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Gobierno Eficaz y Transparencia

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Published onMar 27, 2023
Gobierno Eficaz y Transparencia
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Nota: Los comentarios que se tomarán en cuenta para la consulta serán los emitidos hasta el 23 de abril de 2023.

BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2023

Gobierno Eficaz y Transparencia

Una función básica de las instituciones que integran el Gobierno es facilitar que las personas cuenten con lo necesario para alcanzar su bienestar1. Estas instituciones deben ser capaces de implementar las políticas públicas derivadas de los objetivos definidos en planes estratégicos como este (Agenda 2030).

Además, deben cumplir con dos requisitos. Primero, ser instituciones inclusivas, tanto en la diversidad de las personas que las integran como en la apertura para trabajar de la mano con sociedad civil en la búsqueda de soluciones. Segundo, ser instituciones que rindan cuentas, responsables de llevar a cabo su misión con transparencia y sin incurrir en ninguna forma de corrupción (Agenda 2030).

En Nuevo León existe una creciente desconfianza en las instituciones. El 17 % de la población manifiesta confiar mucho o demasiado en el Gobierno estatal o el Gobierno municipal y un 10 % lo hace con servidores públicos (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2021)2.

Esta desconfianza es el resultado de una mala evaluación gubernamental y una percepción de alta incidencia de corrupción en el uso de los recursos públicos. En Nuevo León, el 61.5 % de las personas identifican la corrupción como el segundo problema más importante, cifra 4.4 puntos por encima de la media nacional (ENCIG, 2021).

En este capítulo se analizan los retos que enfrenta Nuevo León para tener un verdadero Gobierno abierto3 con base en tres componentes:

  1. Las características de las instituciones públicas como responsables de la formulación e implementación de políticas públicas;

  2. Los procesos de rendición de cuentas, y

  3. Los bienes, servicios y entornos habilitadores para la participación de las personas en los asuntos públicos.

Diagnóstico

Instituciones de la administración pública

Las políticas públicas son un conjunto de acciones implementadas por autoridades para resolver un problema público (Aguilar, 2009). Desde las instituciones o vía la participación ciudadana, la inclusión en el diseño de política pública es muy importante en la construcción de una sociedad más equitativa (ONU, 2019).

Una participación diversa permite atender las necesidades de grupos amplios de la sociedad, particularmente al incluir a aquellos en situación de vulnerabilidad (OCDE, 2013; UNESCO, 2015).

Por lo tanto, resulta importante analizar la representación de la diversidad social en las instituciones de la administración pública estatal. En Nuevo León, de las personas que la componen, 54.81 % son mujeres, 17.61 % son jóvenes y 8.25 % son personas adultas mayores, en comparación con el 56.40 %, 12.16 %, y 7.33 %, respectivamente, a nivel nacional (CNGE, 2022).

Cabe destacar que no existe información pública suficiente que detalle en qué medida estos grupos inciden en los procesos de creación de política pública, por lo que es difícil evaluar a profundidad su representatividad.

Otro aspecto a considerar sobre las instituciones de la administración pública es la evaluación de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios públicos. En Nuevo León los servicios de los tres órdenes de Gobierno están mejor evaluados que en el promedio nacional, pero la satisfacción con el Gobierno estatal es la única con una ligera tendencia a la baja, al caer de 52.7% en 2019 a 52.5 % en 2021 (ENCIG, 2021) (gráfica 1).

Gráfica 1. Satisfacción con los servicios públicos prestados por los tres órdenes de Gobierno en Nuevo León.

Fuente: ENCIG, INEGI.

Una administración pública eficaz puede incidir, entre otras cosas, en una mayor competitividad del estado. Nuevo León ocupa el tercer lugar en la medición de Gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal (IMCO, 2022). El estado destaca comparativamente en la facilidad de abrir una empresa, la publicitación de información presupuestal y la capacidad de generar ingresos propios.

Gobierno Digital

Las instituciones públicas buscan desarrollar una mayor cantidad de herramientas de gobierno digital para impulsar una gestión pública más eficaz y más eficiente.

Un gobierno digital se refiere “al uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos con el fin de crear valor público” (OCDE, 2014).

En Nuevo León, el 46.7% de la población tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de internet; mientras que el 54.5 % fue el promedio nacional (ENCIG, 2021). Entre las interacciones registradas se encuentra la gestión de trámites, pagos o solicitudes de servicio, la consulta de páginas de gobierno y el uso de redes sociales para presentar quejas o denuncias.

Este déficit que presenta la administración pública estatal puede modificarse con la construcción de una estrategia de transformación digital del Estado, que establezca una visión para la digitalización y mejora de servicios y políticas públicas (OCDE, 2020).

De acuerdo con la Agenda Digital para América Latina y el Caribe 2024 (CEPAL, 2022)4 resulta necesario impulsar una digitalización universal e inclusiva. Esta debe vincularse a la modernización de infraestructura y conectividad para avanzar hacia una mejor gobernanza, una mayor seguridad y un mejor entorno habilitante del plano digital.

Modernizar la infraestructura tecnológica en oficinas gubernamentales y espacios públicos resulta determinante para promover la inclusión digital.

Por otro lado, el 84.2 % de la población de Nuevo León es usuaria de internet; 84.7 % de telefonía celular; y 46.4 % es usuaria de computadora (ENDUTIH, 2021). Sin embargo, en la zona rural, las personas usuarias de internet han disminuido de 69.4 % en 2020 a 59.5 % en 2021 (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Porcentaje de personas usuarias de internet en Nuevo León por área urbana y rural.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2021).

Para reducir la brecha digital, el Estado debe promover una mayor conectividad en espacios públicos y el fomento de habilidades y competencias digitales para las personas.

En el plano privado, Nuevo León es la cuarta entidad federativa con mayor conexión a internet (77.5 %) en los hogares, seguido de Baja California (79.1%), Ciudad de México (85.1 %) y Sonora (86.2 %). Respecto a los hogares que cuentan con computadora, Nuevo León ocupa la tercera posición a nivel nacional con 54.5 %, mientras que Baja California el 55.3 % y Ciudad de México el 67 % (ENDUTIH, 2021).

En términos de gobernanza digital, Nuevo León no cuenta con un marco normativo de Gobierno Digital que habilite la innovación pública. Asimismo, no existen mecanismos de interoperabilidad y gobernanza de datos entre Gobierno Estatal, municipios y sector privado.

Por otro lado, a nivel nacional existe una alta vulnerabilidad en ciberseguridad para el ámbito público y privado derivado de ataques cibernéticos y el aumento de ciberdelitos. En 2020, México alcanzó el lugar 52 de 194 naciones consideradas en el Índice mundial de ciberseguridad, con una puntuación de 81.68 (ITU, 2020).

Contratación Pública

Los contratos públicos son una pieza esencial para el bienestar de las personas. A través de éstos, los gobiernos adquieren bienes, servicios e infraestructura pública para la población.

La contratación pública se refiere a “la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras” (OCDE, 2022).

Éstas representan el mayor mercado mundial. Cada año, se estima que los gobiernos gastan 13 billones de dólares anuales en contratos públicos. Sin embargo, menos del 3 % se publica de manera abierta (Open Contracting Partnership, 2020).

En los países de la OCDE, la contratación pública representa alrededor de 12% del PIB y 28% del gasto gubernamental total en promedio (OCDE, 2012). Para México, se estima alrededor de 5% del PIB y más de 20% del gasto gubernamental total (OCDE, 2018).

En 2021, la administración pública estatal reportó un monto anual de $3,155 millones de pesos ejercido vía contratos públicos. Este monto coloca a Nuevo León en el lugar número 14 a nivel nacional con mayor monto asociado (CNGE, INEGI, 2021).

Respecto al tipo de procedimiento de contratación, el 70.1 % de los procedimientos se realizaron mediante una licitación pública nacional. Porcentaje que la coloca en el tercer lugar nacional con mayor porcentaje de contratación asociada a una licitación pública (CNGE, INEGI, 2021).

La licitación pública destaca como el mejor procedimiento; toda vez que, un diseño adecuado del mecanismo resulta la mejor forma de fomentar la participación del mayor número de empresas y permite que estas compitan intensamente para ganar el contrato. Lo anterior, resulta en contrataciones con las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad (COFECE, 2018).

Como parte de la estrategia organizacional, Gobierno del Estado se encuentra en un proceso de centralización de las adquisiciones de bienes y servicios a través de su Secretaría de Administración, quien efectúa todos los procesos de adquisición para las entidades de la administración pública centralizada. También lleva a cabo la adquisición de bienes y servicios para algunas entidades descentralizadas con las cuales firmó un acuerdo de cooperación (OCDE, 2018).

Entre los argumentos favorables para establecer una Unidad Centralizadora de Compras consiste en lograr una mayor eficiencia de costos mediante adquisiciones eficaces, sustentables, que generen ahorros útiles para la inversión y los servicios públicos. No obstante, este modelo también representa riesgos comerciales, de concentración de mercado y de capacidad de respuesta.

Resulta clave entender a la contratación pública como parte de un ciclo5. Actualmente, en Nuevo León existe una limitada concordancia programática, presupuestaria y de gestión a través de las fases de planeación, licitación, adjudicación, contratación y su implementación.

Cada paso de este ciclo debe verse integrado y no aislado. Desde la planeación de necesidades hasta que se entregue el bien o servicio. Para administrar las compras públicas de forma más eficaz, Nuevo León necesita mejorar sus sistemas de datos e información con una visión panorámica (OCDE, 2018).

En términos del marco normativo, la OCDE (2018) identificó varios obstáculos para actualizar las prácticas de compras en Nuevo León. En primer lugar, las regulaciones podrían retirar obstáculos para su modernización, por ejemplo, no priorizar el uso de documentos electrónicos.

Asimismo, la reglamentación de 2013 debe alinearse con las reformas a la Ley Orgánica de la APE relacionadas con atribuciones de la Secretaría de Administración6. En otros casos, el uso de herramientas específicas está sujeto a procedimientos complicados7.

La contratación electrónica es una herramienta eficaz para mejorar los procedimientos administrativos y, quizá más importante, también ayuda a los funcionarios a observar varios principios centrales: transparencia, eficiencia, integridad y rendición de cuentas (OCDE, 2018).

En Nuevo León la divulgación de información relacionada con los procedimientos de contratación se realiza mediante el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP). Sin embargo, los datos se publican en formato PDF y resulta difícil su navegación por el sitio de Internet sin un conocimiento previo. De este modo, la información registrada puede presentarse de forma más clara y hacer la búsqueda más fácil (OCDE, 2018).

Si bien un sistema electrónico de compras incrementa la rendición de cuentas y la supervisión, su implementación no debe ser vista como un fin en sí mismo (OCDE, 2018). A la par, la transparencia y la rendición de cuentas se deben integrar en el diseño de la contratación electrónica para un análisis significativo de la información generada (TI, 2014).

Finalmente, un aporte relevante de la ciudadanía consiste en el acompañamiento y vigilancia del ciclo de contratación pública. A través de la figura de testigo social, contemplada en la LAACSNL y su reglamento, se incorpora a personas capacitadas y externas a los procesos de licitación con derecho a voz y a emitir un testimonio final, para vigilar y prevenir actos de corrupción de grandes obras, proyectos o contratos.

Actualmente, Nuevo León cuenta con un padrón de testigos sociales que pasó de tener 25 a 65 personas certificadas durante el 2022 (Contraloría y Transparencia Gubernamental, 2022). Sin embargo, existen restricciones legales que les impiden participar en todos los procesos de licitación. Por lo anterior, esta figura de participación ciudadana deber ser fortalecida.

Trámites y servicios

Los trámites y servicios son la forma más común de interacción con el Gobierno. Todo trámite requiere de un marco regulatorio y de inversión en recursos humanos, instalaciones y tiempo (Roseth, Reyes y Santiso, 2018).

La ejecución ineficiente de trámites tiene costos para la ciudadanía además de que puede incentivar la corrupción (Casar, 2015)8. En el estado, 34.7 % de usuarios manifiestan haber experimentado problemas con la realización de trámites. El problema más frecuente fue el de barreras al trámite9 con 90.3 % (ENCIG, 2021).

