La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, tras haber revisado y analizado el Borrador del Plan Estratégico 2030 (en adelante, “el Plan Estratégico”), concluye que el mismo se ha redactado considerando una perspectiva de derechos humanos, la cual representa uno de los principios rectores por el cual el Plan Estratégico fue diseñado.
Asimismo, con el objetivo de que se aborde la mencionada perspectiva de la manera más amplia posible, este organismo desea transmitir las siguientes observaciones a modo de recomendación y a efecto de que las mismas sean estudiadas para su eventual incorporación al documento en cuestión:
En relación al rubro “Marco conceptual”:
1. En este apartado, el cual se podría considerar un preámbulo del contenido del Plan Estratégico, se aprecia que se han utilizado numerosos conceptos relacionados con los derechos humanos: calidad de vida, libertad, bienestar, experiencias personales, oportunidades, grupos prioritarios, etc.
2. Si bien se observa la perspectiva de derechos humanos en todo el texto de este rubro, al explicar en qué consiste la calidad de vida y relacionarla con la libertad y el bienestar, se recomienda mencionar que estos conceptos no solo están ligados o relacionados con las características personales y al entorno en el que vive una persona, sino que también dependen de cómo las autoridades actúan en relación a sus obligaciones constitucionales respecto a los derechos humanos (estas son, las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos).
En relación al rubro “Marco demográfico de Nuevo León”:
1. Resulta muy adecuado hacer un análisis de la composición demográfica del estado de Nuevo León, con el fin de conocer las condiciones de su población y, por ende, estudiar las necesidades específicas de la ciudadanía. Como primera observación, y siguiendo la última del rubro “Marco conceptual”, en el documento se hace una referencia a los grupos minoritarios como aquellos que tienen necesidades marcadas y son objeto de condiciones de desigualdad particulares, concepto que, aun siendo acertado, se podría ampliar siguiendo la lógica explicada en la observación que se menciona.
2. En relación a los grupos prioritarios (o, como se suele denominar, grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación), si bien no existe una lista cerrada de grupos en situación de vulnerabilidad, se recomienda ampliar la que se plasma en el documento, pudiendo incluir, a modo de ejemplo, personas con VIH/sida, personas en situación de pobreza, o personas en situación de calle. Asimismo, cuando se calcula el porcentaje de personas en situación de migración, resultaría interesante reflejar el porcentaje de personas refugiadas o demandantes de refugio, y, dentro del grupo de personas con discapacidad, se recomienda hacer un desglose por discapacidad y categoría interseccional.
3. Como observación puntual, nótese que al hablar de la comunidad LGBTI, se reduce en este apartado a la referencia a la “orientación sexual” sin considerar la de “identidad de género”, y a pesar de que en el desarrollo del texto sí se menciona existen algunos apartados en el que se omite. Y, al hablar de población indígena, se sugiere incluir a la población afromexicana, de acuerdo con la Ley de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas en el Estado de Nuevo León, de 2020.
En relación al rubro “Principios”:
1. Respecto al principio de derechos humanos, los mismos se describen en el Plan Estratégico como “universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”. Esta descripción resulta acertada y es correcta, y se sugiere añadir el de progresividad, en concordancia con el marco constitucional. Por otro lado, se hace alusión al principio rector de “defender y promover el derecho a la vida, la no discriminación, la igualdad ante la ley, la libertad, la justicia, el trabajo, el acceso a la cultura, entre otras garantías individuales”, lo cual precisa hacer uso del término derechos humanos en lugar del de garantías individuales.
2. Como breve observación respecto al apartado que versa sobre la participación ciudadana, es importante señalar que la misma en ocasiones se ve dificultada por barreras a las que se enfrentan ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas en situación de migración, indígenas o mayores, que les impiden participar activamente en la toma de decisiones en la política pública.
En relación al rubro “Desarrollo Social”:
1. Al hablar sobre discriminación a población LGBTI, puede ampliarse información en razón de las determinaciones de violaciones comprobadas hacia esta población, las cuales se pueden encontrar en las Recomendaciones de la CEDHNL, como la 008/2018.
2. Cuando se advierte la existencia de una “Alerta por violencia de género”, se omite señalar que en tal alerta se incluyó al municipio de Guadalupe.
En relación al rubro “Educación y cultura”:
1. Respecto a la educación, se señala que la calidad en la educación no representa un problema, al menos en el Estado de Nuevo León. Desde este organismo se aconseja revisar esta premisa, ya que se pasa por alto que un componente de la calidad de la educación es la inclusión y la no discriminación, lo cual se aconseja abordar.
2. Continuando con la educación, se advierte la oportunidad que deviene de la actual pandemia, a efecto de agregar una mención de las variadas formas de educación a distancia existentes y responder a los imprevistos y nuevas necesidades.
3. Respecto a la cultura, al apuntarse facilitar un entorno propicio e inclusivo para la labor, innovación y creación artística y cultural, se puede agregar: Recuperando, manteniendo y/o rescatando espacios públicos, o aquellos que ya hayan sido privatizados y originalmente correspondían a la colectividad, hasta que las personas los sientan como suyos y los valoren para convertirlos en lugares de creación, expresión y convivencia artística (derecho a la ciudad).
