género es una herramienta esencial para garantizar la construcción de soluciones que aporten beneficios equitativos a toda la ciudadanía, independientemente del género de los receptores de las políticas.
El género es un factor que condiciona significativamente el potencial de acceder y participar plenamente en las dinámicas sociales, económicas y políticas. Las brechas de desigualdad y las políticas públicas tienden a ser discriminatorias; su impacto tiende a tener efectos más agraviantes en las mujeres y niñas, pues estas sufren mayores indíces de violencia, discriminación, y disparidad en términos de educación, empleo, e ingresos (ONU, 2018). Por esta razón, en este Plan Estratégico se enfatizan líneas de acción particulares que atienden a estas problemáticas. No obstante, es importante recalcar que este principio no aspira a generar políticas exclusivas. Más bien, la perspectiva de género busca rectificar las brechas existentes en el presente y garantizar un ambiente en donde la toma de decisiones sea equitativa, que conlleve a un desarrollo sustancial e inclusivo en donde hombres, mujeres y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ tengan un acceso equitativo a la representatividad política y sus derechos humanos.
Participación ciudadana
La participación ciudadana agrupa a todos los medios por los cuales la ciudadanía incide en los procesos de política pública. Esto trasciende el ejercicio del voto electoral e incluye todas las expresiones que buscan resguardar la legitimidad de las políticas públicas, asegurar la rendición de cuentas de la autoridad y consolidar el Estado de derecho. En este sentido, la participación ciudadana involucra tanto esfuerzos formales como la generación de iniciativas de ley de organizaciones de la sociedad civil, hasta acciones cotidianas como el monitoreo y la discusión de las decisiones del Gobierno.
Este principio es clave para la construcción de políticas públicas inclusivas, que representen los intereses de todas las necesidades y aspiraciones particulares de la ciudadanía. La participación ciudadana es una parte intrínseca del estilo de vida democrático que aspira consolidar este Plan Estratégico, pues el fomento de este principio obliga a la administración pública a adoptar un modelo de gestión por resultados, que resguarda la transparencia y posibilita el escrutinio constructivo y plural de las acciones gubernamentales. Esto conlleva a un desarrollo integral de las políticas públicas.
Así, con la convicción de que la gobernanza participativa, en donde existe la deliberación de ideas e intereses, es la manera más óptima de consolidar el bienestar integral de la ciudadanía, resulta indispensable aperturar espacios donde los ciudadanos puedan tener injerencia en el diseño de las políticas públicas. Esto es pertinente para prevenir la sobrerrepresentación de algunos intereses sobre otros, evitar la tergiversación de las políticas, garantizar la transparencia, y empoderar al ciudadano como actor político activo, crítico y responsable. De tal manera que, promover la participación ciudadana permite fortalecer la corresponsabilidad entre los servidores públicos y la ciudadanía.
Alianzas para el desarrollo sostenible
La consolidación del desarrollo sostenible requiere de esfuerzos intersectoriales. Considerando que el desarrollo sostenible es multifacético, la formación de alianzas entre todos los actores de la sociedad es indispensable para lograr resultados concretos. Al identificar objetivos complementarios y convergentes, se facilita la coordinación de recursos y esfuerzos, lo cual incrementa las posibilidades de éxito. Asimismo, al establecer alianzas se fomenta el diálogo entre los sectores cuyos intereses son opositores, y se incentiva la cooperación basada en la deliberación y los consensos, elementos indispensables para fortalecer la cohesión social entre la ciudadanía.
Particularmente, el establecimiento de alianzas interinstitucionales agrega valor agregado al Plan Estratégico porque permite alinear las metas estatales a las nacionales e incluso, internacionales. Por ello, tanto el diseño como la implementación del Plan Estratégico y el Plan Estatal de Desarrollo de cada Gobierno deben estar regidos por una perspectiva vinculatoria en donde los objetivos y acciones estratégicas estén alineados a normativas y esfuerzos actuales, reflejados en el presupuesto de egresos de la entidad, el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos del Gobierno federal con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, enmarcados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es relevante porque incrementa las posibilidades de crear una coordinación eficiente de esfuerzos y recursos que derive en planes de acción concretos y una implementación adecuada para alcanzar las metas planteadas.
