Desde Alternativas por México, queremos reconocer el esfuerzo del Consejo Nuevo León para incorporar la retroalimentación y propuestas de la ciudadanía en el borrador del Plan Estratégico 2030 de Nuevo León, en su revisión 2019-2020. Esto sin duda significa un positivo avance en la vinculación e inclusión de la ciudadanía para cocrear una visión conjunta de desarrollo y prosperidad para nuestro Estado.
Dentro de esta primera sección buscamos compartir reflexiones y propuestas respecto a oportunidades identificadas en el documento desde lo general, el cual, desde nuestra perspectiva representa un diagnóstico, más que un plan.
En él se identifican de manera efectiva y detallada diversos retos y oportunidades que requieren atención en nuestro Estado. Sin embargo, no establece acciones específicas ni tiempos para dar solución a estos retos y oportunidades en un periodo de tiempo claro y definido, ni una forma de medición y monitoreo de su cumplimiento.
Dado lo anterior, nuestra reflexión es que debiera modificarse su nombre, o bien, que se transforme en un verdadero Plan, el cual contenga acciones y objetivos concretos, que se traducen en indicadores clave de desempeño con fechas de cumplimiento, así como se integre una mecánica de seguimiento que permita monitorear su progresión y medir su cumplimiento.
Adicionalmente, nos parece que incorporar este sistema de monitoreo y evaluación de desempeño mediante un esquema periódico de rendición de cuentas a la ciudadanía, abonará a generar una mayor confianza y credibilidad en la gestión de la administración pública del Estado y las dependencias involucradas en la ejecución del Plan.
En esta misma línea y para ganar en legitimidad y reconocimiento por parte de la ciudadanía, en el corto plazo, idealmente a partir de la próxima administración, el Consejo Nuevo León debería evolucionar para constituirse como un organismo autónomo, con la participación equilibrada del sector gobierno, iniciativa privada, sociedad civil y Academias, (como lo está en el esquema actual), pero en términos de igualdad de peso para la toma de decisiones.
Hoy más que nunca en países desarrollados se ha identificado el valor de construir una dinámica interdependiente entre el Estado, la ciudadanía, la iniciativa privada y resto de participantes en el sistema sociopolítico, lo que propicia una gobernanza eficaz y eficiente, inclusiva y con una visión integral que permita trabajar alineada al bien común, con lo que se genera una mayor confianza por parte de la ciudadanía en que su Gobierno trabaja genuinamente para servirle.
En esta segunda sección compartimos observaciones y propuestas identificadas en parte de los capítulos que integran este borrador:
Desarrollo Social
Los desplazamientos humanos territoriales han sido una característica inherente al desarrollo de la sociedad. Históricamente estos han respondido a la búsqueda individual de una satisfacción de necesidades personales; y han permitido la conformación de grandes urbes que concentran importantes centros de intercambio comercial, cultural y político. Por las características de estas ciudades y como respuesta a la aparente masificación de oportunidades, un elevado número de personas que habitaban zonas rurales han tomado la decisión de desplazarse. Como resultado de estos desplazamientos y de acuerdo con la información que ofrece el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL, 2015), en la actualidad, 7 de cada 10 personas viven en ciudades en nuestro país. Al atender la problemática de la pobreza con énfasis en la alimentaria, sólo generamos un paliativo, los crecientes índices de pobreza alimentaria están relacionados al trabajo bien remunerado, a la educación y a la falta de oportunidades en el territorio que se habita.
En México, la obtención de créditos para la compra de vivienda se da, principalmente por medio de instituciones que ofrecen posibilidades de financiamiento a través de su relación laboral en el sector formal, quienes representan solo el 42.6% de la población ocupada del país. Lo que implica que más de la mitad de la población ocupada no cuenta con la posibilidad de obtener este tipo de créditos. Por lo cual consideramos de suma importancia el poder apostarle a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas relacionadas al tema de vivienda, ordenamiento territorial y regularización de asentamientos.
En temas del colectivo LGBTTTIQ+ es de gran valor desde la institución pública comenzar por segregar la información de las personas, esto comenzará a generar la información suficiente para en un futuro contar con las políticas públicas y los organismos necesarios para poder atender las necesidades puntuales de cada una de las personas de la diversidad. Sumado a esto no existe hoy en día un Consejo para Prevenir y Eliminar la discriminación, por ende aunque la ley exista, de nada sirve si no está el órgano regulador, es de vital importancia que se aceleren los procesos necesarios para implementarlo. Hoy en día solo existe a nivel federal la CONAPRED, quien recibe las quejas de todo el país.
La Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Nuevo León aprobada por el Congreso del Estado de Nuevo León, hace un compendio de derechos para todas las personas basada en el espíritu garantista de nuestra Constitución Federal y en los avances jurídicos emanados de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En suma, se convierte en una herramienta innegable para la construcción de un Estado que respete y garantice, por igual, los derechos de todas las personas. Esta Ley tiene como méritos principales reafirmar, actualizar y perfeccionar el andamiaje jurídico en Nuevo León, consolidando y especificando los principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación. Es necesario que se establezcan los presupuestos para la conformación de una oficina Estatal que atienda los casos de violación de derechos por temas de discriminación.
En términos de indicadores que permitan monitorear la evolución de acciones que apoyen a generar un mayor desarrollo social, proponemos los siguientes: Ingreso corriente per cápita; Rezago educativo promedio en el hogar; Acceso a los servicios de salud; Acceso a la seguridad social; Calidad y espacios de la vivienda; Calidad de los materiales de la vivienda; Calidad del techo y paredes; Hacinamiento por cuarto del hogar; Acceso a los servicios básicos en la vivienda; Acceso a la alimentación; Grado de cohesión social y Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
Salud Pública
Dentro de las políticas públicas del Estado en Nuevo León se recomienda implementar en la visión 2030 los planteamientos que realiza la Organización Mundial de la Salud respecto a la estrategia de salud digital en el año 2020-2024 con énfasis en la inclusión de servicios de cobertura apoyados en tecnología de la industria 4.0. reconociendo la institucionalización de la salud pública digital, así como la interoperabilidad en las instituciones públicas de salud en el Estado.
En temas de cobertura e inclusión de servicios de salud pública la recomendación de la OMS para cumplir con la Agenda 2030 es que los países tengan como mínimo 23 Profesionistas de la salud (médicos, enfermeras y parteras) por cada 10,000 habitantes; este número se establece como el mínimo necesario para prestar servicios esenciales de salud, de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud en Nuevo León tenemos una población sin derechohabiencia de 1,550,677 con datos del año 2013.
En la visión de Nuevo León 2030 la salud digital y tecnología médica tienen un papel relevante en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Nuevo León, la gobernanza en estrategias de salud pública involucra implicaciones éticas en la regulación de servicios de salud.
Por otra parte, la Salud Mental debe incorporarse obligadamente a la agenda de Salud Pública del país, como un importante y creciente problema a abordar con acciones precisas, tanto preventivas como de tratamiento oportuno y accesible para todos. Para ello, se debe medir el tamaño del problema, hacer proyecciones y en base a ello implementar clínicas y centros de atención en proporción, así como una campaña intensiva para desestigmatizar el tema de la salud mental y su atención en las Instituciones Públicas.
Desarrollo Sustentable
Se debe priorizar la eficiencia en el consumo de agua y energía antes de buscar nuevas fuentes, con el fin de evitar a largo plazo mayores costos e impactos. La ciudad de Monterrey tiene problemas crónicos de suministro de agua para sus habitantes, industrias y comercios. Por un lado, el abasto de agua es una preocupación en tiempos de sequía y por el otro, cuando hay exceso de esta, se ponen en riesgo vidas e instalaciones. A la fecha se han hecho esfuerzos para solucionar ambos problemas por separado, sin embargo se trata en realidad de las 2 caras de un mismo problema que tiende a presentarse en períodos complementarios. Los problemas tienen su origen tanto en la disponibilidad limitada de fuentes de abasto, el consumo desmedido y desperdicio debido a equipos/instalaciones anticuadas, a malos hábitos de uso y a la contaminación por un manejo inadecuado de descargas industriales y municipales. Un análisis que parece fundamental debiera realizarse es: 'amenazas y oportunidades en el manejo y aprovechamiento de aguas pluviales' que proveería de información tanto para el abasto como para la protección de riesgos.