A través del Indicador de Gasto Regulatorio de Coparmex (2021), se reportó que el 54.8 % de sus socios en Nuevo León han tenido algún problema al realizar trámites gubernamentales, mientras que, a nivel nacional, se reportó el 47.4%. Entre los principales problemas que han enfrentado, se relacionan con requisitos excesivos (27%), falta de claridad (16 %) y horarios restringidos (14 %).

Destaca que, las microempresas (1 a 10 empleados) dedican en promedio 49 horas al mes para atender el marco regulatorio (Coparmex, 2021).

Respecto al Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria 202010, Nuevo León obtuvo una calificación general de 0.380, que la ubica en el lugar catorce de las entidades federativas. Este indicador evalúa el avance del marco normativo, la capacidad institucional y la implementación de los distintos programas y políticas públicas en materia de mejora regulatoria.

Este resultado es atribuible a las áreas de oportunidad presentadas para aumentar la capacidad operativa y acciones de la autoridad de mejora regulatoria11, así como a la falta aprovechamiento de herramientas, especialmente de expedientes, y al análisis ex post (OSMR, 2020).

La mejora regulatoria incluye el uso de tecnología para hacer más eficiente la gestión gubernamental y de los usuarios. El uso de herramientas de gobernanza digital tiende a facilitar procesos, reducir costos y transparentar las acciones para reducir espacios de corrupción. Nuevo León ocupa el lugar 18 en gobernanza digital12 (Data Lab Mx y Universidad Iberoamericana, 2019).

Entre 2019 y 2022, 106 trámites se eliminaron, 113 se digitalizaron y 791 se simplificaron en el estado (Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 2022). En específico, entre octubre 2021 y octubre 2022 se digitalizaron 58 trámites y servicios nuevos para dar un total de 197 (Subsecretaría de Tecnologías, 2022). Aunque esto representa un avance significativo, existe aún un gran espacio de mejora pues solamente el 31 % del total de 631 trámites están digitalizados (RETYS, 2022).

En términos de uso, en Nuevo León, el porcentaje de personas que realizaron sus trámites en línea (10.6%) se encuentra por debajo del promedio nacional (17.7%), lo que apunta a la necesidad de mejorar la difusión de los procesos digitalizados (ENCIG, 2021). A nivel nacional, el 80 % de socios Coparmex han realizado trámites gubernamentales a través de medios digitales.

Otro componente relevante para tener instituciones más eficaces es la profesionalización del servicio público. Aunque en 2007 se publicó el “Decreto que establece el estatuto de profesionalización para el servicio público del Estado de Nuevo León” que creó el Instituto de la Profesionalización para el Servicio Público, no existe hoy un sistema de asignación de puestos por mérito ni es posible evaluar los programas de preparación de la administración pública por falta de reportes detallados.

En consecuencia, se identifican cinco retos para la profesionalización del cuerpo de funcionarios y funcionarias estatales13:

  1. Carencia de marco normativo para garantizar profesionalización y continuidad

  2. Alta rotación

  3. Dificultad en la atracción de talento por el diferencial salarial con respecto al sector privado

  4. Carencia de sistemas de medición del desempeño y,

  5. Asignación de puestos en la administración pública con criterios políticos.

Estas problemáticas provocan falta de continuidad en la implementación de políticas, reducen la capacidad de mejora y hacen a las instituciones públicas vulnerables ante procesos políticos.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es el conjunto de procesos y herramientas por medio de los cuales las personas y las organizaciones14 se responsabilizan por el adecuado cumplimiento de sus funciones (Transparencia Internacional, 2009). En contraste, las instituciones que se desempeñan en la opacidad “son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder” (ONU, 2017).

En Nuevo León, la calificación otorgada al poder Ejecutivo por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con respecto al cumplimiento de las obligaciones mínimas de ley, aumentó de 97.39 puntos en 2020 a 98.68 en 2021. En ese año, los órganos autónomos tuvieron una menor calificación (97.13) y el Poder Judicial, que históricamente ha tenido mejor desempeño, subió en su evaluación (100).

En cuanto a la demanda de la ciudadanía por información, el número de solicitudes de información15 aumentó en un 481.8 % de 2016 a 2021 (gráfica 3). Esto puede ser interpretado como un incremento en el interés de la ciudadanía en temas de Gobierno, pero también indica que la información no necesariamente cumple con estándares de calidad, es decir, que sea fácil y rápida de acceder, debidamente actualizada y gratuita (UK Government Cabinet Office, 2013).

Nuevo León ocupa el lugar 13 a nivel nacional en dar respuesta en tiempo y forma a dichas solicitudes y ocupa la posición 28 al evaluar que la información recibida esté completa y se pueda acceder fácil y rápidamente (INAI y CIDE, 2021).

Gráfica 3. Número de solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados en Nuevo León por año.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y los informes anuales de actividades del INFO NL.

Al analizar la calidad y disponibilidad de la información fiscal, por ejemplo, Nuevo León ocupa el lugar 7, nueve lugares por arriba de la media nacional (Ar Regional, 2020). El estado ha mejorado 14 posiciones entre 2018 y 2020, lo que representa un buen cumplimiento de la Ley de Transparencia.

En las últimas dos décadas, México ha avanzado en el derecho al acceso a la información. No obstante, en términos de la provisión de servicios y el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno, persiste una alta percepción de corrupción.

La medición de la corrupción es difícil pues ocurre de manera secreta. Las partes involucradas comparten un incentivo para encubrir el acto pues ven consecuencias negativas en que se revele su participación (Del Castillo, 2003). Ante esta complejidad, se han generado metodologías de medición de percepción de incidencia, de actitudes ante la corrupción y de victimización.

Nuevo León ha mejorado ligeramente la percepción, incidencia y victimización de actos de corrupción. En los tres indicadores el estado está entre los primeros ocho con menor nivel de corrupción. El porcentaje de personas que perciben los actos de corrupción como frecuentes o muy frecuentes disminuyeron de 84.9 % en 2019 a 84.4 % en 2021 (ENCIG, 2021) (gráfica 4).

Gráfica 4. Variación porcentual en Percepción, victimización e incidencia de corrupción, Nuevo León y México de 2017 a 2021.

Fuente: ENCIG, 2021.

La ciudadanía en Nuevo León y a nivel nacional percibe que la corrupción afecta a todas las instituciones de Gobierno. Por el contrario, la percepción llega al 20 % cuando se trata de los círculos sociales más íntimos, como vecinos o familia (gráfica 5).

La percepción de frecuencia de actos de corrupción supera el 50 % en toda institución pública excepto por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos. El registro más alto en percepción de corrupción se da en la Policía, 85.2 % para Nuevo León y 88.8 % a nivel nacional (ENCIG, 2021).

Gráfica 5. Percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversos sectores

Fuente: ENCIG, 2021.

En términos de incidencia de corrupción, Nuevo León experimentó un retroceso del 29 % entre 2019 y 2021 (gráfica 3). Concretamente, en trámites donde la población tuvo contacto con servidores públicos y experimentó un acto de corrupción, la tasa en el estado, 18,684 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, es menor que el promedio nacional, de 25,995 (ENCIG, 2021).

El orden de Gobierno en el cual se incrementó más la incidencia de corrupción entre 2017 y 2019 fue el federal, con un 34 %, seguido del Gobierno estatal, con un 6 %, y los municipales, con 4 % (ENCIG, 2019). En Nuevo León, los trámites con mayor incidencia de corrupción se encuentran en el área de seguridad, derechos de propiedad y el ámbito comercial.

En cuanto a la victimización por un acto de corrupción, solo el 5.2 % de las personas que sufrieron un acto de corrupción en Nuevo León lo denunciaron, en contraste con mejores niveles de denuncia en otros estados, por ejemplo, Yucatán (13.2 %) (ENCIG, 2019).

A pesar del bajo nivel de denuncia, los neoloneses parecen comprender su importancia, pues un 90 % de la población metropolitana manifestó que es su deber denunciar un delito (Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León, 2021).

El Sistema Nacional Anticorrupción, iniciado en 2015, es el principal mecanismo de atención a la corrupción en México y tiene sus equivalentes a nivel estatal. El Sistema tiene un enfoque en la prevención, persecución y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, con una lógica de colaboración interinstitucional y participación de la ciudadanía.

La entrada del nuevo Sistema a nivel estatal trajo consigo la redefinición de las faltas administrativas, la inclusión de particulares como sujetos de responsabilidad ante hechos de corrupción y el rediseño del proceso de acción ante una falta. Sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción no se ha instalado correctamente; por lo que, no se ha construido una Política Estatal Anticorrupción, y no existen avances significativos en cuanto a acciones de prevención, persecución y en su caso sanción de casos de corrupción.

Además del elemento ético, la corrupción tiene importantes costos económicos, políticos y sociales. Al usar medios como el soborno, se generan costos directos por haber una transferencia directa de la ciudadanía al funcionario.

En México se estima que el costo de la corrupción disminuyó de 14,141 millones a 9,489 millones de pesos entre 2019 y 2021, un decremento del 32.9 % y que equivale a 3,044 pesos por persona. En la misma temporalidad Nuevo León disminuyó este costo de 299 a 243 mdp al año, que equivale a 1,773 pesos por persona (ENCIG, 2019).

Participación pública

La participación ciudadana es el conjunto de prácticas por las cuales la ciudadanía pretende incidir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público (Díaz, 2014).

La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León publicada en 2016 establece que la participación contribuye a la solución de problemas y el mejoramiento de las normas que nos rigen como sociedad.

Al respecto, la acción de todo Estado debe centrarse en construir un entorno propicio para que se dé la participación ciudadana. Esto conlleva asignar recursos, incluir grupos en situación de vulnerabilidad y asegurar que la participación sea válida y segura (Carta Iberoamericana de Participación en la Gestión Pública, 2009).

En Nuevo León, en el ámbito normativo, tuvieron que pasar más de cinco años para que se reglamentara la Ley de Participación Ciudadana. A través de esta Ley se detallan los mecanismos de participación ciudadana vigentes16.

Con relación al funcionamiento de la Administración Pública Estatal, destaca que en 2021 se creó la primera Secretaría de Participación Ciudadana. Esta es la dependencia encargada de establecer e instrumentar los mecanismos de participación directa que promueven la colaboración en un modelo de gobernanza y la rendición de cuentas para la solución de problemas públicos.

La ausencia de espacios de participación o consulta ciudadana condicionan el desarrollo a plenitud de las personas (UNESCO, 2007).

Es responsabilidad de un Estado democrático moderno, diseñar, implementar y dar a conocer mecanismos que permitan a las personas incidir en la toma de decisiones (Merino, 2019). Sin embargo, en el caso del área metropolitana de Monterrey, el conocimiento de los mecanismos de participación está centrado en denuncia y ayuda comunitaria, como lo son Alerta Amber, denuncia anónima ciudadana y asociaciones de vecinos (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).

Por otro lado, el 35 % de la población metropolitana que manifiesta que no han participado, podría interesarle hacerlo, principalmente para mejorar su colonia y ayudar a la gente que lo necesita. (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).

Pese a que el voto es la condición básica de la vida democrática, no contempla el influir en decisiones concretas. Solo una tercera parte ha participado en alguna forma de toma de decisiones, colaborando con sus vecinos o con alguna asociación de estudiantes o padres de familia (gráfica 6).

En Nuevo León, la razón más común por la cual la gente dice no participar es la falta de tiempo, aunque la falta de información y la desconfianza en las autoridades para hacerlo también son significativas (Hagámoslo Bien & Consejo Nuevo León, 2021).

Se debe tomar en consideración que las personas con más tiempo libre y mayores niveles educativos tienen más oportunidades de participar en asuntos públicos, lo cual puede traducirse en un factor que perpetúe las desigualdades sociales (Font, 2004).

Las personas que no han participado indican que una de las condiciones para hacerlo en el futuro es que exista más y mejor información al respecto. Sin embargo, la información necesaria para participar no está disponible, menos del 8 % de quienes participaron recibieron información directamente de un funcionario o de medios de comunicación masiva (gráfica 6).

Gráfica 6. Medio por el cual se enteró para participar.

Fuente: Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León (2021). Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana.

Otro espacio, abierto y plural, para influir en la definición de políticas públicas en temas específicos es la sociedad civil organizada (Fernández Santillán, 2003). En Nuevo León se calcula que existen aproximadamente 1,316 asociaciones civiles, de beneficencia privada y redes o colectivos (yCo., 2022)17.