Resiliencia
Debido a la naturaleza contingente e incierta de los eventos políticos, sociales y económicos, la resiliencia es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas en el largo plazo. En términos generales, la resiliencia puede definirse como la habilidad para resistir y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad, recuperarse, y enfrentar las crisis de manera positiva (Keele y Coenen, 2019). Esto último no necesariamente se limita a resguardar el statu quo y erradicar las amenazas que lo vulneran, sino que también implica identificar, reconstruir y adoptar modelos pertinentes para evolucionar hacia nuevas prácticas que se ajusten mejor a las condiciones requeridas en el momento. De tal modo, la resiliencia permite tanto la resolución eficiente de problemas inmediatos, como la prevención de estos en el largo plazo, pues agiliza la preparación pertinente para reducir el impacto de las adversidades, incluso cuando estas no son previstas.
Desarrollo regional
A diferencia de los supuestos neoliberales que asumen la igualdad total de las condiciones de partida entre todas las regiones, la evidencia empírica demuestra que existen diferencias estructurales importantes que concentran la inversión en ciertas áreas, mientras que en otras prevalece la precariedad y los bajos estándares de calidad de vida (Jackson et al., 2019, p. 5). Por ello, interpretar las condiciones de desigualdad actuales requiere el reconocimiento de las variables contextuales que condicionan el grado de desarrollo de ciertas regiones. La perspectiva de desarrollo regional responde a esta cuestión abogando por la implementación de proyectos y políticas plurales focalizadas en el contexto particular de cada entorno (OCDE, 2014). Este enfoque no solamente parte del reconocimiento de la acumulación poco equitativa de la riqueza; simultáneamente, el desarrollo regional enfatiza las relaciones multilaterales de las dinámicas entre regiones, entendiendo que el crecimiento o estancamiento de una región, tiene efectos colaterales en el resto.
Considerando las brechas existentes en Nuevo León, es importante asegurar que en todas las políticas públicas, desde su proceso de análisis y el diagnóstico de las problemáticas, estén reflejadas consideraciones diferenciadas que atiendan a las características particulares de cada región, sin asumir la uniformidad de las circunstancias o las causas raíz que originan las problemáticas analizadas. De esta manera, las soluciones propuestas deben conllevar a estrategias especializadas que fortalezcan las capacidades locales de las regiones más vulnerables, promuevan los vínculos entre el centro y la periferia, y fomenten un ambiente en donde existan oportunidades equitativas de desarrollo.
Integralidad de las políticas públicas
Aunque en su definición cada objetivo estratégico contiene líneas de acción específicas con metas acotadas a la resolución de problemáticas singulares, las políticas públicas no son meramente una reacción a estas dificultades. Por encima de esto, cada línea estratégica complementa una visión de largo plazo holística, de manera que el desarrollo sostenible es integral y su consolidación depende de los resultados positivos en todas las áreas evaluadas. En efecto, el principio de la integralidad de las políticas públicas supone que las problemáticas no están aisladas; por el contrario, sus dinámicas se entrelazan constantemente y, en consecuencia, es imperante que el método de resolución de cada una considere el potencial impacto colateral multidireccional que se puede suscitar en otras.
Por lo tanto, este principio demanda una visión integradora, no solamente de parte del proceso de planeación, sino también la implementación. En este sentido, es imprescindible que el Gobierno del Estado adopte prácticas que fortalezcan su capacidad de manejar sistemáticamente la coordinación de las políticas implementadas, el monitoreo de su avance y la evaluación de su impacto. Esto incluye promover condiciones que permitan al Congreso del Estado ser un actor contundente que represente los intereses de la sociedad nuevoleonesa para maximizar el beneficio social de las acciones de Gobierno. Esto no se limita solamente al seguimiento protocolario de las finanzas públicas sino, más allá de eso, significa implementar acciones públicas que mejoren la competitividad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y aplique todos los cambios necesarios para encaminar a la entidad a un futuro más próspero, inclusivo y sostenible.
Adicionalmente, la integralidad de las políticas públicas supone también el fortalecimiento de la autonomía del Gobierno estatal en el marco del pacto federal, ya que significa desarrollar las competencias necesarias para responder de manera versátil, rápida y efectiva a las problemáticas y aspiraciones de la ciudadanía. Reducir la dependencia financiera y evitar la centralización de aquellas decisiones que resulten críticas para el desarrollo de Nuevo León, contribuye a consolidar un mayor margen de acción para implementar las políticas públicas necesarias para el desarrollo integral de la entidad, que contribuya a erradicar las problemáticas más agraviantes tanto en el presente, como en el futuro a largo plazo.
