Desarrollo Sustentable

El aseguramiento de la vida futura requiere que las poblaciones orienten la gestión urbana y de movilidad hacia la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. Para lograrlo, se requiere enfrentar los riesgos derivados del cambio climático y minimizar su impacto, modificar patrones de consumo, producción y demanda de recursos naturales, proteger el ecosistema, el agua y lograr la seguridad energética (Agenda 2030).

En la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), la acelerada y desordenada expansión urbana y un sistema de movilidad y transporte poco eficiente y enfocado en la movilidad motorizada, han ocasionado mayores tiempos de desplazamientos, incremento en la contaminación del aire, agravado la escasez de agua y mayor demanda de energía eléctrica lo que pone en riesgo la calidad de la vida urbana.

Todos estos fenómenos provocan condiciones ambientales de baja calidad y desigualdad para una parte importante de la población (WRI, 2020). Asegurar la sostenibilidad del desarrollo de Nuevo León requiere de una gestión urbana con políticas adecuadas de planeación, movilidad, atención al medio ambiente y cambio climático (IFPRI, 2010).

Este capítulo analiza los retos de Nuevo León para alcanzar la sostenibilidad a partir de cuatro ejes:

1. Ciudades y comunidades sostenibles

2. Movilidad sostenible

3. Medio ambiente y recursos naturales

4. Acción por el clima

Diagnóstico

Ciudades y comunidades sostenibles

El entorno construido y las políticas urbanas influyen en muchos aspectos de la salud y el bienestar, pues consideran el acceso a aire y agua limpios, viviendas seguras y espacios públicos que brindan igualdad de oportunidades (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

En Nuevo León, nueve1 de los 51 municipios (equivalente a 5.2 % del territorio del estado), concentran el 80.27 % de la población; 89.47 % del PIB estatal; 85 % de las empresas; y 89.9 % del empleo (Censo de Población y Vivienda 2020; Censos Económicos, 2019). Además, son los municipios que más recursos consumen y más contaminan.

La zona metropolitana de Monterrey (ZMM) consta de 18 municipios divididos en dos áreas2. La zona A, definida en el Convenio de Coordinación para el Reconocimiento e Integración de la Zona Metropolitana de Monterrey3 y la zona B, definida por la Comisión de Ordenamiento Metropolitano (Conapo, INEGI y Sedatu, 2015), ambas con nueve municipios cada una (figura 1).

Figura 1. Definición de la zona metropolitana de Monterrey

Gráfica 1. Evolución histórica de la población por zonas de la ZMM y resto del Estado de Nuevo León, 1950-2020

Fuente: Censos de población y Vivienda; Conteos de Población, INEGI.)

La ZMM casi ha duplicado (1.97 veces) su población en 30 años, pasando de 2.7 millones de habitantes en 1990 a 5.34 millones de habitantes en 2020 (Gráfica 1). En este mismo periodo, la mancha urbana pasó de 363 a 1,029 km², es decir, creció 2.8 veces (Ponce y Lozano, 2021). Este incremento de la superficie urbanizada es mayor que el crecimiento de la población, lo que ha causado que la densidad pase de 7,377 a 5,028 habitantes por km2 (ITESM, 2022), dando lugar a ciudades de baja densidad que, entre otros temas, provocan mayores distancias de traslado y mayor costo en la provisión de infraestructura urbana y servicios como el transporte o la recolección de residuos4 (ONUHabitat, 2017).

Además, no solo existe un crecimiento poblacional de la periferia, también hay un proceso de despoblamiento y migración del centro, que es el área con mejor provisión de transporte público, servicios y niveles de accesibilidad (ITESM, 2022); por ejemplo, en un radio de 10 km de la Macroplaza, la zona ha perdido 263,558 habitantes y 6 % de sus unidades económicas en los últimos 20 años.

A pesar del despoblamiento del centro, dado que la periferia posee la mayor oferta de vivienda asequible, en 2020 el centro sigue concentrando la mayor densidad de empleo, su desconcentración transcurre a un ritmo más lento y más gradual que el cambio residencial. A pesar de ello, nuevas centralidades se van consolidando y aumentando su densidad de empleos.

Uno de los grandes efectos derivados de la pandemia ha sido la conversión del trabajo presencial a teletrabajo y todo parece indicar que su uso se difundirá con mayor intensidad en el futuro. A pesar de que las tecnologías digitales pueden ser un gran aliado de los mercados laborales en la región, se requiere generar oportunidades de empleo y cobertura efectiva a la población para consolidar el teletrabajo como opción (BID, 2020).