Mientras que este número de organizaciones per cápita es superior al registrado en otras entidades federativas, existe un área de oportunidad en subsanar la posible falta de diversidad implícita en el proceso de autoselección de la participación ciudadana.

De hecho, en la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, un 77 % de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en este tipo de organizaciones, lo cual indica que una gran cantidad de neoloneses no se siente parte de la sociedad civil o lo percibe como un concepto distante a ellos.

Problemas públicos

Del diagnóstico se desprenden tres retos principales que enfrenta el estado en materia de Gobierno Eficaz y Transparencia:

1. En Nuevo León existen procesos gubernamentales ineficaces e ineficientes, por lo que se vulneran derechos.

Una gestión pública eficaz, innovadora e incluyente resulta fundamental para que el Gobierno asuma sus objetivos por área, planee para alcanzarlos y designe los recursos necesarios para atenderlos. La ausencia de un entramado institucional fuerte, responsable, capacitado, inclusivo e innovador dificulta el alcanzar las aspiraciones de este Plan.

La falta de pluralidad y diversidad en el Gobierno puede resultar en la perpetuación de desigualdades. A pesar de no existir suficientes datos públicos, sí es posible detectar falta de diversidad en las personas que integran las instituciones gubernamentales y los cargos de elección popular. Esto podría redundar en la ausencia de puntos de vista representativos de la diversidad social.

Las capacidades de la administración pública estatal son limitadas para una gestión eficiente. Persiste un inadecuado uso de tecnologías para ampliar la entrega de servicios públicos de forma digital, de manera inclusiva y centrada en las personas. Asimismo, el ciclo de contratación pública presenta oportunidades para garantizar bienes y servicios de la máxima calidad.

Además, las instituciones del Estado no tienen un sistema de profesionalización que garantice a funcionarios y funcionarias la continuidad de una carrera basada en el mérito ni a la ciudadanía un servicio público de excelencia.

2. Los mecanismos de rendición de cuentas del Gobierno son escasos y no son del todo accesibles.

Si bien se ha avanzado en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existe un reto para que la calidad de la información y la rapidez con la que se accede a ella permita que sea utilizada por la ciudadanía.

Por otro lado, la percepción e incidencia de actos de corrupción sigue impactando a la mayoría de las instituciones públicas y genera elevados costos económicos, políticos y sociales. Todavía no se han implementado políticas que lleven a una reducción significativa de los actos de corrupción.

3. Para consolidar una gestión gubernamental inclusiva y eficiente, es necesario que la ciudadanía participe en la toma de decisiones públicas.

Hay importantes retos para alcanzar una participación amplia y activa de las personas en los asuntos públicos, más allá de las elecciones.

Las capacidades de las instituciones públicas presentan brechas para la implementación de nuevos modelos de apertura gubernamental que detonen una activa participación de las personas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Los habitantes de Nuevo León no cuentan con los incentivos, medios físicos e información suficiente para impulsar la innovación social participativa orientada a la construcción de políticas públicas colaborativas.

Asimismo, el bajo involucramiento de las personas en los asuntos públicos está asociado a la oferta de bienes, servicios y entornos que propicien un espacio cívico habilitador para asegurar la participación de las personas.

Aspiración

A partir del análisis de las problemáticas de este capítulo, la aspiración para este tema es:

Nuevo León tendrá un gobierno abierto que asegure la calidad de vida de las personas a través de una administración pública estatal eficaz, innovadora, incluyente y con plena rendición de cuentas.

Esta aspiración requiere consolidar un Gobierno inclusivo y abierto lo cual hará más factible el alcance de los demás objetivos del Plan Estratégico.

La Declaración del Gobierno Abierto (2011) establece cuatro compromisos:

  1. Implementar los estándares más altos de integridad profesional en la administración

  2. Incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales

  3. Incrementar el acceso a nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas

  4. Apoyar la participación pública de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas

Para medir el alcance de esta aspiración, se utilizará la Métrica de Gobierno Abierto cuyo último valor en 2021 fue de 0.44. La meta conservadora para el 2030 es de 0.61 y la optimista de 0.70.

A partir de esta aspiración, los compromisos de la Declaración del Gobierno Abierto y el ODS 16, “Paz Justicia e Instituciones Sólidas”, se han definido tres objetivos.

Objetivos y líneas estratégicas

1. Promover una gestión pública eficaz, eficiente, innovadora e incluyente.

Este objetivo atiende el primer compromiso del Gobierno Abierto y a la meta 16.6 de la Agenda 2030 para tener instituciones y funcionarios capaces y efectivos en la atención de los problemas a su cargo.

Para ello, resulta clave abordar la gestión pública como “la actividad de los servidores públicos y políticos, las estructuras y procesos ejecutivos del gobierno y el estudio sistemático de las actividades, estructuras y procesos de la administración pública” (Pollitt, C y Bouckaert, G, 2004).

Esto implica trabajar en cinco ámbitos:

  1. La integración de la administración pública estatal y la forma en que las políticas públicas son definidas e implementadas.

  2. La profesionalización y continuidad de las carreras de las y los servidores públicos, así como los recursos con los que cuentan para llevar a cabo su trabajo

  3. El uso de la tecnología como herramienta habilitadora de una gestión pública eficaz

  4. La construcción de un sistema de contratación pública eficiente, moderno y transparente

  5. La capacidad de atender a la ciudadanía efectivamente.

Para cumplir con este objetivo se definieron las siguientes cuatro líneas estratégicas:

1.1 Establecer una administración pública responsable, incluyente, capaz y que atienda oportuna y adecuadamente a las personas.

La inclusión de grupos, que históricamente han sido excluidos, en el diseño e implementación de políticas públicas es un primer paso para reducir las brechas de desigualdad.

Esta inclusión se debe dar tanto en la diversidad al interior de las instituciones de la administración pública como en los procesos de diseño e implementación de las políticas públicas.

Ampliar la diversidad de quienes ocupan cargos públicos a través de cuotas u otros medios contribuiría a la representatividad e inclusión de perspectivas que ayuden a cerrar las brechas de desigualdad con grupos vulnerables de la sociedad.

Además de procurar la diversidad dentro de las instituciones, debe profesionalizarse su ejercicio para incrementar su capacidad de gestión y respuesta. Debe entonces de invertirse en el personal tanto con un plan de carrera al interior de la administración como de capacitación continua.

Un servicio civil de carrera requiere definir una estructura de ingreso y ascenso basado en el mérito. Esto se puede lograr mediante procesos de contratación con exámenes de ingreso y el uso sistemático y periódico de evaluaciones de capacidades y desempeño para determinar ascensos.

El personal de servicio público debe contar con los espacios de capacitación necesarios para la adecuada evolución profesional de sus carreras. Adicionalmente, como en el sector privado, se necesitan esquemas de incentivos para atraer y retener talento.

La adopción de mecanismos de apertura y colaboración en la función pública con agentes de la sociedad civil pueden ayudar a generar mayor conocimiento y empatía en la sociedad sobre las necesidades y condiciones propias del servicio público. Por otro lado, esta cultura de participación abona a la construcción de políticas públicas más incluyentes.

Asimismo, es importante proveer al personal de servicio público los recursos materiales adecuados para cumplir con su trabajo. Para esto, se deben tener políticas de cuidado y renovación de activos, que evalúen el inventario, den mantenimiento y renueven lo necesario periódicamente.

1.2 Impulsar la transformación digital del Estado como herramienta habilitadora de una gestión pública eficaz y eficiente

La gestión pública se encuentra en constante exploración de nuevas formas de organización y administración que logran maximizar la eficiencia, la eficacia y la legitimidad.

La introducción de nuevas formas de gestión, el aprovechamiento de las tecnologías, la gestión de redes colaborativas, entre otros, son parte de esta constante experimentación que va configurando la gestión del siglo XXI (Velasco E, 2022).

Las instituciones públicas cuentan con la oportunidad de desarrollar una mayor cantidad de herramientas de transformación digital para optimizar sus procesos y atender a las personas de manera más rápida, ágil y adecuada.

Al respecto, los gobiernos de los países de la OCDE están cambiando progresivamente su enfoque en materia de prestación de servicios públicos digitales, y ha evolucionado de un modelo centrado en el gobierno a uno centrado e impulsado por las personas (A. Naser, 2021).

La construcción de soluciones digitales demanda una alta interrelación entre la gobernanza digital y una estrategia de transformación digital dentro de un círculo virtuoso para su implementación.

Establecer una gobernanza digital es clave para articular a los actores involucrados y detonar cooperación para la creación de valor público y la optimización de los recursos mediante el uso de tecnologías digitales (A. Naser, 2021).

Asimismo, contar con una estrategia de transformación digital que proponga una visión para la digitalización del gobierno y el futuro de la entrega de servicios y desarrollo de políticas públicas (OCDE, 2020).

Impulsar estrategias digitales pueden avanzar la transformación digital y atender desafíos en materia de gobierno, transporte, movilidad, seguridad y desarrollo productivo (CEPAL, 2022)

La crisis del COVID-19 ha dejado patente la necesidad de repensar la función pública y su operación, e invertir en infraestructura, conocimiento y capacidades digitales.

La digitalización del sector público es urgente para contar con servicios públicos digitales, trámites en línea, infraestructura de conectividad, y personal preparado para el teletrabajo y con las habilidades necesarias para el mundo digital (Santiso, C., & Ortiz de Artiñano, I, 2020).

Resulta oportuno promover estrategias de interoperabilidad y gobernanza de datos para mejorar la toma de decisiones y la gestión pública, con una administración adecuada de personas, procesos y tecnología (CEPAL, 2022).

Impulsar un mecanismo de identidad digital entre agencias y ministerios para la autenticación de las personas podría traducirse en interacciones con el Estado de forma más rápida, ágil e intuitiva (Barrios, C., & Cetina, C., 2022).

En el ámbito público, promover los servicios de computación en la nube con el fin de potenciar la infraestructura pública digital, considerando la identidad digital como elemento habilitador de la economía digital y un instrumento para promover la inclusión (CEPAL, 2022)

La transformación digital puede promover políticas e instrumentos que potencien la sostenibilidad para prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, los desastres naturales y las emergencias sanitarias.

La transformación digital productiva y sostenible incorpora aspectos sobre la economía digital, el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad en un contexto donde el cambio climático y la reducción del impacto ambiental son cada vez más relevantes (CEPAL, 2022).

Por otro lado, la transformación digital del sector público apoya la competitividad y la inclusión social poniendo énfasis en la estrategia de datos y en la política de ciberseguridad necesaria para proteger el ciberespacio (BID, 2022).

En materia de ciberseguridad, Nuevo León puede establecer espacios de coordinación y cooperación para el intercambio de información, la articulación público-privada, la protección de datos y respuesta a emergencias informáticas.

El Govtech es un ecosistema donde los gobiernos colaboran con startups, scale-ups y MIPYMES, que utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologías innovadoras, para proveer productos y servicios que resuelven retos públicos (Govtechlab, 2022).

Estos ecosistemas ofrecen oportunidades para nuevos emprendimientos y desarrollar mercados locales de proveedores digitales diversos y competitivos.

Para acelerar los procesos de transformación digital del Estado, se recomienda ver los modelos y estrategias impulsados en países como Estonia, Korea, Reino Unido y Canadá, países líderes en la materia.

1.3 Desarrollar un sistema moderno, eficiente y transparente de las contrataciones públicas.

Las contrataciones públicas representan una pieza esencial en la gestión pública ya que hacen posible la compra de bienes, obras y servicios vitales para las personas.

Desde la compra de medicamentos para hospitales, el arrendamiento de computadoras para los funcionarios públicos, hasta la construcción de carreteras.

Las compras públicas están vinculadas a una parte sustancial de los recursos públicos. Por ello, se espera que los gobiernos lleven a cabo las compras públicas de manera eficiente y con altos estándares de conducta para garantizar una alta calidad en la prestación del servicio (OCDE, 2022).

La contratación abierta puede contribuir a esta visión, ya que consiste en la divulgación y en el uso de información abierta, accesible y oportuna sobre las contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar de manera justa y eficiente.

La modernización de los sistemas de contratación pública puede tomar como referencia los principios globales para las contrataciones abiertas de Open Contracting Partnership18 en materia de divulgación proactiva, de participación, monitoreo y supervisión. Así como las Recomendaciones del Consejo de la OCDE (2015) sobre contratación pública.