Independencia técnica
Como la toma de decisiones en la administración pública es un proceso complejo que es influenciado por intereses políticos, el resguardo de la independencia técnica es un principio transversal en este Plan Estratégico. La independencia técnica es la capacidad de ejercer, de manera autónoma, los procesos de planeación y evaluación, sin depender de la injerencia de grupos de interés. En pocas palabras, es la libre determinación de los modelos metodológicos, interpretaciones y paradigmas utilizados para la toma de decisiones.
A través de un enfoque de diseño de políticas basadas en evidencia objetiva y una orientación ética alineada al bienestar de la ciudadanía, se debe poner énfasis en proyectos que busquen atender sustancialmente problemáticas públicas. Esta adherencia al principio de la independencia técnica posibilita, por una parte, la adopción de un enfoque analítico adecuado para fortalecer la transparencia gubernamental, la asignación eficiente de los recursos públicos y la priorización justa de las problemáticas en la agenda institucional de la administración pública, para que esta provea los sustentos para generar un desarrollo económico, social y político en Nuevo León, que proporcione la seguridad física, patrimonial y jurídica que produzca efectos positivos en la calidad de vida de la ciudadanía.
Por otra parte, la independencia técnica permite también asegurar un monitoreo y evaluación de resultados acotado a objetivos ambiciosos, factibles y medibles que sean comparables a los estándares de las sociedades más desarrolladas y fortalezcan los valores y principios éticos inherentes al bienestar de la ciudadanía. Esto es importante para evitar la corrupción y la degradación del Estado de derecho, factores que obstaculizan a su vez la consolidación de una democracia sana y productiva.
Innovación
La innovación se refiere a la introducción de prácticas y visiones creativas y novedosas a las formas de planeación, interpretación, implementación y evaluación de los procesos y resultados. Esta es sumamente importante, ya que, para consolidar estrategias inclusivas, vigentes y pertinentes a las necesidades sociales del presente, la planeación de políticas públicas debe ser un proceso de mejora continua, en constante revisión, sujeto a aproximaciones nuevas que complementan los paradigmas tradicionales. En este sentido, la innovación es un principio inherente que guía las herramientas de diseño e implementación de política pública que guían el Plan Estratégico.
Cabe destacar que esto no implica el menosprecio de los métodos ortodoxos, pues es importante reconocer que estos proporcionan marcos de referencia para el análisis sistemático de la información. Más bien, la innovación se basa en la necesidad de superar las limitaciones metodológicas presentes en los modelos clásicos, que tienden a minimizar la importancia de la evidencia empírica no cuantitativa, la participación de actores plurales en la toma de decisiones, la evaluación iterativa, y la visión de largo plazo (Conlife, Story & Hsu, 2018). En este contexto, el uso de herramientas no convencionales que deriven en políticas públicas enfocadas en visiones de largo plazo, basadas en participación ciudadana y alianzas intersectoriales, es una condición indispensable para la democratización de la planeación.
Un componente de gran importancia en este contexto es la incorporación de tecnologías innovadoras, pues la integración de tecnologías fortalece la gobernanza democrática. Particularmente, la digitalización contribuye a mejorar la comunicación entre la autoridad pública y los ciudadanos, lo cual facilita e incentiva la participación ciudadana (Corydon, Ganesan & Lundqvist, 2016). Dado su alcance y practicidad, la innovación tecnológica permite ampliar y adaptar los servicios públicos a las expectativas de los ciudadanos de manera más rápida y competente, superando obstáculos como las distancias geográficas y la presión del tiempo. De esta forma, este ejemplo de innovación contribuye a fomentar una participación activa y crítica de la sociedad, así como la rendición de cuentas gubernamental.
Jackson, R. W., Hewings, G. J. D., Rey, S., & Lozano Gracia, N. (2019). Regional Development Overview: Challenges, Adopted Strategies, and New Initiatives. The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9056
Keele, S., Coenen, L. (2019) Policy for critical infrastructure resilience, Melbourne 2019. Workshop Summary. Arup and Resilience Shift, UK.
Organización de las Naciones Unidas (2018). Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2017. Organización de las Naciones Unidas. https://undocs.org/sp/A/RES/72/234
En sentido estricto el Plan Estratégico no se implementa.