A partir de las proyecciones de Conapo (2019) se prevé una demanda de 285 391 viviendas, nuevas o usadas5 para la ZMM (Sedesu, 2020). De no disminuir el costo del suelo en el centro6 y continuar el crecimiento periférico, estas viviendas estarían ubicadas en áreas de alto riesgo, irregulares y alejadas de la actividad central de la metrópoli, lo cual claramente limitaría el bienestar de las personas.

Además, 15% de los habitantes del Área Metropolitana percibe vivir en barrios completos, es decir, dice contar con los servicios necesarios para una buena calidad de vida, accesible al hogar, sin la necesidad de utilizar un auto; aunque 69.7 % de ellos, vive lejos de su trabajo (CVNL, 2022).

El 25 % de la expansión urbana se ha dado en áreas definidas para ello en los correspondientes planes de desarrollo urbano (CMM, 2019). Esto ha incrementado la demanda de servicios y equipamiento en municipios que no tienen capacidad de proveerlos, mientras que en otros municipios dicha infraestructura se encuentra subutilizada.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LAHOTDUNL, 2016) obliga a estados y municipios a impulsar un modelo de ciudad compacta y eficiente, que disminuya la demanda de movilidad. Sin embargo, solamente el 59 % de los municipios de Nuevo León cuenta con instrumentos de planeación en desarrollo urbano y los ejecutan (CNGMD, 2019).

De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey (ITESM) las características que han caracterizado el proceso de expansión urbana en la ZMM son la informalidad, la precariedad y la especulación del suelo (2022). En la ZMM, el 96 % de la vivienda es horizontal (CMM, 2019) y la densidad poblacional 25 % y 42 % menor que las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ciudad de México, respectivamente (ICP, 2019)7.

Lo metropolitano implica múltiples desafíos que no sólo deben enfocarse en la planeación y diseño urbano sino en la concurrencia, coordinación y corresponsabilidad de órdenes de gobierno, sector social, privado y ciudadanía, para ello es necesario desarrollar una agenda con consenso sobre una visión común entre distintos actores (Galarza y Silva, 2021). Así como el uso de mecanismos de gestión metropolitana para incrementar la eficiencia, aprovechar economías de escala e incrementar la congruencia en la planeación (Ramírez, 2012)8.

Es importante tomar en consideración el concepto de ciudad inteligente, definida en términos de eficacia económica, ambiental y social (al mejorar la gestión de la ciudad) y, también, en términos de gobernanza ciudadana. Una forma de monitorearlo es el Índice de Ciudades Sostenibles, en este la ZMM ocupa la posición 14 en la evaluación del sobre las ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (ICS, 2021)9.

En la ZMM hay tres ejemplos de gestión conjunta:

• El Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) es el encargado de administrar y procesar residuos sólidos urbanos.

• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey es responsable del tratamiento y provisión de agua potable.

• La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Desarrollo Urbano gestiona la formulación del Programa Monterrey Metropolitano 204010

Aunque valiosos, este tipo de esfuerzos deben ampliar su rango y alcance para responder adecuadamente a los retos que enfrenta la metrópoli.

Movilidad sostenible

La movilidad sostenible se define como aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro (World Business Council for Sustainable Development, 2009).

Una movilidad óptima va de la mano de la planeación urbano territorial, una buena organización espacial de la ciudad será aquella que minimice la necesidad de desplazamientos motorizados. La clave está en la proximidad11 para que los desplazamientos a pie sean la solución más adecuada (Vinuesa, 2020).

La congestión e incidentes viales12, emisiones contaminantes y aumento de consumo de combustibles y de energía son costos de esta desvinculación y representan entre 2.9 % y 4.9 % del PIB nacional (ITDP, 2019). La ZMM, que cuenta con 2.2 millones de vehículos de motor registrados (Sedesu, 2020) y ocupa el segundo lugar nacional en costo por congestión vial (IMCO, 2018)13.

En México, los siniestros de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en el país (SITCONAPRA, 2020), además representan un problema de salud pública con altos costos sociales y económicos, los cuales afectan a las personas involucradas, a sus familias y a sus comunidades. Nuevo León concentra el mayor porcentaje de incidentes viales en el país (21 %), entre 2020 y 2021 murieron 497 personas en accidentes viales de las cuales 164 (33 %) fueron peatones (INEGI, 2022).

Parte del problema es que en la ZMM cerca del 40 % de las manzanas no cumplen con los cuatro estándares para facilitar los desplazamientos peatonales: banquetas, rampas, arbolado y alumbrado público (CMM, 2020). Además, los espacios y servicios públicos urbanos que han sido planificados, diseñados y construidos han pasado por alto las necesidades de las personas con discapacidad, de los niños y niñas pequeños, de las personas mayores y de quienes los cuidan (BID, 2021) .