Simplificar el sistema de contratación pública y su marco institucional resulta determinante para impulsar la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública y eliminar barreras administrativas y normativas que obstaculicen la modernización (OCDE, 2015).

Implementar el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA)19 representa un modo de modelar y publicar datos estandarizados a lo largo de todo el proceso de contratación pública, desde la planeación, las licitaciones, las adjudicaciones hasta la gestión de los contratos y su implementación (OCP, 2022).

En el mundo, los datos están reemplazando al papel. Diseñar un sistema electrónico transaccional de punta a punta que cubra el ciclo completo de la adquisición pública permitiría reducir los procesos en papel y apoyar las operaciones mediante la contratación electrónica.

La automatización del proceso reemplaza la interacción personal al colocarla en plataformas electrónicas; esto puede incrementar la eficiencia del sistema al reducir los costos de transacción y administrativos, así como de tiempo (OCDE, 2018).

Establecer una estrategia clara para delinear la función de las adquisiciones como una herramienta de política pública. Actualmente, se asocian las compras como una actividad puramente administrativa bajo un enfoque de cumplimiento normativo, en lugar de privilegiar un enfoque de valor por el dinero (OCDE, 2018).

Desde la década pasada, los países de la OCDE han incrementado la función de las adquisiciones como herramienta de políticas públicas para apoyar objetivos específicos. Por ejemplo, socioeconómicos, como la innovación o en favor de productos y servicios favorables al medio ambiente y con responsabilidad social (OCDE, 2018).

Ofrecer a los profesionales de la contratación pública un sistema de carrera atractivo, competitivo y basado en el mérito (OCDE, 2015). Esto implica que los profesionales de la contratación pública tengan un alto nivel de integridad, capacitación teórica y práctica.

En términos de transparencia y rendición de cuentas, publicar la información de todo el ciclo de la contratación en un solo portal público que concentre todas las entidades gubernamentales en un solo portal (OCDE 2018).

Finalmente, es imperativo que el Estado cuente con un sistema que proporcione datos e información acerca de indicadores básicos de adquisición pública que permita evaluar la eficacia del sistema de contratación pública, tanto en procesos concretos como en su conjunto (OCDE, 2018).

1.4 Lograr que los trámites sean necesarios, eficientes y eficaces.

Para atender efectivamente a la ciudadanía los trámites deben ser útiles, tener el menor número de pasos posible y a un costo competitivo en tiempo y dinero.

Esta eficiencia puede lograrse haciendo uso de herramientas tecnológicas como la digitalización de procesos y a través de la homologación de procesos entre distintas instituciones de gobierno evitando con esto, costosas duplicidades.

Por ejemplo, una ventanilla única de trámites podría reducir costos de traslado y facilitar procesos a la ciudadanía y al Gobierno. La adopción de la firma electrónica en la generalidad de trámites estatales, además de protección y seguridad, añadiría agilidad a los procesos.

También pueden incorporarse herramientas de Gobierno electrónico como la cadena de bloques (blockchain) que eliminen intermediarios y ofrezcan seguridad en la realización de trámites.

Estas herramientas no solo pueden hacer cumplir el marco regulatorio vigente de manera más ágil y segura, sino que pueden inclusive desincentivar la corrupción como se verá más adelante.

2. Fortalecer la rendición de cuentas en el servicio público.

Este objetivo aborda el segundo y tercer compromiso del Gobierno Abierto, incrementar la información de las actividades gubernamentales, así como el uso de la tecnología e innovación para la rendición de cuentas.

La responsabilidad de la rendición de cuentas en la función pública se da en tres dimensiones:

  1. Dar a conocer qué se ha hecho, cómo y con qué resultados

  2. Asegurar el uso eficiente de los recursos públicos sin corrupción

Asimismo, es consistente con la meta 16.5 de los ODS “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.

Se definieron tres líneas estratégicas para cumplir con este objetivo:

2.1 Promover la transparencia proactiva.

Por supuesto, la transparencia en la función pública implica el cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo, el verdadero propósito de un gobierno transparente es que la información sea clara, útil y que ayude a la ciudadanía a entender cómo se toman las decisiones y el impacto del uso de recursos.

El propósito final de esta línea estratégica es usar la transparencia proactiva20 para resolver las necesidades de información que permitan a la ciudadanía tomar mejores decisiones, realizar trámites de forma eficiente e identificar irregularidades en la acción pública.

Los elementos mínimos de la transparencia proactiva son el exceder la norma legal de acceso a la información; que responda a demandas de la sociedad; que resulte de una consulta amplia de fuentes de información; que cuente con características de calidad; que se dé a conocer por medios de difusión y que haya una evaluación constante de dicha información (SFP, 2019).

Para esto, se puede implementar una plataforma de datos abiertos que facilite el acceso y uso de la información pública a la ciudadanía más allá de lo contenido en la Ley. Además, el gobierno podría establecer canales de atención directa a la ciudadanía con el fin de dar atención inmediata y ayudarles a entender la información solicitada.

Adicionalmente, encuestas digitales en puntos de contactos con trámites y servicios pueden contribuir a la detección de áreas de mejora a través de la retroalimentación de la ciudadanía.

2.2 Reducir considerablemente la corrupción en todas sus formas.

La corrupción consiste en la apropiación de recursos públicos hacia fines privados.

Reducirla conlleva construir mecanismos que reduzcan el monopolio de las decisiones públicas y los espacios de discrecionalidad, al mismo tiempo, que se incrementa la rendición de cuentas21.

Implementar el modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público22 contempla un conjunto de herramientas y metodologías que tienen como propósito identificar y mitigar de manera preventiva aquellos riesgos de corrupción que se pueden presentar en procesos, operaciones y conductas dentro de una institución pública (PNUD, 2020).

La implementación de este modelo propone espacios de colaboración y cocreación para incrementar la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana a la gestión pública.

El involucramiento de múltiples actores y sectores puede modificar el estado social que normaliza la corrupción. Los mecanismos para combatir la corrupción desde un enfoque de agencia23 (mecanismos de supervisión y de castigo) se vuelvan menos efectivos; por lo que, se recomienda abordar acciones colectivas.

Estos mecanismos pueden utilizar la tecnología para reducir la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Herramientas como blockchain pueden contribuir al combate y prevención de la corrupción al mejorar los procesos haciéndolos más fáciles, más abiertos y menos costosos lo cual reduce los incentivos para incurrir en actos de corrupción.

Ampliar la vigilancia colectiva en las instituciones públicas puede contribuir a prevenir, detectar y en última instancia actuar ante actos de corrupción. Una forma de lograr esto es mediante la capacitación de quienes integran los órganos internos de control en las distintas instituciones públicas para poder actuar de manera rigurosa y efectiva ante posibles sucesos.

El impulso de la participación de la ciudadanía en los procesos, como sucede con los testigos sociales, que hoy pueden identificar irregularidades en procesos de adquisiciones, puede ayudar a detectar actos de corrupción. Robustecer y ampliar el alcance de esta figura a todas las licitaciones ayudará a mejorar su efectividad.

Fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucionales para compartir información y formalizar canales de comunicación puede reducir tiempos, costos e incrementar la efectividad de las acciones contra quien comete un acto de corrupción.

Asimismo, promover la recuperación de recursos perdidos por actos de corrupción ayudaría a disminuir su impacto y a desincentivar su incidencia.

El uso de tecnologías que faciliten la generación y recolección de evidencia podrían agilizar los procesos de determinación de responsabilidad y sanción de quien comete un acto de corrupción.

El uso de grupos de trabajo interinstitucionales para la coordinación y cooperación internacionalmente y entre los distintos órdenes de Gobierno puede evitar perder el rastro de los activos robados. Finalmente, publicar los resultados para evidenciar que la corrupción tiene un costo para quien la realiza y que la ciudadanía pueda recuperar lo perdido contribuiría indirectamente a reducir los incentivos de cometer actos de corrupción.

2.3 Promover la integridad pública

En el control de la corrupción, una respuesta estratégica y sostenible de largo plazo consiste en impulsar la integridad pública.

La integridad pública se refiere a la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público (OCDE, 2017).

De acuerdo con la OCDE, articular una estrategia de integridad pública implica establecer un sistema de integridad, una cultura de integridad y un modelo de rendición de cuentas eficaz.

Desarrollar un sistema de integridad pública coherente y completo debe incorporar responsabilidades definidas en la administración pública, prioridades y objetivos estratégicos, así como indicadores. Asimismo, definir con claridad normas de conducta para los funcionarios y procedimientos simples que ayuden a gestionar conflictos de interés reales o potenciales.

Promover una cultura de integridad pública que abarque al conjunto de la sociedad para fomentar que el sector privado, la sociedad civil y las personas mantengan esos valores como una responsabilidad compartida. Por ejemplo, ofrecer información, formación y orientación oportuna para la implementación de normas de integridad pública en los centros de trabajo.

Implementar una rendición de cuentas eficaz mediante un marco de control y gestión de riesgos que salvaguarde la integridad en las entidades del sector público. Así como reforzar el papel de la supervisión y control externos.

Finalmente, resulta importante fomentar la integridad pública en todas las fases del proceso político y del ciclo de las políticas públicas. Por ejemplo, la introducción de medidas de transparencia en las actividades de lobbying, en el financiamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales.

3. Fomentar la participación pública en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales.

El cuarto compromiso del Gobierno Abierto aborda el fortalecimiento de la participación cívica o pública, lo cual esta alineado con la meta 16.7 de los ODS para asegurar políticas públicas representativas e inclusivas.

Este objetivo busca transitar de la participación ciudadana nominal, basada en el voto, a una significativa e incluyente, donde se represente la diversidad social, y en la que las ideas, experiencia y conocimiento de las personas sean incorporadas en el proceso de diseño y toma de decisiones públicas.

La participación ciudadana habilita un proceso más democrático para la formulación de las políticas públicas con mayor transparencia, inclusividad, legitimidad y rendición de cuentas. Aumenta la confianza en el gobierno y las instituciones al brindar a las personas un papel central en la toma de decisiones públicas. (OCDE, 2022).

Al integrar la experiencia y conocimiento de las personas, las instituciones tienen una mejor comprensión sobre cómo resolver los problemas públicos, para una entrega de mejores resultados.

Involucrar a ciudadanos y partes interesadas (stakeholder) en los asuntos públicos es igualmente importante; sin embargo, su participación no debe tratarse de forma idéntica (OCDE, 2022).

Al referirse a estos grupos, se recomienda hacer la siguiente distinción:

  • Las partes interesadas se refiere a las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, academia, medios de comunicación y el sector privado.

  • Ciudadanos24 refiere a individuos, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual, religión y afiliación política.

Para efectos de este objetivo, se abordará la participación pública25 como el involucramiento de todas las personas en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas públicas.

Además, este objetivo complementa la existencia de instituciones diversas e incluyentes para poder consolidar políticas públicas representativas.

La participación de las personas solo es significativa si se le convoca con un propósito específico y es responsabilidad del Estado subsanar las limitantes de tiempo y recursos de las personas para que puedan ejercer su derecho a la participación.

Para su ejecución, el objetivo cuenta con las siguientes tres líneas estratégicas:

3.1 Promover gobierno abierto en el ciclo de las políticas públicas.

Gobierno abierto es un nuevo modelo de gobernanza democrática que busca revitalizar la confianza ciudadana en la acción pública.

Este paradigma es al mismo tiempo una cuestión de gestión pública, una cuestión de poder político, y en conexión, una cuestión de gobernanza democrática26 (González A, 2017).

El gobierno abierto tiene implicaciones teóricas y prácticas para replantear el involucramiento de las personas en la toma de decisiones públicas.

De acuerdo con el modelo teórico del Sistema Nacional de Transparencia, el gobierno abierto se refiere a “un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos” 27 (SNT, 2016).

De forma práctica, las iniciativas de gobierno abierto parten del consenso que es trabajo colaborativo (Gobierno - Sociedad) para resolver problemas públicos mediante el acompañamiento de cuatro principios rectores: la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación.

Consejo Nuevo León es un ejemplo de un espacio institucionalizado bajo el modelo de gobierno abierto para detonar la colaboración pública e incidir en el diseño de política pública y la toma de decisiones. Contribuye a la inclusión, al involucrar a sectores cada vez más amplios de la población, no solo en sus comisiones de trabajo sino a través de plataformas tecnológicas y consultas ciudadanas.