En relación al rubro “Salud”:
1. Respecto a los problemas que se mencionan en este rubro, es importante incluir el tema de los retos existentes en materia de aceptabilidad y accesibilidad. Sobre accesibilidad, es conveniente aludir a sus cuatro dimensiones, según la Observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
2. Asimismo, respecto al punto 7 de los objetivos (garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas), es importante considerar lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en tono a que debe atenderse este tema: “desde la edad más temprana que la ciencia y docencia establezcan como recomendable”.
En relación al rubro “Desarrollo sustentable”:
1. Se realiza un oportuno diagnóstico de la situación del estado de Nuevo León, y concretamente de la Zona Metropolitana de Monterrey, en cuanto al consumo de energía eléctrica, de gas natural y de agua, así como sobre cuestiones de urbanismo, transporte público, vialidad, calidad del aire, y gestión de residuos urbanos.
2. En cuanto al transporte público, se menciona la limitación a la libertad de movimiento de mujeres y niñas como patrones de movilidad. Esta aproximación es oportuna y, de hecho, aborda uno de los graves problemas existentes relacionados con la violencia de género contra las mujeres: el acoso y la violencia sexual dentro del transporte público. Consecuentemente, se recomienda ampliar la referencia a esta problemática, respondiendo al principio rector de perspectiva de género, pudiendo hacer uso, a modo de ejemplo, del Diagnóstico de ONU Mujeres sobre este tema.
3. Siguiendo la línea anterior, el cambio climático también afecta a temas de género. Concretamente, es conocido que el cambio climático afecta a toda la población, pero son las personas más pobres del mundo y las que se encuentran en una situación vulnerable, especialmente las mujeres y las niñas, quienes soportan las peores consecuencias de las tensiones ambientales, económicas y sociales.
En relación al rubro “Seguridad y Justicia”:
1. Se realiza una oportuna segregación de apartados sobre fuerza policial estatal, procuración de justicia, impartición de justicia y sistema penitenciario estatal.
2. Sobre el concepto de reparación de los daños a las víctimas de delitos en varios de los apartados de este rubro, a modo de recomendación, se aconseja describir en cada uno de los apartados el rol que tiene cada una de las autoridades al respecto y el alcance de sus funciones.
3. Se hace mención de las capacitaciones y la formación que reciben las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Si bien el estudio de este aspecto resulta fundamental a la hora de analizar el nivel y la calidad de los servicios ofrecidos por estas autoridades, no hay que olvidar abarcar también la formación en temas de género y, especialmente, en perspectiva de género. Lo anterior se aplica a todas las autoridades involucradas en el sistema de seguridad y justicia (agentes de policía, fiscalía, poder judicial y agentes de la administración penitenciaria).
4. Se ofrecen cifras sobre arrestos y detenciones por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Con el objetivo de abarcar este tema desde una perspectiva de derechos humanos, se recomienda hacer mención sobre las detenciones ilegales y/o arbitrarias que se producen en el estado de Nuevo León y que pueden llegar a transgredir gravemente los derechos humanos de las personas detenidas. A modo de sugerencia, se puede hacer uso del documento “Informe en el Marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal a México presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León”, en donde se muestran y analizan casos de detenciones arbitrarias y/o ilegales realizadas por autoridades estatales y municipales.
5. Respecto a la pobre cultura para hacer uso de la figura de la denuncia, es importante clarificar que las mujeres víctimas de violencia de género, en muchas ocasiones, optan por no denunciar ante las autoridades o, de hacerlo, se topan con dificultades por parte de las mismas, ya sea porque no creen en la relatoría de los hechos de la víctima o no le otorgan la urgencia e importancia suficientes.
6. Por último, respecto al apartado relacionado con el sistema penitenciario estatal, se abarcan en el mismo las mayores problemáticas que existen en este campo, por lo que se aconseja importante incluir en este análisis la perspectiva de género.
En relación al rubro “Gobierno eficaz y transparencia”:
1. Este rubro analiza varios aspectos relacionados con un gobierno eficaz y con el tema de la transparencia -el estado de las instituciones públicas y sus características, la rendición de cuentas y la calidad de la participación ciudadana en Nuevo León- que, a juicio de esta Comisión, resultan acertados.
2. Al contextualizar el tema de los trámites administrativos que realiza la ciudadanía ante el gobierno, se aconseja hacer una breve referencia a la repercusión que se genera respecto a los derechos humanos. Así, a menudo, los retrasos en los trámites de gobierno pueden transgredir el derecho al debido proceso, además de otros derechos interdependientes. Además, en cuanto a accesibilidad, no hay que olvidar que ciertos grupos en situación de vulnerabilidad enfrentan barreras aún mayores a la hora de poder acceder y hacer uso de estos trámites.
3. Como elemento clave para analizar y medir la eficacia del gobierno y su nivel de transparencia, es necesario hablar realizar un abordaje de la corrupción y su impacto en el goce de los derechos humanos.
Los principales factores que facilitan la corrupción son de naturaleza institucional y cultural. Dentro de los primeros destacan la debilidad institucional del Estado, el monopolio o concentración de poder en áreas con alto impacto económico o social, la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de agentes estatales, la falta de control de los actos de la autoridad, y un alto nivel de impunidad. Respecto a los segundos, los factores culturales, de los mismos se destaca la tolerancia de la sociedad frente a la corrupción y frente a la cultura de ilegalidad, la falta de respeto de las leyes por parte de la sociedad, y la falta de confianza depositada por la ciudadanía. Para más información, hágase uso del documento “Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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