Las deficiencias en el sistema de transporte público redundan en una baja utilización del mismo. El sistema de transporte colectivo Metrorrey, da un servicio promedio diario a 396,883 pasajeros en (GENL, 2022). En la ZMM el 45.7 % de los viajes son en automóvil, 21 % en transporte público y 19 % a pie. El 45 % de los viajes son al lugar de trabajo, 17 % a centros de estudio y 13 % para ir de compras. Adicionalmente 62 % de los viajes de ocio y 30 % a centros educativos se hacen en carro (ITESM, 2022).

Al revisar específicamente la población ocupada, el 54.01 % utiliza el transporte público y medios no motorizados y 47.79 % de ella se traslada a su trabajo en menos de 30 minutos, (Censo 2020). La cantidad de autobuses de transporte público pasaron de 6,568 (2009) a 2,602 (2021) unidades disponibles (GENL, 2021).

En Nuevo León, no toda la población puede acceder al servicio, tanto por costo como por cobertura. El 19.5 % del gasto corriente en el hogar fue utilizado en transporte seguido por un 13 % en vivienda, mientras que en Jalisco fue de 18.7% y 12.1% respectivamente (Censo, 2020). Además, solo el 38.4 % de la población de estratos socioeconómicos bajos14 en la ZMM puede usar el transporte público, esto es casi 16 puntos porcentuales menos que en la Ciudad de México (ICS, 2018) (gráfica 2).

La cobertura del sistema de transporte público depende de la inversión que se le ejerza. Entre 2001 y 2017, el 81 % de las inversiones en movilidad y transporte se dirigieron a infraestructura para vialidades y el automóvil, mientras que el 19 % restante se ha repartido entre espacio público, transporte público, infraestructura ciclista y peatonal (ITDP, 2017) (gráfica 3). En 2021 los nueve municipios metropolitanos de su presupuesto de movilidad invirtieron 76% en movilidad motorizada y 24% en no motorizada lo cual contribuye a reducir las alternativas distintas al auto (REVICI, 2022).

Gráfica 2. Porcentaje de la inversión por tipo de infraestructura respecto al presupuesto destinado a movilidad en la zona metropolitana de Monterrey, 2011-2017.

Fuente: Invertir para movernos, ITDP, 201715.

La falta de inversión es evidente al observar que la zona A concentra el 86 % de la red de transporte público de pasajeros, mientras que la zona B tiene sólo el restante 14 %. Esto es un claro contraste con las tendencias de crecimiento poblacional e ilustra cómo el mal diseño urbano repercute en la calidad de vida de la población(CETyV y AET, 2018).

El transporte urbano de carga es un componente importante para la eficiencia de las ciudades por su importancia en el sector productivo y desarrollo económico (Betanzo, 2017). Este puede también incidir en la congestión, contaminación, consumo energético, seguridad vial y ocupación del espacio urbano (ITDP, 2012).

En el estado existen 254 centros de distribución y centros de reparto, 28 % de ellos están ubicados fuera de la zona urbanizada. Diariamente transitan 47 370 vehículos de carga16, de los cuales más del 60 % dan servicio entre la ZMM y otras ciudades (PIMUS, 2020). Nuevo León tiene la tasa más alta de incidentes de tránsito terrestres relacionados con transporte de carga con 199.89 por cada 100,000 habitantes, seguido de Colima con 155.78 (INEGI, 2021).

Medio ambiente y recursos naturales

Los mexicanos tienen una de las huellas ecológicas más altas en el mundo, con 2.6 hectáreas17 (Global Footprint Network, 2019). En lo que respecta a la ZMM, está ocupa la sexta posición dentro del resultado del subíndice del ODS 12. Producción y consumo responsables, por zona metropolitana, donde se evalúan 63 zonas metropolitanas del país (ICS, 2021). Esto representa un avance comparado con el resultado obtenido en 2018 (posición 38).

En lo que respecta al Subíndice de Manejo Sustentable del Medio Ambiente, del Índice de Competitividad Urbana 2022 (ICU), Monterrey pasó del último lugar en 2021 a ocupar el sexto puesto dentro de las 17 ciudades con más de un millón de habitantes (IMCO, 2022).

El desarrollo económico, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB), ha dominado la discusión en políticas públicas, dejando en un rango inferior el estado o situación de los recursos naturales y los ecosistemas que proporcionan los servicios que hacen posible la vida en la biósfera y el desarrollo humano (NCAVES, 2021).

Según datos del Censo Económico 2019, 9.46 % de las unidades económicas grandes de Nuevo León efectuaron inversión en protección ambiental. Las principales inversiones fueron en disminuir el consumo de energía (158 millones de pesos), disminuir las emisiones a la atmósfera (91.7 millones de pesos) y manejo de residuos no peligrosos (82.7 millones de pesos).