El Consejo es un órgano consultivo del Ejecutivo, cuya misión principal es convocar a representantes de todos los sectores de la comunidad -academia, sector privado, sociedad civil y Gobierno- para realizar la planeación estratégica del Estado, acompañar con conocimiento y análisis su implementación, así como monitorear y evaluar sus resultados.

Otro ejemplo de este paradigma se identifica a través de la Coalición Nuevo León Abierto28 que en mayo de 2022 ingresó al programa OGP Local29 de Open Government Partnership30.

Tras un proceso de cocreación, la Coalición Nuevo León Abierto publicó el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2022 - 2024 de Nuevo León31 que incluye 8 compromisos de gobierno abierto para resolver problemas públicos relacionados con participación infantil y adolescente, innovación, movilidad, transparencia proactiva, violencia, desarrollo urbano, servicios públicos y anticorrupción.

Recientemente hay un incremento en el interés por el gobierno abierto como resultado de las innovaciones en las formas de colaboración, cocreación, cogestión y corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno en la gestión pública (Bañón R & Tamboleo R, 2014).

Establecer e implementar una estrategia de gobierno abierto permitiría avanzar la agenda y promover iniciativas en la materia, junto con metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo (OCDE, 2017)

El uso de herramientas de Gobierno abierto32 e instrumentos de cocreación y codiseño de las políticas públicas33 aprovechando la tecnología, son formas de ampliar el alcance de la participación de las personas en procesos gubernamentales y de política pública.

Espacios virtuales de intercambio de información, de discusión y de propuestas son algunas herramientas tecnológicas que pueden facilitar la participación. Por otro lado, se debe visibilizar el impacto de la participación ciudadana en temas públicos específicos, para de esta manera, incentivarla.

Diseñar plataformas participativas digitales y abiertas puede reducir las barreras de entrada para la ciudadanía, así como acercar mecanismos de participación a sus espacios de trabajo y esparcimiento por medio de la colaboración con municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, se pueden llevar a cabo ejercicios de cocreación y retos ciudadanos, tales como la invitación a las personas a documentar elementos de la vida cotidiana sobre los cuales no hay datos, como pueden ser las rutas de transporte o de bicicletas, para diseñar la movilidad.

Un ejemplo de lo anterior, es el Multi-City Challenge en 2020 en el que se convocó a algunos municipios de Nuevo León para resolver retos de sustentabilidad.

3.2 Fomentar la innovación pública en las instituciones públicas para garantizar una atención ciudadana eficiente y responsiva.

Innovar ha dejado de ser una “moda” para convertirse en una necesidad cotidiana de los gobiernos. Nuevas exigencias, nuevas actitudes y nuevos retos plantean la necesidad de construir nuevas estructuras, nuevos procesos, nuevos servicios, pero sobre todo nuevas formas de gobernar (Cejudo G, 2016).

La innovación en el sector público se refiere al proceso de adopción de ideas y prácticas organizacionales/de política pública que son nuevas para una organización pública o un proceso/servicio público determinados (OECD, 2015)

Impulsar procesos de innovación gubernamental requiere mucho más que buenas ideas y creatividad. En su lugar, implica un proceso reiterativo para romper con la inercia administrativa de las estructuras institucionales y las capacidades instaladas en el servicio público.

La OCDE (2015) ofrece un marco de referencia que permite organizar conceptualmente y clasificar ideas y conceptos interrelacionados a lo largo de dos dimensiones: el nivel de análisis y los atributos organizacionales que influyen en la innovación del sector público34.

Derivado de ello, la OCDE recomienda atender cuatro áreas prioritarias, para habilitar la innovación del sector público.

Invertir en la aptitud y capacidad de los funcionarios públicos. Esto incluye desarrollar la cultura, los incentivos y las normas para facilitar nuevas formas de trabajo.

Facilitar el flujo libre de información, datos y conocimiento para la toma de decisión estratégica y operativa. Sin embargo, la información por sí sola no es suficiente; las instituciones deben promover el diseño de sistemas que les permita explotarla.

Promover estructuras organizacionales más abiertas y horizontales. El co-diseño, el diseño centrado en el usuario y la etnografía a través de asociaciones multisectorial, laboratorios de innovación y proyectos piloto permiten alinear mejor el talento humano y los recursos para impulsar el diálogo, la experimentación, la toma de riesgos, y la resolución de problemas.

Facilitar la entrega de servicios públicos mediante reglas razonables y procesos simples.

3.3 Desarrollar un espacio cívico propicio para una participación pública incluyente y representativa.

La participación de todas las personas en los asuntos públicos debe ser inclusiva y abierta.

Desarrollar un espacio cívico es un medio para fomentar la participación pública de una manera más accesible, inclusiva y representativa.

El espacio cívico constituye el entorno propicio para que la sociedad civil desempeñe un papel en la vida política, económica y social. Concretamente, permite a las personas y a las partes interesadas (stakeholders) contribuir a la formulación y aplicación de políticas que afectan sus vidas al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones (ACNUDH, 2022).

Nutrir este espacio cívico es clave para que todas las personas intervengan en él desde perspectivas plurales, diversas y multidimensionales. Mediante sus voces y propuestas, las personas pueden contribuir significativamente en la resolución de los problemas públicos.

Generar las condiciones necesarias para la participación pública es responsabilidad del Estado.

La institucionalización de la participación ciudadana dentro de la estructura orgánica de la administración pública estatal es una buena práctica; toda vez que, se asegura el diseño de planes, programas presupuestarios y políticas públicas en la materia.

Para participar se necesita, además de tiempo y recursos, de conocimiento, competencias y voluntad, que varían enormemente en una sociedad diversa.

La formación de las personas requiere del involucramiento de la sociedad en general, no solo de los servidores públicos, sino de educadores, padres y madres de familia, sector privado, organizaciones civiles, entre muchos otros.

Además de la educación formal, se debe ofrecer información y herramientas para la participación ciudadana en espacios digitales y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Abrir la mayor cantidad de espacios de aprendizaje en coordinación con otros actores, como lo son los laboratorios de ciudad implementados globalmente o la planeación participativa para espacios públicos, que sirvan para resolver problemas comunitarios de manera colectiva son clave para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su entorno.

Además, se puede impulsar la participación comunitaria a través de la construcción de vías institucionales para promover el bienestar comunitario y los entornos autogestivos.

Realizar eventos conjuntos para ejercitar el uso de mecanismos de participación ciudadana es un ejemplo de la formación práctica de competencias. También se pueden desarrollar instrumentos de aprendizaje que van desde manuales hasta centros de conocimiento.

Una vez que la ciudadanía tiene información y competencias para la participación, son los espacios e instrumentos los que materializan y fortalecen la participación en línea con las metas 16.8 y 17.17 de la Agenda 2030.

Esto se logrará asegurando que el diseño de estas herramientas atienda las características particulares que dificultan el acceso a la ciudadanía para participar. En este mismo sentido, es importante continuar con la Encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana porque brinda un panorama de la percepción y participación de las personas en Nuevo León.

Es importante también hacer un diagnóstico de instrumentos o procesos participativos existentes para evaluar su pertinencia y alcance para proponer espacios de innovación de acuerdo a lo acontecido en contextos similares.

Es posible también aprovechar las tecnologías digitales para abrir nuevos espacios virtuales que disminuyan algunas barreras de acceso y asimetrías de información para la ciudadanía. Además, se debe impulsar el establecimiento de marcos normativos que permitan una adecuada operación del proceso.

Comments
205
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Alejandra Silva:

personas servidoras públicas

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Andrea R:

bajo qué criterios?

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Andrea R:

qué tipo de diseño? abierto, colaborativo, digital, electrónico?

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Andrea R:

las personas servidoras públicas

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Andrea R:

Sería ideal que el capítulo incluyera algunos puntos que resumieran de manera muy puntual la “aspiración“

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Andrea R:

Excelente! No limitemos a solo ciudadanía

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Andrea R:

Es muy importante visibilizar los beneficios de hacer GA para las personas de Nuevo León.

Con esta forma de trabajar se promueve una gobernanza de cercanía que facilite el diálogo entre partes y resuelva verdaderamente problemáticas públicas

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Andrea R:

Gobierno Abierto es un cambio cultural, una transformación hacia una forma distinta de hacer las cosas. Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gobernanza colaborativa en donde la apertura, la transparencia, la participación de las personas, la rendición de cuentas, y la innovación (cívica y tecnológica) coinciden, para que el gobierno sea más eficaz y responsable y logremos una mayor prosperidad, bienestar y dignidad humana, a través de un trabajo en red y de responsabilidades compartidas.


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Andrea R:

Necesario hablar de acción y no sólo de promoción

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Andrea R:

Otro ejemplo es la semana de la participación 2022, enfocada en Gobierno Abierto (https://www.semanadelaparticipacionnl.mx) o la instalación del Consejo Consultivo de la Secretaría de Participación del GENL

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Andrea R:

violencia de género

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Andrea R:

tanto cívica como tecnológica

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Andrea R:

importante considerar una participación inclusiva

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Andrea R:

hacer referencia al país, suponiendo que este documento se revise fuera de México

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Andrea R:

de las personas / habitantes. Debemos considerar que el concepto de ciudadanía es excluyente en algunos casos. No podemos omitir que la entidad tiene un flujo migratorio importante, de igual forma infancias y adolescencias deben ser tomadas en cuenta

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Andrea R:

gobernanza colaborativa

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Roberto Olvera:

La puesta en marcha de un expediente unico digital para personas fisicas y morales reduciria significativamente los costos de presentar la misma documentacion para cada tramite a efectuar.

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Xavier Baillères:

Coincido con muchos de los diagnósticos que se lograron en este capítulo y de acciones a tomar.

1° Para lo gran un cambio trascendental y duradero se debe de empezar ya a promover la participación e involucración ciudadana, donde la mayoría considera que por salir a votar ya es suficiente.

2° Don en la medida que logremos la planeación de lo que cada manzana requiere, de lo que se puede hacer, como, en que plazo y con que recursos; en esa misma forma y tiempos vamos a contar con un plan estratégico de cada comunidad. Donde la suma de ellas nos dará el Plan de Desarrollo de cada Municipio.

3° En paralelo, el mismo plan estratégico nos va a exigir el perfil del puesto que se requiere y el organigrama para llevarlo a cabo.

4° Al contar con una estrutura y perfil de puestos, podremos evaluar las habilidades ejecutivos, conocimientos y experiencia que tienen los que ocupen esas plazas de empleos de servicio publico vs el que se requiere. Para de ahi partir en que gente es la que se requiere y conseguirla a través de Headhunters y/o referencias.

5° Evitamos el pase de charola de los candidatos, el compadrismo e ineptitud de personas que no tienen el perfil del puesto; y se logra que solamente aquellas personas que cumplan con el perfil independientemente del partido que representen, podrán ser candidatos.

6° Al tener un plan estratégico consolidado de abajo hacia arriba, lo que se requiere es de gente que lo ejecute y no de querer cada termino de gobierno inventar el hilo negro y perder continuidad en el desarrollo sustentable.

7° Promover el cambio en la constitución del Estado y Municipios de NL; para que exista un consejo ciudadano que actúe como la asamblea de accionistas de una empresa, donde la persona que tenga un puesto dentro de la organización; si no cumple va para fuera.

NOTA: TODO ESTO LA ORGANIZACIÓN TUDSID LO ESTA HACIENDO DONDE TU Y CADA UNO DE LOS QUE QUEREMOS EL CAMBIO SOMOS PARTE DE ELLA, NO ES PARTIDISTA NI TIENE PREFERENCIAS, SOLAMENTE PROMUEVE Y FACILITA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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Xavier Baillères:

Como ya se menciono, anteriormente, para lograr la transparencia y un gobierno eficaz se tienen que medir las cosas, de lo contrario es una mera ilusión.

Asi mismo se debe de calificar los desempeños y que mejor que sea los ciudadanos

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Lorena Pulido:

La sistematización y centralización de estas interacciones comunidad-gobierno generan información valiosa que deben activar y fortalecer ciclos de retroalimentación.

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Lorena Pulido:

No obviaría el hecho de que para digitalizar necesitas primero trabajar en establecer procesos y que dichos procesos no pueden construirse con un foco administrativo, sino sistémico y UX. Si diseñamos centrados en las personas usuarias, no podremos acotarnos a atribuciones de un área particular sino conectar y romper silos.