Los desastres son la consecuencia de eventos extremos de origen natural o antropogénico sumados a infraestructura humana vulnerable. En este sentido es posible afirmar que en sentido estricto no hay desastres naturales; hay fenómenos o eventos naturales extremos que se convierten en desastres cuando afectan sistemas vulnerables. Entre las principales causas del aumento de la vulnerabilidad en la región se incluyen: una rápida y descontrolada urbanización, la persistencia de una pobreza urbana y rural extendida, la degradación del entorno natural producto de un mal manejo de los recursos naturales, políticas públicas ineficientes o reactivas, e inversiones en infraestructura insuficientes y/o mal planificadas/ejecutadas. Para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se requiere un catálogo documentado y georreferenciado de los sitios donde se presentan riesgos geológicos e hidrometeorológicos categorizados por su peligrosidad, realizando estudios y análisis de causa-efecto abarcando aspectos y proyectos de clasificación de zonas con base a su sensibilidad y riesgo geológico e hidrometeorológico, identificando las causas que originan esos riesgos en cada sitio y estudiando alternativas de prevención y/o contingencia, para escoger la(s) de mejor costo-beneficio social, económico y ambiental, favoreciendo aquellas con viabilidad a largo plazo (>50-100 años). Es importante regular la urbanización en zonas montañosas (pendientes altas y cañadas), así como evitar la invasión por asentamientos irregulares en zonas de riesgo. También se requiere desarrollar programas de limpieza y desazolve en los cauces de ríos y arroyos, aunado a campañas de concientización sobre la exacerbación de algunos riesgos por negligencia y/o ignorancia de la población.
De manera similar, la reducción de generación de desperdicios debe tener prioridad sobre el reciclaje, el cual a su vez, debe ser fomentado en la fuente de origen.
Es necesario promover el Desarrollo Urbano Sostenible del AMM, a la par de un Desarrollo Regional integral y equilibrado. Para este fin, es necesario asegurar la anticipación suficiente no solo en la planeación urbana, sino en la implementación de la infraestructura, tanto vial como de servicios y equipamiento necesarios para soportar los nuevos desarrollos, así como la continuidad en planes y proyectos, a pesar de los cambios en los equipos administrativos.
Para esto último, se propone la creación de un órgano autónomo e interdisciplinario para la Planeación y gestión del Desarrollo Urbano Sostenible del AMM, que se encargue de coordinar el acceso a todos los servicios públicos y equipamiento urbano. Esta iniciativa ya se presentó al Congreso del Estado desde el sector ciudadano hace más de un año, pero no se logró su aprobación.
También buscando abonar en la continuidad, se recomienda incorporar la figura de funcionario público de carrera en los organismos de Planeación Urbana y Secretarías técnicas. Esta figura tendría que venir acompañada de un programa de evaluación periódica de desempeño de dichos funcionarios.
Es necesario diseñar e implementar una estrategia de contención de la expansión de la mancha urbana para ser aplicada con urgencia, así como promover la densificación estratégica y usos de suelos mixtos para disminuir la grave problemática de movilidad que hoy nos aqueja en el AMM.
Se propone adoptar un modelo de red de Polígonos urbanos, como los que actualmente ya empiezan a funcionar en la ciudad, asegurando que cada uno cuente con la infraestructura urbana, servicios y equipamiento necesarios.
Buscar la activación de otros polos de crecimiento urbano en el Estado (Red de ciudades satélite) para desincentivar que continúe la concentración desproporcionada de población en el AMM.
Incorporar y promover el concepto de PROXIMIDAD como un factor clave para la eficiencia de la ciudad y una mejor calidad de vida de sus habitantes. Hay que acercar centros de trabajo y de servicios a las zonas habitacionales.
Incorporar la condición de INFRAESTRUCTURA POR DELANTE, (vial, de servicios y equipamiento) requeridos para amortiguar los impactos de nuevos Desarrollos, como requisito obligado para la autorización de proyectos urbanos de Mediano y Alto Impacto.
Red Vial:
Promover las redes viales a nivel local (como una matriz de vías secundarias para facilitar la accesibilidad local), en vez de grandes obras que concentran el tráfico y facilitan la dispersión urbana.
Promover fuertemente la implementación de la movilidad alternativa, facilitando la infraestructura (banquetas, ciclovías, etc.) así como incentivos fiscales para su adopción, especialmente por desarrolladores y empresas.
Impulsar la reestructuración del modelo de transporte público para hacerlo sostenible, suficiente, más eficiente y de calidad.
Establecer el uso de transporte escolar obligatorio y /o altamente incentivado en el AMM.
Ofrecer incentivos fiscales a las empresas que ofrezcan la prestación de transporte colectivo propio a sus empleados, así como a aquellas empresas que favorezcan la contratación de personal que viva a un radio máximo de distancia (para reducir problemas de movilidad).
