Greenpeace

Greenpeace México reconoce la iniciativa del Consejo Nuevo León para fomentar la participación ciudadana en la elaboración del Plan Estratégico 2030 del gobierno del estado de Nuevo León. A continuación se esgrimen las observaciones elaboradas respecto al borrador del Plan y las áreas de oportunidad detectadas para mejorar la propuesta:

 Elaborar objetivos que sean específicos, medibles y sujetos a una fecha concreta de cumplimiento. Los​ objetivos planteados en el documento, específicamente aquellos colocados en la sección de Desarrollo Sustentable, son demasiado ambiguos y generales. Si bien, el diagnóstico previo aborda diversos aspectos de la problemática urbana del estado, los objetivos y contenido de las líneas de acción necesitan tener más especificidad en torno a una visión determinada y detallada de reducción de emisiones.

Plantear una reducción cuantitativa de gases de efecto invernadero y su debido cumplimiento en el horizonte del tiempo. Eso​ sería un punto de partida indispensable para formular las respectivas rutas críticas por sector que se enfoquen en la sinergia y colaboración multiactor dentro de la entidad y a nivel federal. De esta manera se podría plantear líneas de acción tendientes a la descarbonización del sector transporte, reconocido en el propio diagnóstico del documento como uno de los más contaminantes en la entidad, así como al consumo de energía eléctrica. Actualmente cada vez más ciudades de vanguardia se plantean metas de cero emisiones en el mediano y largo plazo. Plantear este tipo de compromisos permite afianzar e intensificar la participación ciudadana en torno a visiones más allá de un periodo sexenal de gobierno.

Definir con mayor precisión mecanismos de trabajo intersectorial. El​ diagnóstico ambiental del Plan aborda diversos aspectos que integran la complejidad e interrelación de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio para la salud. Los objetivos y líneas de acción deberían ser más puntuales al establecer las respectivos cambios de los sectores que deban estar involucrados. Asimismo, en el tema de calidad del aire, es preciso recordar que los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de salud ambiental de PM2.5, PM10 y Ozono están en proceso de ser actualizados a los valores establecidos en las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el gobierno del estado debería plantear las líneas de acción concretas orientadas a tener un escenario de cumplimiento para 2024. Tal cumplimiento implica una integración permanente de trabajo entre distintas industrias, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. 

Actualizar las secciones del Plan en torno a la emergencia sanitaria y climática, así como plantear ámbitos de acción común. Si​ bien, la pandemia de Covid-19 ha sido un factor de disrupción que exige la atención inmediata y exhaustiva de los gobiernos, eso no es un factor que justifique la postergación de medidas para mitigar la crisis climática que paralelamente sucede. Por el contrario, implica aumentar las ambiciones en torno a la reestructuración urbana que se tiene que implementar para responder de manera adecuada a las nuevas necesidades de distanciamiento físico que garanticen condiciones sanitarias óptimas. Hoy más que nunca es necesario eficientar la operación del transporte público, con una debida reorganización y renovación de unidades que permitan realizar traslados sustentables y sanitariamente seguros. Igualmente, como ya se ha demostrado en varias ciudades del país, el fomento del uso de la bicicleta a través de ciclovías emergentes ha permitido descongestionar los espacios del transporte público y desincentivar el uso del automóvil.

Acciones particulares pendientes para el sector transporte:

Ampliación del sistema Ecovía y sistema eléctrico de transporte 

Actualmente opera un BRT denominado Ecovía dentro del Área Metropolitana de Monterrey, el cual no ha tenido un crecimiento ortogonal y/o ampliación. La falta de política pública a favor de sistemas de movilidad sustentables ha negado su potencial para crear una red intermetropolitana que contribuya a la disminución de los índices de motorización y de contaminación que adolece la región. Experiencias nacionales como el Metrobús de la Ciudad de México reportan que, por la implementación de un BRT, el 17% de sus usuarios han dejado el vehículo particular en casa y utilizan el nuevo servicio ofertado. Esto se traduce en la reducción del 94% de su generación de gases de efecto invernadero por cada viaje efectuado.

Cabe señalar que desde el inicio de operación de Línea 1 de Ecovía se han anunciado propuestas, pero solo han sido declaraciones, ninguna ha llegado a contar con un estudio técnico. Por ejemplo, a finales del 2014 se anunciaron dos líneas para dar cobertura intermetropolitana entre los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Guadalupe, pero no hubo más detalles. 

En lo que se refiere a transportes eléctricos el AMM opera con dos líneas de Metro y una tercera línea, próxima a operar con una extensión de apenas 7.5 kilómetros que requirió de seis años para su construcción. La línea 3 del Metro lograría una conexión directa entre las dos primeras líneas del sistema férreo y lograría interceptarse con el Ecovía. Además, su trazo permitirá dar cobertura a la parte sur del municipio de San Nicolás de los Garza y a su vez ofrecerá una aproximación de interconexión con el municipio de Guadalupe.

Ejecución del Biciplan en el Área Metropolitana de Monterrey

En 2014 se elaboró el Plan de Movilidad en Bicicleta para el Área Metropolitana de Monterrey (Biciplan AMM). El plan contempla una Red de Movilidad Ciclista con derecho de vía exclusivo de 150 kilómetros con un costo estimado actual de 922 mil 346 pesos por kilómetro y una red alimentadora de 250 kilómetros. El Plan de Movilidad en Bicicleta para el Área Metropolitana de Monterrey reporta una inversión de 750 mil pesos por kilómetro. Sin embargo, a pesar de contar con un sustento técnico y económico, a la fecha no se ha ejecutado.

Mayor coordinación metropolitana

Aunque existen diferentes documentos que hacen referencia al fenómeno metropolitano y de conurbación como lo son los planes de desarrollo urbano de los municipios del AMM, el Plan Metropolitano 2000-2021 y el Plan Sectorial de Transporte y Vialidad del Área Metropolitana de Monterrey 2008-2030 (que deben ser actualizados), los temas metropolitanos en la región son atendidos de manera centralizada por dependencias del Poder Ejecutivo estatal. 

Actualmente existe la Comisión de la Zona Conurbada de Monterrey, la cual preside el Gobernador del estado. Sin embargo, resulta necesaria la creación de un organismo con personalidad jurídica, que sea intermunicipal, con patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, como lo pudiera ser un Instituto Metropolitano de Planeación. Dentro de sus facultades estaría lograr ejecutar un trabajo coordinado entre los municipios que impulse medidas tendientes a garantizar una movilidad integral y sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey.

En el ámbito legislativo se requeriría de la aprobación de una Ley de Coordinación Metropolitana, que prescriba las condiciones específicas para los decretos de área o región metropolitana, el instrumental de creación de las instancias de coordinación, y también sea el punto de partida para el ejercicio coordinado de funciones y servicios públicos municipales.