1. Ecosistemas y biodiversidad

Existen dos emergencias interrelacionadas: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. A nivel global la huella ecológica se ha multiplicado por tres entre 1961 y 2022 y la biocapacidad ha disminuido un 50 % (WWF, 2022). Así mismo, la desertificación ha afectado 53.5 % de los recursos bióticos en el territorio nacional; 65.3 % de los edáficos han sido dañados con procesos de ligero a extremo y 63 % de los hídricos del territorio han sido afectados con algún nivel de degradación (SEMARNAT, 2019).

El capital natural y ecosistemas de Nuevo León se encuentran en riesgo. El estado ocupa la posición número trece a nivel nacional y registra un puntaje aproximado de .43 en el Índice de Capital Natural (ICN), que mide el tamaño y calidad de los ecosistemas remanentes. Nuevo León califica por debajo de Baja California Sur y Coahuila, que tienen un ICN aproximado de 0.88 y 0.82 , respectivamente (Conabio, 2021). De la misma manera, el Índice de Integridad Ecológica (IIE), que califica la pérdida de hábitats en el estado, tiene un puntaje de 0.4318, que se encuentra por debajo de la media nacional de 0.48.

La pérdida de biodiversidad y de integridad ecológica son producto de la deforestación, cambios de usos de suelo o fenómenos naturales como los incendios. De 2001 a 2019 se perdieron 51 000 hectáreas de cobertura arbórea en Nuevo León, 4.9 % del total (Global Forest Watch, 2020)19.

El reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) indica que Nuevo León ocupa la posición número 14 en cuanto a porcentaje de pérdida de superficie cubierta por árboles. Aunque Nuevo León se ha posicionado como el estado con la mayor cantidad de Unidades para el Manejo de la Conservación de Vida Silvestre (UMA) a nivel nacional. Se han registrado más de 2,600 UMA, lo que representa 2.5 millones de hectáreas; es decir, 40.1% de la superficie del estado se encuentra bajo un esquema de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable (GENL, 2022).

La preservación y recuperación de los ecosistemas puede darse a través de su protección y reforestación. Las áreas naturales protegidas (ANP) son el esfuerzo más amplio en conservación de la biodiversidad, proveen servicios ambientales y dan oportunidades recreativas a la población (TNC, 2008). Parques y Vida Silvestre administra 31 ANP ubicadas en 25 municipios de Nuevo León, que suman 257,866 hectáreas (4% del territorio estatal) (GENL, 2022), 13 % menos de la meta establecida por el Convenio sobre Diversidad Biológica20 (2010).

La reforestación disminuye las emisiones contaminantes en la atmósfera, protege la biodiversidad y ayuda a incrementar la disponibilidad de agua por la captación de lluvia (USDA, s. f; Conafor, s. f.). Entre 2013 y 2018, el estado produjo anualmente tres millones de plantas en promedio, sin embargo, esta cantidad disminuyó más de 50 % de 2018 a 2019. La reforestación no ha sido constante, tuvo su punto más alto en 2012, cuando se reforestaron 12,259 hectáreas, pero cayeron a 1,400 hectáreas en 2019, 0 en 2020 y 391 hectáreas en 2021 (Conafor, 2021) (gráfica 4).

Gráfica 4. Número de hectáreas reforestadas, 1993-2021

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales, Conafor.

2. Agua

Los principales retos para alcanzar la seguridad hídrica son mejorar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes, al igual que la correcta gestión de los recursos hídricos (Consejo Consultivo del Agua, 2016).

Respecto a la disponibilidad, las viviendas de Nuevo León tienen un nivel de acceso a la red pública (98.6 %) superior al porcentaje nacional (96.3 %) (INEGI,2020). Sin embargo, la disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA)21 presenta un déficit de 294.15 (Conagua, 2021). De los 23 acuíferos del estado, 13 presentan sobreexplotación entre recarga y extracción de agua (Conagua, 2021)22.

Nuevo León enfrenta una alta demanda del recurso y cuenta con una oferta limitada (Hofste; Schleifer y Reig, 2019). El grado de presión, la proporción de agua empleada en consumo respecto al agua renovable, está en el 45.6 % para el estado, lo que supone una presión alta (Conagua, 2019).

Respecto al consumo de agua por sector urbano, el residencial representa el 70% de la demanda, el público23 un 19%, y el 11% restante el sector comercio e industria (FAMM, 2018).