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Lorena Pulido:

Uno de los problemas es que Gobierno desaprovecha las interacciones que sostiene con la comunidad en su actuar diario y éstas están pulverizadas, así que no registra, integra ni analiza información valiosa que debería retroalimentarle (sin esfuerzo adicional para las personas). Terminamos activando procesos de participación para conocer información que ya nos entrega la comunidad vía procesos de atención, comunicación y operación.

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Lorena Pulido:

…son escasos, reactivos y no son del todo accesibles.

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Lorena Pulido:

Persiste obsolescencia y un inadeacuado uso de tecnologías…

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Lorena Pulido:

Pasaron 5 años para que se reglamentara en el ejecutivo estatal porque aún hay municipios que no han reglamentado y, por ende, hay figuras que no se encuentran activas (ej. presupuesto participativo)

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Lorena Pulido:

Me encanta que hablemos de participación pública!

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Maria Teresa Villarreal:

Trabajar en un perfil adecuado a las necesidades del personal que labore en distintos puestos de gobierno, cumpliendo las competencias, habilidades y valores, necesarios para garantizar el exito de los programas y continuidad de los mismo en otras administraciones.

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Lorena Pulido:

La corrupción ocasiona también controles adicionales y burocracia que impactan la acción, e impiden o dificultan el acceso a derechos.

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Lorena Pulido:

La dificultad en la atracción de talento especializado responde a causas diversas, no es exclusiva de la diferencia salarial

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Lorena Pulido:

dignificación y profesionalización

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Lorena Pulido:

Adicional a la incorporación de tecnología, se debe incorporar el concepto de diseño de servicios, procesos y experiencias centradas en la persona usuaria

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Lorena Pulido:

…que habilite la operación eficaz y la innovación pública.

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Lorena Pulido:

Solo el 17%…

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Fernando Gómez:

No toda la innovación pública es gobierno digital.

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Fernando Gómez:

Debemos considerar la eficiencia y la eficacia dentro de estos requisitos.

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Fernando Gómez:

No hablamos de algo importante, la EFICIENCIA y EFICACIA de estas instituciones. No solo se trata de cumplir con el deber del servicio público, sino de buscar, en la manera de lo posible que sus procesos, eñ quehacer y la política púbica elaborada deben ser eficientes y eficaces.

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Mar Álvarez:

Sería rico que se ampliara la reflexión en torno a la inoperancia del Sistema con insumos como los generados por ITACDIGITAL y Consejo Cívico

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Mar Álvarez:

Se sugiere “Las personas habitantes de Nuevo León”

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Mar Álvarez:

Percepción no debería llevar mayúscula

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Mar Álvarez:

Sería bueno complementar esta información con los datos aportados en este mismo rubro por la encuentra Así vamos

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Mar Álvarez:

Se sugiere “Personas funcionarias” para incluir también a las funcionarias

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Andrea R:

sugiero personas servidoras públicas

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Mar Álvarez:

Se sugiere comenzar a hablar de participación de las personas, o, simplemente, participación para no dejar fuera a personas migrantes o niñas, niños y adolescentes

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Nissi Valdovinos:

Esto lo pondría mucho más al inicio, pensando en que como estamos acostumbradxs llega un nuevo gobierno y lo primero que se hace es desechar las políticas, programas, etc que se tenían anteriormente cuando lo pertinente es evaluar y poder tener un punto de partida para comenzar a implementar.

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Andrea R:

De acuerdo con el comentario, se necesita hablar de una visión de continuidad transexenal

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Nissi Valdovinos:

Aunque es muy pertinente hablar de transparencia proactiva lo que es una realidad es que en la activa aún hay demasiadas carencias en la calidad de la información que se genera, por eso creo importante incluir en este apartado, MEJORAR la transparencia activa y promover la proactiva.

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Nissi Valdovinos:

No sólo es INCREMENTAR, ya que a veces el problema no es la cantidad sino la CALIDAD y pertinencia de la información, entonces especificaría en este sentido.

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Nissi Valdovinos:

Creo que una mejor redacción sería:

Lograr que los trámites sean fáciles/sencillos*, eficientes y eficaces.

*Con la palabra necesario se entiende o puede darse a entender que sean de alguna manera “requeridos u obligatorios”.

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Nissi Valdovinos:

Es importante que este portal sea construido con UX para que sea amigable y útil, ya que no es algo innovador implementar por implementar plataformas de esta naturaleza, muchas han quedado en el olvido y no se actualizan ni se utilizan.

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Nissi Valdovinos:

Esto es muy importante, gestionar una interoperabilidad y colaboración en las diferentes dependencias tanto de la administración central como de las descentralizadas e inclusive autónomas. Aquí la cuestión es lo que costaría, por ejemplo, resguardar los datos personales y tener cuidado con el manejo de datos en la nube, se debe contemplar también estos alcances en las líneas estratégicas.

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Nissi Valdovinos:

No me queda clara esta redacción, ¿sería más bien el nivel de involucramiento de las personas… está condicionado a la oferta de bienes, servicios, etc..?

Considero que no se entiende bien si es esa idea que propone este párrafo.

?
Nissi Valdovinos:

Además de que no está redactado como problema, alude nuevamente a una culpa a la ciudadanía, cuando se debe generar de parte del gobierno las condiciones para dicha participación, en ese sentido, redactaría el problema de la siguiente manera:

”El gobierno carece de una gestión gubernamental inclusiva y eficiente que propicie las condiciones óptimas para que todas las personas participen en la toma de decisiones públicas”

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Nissi Valdovinos:

Sería bueno en este apartado añadir las cifras que se tengan de delitos de los servidores públicos o de denuncias de abuso de autoridad, así como los mecanismos con los que se cuenta para hacer frente a ello o en el caso de no haber señalizarlo.

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Nissi Valdovinos:

El reto es sobre rendición de cuentas, sin embargo, en el contenido se habla más bien sólo de transparencia. Ajustaría el título del reto a:
”Los mecanismos de apertura de información y la rendición de cuentas del gobierno son escasos y no son completamente accesibles”

Adicionalmente pondría un párrafo abajo que abordara una justificación de por que los mecanismos de rendición de cuentas son escasos.

Es importante dejar claro que la transparencia es solo una parte de la rendición de cuentas no intercambiar ambos conceptos…

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Nissi Valdovinos:

Precisaría de la siguiente manera:
”el gobierno tiene el gran reto de generar información de calidad, en formatos abiertos y accesibles, que sean liberados de manera oportuna para que sea útil para todas las personas”

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Nissi Valdovinos:

Cambiaría “no son completamente accesibles”

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Héctor Manuel Murguia Moreno:

tiene un marco normativo de gobierno digital obsoleto el cual no permite la habilitación de la

LEY SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y FOMENTO AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

Última Reforma: 4 de Julio 2013

https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_sobre_gobierno_electronico_y_fomento_al_uso_de_las_tecnologias_de_la_informacion_del_estado/

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Jesús Cruz:

En esta se tiene que llevar un mejor control, que sea integra y sin corrupción, que ya no ocurra lo que siempre hacen los encargados de obras públicas, donde se les da un monto exclusivamente para una obra y ellos para “ahorrar” y llevarse dinero a la bolsa, destinan materiales que no tienen la calidad ni la durabilidad y que no son los adecuados y que con el paso del tiempo nos podemos dar cuenta el mal manejo del recurso que se utilizo y la mala manera de hacer esas obras con las empresas que no tienen la capacidad.

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Jesús Cruz:

El gobierno se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, a usar nuevas herramientas que hagan el trabajo más fácil y eficaz, seguro también y que nos benefician a todos, llevando un mejor control y más detallado y sobre todo rápido

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Juan Briones:

Robustecer y generar nuevas leyes referentes al cuidado de información de los usuarios. Lo anterior no solamente a situaciones de vulnerabilidades donde personas externas busquen acceder a los datos, sino también limitar el acceso a los mismos por parte de personas cercanas al sistema, ejemplo: “trabajadores del estado”.

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Jesús Cruz:

Se debe de tener un máximo control en estas instituciones, de poner a cargo a funcionarios públicos o personas verdaderamente capaces, integros y de una buena trayectoria, que rindan cuentas y sean transparentes

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Juan Briones:

Buscar apoyo al crear un Hub tecnológico, además de buscar asesoría de países destacados en materia de ciberseguridad.

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Juan Briones:

No solamente orientado a un sentido de “implementar hoy, para dar servicio mañana”, sino también digitalizar todo el registro existente de datos en todas las instituciones. Esto es recabar, por ejemplo: “expedientes de hace años de establecimientos de trámites o salud”.

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Juan Briones:

Implementar soluciones de nube, no solamente para los ciudadanos, sino también para los servidores públicos. Esto llevaría a la eficiencia laboral a otro nivel, donde tareas repetitivas pasan a un segundo plano, y existe así, más tiempo para actividades de alto valor.

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Juan Briones:

Creación de un sistema amigable, y con lenguaje “universal”, donde todos sus usuarios sean capaces de entenderlo. Se buscaría el invitar a participar activamente, evitando el que sea complejo, situación que pueda “ahuyentar” a las personas de adoptarlo en su día a día.

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Juan Briones:

La digitalización del sistema, y con apoyo de herramientas existentes para la detección de corrupción en sistemas con el uso de inteligencia artificial, puede apoyar a fortalecer el sistema.

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Juan Briones:

Implementar sistemas de auditoría y control interno, de tal manera que siempre exista un rastro de las acciones realizadas en el sistema interno. Además, limitar el acceso y control de los empleados estatales en las mismas, dejando filtros que pueden ser automatizados con Inteligencia Artificial, con el fin de disminuir la corrupción.

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Juan Briones:

No limitarse al servicio de trámites, sino a todo lo que el gobierno estatal pueda ofrecer. Digitalizar a Nuevo León de tal manera que sea idéntica su versión física (establecimientos), como su versión digital.

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Juan Briones:

Buscar adoptar un sistema similar al “Fintech”, donde la atención y servicio es 100% en línea. Se puede buscar asesoramiento por empresas del giro comercial, o bien, por países donde ya se hayan implementado dinámicas similares.

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Juan Briones:

Centralizar los datos del usuario con el fin de hacerlos válidos, desde un mismo lugar (dispositivo), ante todos los organismos gubernamentales del Estado.

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Juan Briones:

Hacer uso de tecnologías tipo “blockchain” para la autenticación y validación de datos.

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Juan Briones:

Hacer énfasis en el uso de tecnología de terceros, debido a que en un corto plazo existen ahorros en tiempo y recursos económicos para hacerlo posible.

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Juan Briones:

Incentivar la creación de un Hub Tecnológico con el fin de generar soluciones a la medida del Estado, con base a la realidad y necesidades del mismo.

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Juan Briones:

Implementar una alta colaboración con universidades locales, para así proporcionar a los estudiantes una perspectiva de qué es lo que necesita el Estado. Además, el poder brindarles herramientas desde punto de vista del gobierno.

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Nissi Valdovinos:

Para ampliar y democratizar los servicios no solamente tiene que ver con lo digital, sino también con la accesibilidad de instalaciones, reducir costos de trámites, etcétera…

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Juan Briones:

Recomiendo extender la explicación de esos tres puntos, para una mayor comprensión.

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Nissi Valdovinos:

Además agregar que las y los neoloneses identifican que también tienen parte de esta responsabilidad:

Al preguntar quién consideran que es más corrupto, el gobierno (48.6%) se posiciona en primer lugar, seguido de “todos, incluyendo a usted” (32%) de acuerdo con la Encuesta Así Vamos 2022.

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Nissi Valdovinos:

De acuerdo a la Encuesta Así Vamos 2022 Al preguntar qué tipo de trámite o contacto para quienes respondieron que sí experimentaron corrupción, la mayoría contesto en contactó con tránsito (51%), seguida de contacto con la policía 21.1%.

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Nissi Valdovinos:

De acuerdo con la Encuesta Así Vamos 2022:
El 70% de la población considera que es frecuente o muy frecuente la corrupción en el estado de Nuevo León, este porcentaje, a pesar de ser alto, es 9.4 puntos porcentuales menor que en 2021.

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Nissi Valdovinos:

Sería bueno especificar si es solo al gobierno central o a cuáles dependencias se está contemplando dentro de este promedio.