Calidad del Aire:
Arrancar a la brevedad un programa drástico para reducir las emisiones de las diversas fuentes que afectan gravemente la calidad de aire del AMM y que hoy es insostenible.
Para ello, se propone instalar un organismo autónomo con representación de todos los sectores involucrados que gestione la calidad del aire de Nuevo León, iniciativa que ya fue presentada al Congreso por más de 30 OSCs hace casi un año y que fue aprobada en primera ronda, pero hoy se encuentra pendiente ante una contrapropuesta del Gobierno del Estado para un órgano descentralizado.
Desde la sociedad civil, estamos convencidos que debe buscarse un modelo disruptivo que permita movilizar las decisiones y gestiones urgentes que deben aplicarse ante un problema tan grave y que representa una amenaza para la salud de todos.
Residuos Sólidos:
Implementar la separación obligatoria de residuos sólidos en viviendas y empresas, así como procurar la reducción de la cantidad de residuos sólidos generados per cápita en la ciudad con un % meta. Para ello, se proponen las siguientes acciones:
● Campaña intensiva en escuelas y a través de medios de comunicación hacia la cultura ciudadana para la reducción y separación adecuada de residuos sólidos.
● Circuito especial a nivel metropolitano para recoger materiales reciclables una vez por semana.
● Programa de intercambio de materiales reciclables a cambio de productos en especie o crédito.
● Multas fuertes a quienes tiran basura o escombro en cualquier lugar fuera de áreas asignadas para su confinamiento.
Desarrollo Económico
Una de las principales particularidades de Nuevo León es su vocación industrial, con especial énfasis en el comercio exterior. Dado su capacidad y eficiencia en la manufactura, no podemos soslayar la vinculación que tenemos en este contexto con los Estados Unidos de Norteamérica, donde 85% de las exportaciones tuvieron ese destino, los datos lo confirman (1). Lo cual a su vez está vinculado con la inversión extranjera, el desarrollo de tecnología y la educación.
Por esta razón, la entrada en vigor del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) (2) debe tomarse en cuenta, porque conlleva desafíos importantes, principalmente en materia laboral. Si los esfuerzos tienen un rumbo, que es la generación de oportunidades de trabajo de calidad, debe tomarse en cuenta el capítulo 23 Laboral del T-MEC, porque además de que es uno de tantos capítulos que no estaban contemplados en el anterior TLCAN, es un capítulo muy ambicioso, el cual tiene obligaciones laborales nuevas, como los mecanismos de solución de controversias fortalecidos, así como los mecanismos de respuesta rápida, en ambos casos, permitiendo sanciones comerciales a nivel sector, industria y hasta nivel empresas y plantas, que van desde aranceles, multas e incluso embargo por incumplimiento sobre los derechos de libertad sindical y negociación colectiva (3). El dejarlo fuera de consideración implicaría una desatención en temas de la mayor relevancia para el desarrollo económico de la entidad.
(1) https://datamexico.org/es/profile/geo/19#economia
(2) http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf
(3) Capítulo 31 y Anexos 31 A y B; además el Anexo 23 A
Educación y Cultura
La educación debe ser pilar para generar desarrollo económico y social, poniendo el conocimiento al servicio de la comunidad y con ello generar mayor prosperidad.
Identificamos que dentro del planteamiento no se incluye educación en sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente, así como del valor de la educación cívica y la participación ciudadana, temas esenciales si buscamos desarrollar en las personas un entendimiento integral de su entorno y cómo incidir positivamente en él, por lo que nuestra organización ve fundamental la integración de estos temas dentro del esfuerzo educativo.
Así mismo, falta también referencia respecto a educación en desarrollo personal, finanzas personales y fomento al emprendimiento. Es relevante brindarle herramientas a los estudiantes para que puedan identificar oportunidades en el mercado y capitalizarlas, tanto para encontrar empleo mejor remunerado, como mediante modelos de negocio atractivos que detonen en etapas tempranas mayor generación de empleo y solución a necesidades en la comunidad. El dominio de conceptos financieros abonará a hacer uso inteligente de los recursos disponibles, que les permitan tomar decisiones acertadas para construir finanzas personales sanas y con ello bienestar personal y social.