Entre 2002 y 2015, el sector que más aumentó su consumo de agua fue el público, con una tasa de crecimiento media anual del 5 %, mientras que en el sector residencial fue del 1.4 % y en el industrial y comercial, del -0.3 % (FAMM, 2018).

En cuanto al rendimiento de agua per cápita24, éste disminuyó 2 % entre 2014 y 2018 (Conagua, 2019), lo que obedece, en parte, al incremento de la demanda del recurso hídrico.

Sobre la calidad del agua, hay 55 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con una capacidad instalada agregada de 16.16 metros cúbicos por segundo (m3/s), 13 plantas potabilizadoras con una capacidad instalada de 15.35 m3/s, y 97 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales que pueden tratar en conjunto 4.11 m3/s (Conagua, 2018).

La gestión del agua consiste en medidas de control para minimizar la pérdida y maximizar el uso eficiente del recurso (USDA, s. f.). Nuevo León mejoró al pasar de 1 735 a 2 707 pesos por hectómetro cúbico de agua entre 2015 y 2018; sin embargo, aún está lejos de alcanzar, por ejemplo, los 15 484 pesos de Baja California (Sagarpa, 2018).

Es importante recalcar que, para lograr la seguridad hídrica25 la tecnificación de la agricultura es una parte importante de la solución. La agricultura representa el 71 % del agua que está concesionada en el estado, lo que lo convierte en el principal consumidor en la entidad (TNC, 2015 y FAMM, 2018). En el reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) Nuevo León ocupa la posición número 25 en eficiencia económica del agua en agricultura con $3,311 miles de pesos por hectómetro cúbico.

Según datos del Censo Económico 2019, 12.7% de las unidades económicas grandes de Nuevo León aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad. Los principales usos del agua tratada fueron descarga a la red pública o a otro receptor (8.38%), sistema de enfriamiento (1.95%) y jardinería y limpieza (1.21%).

En cuanto al sector pecuario, en el estado se tienen 1 410 títulos de concesión con un gasto promedio anual de 0.23 m3/s, pero, de acuerdo con algunos estudios, utiliza aproximadamente cinco veces más agua que el monto concesionado (FAMM, 2018).

Finalmente, el cambio climático y la perspectiva de sequías agregan un riesgo adicional a la creciente demanda resultado de la expansión demográfica y urbana, lo cual limita la disponibilidad de agua renovable (FAMM, 2018).

3. Residuos sólidos urbanos y peligrosos

Los residuos sólidos se dividen en urbanos (RSU), generados en las casas, establecimientos y vía pública; y de manejo especial y peligrosos, que incluyen corrosivos, explosivos, tóxicos, inflamables o infecciosos (LGPGIR). Todos ellos presentan un riesgo para la salud y afectan negativamente la calidad de los ecosistemas naturales, contaminan el agua y algunos emiten GEI (Semarnat, 2020).

En Nuevo León, 55.2% de las unidades económicas grandes realizaron separación de residuos sólidos; los tres mayores rubros fueron papel, plástico y metal con 89.9%, 78.8% y 50.4% respectivamente (Censo Económico, 2019).

En Nuevo León, solamente el 13.75 % de los residuos son enviados a tratamiento y el 6.13 % de estos recuperado respecto al total enviado a tratamiento26 respecto al total enviado a tratamiento (CNGMD, 2019). Para reducir su impacto en el medio ambiente, se debe mejorar el destino final que se les da a los residuos, considerando que se debe priorizar el aprovechamiento antes que la disposición final.

A través de SIMEPRODE, se emplea el biogás aprovechando el metano producido por los residuos para hacer que funcione el metro e iluminar espacios públicos de la metrópoli como Parque Fundidora. De 2021 a 2022, se han reducido más de 10,000 toneladas de gas metano, equivalente a 320,000 toneladas de CO2e, generando energía verde (GENL, 2022).

La separación de los residuos puede ser realizada de origen (casa habitación o establecimientos) o bien por el Gobierno después de ser recolectados. La separación de origen contribuye a disminuir los tiempos y costos de la separación y el reciclaje (Semarnat, 2017).

En Nuevo León, solamente el 30.78 % de las viviendas separan sus residuos, lo que lo ubica como la entidad número 26 a nivel nacional, y contrasta con el 90.86 % y 70.93 % de la Ciudad de México y Oaxaca, respectivamente (Censo 2020).

Algo similar ocurre con la labor gubernamental, pues solamente el 7.84 % de los municipios tienen programas orientados a la gestión integral de RSU (2016). En términos de residuos peligrosos, la información es escasa, pero entre 2012 y 2018 Nuevo León fue el estado con mayor generación de éstos (Semarnat, 2018).