El marco normativo en la materia es claro respecto de qué instrumento de planeación debe recibir recursos para su implementación:
De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley de Egresos, que a la letra dice "en la ejecución del gasto público de las Dependencias y Entidades, deberán alinearse al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y a los planes y programas que de este deriven tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.", los recursos deben estar alineados a la implementación del Plan Estatal de Desarrollo, no del Plan Estratégico.
Asimismo, el Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la letra dice “Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos”, establece que los proyectos de presupuesto de egresos de las entidades federativas deben ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos.
Por otro lado, la relación entre el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Estratégico se define en el Artículo 15 párrafo tercero de la Ley de Planeación Estratégica, que a la letra dice: “el Plan Estratégico que sea sometido a consulta pública deberá analizarse y en su caso, servirá de sustento para elaborar el Plan Estatal”. Es decir, los planes estatales de las administraciones vigentes, deben usar como sustento el plan estratégico vigente, más no es el plan estratégico el que se debe implementar.
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Xóchitl Córdova:
Falta redacción sobre grupos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. A continuación se incluye información contenida en el Programa Estatal Gerontológico 2019-2025:
“De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009), el principio de titularidad de los derechos debe de guiar las políticas públicas, de esta forma el Estado orienta el desarrollo conforme al marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales plasmados en acuerdos vinculantes para las naciones. La política pública debe transitar desde una perspectiva de personas con necesidades de asistencia a la perspectiva de personas sujetas de derechos que obliga al Estado y a la sociedad a respetar. En este sentido, la persona es el sujeto central del desarrollo y las garantías de la protección de los derechos humanos deben ser el marco capaz de ofrecer un sistema de principios y normas para guiarlo.
Un punto principal de la perspectiva de derechos es que contribuye a generar medidas específicas que consideren la situación de grupos e individuos en condiciones de exclusión o desventaja. El enfoque basado en derechos propicia la titularidad de derechos humanos de todos los grupos sociales y, de ese modo contribuye a que aquellos o aquellas que en el pasado fueron excluidos sean tratados en el presente sobre bases de igualdad, de respeto, para favorecer la integración social, y con ello generar la construcción de una sociedad para todas las edades.
Las personas adultas mayores han disfrutado de un ejercicio limitado de igualdad y de libertad, producto de desigualdades explícitas e implícitas. Desde este ángulo, uno de los desafíos centrales del desarrollo basado en derechos es contribuir a la construcción de una sociedad con cabida para todos y todas, donde las personas, independientemente de su edad o de otras diferencias sociales, tengan las mismas oportunidades para hacer efectivo el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Los Estados deben promover el pleno goce de los derechos de las personas adultas mayores, creando las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan el desarrollo íntegro de la persona. En este sentido, un país no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que, además, debería realizar acciones afirmativas, es decir, adoptar medidas administrativas y legislativas para que el ejercicio de esos derechos sea una realidad.”
Fuente: Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. (2020). Programa Estatal Gerontológico 2019-2025. Gobierno del Estado de Nuevo León. Disponible en http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00168695_000002.pdf?fbclid=IwAR3V-uK
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Xóchitl Córdova:
Se podría incluir el tema de igualdad de oportunidades e inclusión, algo relacionado a eliminación de discriminación y desigualdades. En el texto se habla de políticas públicas inclusivas pero no se considera a la inclusión como un principio rector. La Ley de Planeación Estratégica Art. 3 establece los principios que debe de tener la planeación.
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Alejandro Diaz Ramirez:
Debe hablarse de la transversalización de la igualdad y la perspectiva de género, mismas que se deben ver reflejadas en el diseño del plan y en la ejecución de cada una de las líneas de acción que se contemplen. Se debe exponer que la transversalización de la perspectiva de género hace referencia a que todas las acciones del Gobierno deberá contemplar la forma en que todas las personas se verán afectadas o beneficiadas a raíz de su sexo y género.
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Alejandro Diaz Ramirez:
Es necesario abordar el tema de la IGUALDAD como derecho constitucional en lugar de Equidad.
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Alejandro Diaz Ramirez:
reitero el tomar en cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o bien, hacer una correspondencia de los indicadores de cada ODS de la ONU con los 10 prinicipios enmarcados en este plan. Ya que al ser valorados también en 2030 podremos observar a cabalidad el posicionamiento de Nuevo León a nivel mundial.
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