Tampoco se considera la importancia de adquirir conocimientos en lenguajes avanzados en programación y referencia en la adquisición de conocimientos en tecnologías de punta. Hoy en día la transformación digital demanda dominio y entendimiento respecto a robótica, inteligencia artificial, el internet de las cosas, realidad aumentada, ciencia de datos, machine learning, etc. y su conexión con las necesidades cotidianas, lo que permite incrementar la calidad de vida y con ello poder movernos hacia una economía del conocimiento, alejándonos del modelo actual de Estado maquilador, proveedor de materias primas o mano de obra barata. Recomendamos incorporar una métrica que monitoree el porcentaje de escuelas en las que se hayan incorporado estos temas en los planes de estudio.
Hoy los jóvenes muestran cada vez mayor inquietud respecto a cómo incidir en su comunidad, si se les brindan este tipo de herramientas, podríamos desarrollar capacidades y competencias que nos moverían a la generación de mejores ingresos, empleos de mayor valor agregado y con ello mayor bienestar.
Nuevo León cuenta con todas las condiciones e infraestructura para ser un Estado del Conocimiento, sin embargo, este capítulo no refleja cómo capitalizar esta oportunidad. Si este planteamiento es a 2030, nos parece que queda corto respecto a las necesidades que el mundo demandará dentro de 10 años, por lo que los invitamos a reflexionar en este sentido.
Respecto al sistema integral de formación, capacitación y de actualización de los maestros, consideramos hace falta incluir la evaluación de su desempeño, mediante un sistema de incentivos que premie a aquellos profesores con mayor y mejor avance en el desempeño de sus alumnos, basados en resultados de la prueba PISA. Lo que no se mide, no se mejora y de no incorporar un seguimiento y monitoreo, por medio de indicadores clave de desempeño, difícilmente podremos avanzar y concretar uno de los temas elementales para generar mayor movilidad social y desarrollo personal.
Algunas áreas de oportunidad adicionales detectadas son:
La vinculación de temáticas de los trabajos de investigación de estudiantes de maestría y doctorado en diversos centros educativos del Estado con las necesidades de empresas y organismos, para que todo ese trabajo y talento sea aprovechado para fines prácticos en el fomento al desarrollo.
Promover la oferta de programas educativos de posgrado que puedan ser acumulativos por bloques, diseñados de tal manera que permitan irse sumando a lo largo del tiempo hasta lograr un número mínimo de créditos, con el fin de hacer más accesible a los graduados universitarios el poder continuar con estudios de posgrado a pesar de limitaciones de tiempo y presupuesto.
Procurar la capacitación técnica al alcance de todos los jóvenes de menos recursos. Una forma de facilitar sería involucrando a las propias empresas locales, mediante un programa de estímulos fiscales, entre otros, a cambio de establecer centros de capacitación en las disciplinas requeridas según su giro, en los centros habitacionales próximos a su localización, para buscar emplear gente local en su mayoría.
Gobierno Eficaz y Transparencia
Reconocemos el trabajo realizado por parte de los redactores del documento en el que se identifican los componentes necesarios para contar con un buen Gobierno: Gobierno Abierto, mayor eficiencia en el desempeño de la función pública, comunicación y transparencia en la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana. Sin embargo, hoy los resultados no nos han llevado a concretarlos de manera efectiva, lo que en términos de transparencia y rendición de cuentas nos ubica como Estado, en este rubro, en el lugar número 20 a nivel nacional de acuerdo al documento.
Requerimos de voluntad política y acciones específicas que permitan mejores y más eficientes estructuras organizacionales y la profesionalización de servidores públicos de carrera al igual que la implementación de un acceso a la información de forma simple y oportuna que transparente y rinda cuentas respecto a la toma de decisiones del gobierno, sus dependencias e instituciones públicas. Esto ayudará a que el ciudadano (Mandante) genere un proceso de evaluación del desempeño de su gobierno y con ello poder exigir una rendición de cuentas en los casos en los que amerite. Como bien se indica en el documento, el acceso a la información es un derecho y no debiera ser un pedido, si no una obligación por parte de las dependencias gubernamentales e instituciones públicas, realizando una comunicación constante de su quehacer, brindando información de manera sencilla, analizable, oportuna y en línea respecto a sus decisiones y la forma en la que se ejerce el gasto público.