Adicionalmente, de un aproximado de 1,600 autorizaciones emitidas a los generadores de residuos de manejo especial (RME)27, se aprovechan aproximadamente el 52 %, y el 48% restante se dispone finalmente en rellenos sanitarios autorizados (Sedesu, 2020).

En 2021 se aprovecharon 8.8 millones toneladas de RME y se enviaron a disposición final 3.8 millones; mientras que para 2020 fueron 8.6 y 3.4 millones de toneladas, respectivamente. Al aumentar las unidades económicas registradas la tendencia en el aprovechamiento se mantiene, generando un menor impacto en la vida útil de los rellenos sanitarios y propiciando un mercado de reciclaje de residuos en el estado (GENL, 2022).

4. Aire

De acuerdo con la OMS, el 93 % de los niños y niñas del mundo respiran todos los días aire contaminado, poniendo con esto en riesgo su salud y desarrollo (OMS, 2018). Esta contaminación es principalmente ocasionada por los siguientes contaminantes criterio (Cofepris, 2017): Ozono (O₃), Dióxido de azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO₂), Partículas en suspensión (PM₁₀, PM_2.5) y Plomo (Pb).

Los contaminantes del aire son emitidos por actividades humanas como la industria, el comercio, la construcción, el transporte, la agricultura, la degradación de suelos y, en menor medida, por elementos naturales como la temperatura y la estabilidad atmosférica (CMM, 2019).

En Nuevo León, el ozono28, y las partículas PM₁₀ y PM_2.529 y, en menor medida, el monóxido de carbono son los contaminantes que presentan niveles más elevados. En tanto a la distribución por emisor las fuentes fijas representan el origen de las mayores emisiones de los contaminantes criterio PM,PM10, PM2.5 y SO2, mientras que las fuentes móviles son el principal contribuyente de NOx, CO y CN y las fuentes de área representan el principal contribuyente en el caso de COT, COV y NH3, y tienen aportaciones significativas en el caso de las partículas PM, PM10 y PM2.5. (GENL, 2021)

Entre 2005 y 2019 nunca se han registrado promedios de concentración anual menores a los establecidos en las normas oficiales mexicanas para estos contaminantes (NOM 025-SSA1 y 020-SSA1) (gráfica 5). En el reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) Nuevo León ocupa la posición número 23 en morbilidad por enfermedades respiratorias con 131 incidencias de asma e infecciones agudas por cada mil habitantes.

Gráfica 5. Número de días sobre la norma de partículas PM₁₀, PM_2.5 y ozono, 2005-2021.

Fuente: Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León.

Desde que inició el sistema de monitoreo ambiental en la ZMM, de los 365 días del año se han tenido al menos 180 en los que se sobrepasa la NOM (SIMA, 2019). Pese a que presenta una tendencia a la baja desde 2010, Monterrey es una de las ciudades de Latinoamérica con mayor contaminación30 por PM₁₀ (CMM, 2019).

De continuar las tendencias actuales en la ZMM se incrementarían los efectos negativos en la salud y calidad de vida de la población. Para el periodo 2013-2030, estudios proyectan un crecimiento del 71 % en la emisión de partículas PM_2.5, 80 % el óxido en de azufre (Sox), 63 % en los óxidos de nitrógeno (Nox) y 47.5 % en los compuestos orgánicos volátiles (COV) (CMM, 2018).

La contaminación del aire está vinculada a enfermedades cardiacas, neurológicas y distintos tipos de cáncer (Institute for Health Metrics and Evaluation, s.f.). Cada año en la ZMM hay 524 muertes asociadas al PM₁₀ y 727 al PM_2.531 emitidas por el transporte, en comparación con 485 y 675 respectivamente para Guadalajara (ITDP, 2019)32. Los casos de asma e infecciones respiratorias33 aumentaron de 232 en 2015 a 266 en 2018 (Secretaría de Salud, 2018).

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (Trejo, 2019) concluye que de haberse seguido las NOM para PM_2.5 en 201534, se hubiera reducido la mortalidad en 7 %. Esta proporción aumentaría a 8.1 % de haberse cumplido los estándares más estrictos de la OMS.

Acción por el clima

La actividad humana ha contribuido al incremento en la temperatura global, los recientes cambios climáticos no tienen precedentes y la temperatura seguirá en aumento al menos hasta el 2050. El límite de entre 1.5ºC y 2ºC se sobrepasará durante éste siglo a menos que se tomen medidas enfáticas en torno a las emisiones de GEI y reducciones de CO2 (IPCC, 2021).

Sus consecuencias abarcan la degradación ambiental, el aumento de desastres naturales, e inseguridad hídrica y alimentaria con especial afectación a los grupos más vulnerables de la sociedad (ONU, s. f.; Oxfam, 2020). Además, la falta de planes de contingencia y resiliencia genera costos económicos al no prever el impacto de los fenómenos en la infraestructura, la productividad o los servicios de salud (Puente, 2018).