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Nissi Valdovinos:

Sería bueno explicar y ahondar tanto en el diagnóstico como en las expectativas de meta si son y serán 100% digitalizados o en qué grado están de acuerdo a los cuatro niveles de madurez de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU). https://www.gob.mx/wikiguias/articulos/criterios-de-digitalizacion-de-tramites-y-servicios-digitales

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Ernesto Ibarra:

Hay un concepto muy importante para medir la eficiencia de gobiernos subnacionales en los trámites que es el Costo Económico Social (CES) es el tiempo necesario desde que un ciudadano o empresario obtiene la información de un trámite que debe realizar, hasta que la dependencia correspondiente emite el resolutivo final.

Me parece que vale la pena incluirlo.

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Ernesto Ibarra:

Promover la integridad y la ética en el servicio público.

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Ernesto Ibarra:

Reducir y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción

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Xochitl [email protected]:

ESTO PERFECTO!!!1

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Xochitl [email protected]:

Definir mejor como a través de la relaciones publicas obtenidas se adquieren beneficios para la sociedad en cuanto a bienes , servicios e infraestructura publica

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Xochitl [email protected]:

ser aplicada en diversos campos, en donde una persona o a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto o acontecimiento.

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Xochitl [email protected]:

En donde se pueda expresar de manera abierta y natural y tomar en trasparentara mejorar los funcionamientos gubernamentales

?
Xochitl [email protected]:

Debido a toda la inseguridad incurrida en los últimos años en tanto instituciones de gobierno como en la sociedad

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Ernesto Ibarra:

Promover la integridad y la ética como ejes rectores del servicio público

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Ernesto Ibarra:

Promover la transparencia proactiva y gobierno abierto

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Ernesto Ibarra:

Fortalecer los mecanismos para asegurar una efectiva rendición de cuentas en el servicio público.

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Xochitl [email protected]:

Trabajar para poder ofrecer diversos funcionamientos de transparencia y seguridad en cuanto a la comunidad

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Ernesto Ibarra:

Nuevo León tendrá un gobierno abierto que asegure la calidad de vida de las personas a través de una administración pública estatal eficiente, eficaz, innovadora, incluyente, transparente y con plena rendición de cuentas.

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Ernesto Ibarra:

Es un adjetivo difícil de medir y evaluar, vuelve subjetivo la línea de acción.

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Samuel Ramírez:

Es muy relevante que se incluya en esta revisión la vinculación entre la corrupción y la afectación al goce efectivo de los derechos humanos.

1.- CONSTITUCIÓN DE NUEVO LEÓN

Artículo 19.- Todas las personas tienen derecho a una buena administración pública de carácter receptiva, eficaz y eficiente y a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; así como a vivir en un ambiente libre de corrupción.

2.- Véase: Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos : Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de diciembre de 2019 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. p. ; cm. (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.L/V/II).

3.- Véase también: Impacto de la corrupción en los derechos humanos Prólogo de Luis Almagro Editores Carlos Tablante Mariela Morales Antoniazzi Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro México, 2018.

4.- Igualmente véase: RECOMENDACIÓN No. 34 /2018 SOBRE EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA MÉXICOCUERNAVACA, CONOCIDO COMO “PASO EXPRÉS”, Y POSTERIOR SOCAVÓN OCURRIDO EL 12 DE JULIO DE 2017, EN CUERNAVACA, MORELOS, QUE DERIVÓ EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE V1 A V7. Ciudad de México, a 8 de octubre de 2018 .

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Samuel Ramírez:

¿Fuentes?

Se sugiere ver los reportes del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (Consejo Cívico).

https://consejocivico.org.mx/noticias/2021/12/10/el-observatorio-del-seanl-identifica-los-retos-para-combatir-la-corrupcion/

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Samuel Ramírez:

detección…

CPEUM.

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos…

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Samuel Ramírez:

Esta observación es muy relevante, porque la publicación en este medio se erige como un obstáculo a la revisión y contraloría social.

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Samuel Ramírez:

1.- Los datos que proporcionan son de la población, no de la “diversidad social en las instituciones de la administración pública”. Para ver mujeres y hombres en la administración pública del Estado ver: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2022/. Para las amdinistraciones públicas municipales ver: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/.

2.- Si nos referimos a la población, sería muy recomendable que también mencionen a personas afromexicana y personas que se auto adscriben como indígena.

Luis Gerardo Salas Reyes:

Aunque si bien es importante la inclusión integra de estos grupos que a lo largo de la historia se han encontrado desfavorecidos, es importante tomar en cuenta la capacidad de las personas para desarrollar las funciones públicas.

Luis Gerardo Salas Reyes:

Aunque si bien es importante la inclusión integra de estos grupos que a lo largo de la historia se han encontrado desfavorecidos, es importante tomar en cuenta la capacidad de las personas para desarrollar las funciones públicas.

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Nissi Valdovinos:

Ampliaría un beneficio más que sería: habilitar las tecnologías digitales para mejorar la integridad pública y la confianza ciudadana en el gobierno.

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Nissi Valdovinos:

¿Es la única de cuáles? ¿de todos los estados del país, o en el estado? porque en la gráfica el gobierno municipal también disminuyó. Especificar esto.

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Nissi Valdovinos:

Se podría también agregar los siguientes datos:
1. En Nuevo León, el 79.4% de las personas considera que la corrupción es una práctica frecuente o muy frecuente.
2. En Nuevo León, el 15.8% declaró haber experimentado algún acto de corrupción en trámites o contacto con la autoridad.
(Encuesta Así Vamos 2022)

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Tatiana Fraga Diez:

me parece que promover no necesariamente es una acción contundente, es mas bien una acción secundaria que no asume responsabilidad. Además, me parece que será complejo medir la promoción.

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Ana Fer Leon S.:

La adopción de esta medida, a mi juicio, es una forma innovadora para combatir la corrupción. Sería práctico que se especifique el carácter de esta figura y cómo en su función contribuiría a disminuir la corrupción.

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Ana Fer Leon S.:

Habría que investigar la razón de la dicotomía; es decir, verificar el argumento que se usa para expresar la tendencia a la baja de la satisfacción con el gobierno Estatal cuando la calidad de los servicios ha mejorado. Además, es necesario especificar con qué muestra se hizo la encuestas, y posteriormente, la gráfica.

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Ana Fer Leon S.:

El problema con la desconfianza de la ciudadanía hacia el gobierno proviene no sólo de la corrupción de los funcionarios, pero también de la ineficacia de las instituciones en atender las demandas de la ciudadanía debido a su lentitud. Es importante aclarar eso al principio para concientizar sobre el problema de transparencia.

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Tatiana Fraga Diez:

tampoco hay diversidad en las metodologías o formas de escuchar a las personas. Muchas veces el problema no es la falta de apertura de gobierno o la falta de interés de las personas, sino que hay procesos que requieren una inversión de tiempo que sólo pocas personas pueden hacer

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Tatiana Fraga Diez:

retomaría el concepto de participación pública o participación de las personas en todo el capítulo

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Tatiana Fraga Diez:

no me parece que esté redactado como un problema

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Tatiana Fraga Diez:

me parece que se puede simplificar el lenguaje para que se entienda mejor y juntarlo con la idea de abajo

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Tatiana Fraga Diez:

me parece que de manera generalizada falta una conexión entre las diferentes secciones y subsecciones. Además, las secciones no tienen una introducción o presentación general del tema

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Tatiana Fraga Diez:

este dato está también relacionado con el tema de gobierno digital, creo que insistiría en que gobierno digital es una herramienta

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Tatiana Fraga Diez:

pondría este párrafo antes de los datos, ya que parece que los datos no tienen contexto sobre las consecuencias o impacto en el proceso

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Tatiana Fraga Diez:

no me quedan tan claros los beneficios de la digitalización para mejorar la atención, creo que faltaría detallar un poco más. Tampoco me queda tan claro si este es un sub apartado de instituciones, quizás valdría la pena introducir los sub apartados si es que lo son.

Además, me suena a que este es un medio para mejorar otros procesos (trámites, instituciones, contrataciones)

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Ximena Peredo:

plurales con grupos de atención prioritaria, diría mejor.

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Ximena Peredo:

no se si es una pretención, si sólo es eso no le llamaría participación.

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Ximena Peredo:

publicación?

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Ximena Peredo:

asimismo, creo que es importante nombrar la deuda de representatividad de personas con discapacidad, personas indígenas, nna.

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Ximena Peredo:

la APE, o NL? entiendo que la administración.

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Ximena Peredo:

quitar ciudadana, dejarla en participación o agregar pública o participación de las personas

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Tatiana Fraga Diez:

y tal vez valdría la pena definir o explicar en algún lugar porque hablamos de participación de las personas o participación pública. Para reconocer a los grupos que no están representados en la participación ciudadana.

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Ximena Peredo:

sugiero se coloque la definición que está en la nota, porque el concepto entra como si la hubieramos introducido.

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Sandrine Molinard:

OJO porque este tema implica que se facilite la expresión de todas las voces, y que se PROTEJA este derecho de libre expresión y manifestación, lo cual está en cuestión en ciertas marchas.

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Sandrine Molinard:

FELICIDADES POR INCLUIR ESO.

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Sandrine Molinard:

Social shaming de los funcionarios condenados por corrupción: que se sepa quiénes son y qué hicieron. Para que se les quite las ganas a los demás…

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Sandrine Molinard:

y a estos quién los vigila? porque ya me trajeron historias de cómo se coluden con funcionarios…

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Jorge Lozano:

Importante asegurar que los órganos de vigilancia ciudadana estén siempre cubiertos y sus trabajos sean visibilizados. Igualmente, promover que estos sean poblados con personas de evidente neutralidad e interés ciudadano legitimo. De ser necesario, promover que sean universidades y-o Cámaras quienes los propongan. Unica manera de evitar el secuestro que se viene dando en estos órganos de vigilancia.

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Sandrine Molinard:

Pruebas de control de confianza para cualquier persona que autorice el uso de recursos públicos.

Monitoreo de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, con motores de IA que crucen datos y detecten focos rojos.

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Sandrine Molinard:

Todas las dependencias deben de tener tableros de indicadores sexenales, anuales, y semestrales que se reporten a la ciudadanía en formatos sencillos. Los informes de gobierno son pura narrativa, lo que se requiere son formatos sencillos. objetivos y numéricos.

Los indicadores deben estar relacionados con mejoras a la calidad de vida de los habitantes (impacto) y no sólo a resultados.

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Mariana Perales:

y otros riesgos de corrupción.

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Sandrine Molinard:

Necesitan igual adoptar más prácticas que ya se usan en el sector privado para garantizar calidad, cumplimiento, y buenos precios.

Ni siquiera existen catálogos de precios de referencia públicos. Con esto y sistemas de inteligencia artificial se podría detectar en tiempo real si una compra de gobierno presenta riesgo de corrupción.

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Sandrine Molinard:

Adquisición y renovación de equipos

Adquisición de licencias

Implementación de sistemas de protección de la información pública.

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Sandrine Molinard:

Es importante incorporar la perspectiva del control de la corrupción y la discrecionalidad en esto. Hay muchas tecnologías que cierran las ventanas de oportunidad para la corrupción, reduciendo por ejemplo la necesidad de interacción humana.

Simplemente la inteligencia artificial.

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Sandrine Molinard:

Simplemente que adopten el enfoque de los negocios: QUÉ NECESITA EL CLIENTE, en este caso, qué necesitan los ciudadanos, y en qué formato.

Necesitan tener sistemas que incorporen esta perspectiva en el servicio público para poder generar satisfacción por sus usuarios.

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Sandrine Molinard:

Me parecería más relevante que se establezca el servicio civil de carrera con un modelo sólido, en vez de que se dé el vals de los funcionarios cada 6 años… se pierde seguimiento y experiencia

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Mariana Perales:

Tal vez no s que se sienta parte, sino que no están familiarizados con el concpeto de este tipo de organizaciones ni tienen información al respecto.

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Mariana Perales:

Gráfica 6 es por qué medios se enteraron

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Sandrine Molinard:

La tecnología habilita la transparencia y herramientas para tener información clara y fidedigna para el ciudadano. Por ejemplo: contratos elaborado con Blockchain. Identidad digital del padrón de proveedores.

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Mariana Perales:

Gráfica 3 es de otro tema.

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Sandrine Molinard:

Nuevo León tendrá un gobierno íntegro, eficaz, accesible e incluyente, que rinda cuentas sobre su desempeño, resultados y procesos a todas las personas gracias a mecanismos innovadores y abiertos.