Por ello consideramos de gran relevancia el poder determinar acciones concretas con tiempos definidos para mejorar el desempeño en términos de transparencia y rendición de cuentas por cada dependencia e institución pública, en la que exista un plan de ejecución para habilitar secciones dentro de los portales de cada ente público en las que se pueda consultar y analizar la toma de decisiones y forma en la que se ejerce el gasto público, implementando en paralelo un seguimiento periódico por parte de ONGs expertas en la materia que brinden retroalimentación respecto a los avances en el plan, lo que sin duda generará una dinámica que permita recuperar la confianza en nuestro gobierno, dando evidencia del genuino compromiso de servicio de nuestros administradores públicos.
Otro tema clave que es necesario incluir en la agenda es el de cómo incrementar de manera importante la participación ciudadana real en la toma de decisiones en asuntos de interés común y en la definición de políticas públicas. Para ello se propone desarrollar programas de acercamiento entre ciudadanos y gobierno, estableciendo mesas de diálogo periódicas por temas, y en casos especiales, cuando haya proyectos de alto impacto, antes de su aprobación o implementación. Igualmente, para incrementar los niveles y la calidad de la participación ciudadana en asuntos públicos, es necesario replantear el contenido de un programa de cultura ciudadana (o cultura cívica) en todas las escuelas y universidades y a todos los niveles, a la par de un programa dirigido al resto de la población, en la línea de enseñar a la gente a entender cómo participar ( cómo denunciar, como tramitar y gestionar y con quien) y como está estructurado el aparato administrativo, sus funciones y responsabilidades, entre otros temas.
Por último, para asegurar que la representatividad en consejos ciudadanos de diversos organismos de gobierno sea legítima y útil, debe estipularse que los ciudadanos que funjan como consejeros, deberán ser propuestos por el propio sector ciudadano al que representan y no por designación directa, como por lo regular sucede actualmente. Esto para garantizar su legitimidad y la verdadera representatividad de su sector.
Finanzas Públicas
En el esfuerzo interinstitucional del Gobierno y Sociedad Civil en Nuevo León por fortalecer las finanzas públicas de Nuevo León, es importante también considerar en relación con los impuestos ¿En el 2030 qué impuestos estatales y municipales podrían generarse desde la perspectiva de sustentabilidad?
En relación a la deuda pública de carácter municipal o Estatal es importante establecer indicadores que nos proporcionen mayor contexto del estado de las Finanzas Públicas, uno de los componentes fundamentales para poder explicar el funcionamiento de los créditos públicos a Nuevo León es el marco regulatorio del Estado que se rige principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establecen las normas que deben regir las deudas públicas de los gobiernos subnacionales, en la fracción VIII, del artículo 117, cuyo texto es el siguiente: ”Los Estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contengan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos”. Reformado el 12 de abril de 1981). En estos lineamientos de ley se busca establecer una normativa base para el manejo de empréstito, sin embargo, no se establecen sanciones claras al incumplimiento de la ley. La constitución Estatal en su Ley de Disciplina Fiscal no especifica el uso de la deuda pública municipal o Estatal en relación con los ingresos propios, aportaciones federales o monto de la deuda respecto al PIB Estatal.
En términos de evaluación y gestión pública otros de los indicadores que podríamos implementar para la toma de decisiones antes de la aprobación de mayor deuda pública en los municipios y estado son los siguientes: ingresos propios/gasto corriente, transferencias federales/gasto público, ingresos propios/deuda pública, deuda pública/número de habitantes, gasto público total/gasto corriente son indicadores de sustentabilidad de la deuda pública (no únicamente ingreso-egreso).
Respecto al gasto público se requiere con visión al 2030 incorporar herramientas de Gobierno Abierto que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas mismas acciones que tienen impacto en la sustentabilidad de las finanzas públicas en Nuevo León.
Como conclusión, hoy más que nunca vemos la necesidad de trabajar de forma colaborativa e interdependiente con nuestros gobiernos, con una dinámica que propicie la cocreación de políticas públicas encaminadas al bien común. Por ello reconocemos la importancia de construir de forma conjunta Gobierno-Sociedad Civil el gobierno que nos merecemos. Sólo unidos lograremos construir el desarrollo y bienestar necesario para que todos los ciudadanos de la entidad vivan en plenitud y potenciando el máximo de sus capacidades, asegurando que nadie se quede atrás.
Quedamos a sus órdenes para continuar trabajando y colaborando desde Alternativas por México con el Consejo Nuevo León en concretar esta valiosa tarea, en la que nos gustaría formar parte de las mesas de discusión y planeación para contribuir desde nuestras áreas de especialidad.