1. Energía

La energía es un recurso indispensable para el funcionamiento de las economías modernas (ONU, 2020). Sin embargo, su producción y uso impactan negativamente al medio ambiente. Es necesario equilibrar ambos fenómenos al garantizar el acceso universal a servicios energéticos y aumentar la producción de energía renovable (Agenda 2030).

A nivel nacional, el crecimiento de los costos al segundo trimestre del 2022 fue superior al de los ingresos, lo que mina por completo la capacidad de generación de efectivo que la CFE necesita para pagar intereses e invertir en su crecimiento. De igual manera, en el segundo trimestre de 2022, Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y de Gas Natural por Ductos al Consumidor Final registró un producto interno bruto de $539,248M MX, evidenciando un alza de 9.81% con respecto al trimestre anterior y un alza de 8.83% respecto al mismo periodo del año anterior (INEGI, 2022).

Nuevo León es el estado número 15 en generación bruta de energía eléctrica y el 98 % proviene de fuentes fósiles, que es la principal fuente de GEI a nivel mundial. Solamente el 0.3 % de la energía generada en el estado proviene de fuentes renovables, muy cerca de la media nacional, pero muy por debajo del promedio de la OCDE (10.2 %) (Sener, 2018). No obstante, se prevé que en 2029 en la región noreste35 42.6 % de la energía generada sea de fuentes renovables (Sener, 2018).

Nuevo León es el segundo consumidor de energía eléctrica en el país, con un gasto de $37,724 mdp sólo detrás de la CDMX con $58,930 mdp, a pesar de tener solamente el 4.4 % de la población nacional. Mientras que, a nivel municipal, Monterrey y General Escobedo ocupan el tercer y cuarto puesto a nivel nacional con $9,627mdp y $6,991mdp respectivamente (INEGI, 2019).

El alto consumo energético es producto de la dinámica de tres sectores: el industrial (42.8 %), el de transporte (30.7 %) y el eléctrico (14.7 %) (Sedesu, 2014) (gráfica 6). Se estima que la demanda del pico más alto en energía aumente un 14 % entre 2015 y 2031 (Sener, 2018). En el reporte de competitividad estatal 2022 (IMCO) Nuevo León ocupa la posición número 6 en intensidad energética en la economía con 9,308 Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB.

Incorporar tecnología de ahorro y reducción de consumo, y mejorar los procesos de generación de energía minimiza su impacto en el medio ambiente (Banco Mundial, 2017). El estado cuenta con un 82.2 % de cobertura de focos ahorradores, todavía por debajo, por ejemplo, de Yucatán (93.5 %) y de Quintana Roo (93.1 %), y solamente el 1.18 % de los hogares cuentan con calentador solar, en comparación con el 25 % de Zacatecas y 21.4 % de Aguascalientes (BIEE, 2016).

En términos de generación, Nuevo León pasó de producir el 55% del consumo total utilizando combustóleo y gas natural en 2016, a generar el 55% del consumo usando gas natural y energía renovable en 2019 (Sedesu, 2020).

Nuevo León es el segundo estado a nivel nacional con mayor generación de energía distribuida, es decir, la que se produce en lugares cercanos al consumidor (por ejemplo, paneles solares residenciales). La energía distribuida es una alternativa para reducir pérdidas de transmisión y para disminuir las emisiones contaminantes, sin embargo, solo representa el 0.82 % del consumo total en el estado (BIEE, 2016).

2. Emisiones de GEI

Las ciudades abarcan poco menos del 2 % de la superficie de la Tierra y sin embargo son responsables del 60 % de los GEI (ONU-Habitat, s. f.). Entre 1990 y 2005, las emisiones brutas de GEI en Nuevo León se incrementaron 14 % y representan el 4.8 % de las emisiones totales de México. Los rubros que explican este incremento son el consumo de electricidad, el transporte y los procesos industriales (Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Centro de Estrategias Climáticas y GENL, 2010).

En Nuevo León, las emisiones de GEI se distribuyen de la siguiente manera por tipo de fuente: fuentes fijas representan el origen de las mayores emisiones de los gases y compuestos de efecto invernadero CO2 y N2O, fuentes móviles aportan una proporción significativa (34%), de las emisiones de CO2 equivalente y las fuentes de área representan el principal contribuyente en el caso del metano, CH4 (GENL, 2021).

Según algunas proyecciones, las emisiones brutas de GEI en el estado continuarán aumentando hacia 202536. Para alcanzar las metas propuestas en los Acuerdos de París, de limitar el aumento máximo en la temperatura global en 1.5 °C, se tendría que dar una reducción de 7.6 % anual en emisiones de GEI (ONU Medio Ambiente, 2019).

El Programa de Acción ante el Cambio Climático Nuevo León 2010-2015 advierte que la continuidad de las emisiones actuales en la entidad afectaría los sectores estratégicos, principalmente en conservación de ecosistemas y biodiversidad, uso de energía eléctrica, salud y agricultura.

3. Vulnerabilidad y riesgos.

Según el Atlas Nacional de Vulnerabilidades al Cambio Climático (INECC, 2019), Nuevo León presenta al menos tres elementos de vulnerabilidad: un grado alto por deslaves en asentamientos humanos, un incremento en distribución potencial del dengue, y vulnerabilidad media en inundaciones en asentamientos humanos.

Además, se proyecta a 2050 un aumento de temperatura promedio entre 1.5 y 3 °C en la entidad con mayor frecuencia e intensidad de huracanes y sequías, así como incremento de enfermedades, de especies invasoras y de inseguridad energética (GENL, 2010).

El ICS (2021) otorgó a la ZMM una calificación de 14.9, solo por encima de Orizaba, Poza Rica y Tlaxcala-Apizaco, en las acciones para atender los efectos del cambio climático mientras que el promedio fue de 56.1;, en contraste, por ejemplo, con la zona metropolitana de Guadalajara con 100 o la zona metropolitana de Mazatlán con 83.3. (gráfica 7).

Gráfica 7. Subíndice para el ODS 13 (Acción por el clima), ICS 2021.

Fuente: Índice de Ciudades Sostenibles 2021, Citibanamex, Centro Mario Molina, IMCO, LNPP y CIDE.

A pesar de esa calificación, la ZMM tiene un récord bajo de impacto de desastres naturales37, al registrar 19.2 personas afectadas por cada 100,000 habitantes en comparación, por ejemplo, con 3 000 de Matamoros o Tehuantepec (ICS, 2019). El estado solamente ha tenido dos declaratorias de emergencia y desastre natural desde 2015 (CNGSPSPE, 2019).

El cambio climático afecta de forma desigual a las personas. Los factores de vulnerabilidad relacionados con el género, la edad, el desplazamiento, el origen indígena o la condición de minoría agudizan los efectos de la crisis climática en ciertas poblaciones38 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020).

Problemas públicos

Del diagnóstico se desprenden cuatro retos principales que enfrenta Nuevo León en sus esfuerzos por alcanzar un desarrollo sustentable:

1. El crecimiento de la mancha urbana ha sido mayor al poblacional y ha ocurrido de forma desordenada. La falta de un consenso sobre la visión de ciudad que se necesita y un modelo de ciudad con un enfoque de proximidad urbana en la ZMM provoca el encarecimiento y rezago en la provisión de servicios públicos e infraestructura y, en general, de la vida cotidiana de sus habitantes.

2. La desvinculación de las políticas de desarrollo urbano y de movilidad provocan un incremento en las distancias entre hogares, trabajos, servicios e infraestructura de la ciudad. Esto lleva a que desplazarse tenga altos costos en tiempo, recursos y seguridad acrecentando la desigualdad urbana. Adicionalmente, la falta de un sistema eficiente e integrado de transporte público fomenta el uso del automóvil, incrementando la congestión y diversas externalidades.

3. El medio ambiente y los recursos naturales del estado están hoy en riesgo:

   1. La intensidad de la actividad humana ha degradado las condiciones de la biodiversidad y las acciones para restaurarlos y conservarlos han sido insuficientes. Las lluvias en los últimos años no han sido aún suficientes para generar escurrimientos que son los que se almacenan en las presas, causando un problema a la red pública. Además, la temperatura media anual en Nuevo León ha aumentado 1.7ºC desde 2006, generando ambas escasez de agua a nivel local. En el estado, 6 de cada 10 litros de agua destinados a los hogares vienen de las presas (FAMM).

   2. Nuevo León puede entrar en una situación de crisis hídrica en el mediano plazo, tanto de oferta como de demanda.

   3. La calidad del aire que respiran los y las habitantes de la ZMM es mala la mayor parte del año, por lo que se trata de un problema ambiental y de salud pública.

   4. El bajo nivel de reciclaje y recuperación en la gestión de residuos constituye también un riesgo para la salud de ecosistemas naturales y de las personas.

4. La demanda energética crece sin el correspondiente aumento en la producción de energías renovables. La energía de fuentes fósiles es la principal causante de emisiones de GEI a la atmósfera y su incremento contribuye al calentamiento global, y por lo tanto, a los riesgos que implica el cambio climático.