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Sandrine Molinard:

Es necesario que exista CONFIANZA en las autoridades, y para eso, necesitan:

demostrar con resultados que cumplen sus promesas

demostrar que son íntegras

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Sandrine Molinard:

Es importante mencionar que el año 2022 ha sido uno de avances importantes para la sociedad civil de NL, con la publicación de la Ley de Fomento a actividades de las OSC, y aunque se tardó muchos meses, el reglamento ya se publicó, y se integró al Comité de Fomento de esta Ley. Es un avance destacado, considerando que la tendencia nacional es contraria.

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Sandrine Molinard:

una de las condiciones de la participación, como lo confirman las encuestas disponibles, es que las personas participan si tienen CONFIANZA en la persona que los invita a hacerlo. Pero hay escasa confianza en el gobierno en general.

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Sandrine Molinard:

Considerando que de acuerdo con la encuesta Así Vamos 2022 los usuarios de camión invierten 2 horas y 8 minutos en su viaje redondo, es decir un promedio de 10 horas 40 minutos a la semana en sus traslados principales, es fácil de entender porqué la participación ciudadana puede llegar a ser un privilegio para muchos habitantes de nuestra metrópoli que invierten más de 10 horas diarias al trabajo / traslados, y que no esté en sus prioridades la participación ciudadana, sino temas elementales como los cuidados, el descanso y la recreación.

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Sandrine Molinard:

El 23% de la población en Nuevo León, dice haber realizado alguna actividad de participación ciudadana en el año 2022, de acuerdo con la Encuesta Así Vamos, y se ha notado una reducción entre el año 2021 y el 2022.

Las actividades de participación ciudadana más reportadas por los mismos ciudadanos se relacionan con el nivel municipal de gobierno, especialmente con asuntos vecinales o de mejora urbana.

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Sandrine Molinard:

La referencia internacional es el Indice establecido por Transparencia Internacional, mismo que se replica en los países, y no lo veo mencionado aquí. Creo que es un problema ya que no es forzosamente coincidente con los datos del INEGI.

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Samuel Ramírez:

Coincido con el comentario de Sandrine Molinard.

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Sandrine Molinard:

Cuestionaría mucho la validez de esta calificación desde un punto de vista CIUDADANO.

Me parece más relevante que se tome como referencia el Indice del World Justice Project del 2021, precisamente en relación con el eje de Gobierno Abierto, en el cual Nuevo León no está precisamente situado entre los mejores ejemplos y además se perdieron varios lugares en el ranking nacional.

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Sandrine Molinard:

En Nuevo León, el 6.3% de la población declaró que ellos o algún familiar experimentaron algún acto de corrupción en trámites o contacto con la autoridad. De este 6.3% de ciudadanos que han tenido un contacto cercano con la corrupción, el 3.3% declaró que esto se relacionó con un trámite realizado con el gobierno estatal, lo cual parece indicar que el problema no representa el principal problema de corrupción en el estado (Encuesta Así Vamos 2022).

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Sandrine Molinard:

La percepción de influencia en las decisiones de gobierno ha incrementado progresivamente: para 2019 el 27.1% de la población creía que podía influir mucho o algo, en 2021 esta cifra incrementó a 58.1% y en 2022 llega al 62.5% lo cual nos indica una tendencia positiva, de acuerdo con la encuesta Así Vamos 2022

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Sandrine Molinard:

El 70% de la población considera que es frecuente o muy frecuente la corrupción en el estado de Nuevo León, este porcentaje, a pesar de ser alto, es 9.4 puntos porcentuales menor que en 2021, de acuerdo con la encuesta Así Vamos 2022

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Sandrine Molinard:

ser instituciones INTEGRAS, etc…

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Mariana Perales:

Revisar esta redacción.

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Mariana Perales:

Se sugiere detallar a qué se refiere la gráfica Por ejemplo, el 73.4% dice solo estar satisfecho, ¿o lo hace en algún grado?

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Mariana Perales:

Se sugiere revisar esta redacción e incluir referencia si es posible.

Norberto Corral:

Cuál es el nivel de confianza de parte de la ciudadanía sobre este sistema? Y cuál es su tasa de funcionamiento? En cierta medida, es un poco incongruente que el sistema encargado de que sancione a los administradores públicos dentro del gobierno, sea controlado por el gobierno mismo.

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Danna Guevara:

Considero que este entorno propicio debe construirse a través de instituciones transparentes que ayuden a que esta confianza de sociedad-estado crezca.

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Sandrine Molinard:

En ninguna parte de este capítulo lo veo relacionado con otros aspectos clave de otros capítulos. Me explico: si las personas no tienen acceso a un buen transporte público, accesible y asequible, es difícil que tengan acceso a OTROS derechos, como el derecho a la salud, educación, empleo etc…

Pasa lo mismo con la participación ciudadana: es un PRIVILEGIO de aquellos y aquellas que tienen resuelto: acceso a todos sus demás necesidades BÁSICAS (pirámide de Maslow), tienen resuelto temas de cuidados, y además tienen jefes que los dejan tomarse tiempo para acudir a eventos de participación ciudadana en horarios laborales. Por lo tanto, muy pocas personas realmente se pueden dar el LUJO de participar, y en el poco tiempo libre que les queda después después de haber logrado satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

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Jaquelin Dalila Rocovich:

En Relación al Gobierno Eficaz y Transparencia, uno de los principales problemas que atraviesa la gestión pública es el desabasto, acabo de verificar el portal de Compras y en el año 2023 hay Licitaciones públicas que quedaron desiertas (ejemplo de ello es la provisión de combustible)

Esto demuestra claramente que falta trabajar en la accesibilidad de los datos de las necesidades publicas con las empresas privadas.

  • Esto puede deberse a que la información no es accesible

  • O que el portal de compras presenta información pero que no es fácil de acceder y procesar para las empresas en tiempo y forma

Esto representa una pérdida de oportunidades muy importante para el gobierno ya que no puede brindar los servicios públicos necesarios para la población y una pérdida de oportunidades de negocios para el sector privado.

Una de las mejoras que deberían trabajarse es el vínculo mas eficiente y eficaz entre estos dos sectores estratégicos para el bienestar de la población.

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Lucía De La Rosa:

Información clara, pertinente y accesible y sobre todo ACTUALIZADA

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José Gonzalo Peña López:

Uno de los principales problemas es que el gobierno muchas veces no cuenta con los canales de comunicación con ciudadanos especializados o interesados en cierta problemática. Se hace por invitación directa pero se cicla en las mismas organizaciones invitadas. Por ende, es necesario procurar otros mecanismos de convocatoria

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José Gonzalo Peña López:

No olvidemos la falta de Valor Público en participar. Qué sucede con la participación? Es vinculante? Meramente performativo?

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Lucía De La Rosa:

Sustituir “en situación de vulnerabilidad” por “grupos diversos”

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Minerva Escobedo:

Poblaciones diversas con limitación de derechos

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José Gonzalo Peña López:

No creo que sea adecuado poner creciente porque no hay una encuesta previa para comparar. De hecho, creo que sí bien siguen siendo altos los porcentajes de desconfianza, esta va disminuyendo. Por ejemplo, en la encuesta de Cómo Vamos Nuevo León 2022 los porcentajes de que la ciudadanía percibe que tiene influencia en las decisiones del gobierno van creciendo.

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Minerva Escobedo:

De acuerdo con los componentes

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Maria Sanchez:

especificar qué agenda avanzará

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Maria Sanchez:

violencia por razón de género

Marcela Jurado:

Las contrataciones públicas es un tema muy importante pero no es el único en temas de transparencia

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Maria Sanchez:

innovación pública e innovación cívica.

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Maria Sanchez:

Creo que este párrafo lo colocaría como parte del primer o segundo párrafo para que que sea refleje qué sucede cuando no están los espacios de participación ciudadana.

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Ximena Peredo:

de acuerdo, es una idea suelta.

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Maria Sanchez:

Creo que debería de usarse otra palabra, con la palabra seguido, entendería que BC, CDMX y SON tendrían porcentajes más bajos que NL, sin embargo son porcentajes más altos. No sé qué palabra reemplazaría a seguido.

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Maria Sanchez:

agregar una pequeña idea de qué es la inclusión digital.

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Maria Sanchez:

agregar el nombre completo de la encuesta.

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Maria Sanchez:

Valdría poner el porcentaje de percepción negativa.

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Maria Sanchez:

Valdría la pena poner la cifra sobre la mala percepción hacia el Gobierno.

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Maria Sanchez:

diversos mecanismos de apertura y participación que permitan trabajar de la mano con sociedad civil…

?
Maria Sanchez:

“derivadas de los objetivos definidos en planes estratégicos como este, la Agenda 2030 y cualquier otro plan que el Gobierno tengan como documento rector para la implementación de políticas públicas”

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Ernesto Ibarra:

¿Cómo calcularon el porcentaje de variación con los datos proporcionados por parte de la ENCIG 2017 y 2021?

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Karina Montes:

Citar del 2009 y hablar de innovación en este capítulo no es compatible, buscar citas más actualizadas

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César Benjamín:

quitaría este fragmento por qué es muy limitante, además de que no es este tipo de tecnologías lo que elimina los intermediarios y la seguridad se puede conseguir a partir de tecnicas de sellado digital, el sellado digital tiene alcances más amplios y no queda restringido a una tecnología especifica y no tiene el impacto ambiental que tiene el blockchain

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César Benjamín:

podría otro parrafo adicional donde se hable del sellado digital, para la seguridad, pero no como parte de la eliminación de intermediarios, sino continuando el parrafo anterior

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César Benjamín:

cambiar gobierno electronico por gobierno digital; electrónico es un término anticuado cuyo alcance queda muy restringido respecto a el statu quo actual.

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Yeraldin Aguilar:

No especificaría nombres de tecnologías

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Viridiana Hernandez:

en general la implementación de estándares en términos de interoperabilidad de datos en todos los procesos, no sólo en las contrataciones.

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Karina Montes:

Tambien ingreso Municipio de San Pedro, Estado de Nuevo León y Municipio de Monterrey

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Maria Sanchez:

Coincido con Karina, se puede agregar un párrafo en donde se hable un poco más de la Coalición, así como la buena práctica que significa.

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Irma González:

El problema no es solo desde los datos que se liberan, sino la gestión de datos dentro de las instituciones. Enmarcar el reto de datos del gobierno solo desde la transparencia a la ciudadanía no lleva a la toma de desiciones basada en datos

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Karina Onofre:

transformación digital

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Karina Montes:

resulta

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Ilse Casas:

redundancia, usar “ineficientes”

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Karina Montes:

Falta un tema de Especificación de Estándares

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Viridiana Hernandez:

este podría ser un eje como tal, la gobernanza de datos en el sector público como parte importante.

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Karina Montes:

Agregar un Subtema específicamente de Datos para la toma de decisiones

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Karina Montes:

Agregar tema de compartición de datos a nivel estatal y municipal

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César Benjamín:

yo le cambiaría más eficaz y más eficiente, por eficaz y eficiente. en este tipo de cuestiones, cuando se busca hacer un cambio no se trata de lograr más X, sino X.

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Fernando Gómez:

Concuerdo

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Yeraldin Aguilar:

Solamente el

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Karina Montes:

SOLAMENTE EL

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Karina Montes:

Instituciones Públicas

Maria Eugenia Guerra Domínguez:

públicas

Camila Blando:

Entiendo ahora que se refiere al equipo de servidores públicos, pero no queda muy claro desde la redacción

Camila Blando:

¿Se refiere a representatividad del equipo operativo? el diseño de programas? canales de escucha y participación?

O en general la perspectiva de inclusión y pluralidad?

Camila Blando:

representación o representatividad?

Camila Blando:

desde los organismos públicos

Cambiar la definición de autoridad,

Camila Blando:

el

Camila Blando:

Por contexto, yo incluiría. Después de ____ y por encima de ____ siendo los espacios en blanco los otros problemas públicos

Camila Blando:

Separar párrafos

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LETICIA TREVIÑO:

La encuesta de Cómo Vamos Nuevo León tiene información diagnóstica interesante

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LETICIA TREVIÑO:

Hace falta calificar la participación ciudadana o bien qué se entiende por consolidar

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LETICIA TREVIÑO:

Revisar estilo, 3 mil 155 millones…

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LETICIA TREVIÑO: